J. Félix Lima Parra

Expediente 2300/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2300/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
15/01/2019

Partes del expediente

  • Delegado del Registro Agrario Nacional En el Estado de Nayarit
  • J. Félix Lima Parra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el delegado de las responsables denominadas Síndico, Tesorero y Secretario, todos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual, por los motivos que expone informa la imposibilidad que tienen para cumplir la ejecutoria de amparo. En su atención, indíqueseles que si bien en la sentencia terminada de engrosar el tres de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 630 a 665), específicamente en el argumento toral de los efectos de la sentencia concesoria del amparo, se determinó que la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, debía devolver la cantidad total que la parte quejosa pagó el trece de mayo de dos mil dieciséis (correspondiente a los ejercicios fiscales dos mil catorce y dos mil quince), por concepto de impuesto predial respecto de la cuenta U038495, con clave catastral 20-041-01-003-025-000, ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; cierto es que, que se trata de un error de precisión al indicar como fecha de pago el trece de mayo de dos mil dieciséis, cuando en realidad ocurrió el trece de mayo pero de dos mil quince. Máxime si se considera que del cuerpo de la sentencia que nos ocupa, en todo momento se habla que el pago del impuesto antes mencionado fue realizado en la fecha citada en última instancia; de ahí que en nada varíe el sentido de la misma. De lo anterior se colige que dichas responsables deben realizar las gestiones necesarias para cumplir con la sentencia. Inclusive, éstas cuentan con el recibo de pago realizado por el quejoso por concepto del impuesto predial por los ejercicios fiscales dos mil catorce y dos mil quince, por lo que están en aptitud de realizar los cálculos y ajustes a efecto de determinar la cantidad a devolver al peticionario de amparo, así como la actualización respectiva conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiéraseles nuevamente, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de su notificación, dén cumplimiento total al fallo protector concedido en autos, esto es, acrediten haber devuelto la cantidad total que la quejosa pagó el trece de mayo de dos mil quince, en los términos precisados en la sentencia pronunciada el tres de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 630 a 665). Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa, por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor. Se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la citada Ley.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 243 a 245), el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintiuno del mes próximo pasado (foja 246), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte agraviada el veintidós de noviembre (foja 247); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veintiséis al veintiocho de ese mismo mes y año. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el treinta de agosto de dos mil dieciocho (fojas 184 a 196), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ". lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a José Alberto Salas Grageda, para el efecto que: El Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, de inmediato cumpla con la sentencia firme de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en el juicio agrario 500/2016, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 56, en Tepic, Nayarit, para lo cual deberá expedir el certificado parcelario a nombre del quejoso que ampare la superficie de 0-06.17.519 hectáreas en el Ejido Cofradía de Acuitapilco, Municipio de Santa María del Oro, en términos del resolutivo tercero(.)" Resolución que causó ejecutoria el tres de octubre de dos mil dieciocho (foja 212 y 213). De lo transcrito se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Emitir el certificado parcelario a nombre del quejoso que ampare la superficie de 0-06.17.519 hectáreas en el Ejido Cofradía de Acuitapilco, Municipio de Santa María del Oro, Nayarit. Luego, a través del oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 243 a 245), el Delegado responsable, remitió copia certificada del certificado parcelario número 000001023828, expedido el quince de noviembre de dos mil dieciocho, a favor del promovente del amparo, correspondiente a la parcela 440 Z-01 P2/2 del Ejido La Cofradía de Acuitapilco, Municipio de Santa María del Oro, Nayarit, con una superficie de 0-6-17.528 hectáreas e inscrito en el Registro Agrario Nacional bajo el folio 18014012101021944R. