J. Encarnación Ramos Juárez
Expediente 587/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- J. Encarnación Ramos Juárez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de agosto de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veinte de julio de dos mil veintiuno; en consecuencia: con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la resolución que SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por J. Encarnación Ramos Juárez, ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Por último, para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se sobreseyó, por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General citado. Notifíquese....MESA 7
- Principal
R E S U E L V E: Único. Se sobresee Notifíquese...MESA 7
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de julio de dos mil veintiuno. Informe justificado. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, mediante el cual con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, rinde su informe justificado, al respecto a fin de no irrogar perjuicio a las partes, con su contenido dése vista por el plazo de tres días, en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, conforme al artículo 2. De las pruebas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y ofrecida las prueba documental que anexa a su informe, consistente en diversas actuaciones del expediente laboral SAT1373/2009, misma que será tomada en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional relativa. NOTIFÍQUESE....MESA 7
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por J. Encarnación Ramos Juárez, por propio derecho, contra actos que reclama del Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tlalnepantla de Báz, Estado de México. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 587/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. No se tramita incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, toda vez que el mismo no fue solicitado y no se encuentra en los supuestos del artículo 127 de la Ley de Amparo. Vista al Ministerio Público Federal. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con el artículo 5, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo, haciéndole entrega de una copia simple de la demanda. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. Tomando en cuenta que de conformidad con el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo último, se deben adoptar medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general; por consiguiente, con la finalidad de evitar la propagación del mismo, inclusive en pro del derecho a la salud del personal actuante en este juzgado, se determina respecto a las notificaciones que deban realizarse hasta en tanto se regularicen las actividades de este órgano jurisdiccional o en tanto el suscrito no emita diversa instrucción en el presente asunto, para llevar a cabo las comunicaciones procesales de mérito, lo siguiente: Toda vez que el agente del Ministerio Público adscrito, solicitó a este órgano jurisdiccional que las notificaciones que deban realizársele sean a través del correo electrónico rafacarranza1@yahoo.com, del cual pueden confirmarse en el número telefónico que los actuarios adscritos cuentan y deberán guardar en total confidencialidad, por consiguiente: En aplicación analógica del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, al requerirlo el orden público derivado de las medidas de contingencia sanitaria para evitar la propagación del virus SARSCoV2 (COVID-19), en observancia al acuerdo del Secretario de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo del año en curso, notifíquese por dicho medio electrónico a la parte procesal referida, debiendo el actuario respectivo levantar la razón correspondiente en la que haga constar su envío, así como la confirmación de su recepción. Hágase del conocimiento de las partes que por las razones ya expuestas en torno a la contingencia sanitaria, las notificaciones que deban realizarse por lista se publicarán únicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. Tratándose de instituciones públicas que figuren como partes en los juicios de amparo con cualquier carácter (quejosas, terceras interesadas, autoridades responsables): Las que cuenten con convenio de interconexión celebrado con el Poder Judicial de la Federación y declaratoria de interconexión tecnológica, en términos de los artículos 3 de la Ley de Amparo, 20, 53, 65, 71, 74 al 78, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como numerales 1, 2 y el capítulo tercero "De la interconexión tecnológica en el juicio de amparo indirecto", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, deberán ser notificados mediante el uso de dicha herramienta tecnológica. Al respecto, se hace notar a los actuarios de la adscripción que: (i) conforme al artículo 2 del acuerdo últimamente mencionado, las declaratorias de interconexión tecnológica se publican en el Diario Oficial de la Federación, y se difunden a través del Portal de Servicios en Línea y del Sistema de Seguimiento de expedientes; por lo que deberán consultar sendos medios de difusión, (ii) asimismo, observar las reglas previstas en el preindicado acuerdo para la obtención de las constancias de notificación. Las que no cuenten con el referido convenio de interconexión celebrado con el Poder Judicial de la Federación y declaratoria de interconexión tecnológica, deberán ser notificadas a través de los medios de comunicación ordinarios, en el entendido de que previo a la remisión física de oficios, se instruye a los actuarios a efectos de que realicen la consulta de la probable existencia de un correo electrónico donde las autoridades responsables puedan ser notificadas por este medio y se confirme su recepción. Requerimiento de informe justificado. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que rinda su respectivo informe con justificación, bajo los términos y condiciones siguientes: a) Dentro del plazo de tres días improrrogables siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo; b) Oportunidad en la que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, derivadas del juicio de origen, en la inteligencia que de no contar con tales documentales, será suficiente la remisión de dicho informe. De conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. i) En el supuesto de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y ii) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir cierto el acto reclamado. