J. Félix Torres Chacón

Expediente 969/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
969/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
29/06/2015

Partes del expediente

  • J. Félix Torres Chacón

Actuaciones

  1. Principal

    En veintinueve de junio de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres CERTIFICO: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintidós al veintiséis de junio del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra del auto de diecisiete de junio de la presente anualidad, en que se desechó la demanda de garantías en el juicio de amparo número 969/2015. DOY FE. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de junio de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de diecisiete de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por J Félix Torres Chacón, contra actos del Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. *Rosy.

  2. Principal

    En diecisiete de junio de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un escrito registrado con el folio 11723; y copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de junio de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso J. Félix Torres Chacón, por el que en cumplimiento a las prevenciones formuladas mediante auto de nueve del mes y año en curso, manifiesta que en el juicio ejecutivo número 835/2014, ya se llevó a cabo la diligencia de remate de los bienes embargados. Ahora bien, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente. Dichas disposiciones normativas, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." El peticionario de garantías, señaló como acto reclamado la resolución de once de noviembre de dos mil catorce, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 835/2014, promovido por "Caja Popular Mexicana", Sociedad de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en contra de Hugo Torres Chacón y el quejoso J. Félix Torres Chacón, el primero como deudor principal y el quejoso en calidad de aval o deudor solidario; por la cual se requiere al hoy quejoso para que haga entrega de los bienes muebles embargados en dicho procedimiento. De lo apuntado en párrafos precedentes, se aprecia que la resolución reclamada fue dictada dentro de la etapa ejecución de sentencia, por lo que no se está en el supuesto de que se trate del último acto dictado dentro del procedimiento de ejecución, pues por última resolución, que sería en todo caso, contra la cual procedería el juicio de amparo indirecto, debe entenderse a aquella en la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de las facturas de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; y al efecto, la resolución reclamada que requiere al quejoso para que de forma voluntaria haga entrega de los bienes muebles embargados en el juicio mercantil ejecutivo 835/2014, forma parte de un procedimiento de ejecución de sentencia dictada dentro del referido sumario, por lo que dicha resolución no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución; lo que significa que tales actos no dan lugar a que se actualice el contenido del último párrafo de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo. En otras palabras la resolución que reclama el promovente a la autoridad que señala como responsable, forma parte de un proceso de ejecución que tiene como finalidad dar cabal cumplimiento a la sentencia elevada a la categoría de cosa juzgada, y si tal acto forma parte de un procedimiento de ejecución, no es sino hasta que el referido Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, ordene el otorgamiento de las facturas de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, puede impugnar las violaciones que ahora reclama. Asimismo, cabe destacar que la finalidad que persigue el legislador en el último párrafo de la aludida fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es evitar que dentro de un procedimiento de ejecución de sentencia se abuse de la promoción del juicio de garantías; motivo por el cual dicha instancia constitucional solamente procede a trámite cuando se trata de la última resolución en la que la autoridad responsable se pronuncia en relación al otorgamiento de la factura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En relación con el tema de que se trata, conviene traer a colación -por identidad de razones- la Jurisprudencia número P./ J.32/2001, resultado de la contradicción de Tesis 27/99, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril del 2001, Novena Época; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESION ULTIMA RESOLUCION, A QUE SE REFIERE EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así como el criterio sustentado por el Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la Tesis número XX. 291 K, visible en la Página 545, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Noviembre de 1994, Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo título y contenido a la letra dicen: "ULTIMA RESOLUCION DICTADA EN LA FASE DE EJECUCION DEL JUICIO RESPECTIVO. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA. Si el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la fase de ejecución del juicio respectivo, tal circunstancia hace improcedente el amparo indirecto, pues si bien es cierto que tal precepto dispone que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de Tribunales judiciales ejecutados fuera de juicio o después de concluido, también lo es, que debe entenderse que se refiere a la última resolución dictada en esa fase de ejecución, por lo que si esta hipótesis no se actualiza, el amparo promovido en esos términos resulta improcedente en términos de la fracción XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo en relación con la fracción III, del artículo 114 de la ley en comento." En las condiciones apuntadas, y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, el acto que en esta instancia constitucional no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, debe concluirse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto deviene notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada; y, en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías que nos ocupa. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. *Rosy

  3. Principal

    En nueve de junio de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de junio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en esta propia fecha compareció el autorizado de la parte quejosa licenciado César Javier de Lara Chávez, a recibir cheque folio 0029373, de la Institución Bancaria denominada BANORTE, expedido a nombre de la persona moral hoy quejosa "Servicios Administrativos de Zacatecas" Sociedad Anónima de Capital Variable, valioso por la cantidad de $ 743.84 (setecientos cuarenta y tres pesos 84/100), suma que en su oportunidad pago por concepto de derecho de alumbrado público en el periodo correspondiente del veinticuatro de diciembre de dos mil catorce al veintiséis de enero del año en curso; el cual fue remitido por la Tesorera del Municipio de Zacatecas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora de garantías; por tanto, como esta ordenado en auto de cuatro de junio del año en curso, remítase a la citada autoridad responsable, la póliza original del documento mercantil antes citado y copia al carbón del mismo (con firma de recibo); así como copia simple de la cédula profesional del profesionista señalado en líneas precedentes. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a la Tesorera del Municipio de Zacatecas. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a doce de junio de dos mil quince. Ténganse por recibido el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que en el amparo en revisión civil 191/2015-3, se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la resolución del treinta de Abril del dos mil quince, por la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

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