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la Materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del Ordenamiento Legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  3. Principal

    CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Tepic, Nayarit, siendo las doce horas con veintinueve minutos del tres de diciembre, hora y fecha señaladas para la continuación de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 779/2018, promovido por la quejosa Ma. Guadalupe Carrillo Isiordia; en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, quien actúa con el licenciado José Javier Ruiz Martínez, secretario que autoriza y da fe, la declaró abierta en términos del numeral 124 de la Ley de Amparo, con la asistencia de la quejosa Ma. Guadalupe Carrillo Isiordia, quien se identifica con credencial para votar con clave de elector CRISMA59110318M100, el tercero interesado José Luis Navarro Hernández, quien comparece con credencial de votar con clave de elector NVHRLS49031218H300, del abogado de la parte tercera interesada Federico Fletes Arjona, quien se identifica con cédula profesional número 735626, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, asimismo están presentes los atestes, Manuel Borges Hernández y Felipe de Jesús Esparza Hernández, quienes se identifican con credencial para votar con clave de elector BRHRMN62062120H802 y ESHRFL62082318H600, respectivamente; por otra parte; documentos en los que aparecen impresa una fotografía a color al margen inferior derecho, que concuerdan con los rasgos fisonómicos de quienes lo presentan los que se da fe de tenerlos a la vista y son devueltos a sus propietarios por carecer de objeto su retención, previa copia que de éstos se deje asentada en autos; por otra parte, se hace constar la incomparecencia del testigo ofrecido por la parte tercero interesada Ismael de León Olguín. Luego, el Secretario da cuenta con lo siguiente: Que el tres de septiembre de este año (fojas 277 a 279), se suspendió la audiencia constitucional una vez que fue abierto periodo probatorio, ello en virtud del incidente de objeción respecto de la falsedad de la firma de la demanda de amparo, toda vez que la parte tercera interesada indicó que la firma que obra en el contrato de promesa de compraventa la quejosa anexó a su escrito de demanda con el fin de acreditar su interés en el presente juicio no correspondía a una de las contratantes. (foja 8). Que se desahogó la prueba pericial ofrecida en autos, a cargo del perito oficial Víctor Franco Maya y el diestro designado por el tercero interesado Eduardo González Muro, los cuales emitieron y ratificaron sus respectivos dictámenes (fojas 505). En consecuencia, una vez terminado el trámite del incidente de objeción de documentos de que se trata, se procede al desahogo de la prueba testimonial a cargo de los testigos Manuel Borges Hernández, Felipe de Jesús Esparza Hernández, procédase a su desahogo. En este momento el oferente de la testimonial a cargo del testigo incompareciente Ismael de León Olguín solicita el uso de la voz; concedida ésta dice: "en este acto la parte tercero interesada solicita se le tenga por desistida de la declaración del testigo Ismael de León Olguín en virtud de considerarse que cobn los dos testigos restantes es suficiente la declaración en este juicio. " A lo que la Juez acuerda: Se tiene al tercero desistiendo del testigo Ismael de León Olguín, por así haberlo manifestado de viva voz el tercero interesado, por tanto, procédase al desahogo de la prueba testimonial únicamente con los testigos Manuel Borges Hernández y Felipe de Jesús Esparza Hernández así estando presentes los testigos propuestos, se les hace saber las penas en que incurren