J Dolores Martinez Gutierrez

Expediente 1326/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1326/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • J Dolores Martinez Gutierrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la legislación en comento, contra el proveído de diecisiete de febrero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea necesario realizar el cómputo a las demás partes dado que la citada determinación no les genera perjuicio. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. DOCUMENTOS: La parte quejosa no allegó documentos. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, así como el artículo 21, párrafo primero, inciso a) del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la secretaria de Estudio y Cuenta de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con sede en Silao de la Victoria, mediante el cual en atención al requerimiento de dieciséis de enero de la presente anualidad, adjunta pruebas documentales relativas al acuerdo por el que tuvo cumplida la sentencia emitida dentro del juicio administrativo **** de su índice. En ese tenor, con apoyo en el párrafo segundo del artículo 119, en correlación con el numeral 75, párrafos tercero y cuarto, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la documental en comento, la cual se ordena glosar a los autos y con la que se da vista a las partes para que se impongan de su contenido. Ahora bien, vistas las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El quejoso acudió al amparo reclamando: la omisión del director de Seguridad Publica, Tránsito, Transporte y Protección Civil del Municipio de Pénjamo, Guanajuato, de dar cumplimiento a la sentencia de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio administrativo ***** del índice de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, así como la omisión de dicha Sala de proveer lo conducente para lograr el cumplimiento e imponer las medidas de apremio correspondientes para su acatamiento. Pues bien, del citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, deriva como causa de improcedencia de la acción constitucional, la de cesación de efectos, orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En términos de la fracción XXI del artículo 61 del ordenamiento legal en comento, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos del acto de autoridad, la reparación constitucional carezca de materia. En ese sentido, es importante precisar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. De ahí que sea posible colegir, a partir de una interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la ley de la materia, que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Aplica la Jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sobre esta base, como se indicó, en el presente asunto, el acto reclamado básicamente fue la omisión de cumplir la sentencia de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio administrativo ***** de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, que el quejoso atribuyó tanto a la propia Sala administrativa como a la autoridad ahí demandada, Director de Seguridad Publica, Tránsito, Transporte y Protección Civil del Municipio de Pénjamo, Guanajuato. Frente a ello, de las constancias allegadas al presente expediente por las citadas responsables, se desprende que la autoridad ahí demandada presentó en el juicio de origen constancias con las cuales consideraba dar cumplimiento a la sentencia y, por su parte, la Sala responsable, emitió el acuerdo de tres febrero de dos mil veintitrés del que se desprende que, previa vista a la parte actora, el tribunal determinó que la autoridad dio cabal cumplimiento a la sentencia de nulidad y, como efecto, decretó el archivo del expediente. En efecto, del auto tres de febrero de dos mil veintitrés dictado en el procedimiento de origen, se advierte que el tribunal responsable tuvo por cumplida la sentencia de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, con la exhibición por parte de la demandada, de un cheque por la cantidad de $***** (*****) exhibido por el Director de Seguridad Publica, Transito, Transporte y Protección Civil del Municipio de Pénjamo, Guanajuato, y ordenó el archivo del juicio de génesis como totalmente concluido. Lo cual acredita que cesaron las conductas omisas que eran materia de reclamo en el amparo; con la emisión del acuerdo que tuvo por cumplida la sentencia y ordenó el archivo del juicio administrativo, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido totalmente las consecuencias generadas por la omisión del cumplimiento de la referida resolución en el aludido procedimiento administrativo. Al haberse declarado cumplida la sentencia de mérito, cesó en sus efectos el reclamo constitucional que se torna improcedente al carecer de materia; pues incluso a nada conduciría ocuparse de su examen constitucional cuando sus efectos ya no están vigentes en la esfera jurídica del solicitan del amparo, ni lo estarán, precisamente por haberse materializado la pretensión final de la parte quejosa. Lo que entraña la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, acorde con el artículo 77 de la ley de la materia, como es el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por los motivos expuestos. Y esto es así, con independencia del sentido de la actuación que tuvo por cumplida la sentencia del juicio contencioso pues para efectos de la presente instancia constitucional lo importante es que el acto reclamado cesó en sus efectos, así que aquella nueva actuación es ajena a la materia del amparo. Orienta la tesis aislada P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, página 71, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Corolario de lo antes expuesto, lo que se impone es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Finalmente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas del siete de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y al fiscal adscrito, así como por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Irapuato, Guanajuato, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. SE REQUIERE AUTORIDAD Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso reclama del Director de Seguridad Publica, Transito, Transporte y Protección Civil del Municipio de Pénjamo, Guanajuato, la omisión de dar cumplimiento al pago de pesos que fue condenado en la sentencia dictada en el juicio administrativo ********, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Ahora, del informe rendido por la primera autoridad se observa que tal dependencia afirmó haber realizado el pago de ********, con los cuales asegura haber dado cumplimiento total a la sentencia dictada en el referido contradictorio, exhibiendo copia del escrito, con acuse de recibo, por el que exhibe el título de crédito al tribunal responsable. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, mediante oficio con transcripción del presente acuerdo, solicítese atentamente a la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, que de no existir impedimento legal alguno, informe si con el pago realizado por el Director de Seguridad Publica, Transito, Transporte y Protección Civil del Municipio de Pénjamo, Guanajuato, declaró cumplida la sentencia dictada en el juicio administrativo ********, de su índice, o bien, qué proveyó al respecto. Para tal efecto, remita copia fehaciente de las constancias que así lo acrediten, por resultar necesarias para la prosecución del asunto. Se le apercibe que de hacer caso omiso a la solicitud contenida en párrafos que anteceden, le será impuesta MULTA por el equivalente a CINCUENTA VECES la Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se integra; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, Apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. ESTADO PROCESAL Por otro lado, se observa que mediante auto de once de enero del presente año, se tuvieron por recibidos los informes justificados rendidos por la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y por el Director de Seguridad Publica, Transito, Transporte y Protección Civil del Municipio de Pénjamo, Guanajuato, por lo que a la presente fecha se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA En esas condiciones, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que estaba programada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo, la que se fija atendiendo las cargas de trabajo con que cuenta este juzgado Notifíquese.

  4. Principal

    Irapuato, Guanajuato, once de enero de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Se tiene por recibidos los oficios de cuenta, respectivamente signados por la Magistrada Supernumeraria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y Director de Seguridad Publica, Transito, Transporte y Protección Civil del Municipio de Pénjamo, Guanajuato, mediante los cuales rinden su informe justificado; en ese sentido, se tienen por rendidos tales informes. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofreciendo como pruebas las documentales que acompañan dichas autoridades responsables, las que se ponen a la vista de las partes sin perjuicio de su relación en la audiencia de ley. TOMO Debido al volumen de las documentales exhibidas por la primera de las autoridades oficiantes, fórmese un tomo de pruebas, por separado. DOMICILIO Y DELEGADOS Por otro lado, se tiene a la segunda de las aludidas, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como designando delegados a las personas que menciona en su misiva, en los términos a que alude el artículo 9 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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