J. Daniel Alberto Salinas Robles
Expediente 363/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 363/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 13/10/2023
Partes del expediente
- J. Daniel Alberto Salinas Robles
- Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta Y dos, Con Sede En Querétaro, Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de octubre de dos mil veintitrés. I. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Tribunal Unitario Agrario Distrito 42, mediante el cual informa que la parte quejosa ha presentado la documentación requerida por dicha autoridad, misma que fue remitida a la diversa autoridad Registro Agrario Nacional, Delegación Querétaro a efecto de que dé cumplimiento a la sentencia dictada en autos. II. Se requiere. En consecuencia, y en obvio de mayores dilaciones procesales, se requiere al Registro Agrario Nacional, Delegación Querétaro, a efecto de que en el término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto informe el cumplimiento dado a lo solicitado por la diversa autoridad Tribunal Unitario Agrario Distrito 42 y/o manifieste la imposibilidad que tenga para ello. III. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedora a una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de octubre de dos mil veintitrés. I. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Querétaro, mediante el cual informa las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. I. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente de la *********, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de siete de septiembre de dos mil veintitrés, sin embargo únicamente se limita a referir que la parte quejosa debe presentar diversa documentación a efecto de que se realice el alta y registro del mismo como posesionario respecto de la parcela ********************, sin que informe el trámite dado a la solicitud presentada por la parte quejosa el doce de julio del presente año. II. Se requiere. En consecuencia, requiérase a la autoridad Delegación del Registro Agrario Nacional en Querétaro, para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, realice lo siguiente: 1. Informe el trámite dado a la solicitud presentada por la parte quejosa el doce de julio del presente año, e indique si se realizó el alta y registro del quejoso como posesionario del núcleo agrario denominado "********************, respecto de la parcela ******************** 2. Informe si se expidió el certificado parcelario que ampara la titularidad de la citada parcela, o bien el estado procesal que guarda el trámite correspondiente. En este sentido, deberá acreditar con las constancias que estime conducentes sus aseveraciones o bien manifestar la imposibilidad que tenga para ello. Lo anterior con independencia que respecto de la citada autoridad se haya sobreseído el juicio de amparo, en razón a que todas las autoridades tienen obligación de realizar los actos necesarios para el cumplimiento de la presente ejecutoria. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 153 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 554, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, Febrero de 1995, que dispone: "SENTENCIAS DE AMPARO. ESTÁN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCIÓN, AÚN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución." Así como la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 832, cuyo rubro establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD." Así también la tesis 2a. VIII/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 1520, del Tomo II, correspondiente al mes de febrero de 2014, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS" Lo anterior, pues una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, que no sólo interesa a toda la sociedad, sino que además ostenta vital importancia para la vida institucional del país, ya que independientemente de que la observancia cabal de un fallo constitucional redunda en beneficio personal del quejoso, también lo es, que contribuye a consolidar el imperio de la Constitución Federal obligando a su respeto a todas las autoridades del país, de ahí que el procedimiento de ejecución de una sentencia no debe suspenderse. En ese sentido, cabe decir que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, en la tesis publicada en la página 1084, Tomo CVI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SENTENCIAS EJECUTORIAS, SUSPENSIÓN DE SU CUMPLIMIENTO", precisó que la sociedad está interesada en que no se suspenda el cumplimiento de una sentencia que "realmente" sea ejecutoria, por no admitir recurso ordinario ni extraordinario y que, por tanto, haya determinado la verdad legal. III. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedora a una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de septiembre de dos mil veintitrés. I. Se agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual informa que ya exhibió ante la autoridad responsable Registro Agrario Nacional, Delegación Querétaro, la documentación solicitada a efecto de que dicha autoridad dé cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, exhibiendo el acuse de recibo correspondiente con fecha doce de julio del presente año. II. Se requiere. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Registro Agrario Nacional, Delegación Querétaro, para que en el término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído: Informe el trámite dado a la solicitud presentada por la parte quejosa el doce de julio del presente año, e indique si se realizó el alta y registro del quejoso como posesionario del núcleo agrario denominado ****** del Municipio y Estado de Querétaro, respecto de la parcela *******. Informe si se expidió el certificado parcelario que ampara la titularidad de la citada parcela, o bien el estado procesal que guarda el trámite correspondiente. En este sentido, deberá acreditar con las constancias que estime conducentes sus aseveraciones o bien manifestar la imposibilidad que tenga para ello. Lo anterior con independencia que respecto de la citada autoridad se haya sobreseído el juicio de amparo, en razón a que todas las autoridades tienen obligación de realizar los actos necesarios para el cumplimiento de la presente ejecutoria. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 153 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 554, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, Febrero de 1995, que dispone: "SENTENCIAS DE AMPARO. ESTÁN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCIÓN, AÚN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución." Así como la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 832, cuyo rubro establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD." Así también la tesis 2a. VIII/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 1520, del Tomo II, correspondiente al mes de febrero de 2014, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS" Lo anterior, pues una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, que no sólo interesa a toda la sociedad, sino que además ostenta vital importancia para la vida institucional del país, ya que independientemente de que la observancia cabal de un fallo constitucional redunda en beneficio personal del quejoso, también lo es, que contribuye a consolidar el imperio de la Constitución Federal obligando a su respeto a todas las autoridades del país, de ahí que el procedimiento de ejecución de una sentencia no debe suspenderse. En ese sentido, cabe decir que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, en la tesis publicada en la página 1084, Tomo CVI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SENTENCIAS EJECUTORIAS, SUSPENSIÓN DE SU CUMPLIMIENTO", precisó que la sociedad está interesada en que no se suspenda el cumplimiento de una sentencia que "realmente" sea ejecutoria, por no admitir recurso ordinario ni extraordinario y que, por tanto, haya determinado la verdad legal. III. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedora a una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. IV. Sobre la responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades que se ven vinculadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. El anterior requerimiento y apercibimiento, se sustenta en la Jurisprudencia P. /J. 59/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 5, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Asimismo, es dable hacer del conocimiento de la autoridad citada, que deberá realizar las gestiones que resulten eficaces para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, evitando hacer uso de evasivas o procedimientos ilegales, lo cual ocurre cuando: Evasivas: si la autoridad responsable lleva a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Procedimientos Ilegales: si se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, o bien, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Por tanto, habrá desacato a la sentencia de amparo cuando la autoridad abiertamente o con evasivas se abstiene totalmente de obrar en relación con los deberes jurídicos impuestos por la ejecutoria, o bien, no realiza la obligación de dar, hacer o no hacer, que constituye el núcleo esencial de la garantía que se estimó infringida en la sentencia. Da sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P. /J. 58/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justifica de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, materia común, de contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VIII.2o.30 K, sustentada por Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, página 1098, de rubro y contenido: "EJECUTORIAS DE AMPARO. ACLARACIONES Y JUSTIFICACIONES EMITIDAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE SU ACTUACIÓN Y CALIFICATIVA DE LA LEGALIDAD DE AQUÉLLAS, BAJO PRETEXTO DE SU CUMPLIMIENTO. De acuerdo al sistema constitucional mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el más Alto Tribunal del país, en virtud de que sus resoluciones son inatacables, pues el orden jurídico vigente no contempla medio alguno de defensa o mecanismo para que puedan ser revisadas, evidentemente, por no existir diversa instancia jurisdiccional que le sea superior y, de manera análoga, en tratándose de los juicios de amparo directo que sean competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, las resoluciones que estos órganos jurisdiccionales emiten (cuando no se trate de los casos de excepción, como lo son aquellos en que en la sentencia se hubiese decidido respecto de la constitucionalidad de una ley, o se estableciera la interpretación directa de un precepto de la Constitución), no admiten recurso alguno, en términos de lo establecido en la fracción IX del artículo 107 de la Carta Magna, por lo que, en ese sentido, se constituyen en órganos terminales. De tal manera que lo resuelto debe acatarse y cumplirse en sus términos, por lo que no le es dable a las autoridades responsables, con motivo del cumplimiento de las ejecutorias de amparo, emitir aclaraciones o consideraciones tendientes a justificar su actuación, y menos aún, pretender calificar la legalidad de una ejecutoria emitida por un órgano jurisdiccional de rango evidentemente superior, lo que se encuentra claramente establecido en el primer párrafo del artículo 94 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior con absoluta independencia de que se comparta o no el criterio sustentado en la ejecutoria que la autoridad responsable cumplimenta, en atención a que no existe fundamento constitucional ni legal alguno que le permita externar su opinión respecto de los asuntos resueltos vía amparo directo por el Tribunal Colegiado correspondiente". V. No ha lugar. Finalmente, no ha lugar a la solicitud de la parte quejosa en relación a que un Actuario adscrito a este Juzgado se presente con la parte quejosa ante la autoridad responsable a verificar las evasivas en las que incurre para realizar los trámites correspondientes en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en razón del requerimiento y apercibimiento decretado en párrafos que anteceden.
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