las personas que declaran falsamente ante una autoridad judicial, de conformidad con el artículo 247 bis del Código Penal Federal, en concordancia con el diverso 177 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que protestan conducirse con verdad en esta diligencia. A continuación, se procede a separar a los citadas testigos y se llama a la ateste Felipe de Jesús Esparza Hernández quien declara que es mexicano, de estado civil casado, de 56 (cincuenta y seis) años de edad, por haber nacido el 23 de agosto de 1962, originario de Tuxpan Nayarit, y vecino de Tepic con domicilio en calle Roma, número ciento ochenta y ocho en Fraccionamiento Ciudad del Valle, de ocupación empleado y contador, dice que tiene amistad con el tercero interesado José Luis Navarro Hernández, no tiene enemistad ni parentesco con alguna de las partes que conforman el presente juicio y además refiere no tener interés en el presente asunto. Previamente al examen del referido testigo, conforme al interrogatorio que obra en autos (fojas 142-143), con apoyo en el artículo 175 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2 de la ley de la materia, se procede a calificar las preguntas contenidas en éste, las cuales se califican de legales en su totalidad. Acto continúo, se procede al desahogo de la prueba testimonial, conforme al referido interrogatorio que obra dentro presente juicio, realizado al citado testigo Teresa Arciniega Ortiz, en el que se obtuvo: A LA PRIMERA. Contestó: "Sí, lo conozco desde hace, desde el mil novecientos ochenta y uno, éramos compañeros de trabajo y además le llevo su contabilidad". A LA SEGUNDA. Contestó: "desde mil novecientos ochenta y uno". A LA TERCERA. Contestó: "sí, si la conocí sé el domicilio". A LA CUARTA. Contestó: "la conozco porque cuando esa casa estaba en venta tenía un letrero que el ingeniero navarro estuvo interesado en la compra después de que estuvo observando ese letrero y me invito a ver esa propiedad y estuvo involucrado en la operación de la compra desde el punto de vista contable, una vez que la compró en ciento treinta y nueve mil pesos allá por el año de mil novecientos noventa y siete, tuve acceso a esa casa que por cierto estaba muy deteriorada.". A LA QUINTA. Contestó: "estaba muy deteriorada, abandonada y con cierto riesgo de algunas partes de peligro de caerse.". A LA SEXTA. Contestó: "sí, la finca se le prestó a un trabajador de nombre Manuel Borges, algunos lo conocían como Bojorquez otros le decíamos "manuelito", él la habitó, la limpió, él le pidió dinero al ingeniero navarro para meter la luz y después de eso él la habitó junto con su familia en la cual estuvo según me acuerdo más de un año, fuera de ese tiempo la casa nunca ha estado habitada". A LA SÉPTIMA. Contestó: "la casa fue ocupada en el año noventa y siete a poco más de un año por la familia de Manuel Borges, fuera de ese tiempo la casa no estuvo ocupada". A LA OCTAVA. Contestó: "es la casa de la calle zacatecas de la que hemos estado hablando". A LA NOVENA. Contestó: "este es el niño de Manuel Borges, se llama Fausto, aquí hay una niña que no sé cómo se llama y otra vez aparece el niño, y este es Manuel Borges, el cual está festejando una fiesta". A LA DÉCIMA. Contestó: "Sí, estas fotografías la fecha aproximada es como en el mil novecientos noventa y ocho". A LA DÉCIMA PRIMERA. Contestó: "Sí es la casa de Zacatecas 455 de la que hemos estado hablando, ésta también, es el frente de esta casa". A LA DÉCIMA SEGUNDA Contestó: "me consta primero porque el ingeniero me involucró en la compra porque estuve personalmente ahí dentro de la casa, porque tuve en mis manos la escritura en la cual hizo la compra por ciento treinta y nueve mil pesos y que en años posteriores yo presentaba su declaración patrimonial en la cual siempre manifesté ante las autoridades la propiedad de esa finca y que al término de su encargo y su fin de la declaración patrimonial la seguí manifestando que es propiedad del ingeniero, la cual nunca ha sido vendida". Siendo todas las preguntas que obran en el interrogatorio que exhibió el tercero interesado. Acto seguido, la quejosa solicita el uso de la voz; concedido éste realiza los siguientes cuestionamientos: Primero: "que diga el