J.Félix Leyva Leija
Expediente 1232/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1232/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- J.Félix Leyva Leija
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el once de enero de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, archívense los cuadernos incidentales por separado y toda vez que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a las diez horas con veinte minutos del once de enero de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, el Licenciado José Luis Gómez Ramírez, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, la declara abierta sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario hace relación de los autos, entre los que se encuentran: el escrito inicial de demanda; el auto en el que se admitió a trámite este juicio; los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; y el pedimento formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; en este acto, certifica: que el término concedido a la parte quejosa en proveído de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, a fin de que ampliara su demanda de amparo, transcurrió del dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete al nueve de enero de dos mil dieciocho, previo descuento de los días inhábiles; sin que lo hubiera hecho. A lo anterior, el Secretario Encargado del Despacho acuerda: téngase hecha la relación de constancias y rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido al quejoso para que ampliara su demanda de amparo por lo que hace a la participación de una diversa autoridad responsable, sin que hasta la fecha realizara manifestación alguna, en tal virtud, se le hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el proveído de ocho de diciembre de dos mil diecisiete y por tanto, resuélvase el presente asunto únicamente respecto de las autoridades señaladas como responsables originalmente. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de la autoridad responsable, Procurador General de Justicia del Estado, las que acompañó a su informe justificado, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, las cuales serán tomadas en consideración al momento de dictar la resolución; por lo que al no haber diversas pruebas ofrecidas por las partes ni pendientes de desahogo, se cierra el periodo probatorio y se abre el de alegatos, en el que se hace constar que no hay alegatos que tener reproducidos, por tanto, se declara cerrada la citada etapa. Finalmente, téngase reproducido el pedimento del Representante Social de la Federación adscrito. Con lo anterior, se da por concluida la audiencia y se declaran vistos los autos para dictar resolución. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 1232/2017-II, promovido por J. FÉLIX LEYVA LEIJA, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado y de otras autoridades, que estimó violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el primero de diciembre de dos mil diecisiete, la cual por razón de turno correspondió a este Juzgado, J. Félix Leyva Leija, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos del Procurador General de Justicia del Estado, como autoridad ordenadora, y del Director de la Policía Ministerial del Estado, Director de la Policía Metropolitana Estatal y Director de la Policía Estatal, en su calidad de ejecutoras, actos que se hicieron consistir en: "...la orden de aprehensión, detención, arresto y/o comparecencia librada en mi contra por la autoridad ordenadora y la ejecución o cumplimiento que de la misma pretenden ejecutar en mi contra las autoridades denominadas como ejecutoras." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa aduce se afectan en su perjuicio los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por proveído de primero de diciembre de dos mil diecisiete, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, se pidió informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, de la Constitución General de la República, 35 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción IX y cuarto fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La demanda de amparo se promovió dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, mientras que su escrito de demanda se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el primero de diciembre siguiente, esto es, al segundo día hábil. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto que constituye la materia de estudio del juicio de amparo. Para tal efecto, se debe tener en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril del 2000, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En la tesis transcrita el alto tribunal estableció la obligación de los jueces de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. En otras palabras, la jurisprudencia citada estatuye que la demanda es un todo que debe interpretarse de manera integral, razón por la que si la quejosa designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió el Juez de Distrito debe corregirlo, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Teniendo en cuenta lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional a reclamar la orden de aprehensión, detención, arresto y/o comparecencia librada(s) en su contra, así como su ejecución. CUARTO. Actos inexistentes. El Director General de Seguridad Pública del Estado y el Director de la Policía Metropolitana Estatal, al rendir sus respectivos informes justificados y respecto de la suspensión de plano negaron la existencia de los actos reclamados, sin que esas negativas se encuentren desvirtuadas, con prueba alguna en contrario. Por tanto al no acreditarse en autos la existencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". QUINTO. Certeza del acto reclamado. El Subprocurador de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto reclamado y su ejecución que se les atribuye, sin embargo el primero de ellos realizó manifestaciones que evidencian su certeza, específicamente al precisar que: "[.] No obstante manifiesto