J. Felix Sanchez Rivera
Expediente 516/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 34 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 516/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- J. Felix Sanchez Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Comunicación oficial. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la comunicación oficial remitida por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo. Acuerdo. En virtud en lo expuesto en el párrafo que precede, ténganse por devuelto debidamente diligenciado el exhorto 308/2023, orden 309/2023, que le fue remitido en proveído de veinticinco de septiembre del año en curso. Acuse de recibo. Resulta innecesario acusar de recibo de la comunicación de cuenta, dado que fue recibida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual genera el acuse de recibo respectivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de control respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Escrito. Se tiene por recibido el escrito signado por el defensor particular del quejoso, mediante el cual solicita la modificación de los efectos de la suspensión definitiva, el cual se ordena agregar a las actuaciones para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. En atención a su solicitud, con fundamento en el artículo 154, de la Ley de Amparo, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, en razón de que el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en el cuaderno principal del que deriva la incidencia en que se actúa, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo y en consecuencia se ordenó el archivo definitivo. Sin que obste a lo anterior, que mediante auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés -tres meses después de causar ejecutoria-, se haya tenido al quejoso directo interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el juicio de amparo, puesto que, a la fecha de su interposición, la sentencia dictada en el juicio de amparo se encontraba firme, es decir ejecutoriada. En efecto, la modificación a la suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión en que se actúa, resulta improcedente en tanto que el artículo 154 de la Ley de Amparo establece que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; es decir, feneció la oportunidad para solicitar la modificación a la suspensión, puesto que el veintisiete de junio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada al no haber sido recurrida por las partes. Por tanto, la modificación o revocación de la suspensión en el juicio de amparo procede desde su otorgamiento y hasta que la sentencia constitucional adquiera firmeza, ya sea por declaratoria judicial o por ministerio de ley, al ser ésa la temporalidad a la que dicha medida está sujeta. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.7o.A.18 K (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Tomo III, correspondiente al mes de Febrero de 2015, página 1863, Materia Común, con registro 2008580 de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SU MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN PROCEDE DESDE SU OTORGAMIENTO Y HASTA QUE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL ADQUIERA FIRMEZA, PERO NO DURANTE LA EJECUCIÓN DE ÉSTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Es desacertado considerar que el término "sentencia ejecutoriada" a que se refiere el artículo 140 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, autorice a modificar o revocar el auto en que se resolvió sobre la suspensión hasta que haya sido debidamente cumplida y ejecutada la sentencia, pues en el juicio de amparo, sentencia "ejecutoria" y "ejecutoriada" son sinónimos, para referirse a una resolución que alcanzó la categoría de cosa juzgada. Lo anterior, porque si bien es cierto que se denomina "ejecutoria" a la sentencia dictada por un tribunal de última o de única instancia, por ser irrecurrible, esto es, que causa estado por ministerio de ley, y "ejecutoriada" a aquella que pudo ser impugnada y no lo fue, por lo cual necesita una declaratoria de firmeza, también lo es que cualquiera de dichas calidades sólo es relevante, desde el punto de vista doctrinal-procesal, para saber si la resolución causó firmeza por ministerio de ley (ejecutoria) o ante declaratoria judicial (ejecutoriada), pero no para revocar o modificar una suspensión durante la etapa de ejecución de la sentencia de amparo. Por tanto, la modificación o revocación de la suspensión en el juicio de amparo procede desde su otorgamiento y hasta que la sentencia constitucional adquiera firmeza, ya sea por declaratoria judicial o por ministerio de ley, al ser ésa la temporalidad a la que dicha medida está sujeta." En ese sentido, aun cuando en el juicio de amparo se encuentra pendiente de substanciación el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el mismo, la suspensión definitiva decretada en resoluciones de trece de abril y diecinueve de mayo ambos de dos mil veintitrés, dejó de surtir efectos el veintisiete de junio pasado, pues la sentencia constitucional adquirió firmeza, por ministerio de ley en esta última fecha, al ser ésa la temporalidad a la que dicha medida está sujeta, puesto que la sentencia dictada en autos fue recurrida con posterioridad a dicha fecha. Considerar lo anterior implicaría dejar al arbitrio de las partes la interposición del recurso de revisión y la subsistencia de la suspensión de manera indefinida, lo que en el caso no es posible. Lo anterior, se ordena comunicar a las partes, para los efectos legales que haya lugar. Se remite exhorto. Ahora, toda vez que el quejoso ********************, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 "Ramos Arizpe", Coahuila de Zaragoza, centro de reclusión que se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, en turno, con sede en Saltillo, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva comisionar al personal de su adscripción, para que se constituya en el aludido reclusorio y notifique al quejoso de referencia el presente auto. En el entendido que la comunicación oficial que en esta determinación se ordena deberá enviarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes haciendo uso de la firma electrónica vigente y reconocida por el Poder Judicial de la Federación, con apoyo en los artículo 107 y 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; tomando en consideración la naturaleza de la misma, de conformidad con el numeral 110 del referido acuerdo, no existe la necesidad de que el juzgado exhortado acuse de recibo vía ordinaria, dado que el sistema por el que fue enviada la presente comunicación lo genera en automático. Notifíquese personalmente al defensor y por exhorto a la parte quejosa.