testigo si en el año dos mil dieciocho acudió al bien inmueble ubicado en Zacatecas 455 sur, de la colonia San Antonio". Calificada de legal, contestó: "periódicamente, yo acudo a revisar o recorrer los inmuebles del ingeniero Navarro sin necesariamente introducirme a ellos, en el caso específico de esta propiedad calculo aproximadamente haber pasado unas tres veces por la calle o por esa calle" Segunda: "que diga el testigo las características de fachada del bien inmueble ubicado en Zacatecas 455 Sur Colonia San Antonio en el año dos mil dieciocho". Calificada de legal, contestó: "En lo general la finca tenía las mismas condiciones que desde hace años, la diferencia es que tenía muestras de haber sido pintada una parte del frente, a esta fecha es solo terreno y hay un remolque" Tercera: "que diga el testigo si corresponden o no las características estructurales del año dos mil dieciocho del bien inmueble que nos hemos referido y mostrar las placas fotográficas que obran en el expediente". Calificada de legal, contestó: "las tomas están muy de cerca y no alcanzo a apreciar todo, ésta sí es, sí es, aunque sí parecen referirse al inmueble, pero ya está así el terreno que tiene un remolque." Cuarta: "que diga el testigo desde el momento de la demolición hasta la fecha si ha acudido a ver el predio y si ha habido cambios" Calificada de legal, contestó: "Desde el momento de la demolición he pasado dos veces, no recuerdo el tiempo de la última vez que pasé, no sé si ha crecido hierba u otra cosa" Quinta: "que diga el testigo, en base a su dicho, donde refiere que el letrero que decía que la propiedad zacatecas 455 sur estaba en venta, si decía donde comunicarse o a quien acudir para comprar la propiedad y en qué parte de la fachada estaba dicho letrero". Calificada de legal, contestó: "El teléfono que decía al cual comunicarse llevó al ingeniero Navarro con un notario que no me acuerdo del nombre y de ahí se derivó toda la operación de compraventa, respecto a la precisión donde estaba el letrero, no recuerdo". Luego, se procede a llamar a la segunda de las atestes de nombre Manuel Borges Hernández, quien declara que es mexicano, de estado civil casado, de 56 años de edad, por haber nacido el Matías Romero Oaxaca, y vecino de Tepic, Nayarit con domicilio en calle Trabajo, número 679 (seis cientos setenta y nueve) colonia Santa Teresita, de ocupación ayudante de albañil, dice que es conocido del tercero interesado y no tiene enemistad con alguna de las partes ni parentesco con alguna de las partes que conforman el presente juicio y además refiere no tener interés en el presente asunto. Previamente al examen de la referida testigo, conforme al interrogatorio que obra en autos (fojas 142-143), con apoyo en el artículo 175 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2 de la ley de la materia, se procede a calificar las preguntas contenidas en éste, las cuales se califican de legales en su totalidad. A LA PRIMERA. Contestó: "Sí lo conozco, porque trabajé en la empresa que se llamaba Taller Guadalajara cuando él era gerente". A LA SEGUNDA. Contestó: "entre aproximadamente desde hace veintitrés o veinticuatro años". A LA TERCERA. Contestó: "Si la conocí porque ahí viví". A LA CUARTA. Contestó: "porque ahí viví, porque me fue prestada por el ingeniero José Luis Navarro Hernández". A LA QUINTA. Contestó: "la finca realmente estaba muy deteriorada en los muros agrietados, varillas expuestas y estaba todo "enmontado", estaba lleno de pulgas, tuvimos que fumigar esa casa para que pudiera estar habitable, no había luz en esa casa". A LA SEXTA. Contestó "Por mí y mi familia, que es mi esposa y mi hijo, a partir de que me fue prestada, yo la habité esa casa". A LA SÉPTIMA. Contestó: "Por mi familia y yo, fuimos quienes ocupamos esa casa en mil novecientos noventa y siete fue cuando empezamos a habitar esa casa y también parte del mil novecientos noventa y ocho y a partir de entonces después de que desocupamos regresábamos con frecuencia para seguir limpiando la casa en agradecimiento al ingenio José Luis Navarro por habérnosla prestado y a partir de mil novecientos noventa y nueve fue la última vez que limpiamos y ya le entregamos al ingeniero su casa y recogimos unos colchones