J. Enrique Collazo González

Expediente 872/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
872/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • J. Enrique Collazo González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Determinación causa estado. Valoración de destino y archivo. Requerimiento a la parte quejosa.

  2. Principal

    Informes justificados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense los informes justificados que rinden las autoridades responsables, director del Hospital General Regional No. 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, director de la Unidad de Medicina Familiar 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del subdirector médico y titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato (antes Delegado Estatal Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social), por conducto del titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, todos con sede en esta ciudad, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. En cuanto al señalamiento de domicilio procesal y datos de localización, designación de delegados y autorización para el uso de medios electrónicos, dígaseles que deberán estarse a lo determinado en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, donde se proveyó lo conducente. Autoridad cumple requerimiento. Asimismo, incorpórese a los autos el diverso oficio y anexos remitidos de igual manera por el director del Hospital General Regional No. 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante el cual cumple el requerimiento que se le formuló en determinación de veinticinco de agosto pasado, pues al efecto remite copia certificada de las constancias con las que acredita que el quejoso********************, fue intervenido quirúrgicamente a fin de mitigar su patología en ********************, concluyendo en una ********************; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.****************************************III. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, las pruebas documentales que anexan las potestades responsables, director del Hospital General Regional No. 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social y el director de la Unidad de Medicina Familiar 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del subdirector médico, a los oficios que se proveen; así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones que ofertan.****************************************IV. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias que en copia certificada adjunta la autoridad oficiante, director del Hospital General Regional No. 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, de conformidad con la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En este caso, el acto reclamado consiste en: La negativa de las responsables en realizarle una intervención quirúrgica consistente en ********************. Ahora bien, de las documentales que adjunta la responsable oficiante en copia certificada, se advierte que el siete de los actuales, se llevó a cabo el procedimiento quirúrgico de ******************** que le fue prescrito al quejoso por el diagnostico de ********************, con buena evolución quirúrgica, entregándose alta hospitalaria el ocho subsecuente. ********************Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, con la cual se acredita la actualización de la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se toma en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa; o bien dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, esto es así cuando la autoridad emisora lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. Así pues, conviene precisar que para que sea aplicable la causal de improcedencia aludida es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable. Asimismo, es pertinente recordar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar destruido. En conclusión, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte promovente del amparo en el goce del derecho violado. Por lo que podemos concluir que, para que en el juicio de amparo se actualice la causal de improcedencia por cesación de efectos se requiere: a) que el acto reclamado sea revocado o derogado, b) que la cesación sea inmediata y no surja a condición de ninguna especie, y c) que la parte quejosa sea restituida en el goce del derecho subjetivo que consideró vulnerado. Causal que en el caso se estima actualizada, si se toma en cuenta que lo que constituye materia de reclamo constitucional es la negativa de las responsables en realizarle una intervención quirúrgica consistente en la colocación de una prótesis en la cadera, y la citada autoridad responsable al haber llevado a cabo el mencionado procedimiento quirúrgico para su aludido padecimiento, el siete de septiembre del presente año, con buena evolución quirúrgica, entregándose alta hospitalaria el ocho subsecuente; se considera que han cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. De igual manera, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto fuera de audiencia. No es óbice para lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, por haber cesado en sus efectos el acto reclamado, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por tanto, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales a que hubiere lugar; asimismo, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional (diez horas con dos minutos del doce de septiembre de dos mil veintitrés); háganse las anotaciones en el libro de control respectivo.

  3. Principal

    I. Autoridad responsable remite información. Agréguese a los autos el oficio que remite la autoridad responsable, director del Hospital Regional 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante el cual en seguimiento a la suspensión de plano, el quejoso fue diagnosticado con coxartrosis no especificada, por lo que le fue programada intervención quirúrgica para el seis de septiembre del presente año, a fin de que se le realicé la sustitución o reemplazo total de cadera derecha, para lo cual remite copia certificada de las constancias con las que acredita su dicho, de las que se colige la firma de conformidad por parte del aquí impetrante. De lo anterior, se toma el debido conocimiento para los efectos legales procedentes; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su especial naturaleza, las pruebas documentales que anexa la oficiante, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. II. Seguimiento a suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 126, de la Ley de Amparo, requiérase al galeno responsable para que, una vez que lo anterior acontezca y sin previo requerimiento, remita copia certificada o autentificada y debidamente legible de las documentales referentes a dicho procedimiento, a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Lo anterior es así pues la protección a la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar y que se encuentra tutelado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya dilación pone en riesgo la integridad física del impetrante; motivo por el cual, su observancia no puede dejarse al arbitrio de las autoridades que deban atender su ejecución, así como tampoco pueden condicionarse, pues al afectar directamente a la dignidad humana el resultado puede ser de imposible reparación.

  4. Principal

    Informes relativos a la suspensión de plano. Glósense a los autos los oficios y anexo remitidos por las autoridades responsables, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato (antes Delegado Estatal Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social), director de la Unidad de Medicina Familiar 47 y director del Hospital Regional 58, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social y con sede en esta ciudad, a través de los cuales rinden su informe relativo a la suspensión de plano decretada en autos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, téngaseles designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que nombran en su libelo de cuenta y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su oficio, respectivamente; del mismo modo, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les autoriza el uso de medios electrónicos como son cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos para consulta del expediente. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, las pruebas documentales que anexa la segunda de las nombradas, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. No pasa desapercibido para la suscrita que la misiva firmada por la primera de las autoridades de cuenta haga alusión al oficio 1291/2023 de doce de mayo de dos mil veintitrés; sin embargo, al estar relacionado directamente su contenido con el presente asunto, es que se acuerda de conformidad lo informado. Requerimiento judicial. En atención a lo enterado por el director del Hospital Regional 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, específicamente a que el quejoso tenía cita programada para el dieciséis de los actuales, a fin de que le realizaran estudios y valoración preoperatoria en dicho nosocomio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 126, de la Ley de Amparo, requiérase al galeno responsable para que, dentro del término legal de tres días, contado a partir de la legal notificación que se le haga de esta determinación, remita copia certificada o autentificada y debidamente legible de las documentales referentes a dicha valoración médica. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, o de no informar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le hará efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés, para el caso de incumplimiento. Sin perjuicio de lo antes determinado, reitérese a la potestad requerida (autoridad material y legalmente competente), que deberá seguir informando sin previo requerimiento el seguimiento a la suspensión de plano, pues el incumplimiento o retraso de lo anterior y sus consecuencias serán bajo su más estricta responsabilidad. Lo anterior es así pues la protección a la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar y que se encuentra tutelado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya dilación pone en riesgo la integridad física del impetrante; motivo por el cual, su observancia no puede dejarse al arbitrio de las autoridades que deban atender su ejecución, así como tampoco pueden condicionarse, pues al afectar directamente a la dignidad humana el resultado puede ser de imposible reparación.

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