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Comunicación oficial. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la comunicación oficial remitida por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo. Acuerdo. En virtud en lo expuesto en el párrafo que precede, ténganse por devuelto debidamente diligenciado el exhorto 331/2023, orden 332/2023, que le fue remitido en proveído de diez de noviembre del año en curso. Acuse de recibo. Resulta innecesario acusar de recibo de la comunicación de cuenta, dado que fue recibida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual genera el acuse de recibo respectivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de control respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL DEFENSOR PARTICULAR:Escrito. Se tiene por recibido el escrito signado por el defensor particular del quejoso, mediante el cual solicita la modificación de los efectos de la suspensión definitiva, el cual se ordena agregar a las actuaciones para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. En atención a su solicitud, con fundamento en el artículo 154, de la Ley de Amparo, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, en razón de que el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en el cuaderno principal del que deriva la incidencia en que se actúa, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo y en consecuencia se ordenó el archivo definitivo. Sin que obste a lo anterior, que mediante auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés -tres meses después de causar ejecutoria-, se haya tenido al quejoso directo interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el juicio de amparo, puesto que, a la fecha de su interposición, la sentencia dictada en el juicio de amparo se encontraba firme, es decir ejecutoriada. En efecto, la modificación a la suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión en que se actúa, resulta improcedente en tanto que el artículo 154 de la Ley de Amparo establece que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; es decir, feneció la oportunidad para solicitar la modificación a la suspensión, puesto que el veintisiete de junio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada al no haber sido recurrida por las partes. Por tanto, la modificación o revocación de la suspensión en el juicio de amparo procede desde su otorgamiento y hasta que la sentencia constitucional adquiera firmeza, ya sea por declaratoria judicial o por ministerio de ley, al ser ésa la temporalidad a la que dicha medida está sujeta. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.7o.A.18 K (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Tomo III, correspondiente al mes de Febrero de 2015, página 1863, Materia Común, con registro 2008580 de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SU MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN PROCEDE DESDE SU OTORGAMIENTO Y HASTA QUE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL ADQUIERA FIRMEZA, PERO NO DURANTE LA EJECUCIÓN DE ÉSTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Es desacertado considerar que el término "sentencia ejecutoriada" a que se refiere el artículo 140 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, autorice a modificar o revocar el auto en que se resolvió sobre la suspensión hasta que haya sido debidamente cumplida y ejecutada la sentencia, pues en el juicio de amparo, sentencia "ejecutoria" y "ejecutoriada" son sinónimos, para referirse a una resolución que alcanzó la categoría de cosa juzgada. Lo anterior, porque si bien es cierto que se denomina "ejecutoria" a la sentencia dictada por un tribunal de última o de única instancia, por ser irrecurrible, esto es, que causa estado por ministerio de ley, y "ejecutoriada" a aquella que pudo ser impugnada y no lo fue, por lo cual necesita una declaratoria de firmeza, también lo es que cualquiera de dichas calidades sólo es relevante, desde el punto de vista doctrinal-procesal, para saber si la resolución causó firmeza por ministerio de ley (ejecutoria) o ante declaratoria judicial (ejecutoriada), pero no para revocar o modificar una suspensión durante la etapa de ejecución de la sentencia de amparo. Por tanto, la modificación o revocación de la suspensión en el juicio de amparo procede desde su otorgamiento y hasta que la sentencia constitucional adquiera firmeza, ya sea por declaratoria judicial o por ministerio de ley, al ser ésa la temporalidad a la que dicha medida está sujeta." En ese sentido, aun cuando en el juicio de amparo se encuentra pendiente de substanciación el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el mismo, la suspensión definitiva decretada en resoluciones de trece de abril y diecinueve de mayo ambos de dos mil veintitrés, dejó de surtir efectos el veintisiete de junio pasado, pues la sentencia constitucional adquirió firmeza, por ministerio de ley en esta última fecha, al ser ésa la temporalidad a la que dicha medida está sujeta, puesto que la sentencia dictada en autos fue recurrida con posterioridad a dicha fecha. Considerar lo anterior implicaría dejar al arbitrio de las partes la interposición del recurso de revisión y la subsistencia de la suspensión de manera indefinida, lo que en el caso no es posible. Lo anterior, se ordena comunicar a las partes, para los efectos legales que haya lugar. Se remite exhorto. Ahora, toda vez que el quejoso ********************, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 "Ramos Arizpe", Coahuila de Zaragoza, centro de reclusión que se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, en turno, con sede en Saltillo, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva comisionar al personal de su adscripción, para que se constituya en el aludido reclusorio y notifique al quejoso de referencia el presente auto. En el entendido que la comunicación oficial que en esta determinación se ordena deberá enviarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes haciendo uso de la firma electrónica vigente y reconocida por el Poder Judicial de la Federación, con apoyo en los artículo 107 y 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; tomando en consideración la naturaleza de la misma, de conformidad con el numeral 110 del referido acuerdo, no existe la necesidad de que el juzgado exhortado acuse de recibo vía ordinaria, dado que el sistema por el que fue enviada la presente comunicación lo genera en automático. Notifíquese personalmente al defensor y por exhorto a la parte quejosa.
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