viejos y otras cosas para entregarle la casa limpia". A LA OCTAVA. Contestó: "corresponden a la casa que me prestó el ingeniero José Luis Navarro en la Calle Zacatecas de la colonia San Antonio, el número no me acuerdo". A LA NOVENA. Contestó: "esta es mi sobrina Maribel García Alvarado, de la segunda fotografía es mi hijo Fausto Manuel Borges Reyes en la casa Zacatecas en el día de su cumpleaños número cuatro el día seis de febrero de mil novecientos noventa y ocho; la tercera fotografía mi hijo Fausto Manuel Borges Reyes rompiendo su piñata; en la cuarta mi hijo; y aparecemos yo y mi hijo". A LA DÉCIMA. Contestó: "fue el seis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, en el cumpleaños de mi hijo Fausto Manuel Borges Reyes". A LA DÉCIMA PRIMERA. Contestó: "las fotografías pertenecen a la casa que me prestó el ingeniero José Luis Navarro Hernández". A LA DÉCIMA SEGUNDA. Contestó: "me consta todo lo dicho porque mi familia y yo habitamos la casa que se encontraba en la calle zacatecas de la colonia San Antonio, que me fue prestada por el ingeniero José Luis Navarro". Siendo todas las preguntas que obran en el interrogatorio que exhibió el quejoso. Acto seguido, la quejosa solicita el uso de la voz; concedido éste realiza los siguientes cuestionamientos: Primero: "que diga el testigo si en el año dos mil dieciocho acudió al bien inmueble ubicado en Zacatecas 455 sur, de la colonia San Antonio". Calificada de legal, contestó: "sí, pasé por ahí" Segunda: "que diga el testigo las características de fachada del bien inmueble ubicado en Zacatecas 455 Sur Colonia San Antonio en el año dos mil dieciocho". Calificada de legal, contestó: "cuando yo pasé ahí para recordar, estaba demolida, ya no había nada" Tercera: "que diga el testigo si el bien inmueble que muestran las placas fotográficas que obran en autos pintado de color amarillo el cual lo están demoliendo corresponde al inmueble que refiere en su declaración". Calificada de legal, contestó: "no recuerdo el logo que aparece, si corresponden" Luego, al no haber más pruebas por relacionar y desahogar se cierra la etapa probatoria. En el periodo de alegatos. No se realizaron alegatos por ninguna de las partes. A lo que la Juez determina: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se da por concluida la presente etapa. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido normativo 124 de la ley de la materia, firmando los que en ella intervinieron. DOY FE. LA JUEZ LIC. ISAURA ROMERO MENA EL TESTIGO FELIPE DE JESÚS ESPARZA HERNÁNDEZ EL TESTIGO MANUEL BORGES HERNÁNDEZ PARTE QUEJOSA MA GUADALUPE CARRILLO ISIORDIA TERCERO INTERESADO JOSÉ LUIS NAVARRO HERNÁNDEZ AUTORIZADO DE LA PARTE TERCERO INTERESADA LIC. FEDERICO FLETES ARJONA. El SECRETARIO LIC. JOSÉ JAVIER RUIZ MARTÍNEZ

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en el que transcribe el auto de siete del mes actual, dictado por el Presidente de este Tribunal, ante su Secretario de Acuerdos, a través del cual se aprecia que causó estado el auto que desechó el recurso de queja interpuesto por la responsable denominada Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; al cual anexa el legajo certificado relativo a las constancias relativas a los autos del juicio de amparo 824/2018. Luego, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes el comunicado de cuenta signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Nayarit "1" del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el adeudo fiscal derivado de la multa impuesta a Ileana Paola Castillo y Juan Luis Chumacero Díaz, fueron dados de baja, en virtud de que los citados deudores efectuaron los pagos correspondientes, tal y como lo acredita con el anexo certificado que exhibe; en consecuencia, téngasele dando cumplimiento a la multa impuesta en autos. Ahora bien, dado que en proveído de nueve del mes anterior (fojas 159 a la 161), este órgano jurisdiccional tuvo por cumplida la sentencia de amparo, empero se reservó proveer lo que en derecho procediera hasta en tanto se tuviera el expediente original en comento, acuérdese lo que en derecho corresponda. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. ** *

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