que, con fecha 02 de agosto de 2016, se recibió oficio 3487/2016, signado por el Secretario del Juzgado Octavo del Ramo Penal de esta Ciudad, al que adjuntó para su ejecución orden de aprehensión, librada en contra de J. Félix Leyva Leija, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de allanamiento de morada dentro de la averiguación 35/2015/5 ahora Proceso Penal 100/2015/4, misma que se remitió al Director General de la Policía Ministerial del estado para su debida cumplimentación a través del diverso 800/2017, de 08 de agosto citado. [.]". Motivo por el cual se tiene por cierto el acto que se les atribuye, consistente en la ejecución de la orden de aprehensión librada en contra del quejoso, respecto de lo cual es aplicable la tesis con registro 211004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, que dispone: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". SEXTO. Improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar, primero, las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo , en relación con la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto de la ejecución de la orden de aprehensión reclamada al Procurador General de Justicia del Estado y Director de la Policía Ministerial del Estado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 5° fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]." De los anteriores preceptos legales, se desprende que a fin de instar la acción constitucional, el quejoso debe precisar las autoridades a las que le surge el carácter de responsables, entendidas éstas como las que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso, como se señaló con antelación, el quejoso acude a esta instancia constitucional a impugnar la orden de aprehensión librada en su contra, así como su ejecución. Como se destacó en el considerando que antecede, es cierta la orden de aprehensión reclamada por el quejoso, pues del informe de ley rendido por el Subprocurador de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se advierte que el Juez Octavo del Ramo Penal en esta ciudad (autoridad que no fue señalada como responsable), mediante oficio 3487/2016, ordenó la ejecución de la orden de aprehensión librada en contra del quejoso J. Félix Leyva Leija, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de allanamiento de morada, dentro de la averiguación 35/2015/5 ahora proceso penal 100/2015/4. En consecuencia, deviene inconcuso que las autoridades responsables Subprocurador de Investigación de la Procuraduría General de Justicia en esta ciudad y del Coordinador de Apoyo Legal de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, tendrán injerencia en la ejecución de la orden de aprehensión emitida en contra del aquí inconforme por el Juez Octavo del Ramo Penal en esta ciudad, por lo que debe tenerse por cierto el acto que se les atribuye, únicamente como ejecutoras. Asimismo, cabe señalar que mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, se ordenó requerir a la parte quejosa para que en el término de quince días manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Octavo del Ramo Penal en esta ciudad, dado que como quedó precisado con antelación, de constancias de autos se advirtió que dicha autoridad determinó librar orden de aprehensión en contra del quejoso, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procedería al dictado de la resolución correspondiente, respecto a las autoridades señaladas originalmente. Siendo que en el acta que precede a esta resolución, se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el proveído a que se ha hecho mención en el párrafo anterior, dado que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento formulado en el mismo, no obstante que fue debidamente notificada. En este orden de ideas, deviene inconcuso que el Juez Octavo del Ramo Penal en esta ciudad, quien libró la orden de aprehensión en contra del quejoso J. Félix Leyva Leija, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de allanamiento de morada, dentro de la averiguación 35/2015/5 ahora proceso penal 100/2015/4, no es autoridad para los efectos de este asunto, pues no fue señalada como responsable, no obstante que se le requirió para tal efecto. Por tanto, al no haber dado cumplimiento al requerimiento formulado, la citada autoridad no fue emplazada a juicio para defender la constitucionalidad de su acto, mismo que no es posible examinar en la especie, puesto que en el juicio de amparo no es dable analizar actos reclamados a autoridades que no fueron señaladas como responsables. En efecto, dicha circunstancia conlleva a la imposibilidad de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la orden de aprehensión referida, ya que equivaldría a formular un pronunciamiento respecto de un acto sobre el cual no se ha escuchado en defensa a la autoridad que lo produjo, incumpliéndose con el requisito previsto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Ilustra lo anterior el criterio 2a. CLXIV/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 113, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". En atención a las consideraciones antes expuestas, el sobreseimiento aquí decretado se hace extensivo a las autoridades responsables Procurador General de Justicia del Estado y Director General de la Policía Ministerial del Estado, que como quedó precisado tienen injerencia en su ejecución solamente, al no haberse reclamado ésta por vicios propios. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 50, Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo expuesto y con fundamento además, en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por J. Félix Leyva Leija respecto de los actos y autoridades responsables que se precisaron en el resultando primero de este fallo, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de la propia sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Licenciado José Luis Gómez Ramírez, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.
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