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, comuníquese a la autoridad responsable que si del contenido de su respectivo informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado precepto. Cabe precisar que el requerimiento del informe justificado, dentro del plazo precisado en el artículo 118 de la Ley de Amparo, obedece al hecho de que la finalidad perseguida por el citado precepto es dar celeridad al trámite del juicio de amparo, en asuntos que por su naturaleza sea posible otorgar, sin mayor problema, la protección constitucional, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se proclamó jurisprudencialmente sobre el alcance del derecho fundamental reconocido en el artículo 17 constitucional, a fin de observar la tutela que debe prevalecer por parte de los órganos jurisdiccionales, específicamente en el acceso efectivo a la administración de justicia con el objetivo de lograr que las instancias constituyan mecanismos expeditos, eficaces y confiables para los justiciables, criterio de cuyo cumplimiento derivará su eficacia y que resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, mismo que es del tenor literal siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." . Lo que además, encuentra justificación en el artículo 25.1 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del que el Estado Mexicano es parte y cuya jurisprudencia es obligatoria para todos los juzgadores, por ser más favorable, acorde a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 21/2014. Bajo ese marco legal, atendiendo a la situación en la que se encuentra inmersa la parte quejosa en la instancia de origen, este órgano jurisdiccional requiere el informe justificado en el plazo antes señalado, a fin de buscar privilegiar la impartición de justicia y respeto a los derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 constitucional, tal y como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dispuso en la tesis jurisprudencial en comento. En esa tesitura, dígasele a la autoridad señalada como responsable que podrá rendir dicha información, al correo oficial de este órgano jurisdiccional 8jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, ello en atención a la naturaleza del presente asunto y de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Asimismo, requiérasele a la autoridad responsable para que informe si las constancias que sustentan el acto que en esta vía se reclama, se encuentran digitalizadas y de ser así las remita de forma en electrónica a este juzgado federal, a través del medio indicado. Y de no ser posible remita dichas constancias físicamente, mismas que de no ser posible integrarlas al expediente electrónico por exceder de la capacidad que permite el sistema (20 mega bytes), se pondrán a la vista del quejoso, las cuales podrá consultar previa cita gestione, siguiendo los lineamientos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre Servicios jurisdiccionales, sistema Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional, para que el público en general pueda generar una cita para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos a la responsable para que señale correo electrónico para recibir notificaciones. De la información reservada de confidencial En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corle de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de lo Federación el cuatro de abril de dos mil cuatro, se requiere a la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifique la información de reservada y confidencial que proporcione a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes en la que se considere esencial para su defensa. Requerimiento a la responsable para que señale correo electrónico para recibir notificaciones: Sin perjuicio de lo anterior, dadas la circunstancias expuestas, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, requiérase a la autoridad responsable, para que informe en el mismo plazo de tres días antes indicado, si cuenta con usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual para su uso requiere únicamente de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo pueda notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. En el entendido de que, de no contar con usuario en dicho portal, podrá generar una mediante el uso de alguna de las firmas antes mencionadas, para lo cual, se le informa el manual actualizado de uso en la liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, proporcione algún correo institucional al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio, ello en términos de los dispositivos antes mencionados, en relación con los artículos 28, fracción III, y 30 de la Ley de Amparo, al requerirlo el orden público ante la situación de emergencia en la que se encuentra el país con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2 y, precisamente, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas en las instalaciones de las autoridades y evitar su propagación del como una medida de prevención sanitaria. Con el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, o de no informar o indicar el impedimento que tengan para ello, se impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II de la Ley en cita. En ese tenor, mientras solicita su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas, una vez proporcionada la información últimamente indicada y en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera diversa, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que reciban toda clase de notificaciones que sean remitidas por este juzgado, a través de cualquiera de los medios electrónicos de mérito. En el entendido de que, independientemente de ello, toda comunicación dirigida a este órgano jurisdiccional deberá ser presentada en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, esto es, por escrito con firma autógrafa o mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ya sea mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), debiendo en todo momento dar preferencia a la presentación a través de medios digitales. Obligaciones de las partes. De igual forma, se les hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de cualquier causa de sobreseimiento en este asunto, se encuentran obligadas a comunicarlo de inmediato ante este juzgado federal, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, y se apercibe al quejoso y a las autoridades responsables que de no hacerlo, se les podrá imponer una multa de trescientas Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, inciso B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 251 de la Ley de Amparo. Apercibimiento a la quejosa en relación a la denominación de la autoridad responsable. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la quejosa tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; por lo que se le apercibe para una vez enterada que dicha denominación de la autoridad señalada como responsable, sea incorrecta o bien, aquella sea inexistente, deberá corregir o aclarar el nombre que designó, con el apercibimiento que de ser omisa a esa eventualidad, se le sancionará declarándola inexistente, lo anterior, de conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.153/2019 (10a), de la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2021029, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió." De la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las catorce horas con un minuto del veinte de julio de dos mil veintiuno, para su verificativo. Ahora, en términos de la Segunda Sección del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se ha implementado el uso de videoconferencia en los asuntos competencia de este órgano jurisdiccional, lo que torna necesario citar a las partes a la celebración de la audiencia respectiva ya sea por medio de videoconferencia o presencialmente. Para tal efecto, en términos del artículo 28 del Acuerdo General citado en el párrafo precedente, se previene a las partes para que dentro del plazo de dos días, contados a partir de la legal notificación, o bien veinticuatro horas previas a la celebración de la audiencia, señalen a través de promoción electrónica o física, la o las personas que acudirán a la audiencia que tendría verificativo por videoconferencia en su representación; asimismo, señalar un correo electrónico para el envío del citatorio respectivo, en el entendido de que el citatorio que contenga el vínculo para ingresar a la videoconferencia se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que no es su deseo intervenir a la videoconferencia, llevándose a cabo entonces la audiencia correspondiente de manera tradicional (escrita), sin que ello implique que no puedan presentar escritos el día de la fecha señalada para dicha diligencia judicial. Asimismo, se hace saber a las partes, que para efecto de tener por acreditada su legitimación para asistir a la audiencia y por certeza de las partes, deberán contar con su identificación debidamente escaneada en el equipo en el que se conecten a la videoconferencia para que la exhiban a través de la herramienta "compartir pantalla", lo mismo acontecerá con cualquier documento que se vaya a incorporar a la audiencia, esto para conservar constancia de los mismos. En consecuencia, se instruye a la Coordinadora Técnica Administrativa adscrita al órgano jurisdiccional, realice las gestiones tendentes a su preparación, informándole que tendrá intervención en la misma a las partes. Por otra parte, se comunica a los participantes que para poder accesar a dicha plataforma deberán contar con un equipo de comunicación (pc, celular o tableta) con cámara y micrófono, conexión a red wifi; asimismo, deberán realizar el enlace por lo menos con quince minutos de anticipación a su celebración, lo anterior a efecto de poder llevar a cabo la logística operacional, asimismo podrá ingresar a https://help.webex.com/es-co/n62wi3c/Get-Started-with-Cisco-Webex-Meetings-for-Attendees, y https://help.webex.com/es-co/, en donde se encuentran los tutoriales y requerimientos técnicos de la plataforma. En el entendido que en el momento de remitir el correo electrónico deben ser específicos si lo hacen con la intención de acudir a la audiencia o únicamente es como medio de comunicación. De las notificaciones a las partes. Se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional se practiquen a las partes por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 fracción I, y 28 de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo, sin embargo el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesado, pues a través de ella se le informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones los actos encaminadas a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realizó en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.176/2012 (10a), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Acceso electrónico y notificaciones Por cuanto hace a la solicitud del promovente, para que se le permita el acceso electrónico, así como que las notificaciones en el presente asunto se realicen por dicho medio, proporcionando al efecto el nombre de usuario "ladenuciaqrr", en este sentido y de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que el promovente refiere que se encuentra registrado en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el citado usuario, a través de ese medio tecnológico podrá promover y acceder al expediente electrónico en que se actúa, asimismo, se realicen de manera electrónica las notificaciones, con fundamento en los artículos 14, 34, 35, 48 y 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte y en vigor a partir del día siguiente. Por lo anterior, se comisiona a la analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que proceda a habilitar el acceso al expediente electrónico; asimismo, la sección de actuaría, deberá realizar las subsecuentes notificaciones de carácter personal al quejoso a través usuario mencionado con anterioridad. Por lo antes expuesto, no ha lugar a tener como domicilio el que señala en su escrito de demanda, en virtud de que se encuentra fuera de la jurisdicción de éste juzgado, aunado a que en esta data se le autorizaron las notificaciones electrónicas; de igual manera por lo que respecto a la solicitud del promovente para que se le tenga como domicilio electrónico el correo electrónico que señala en su escrito de demanda, no ha lugar en virtud de que dicho medio no se encuentra contemplado dentro de las hipótesis señaladas en el artículo 26 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Tercero interesado Sin que se le reconozca el carácter de terceros interesados a las que señala en su escrito de demanda, toda vez que si bien se encuentran en la hipótesis que contempla el artículo 5, fracción III, fracción b) de la Ley de Amparo, a las mismas no les causa perjuicio alguno el acto que la quejosa reclama. Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas a que hace referencia en su demanda, se les tiene por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Integración de las constancias de notificación al expediente electrónico. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese....MESA 7
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