J. Cruz Hernández Martínez

Expediente 91/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
91/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • Casimiro Martínez Flores
  • J. Cruz Hernández Martínez
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Amparo en revisión

    Agréguese el oficio 4899/2021, signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, mediante el cual acusa recibo del similar 719/2021 por el que se remitió testimonio de la ejecutoria y los autos de origen; en consecuencia archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Visto; el estado que guardan los presentes autos y que mediante ejecutoria de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se confirmó la sentencia recurrida y se sobreseyó en el juicio de amparo indirecto, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y electrónico, respectivamente. Con fundamento en el artículo 18, fracción lll, inciso b), en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones de valoración depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se determina que el expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Amparo en revisión

    PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Por las razones expresadas en la última parte considerativa de este fallo se sobresee en el juicio de amparo interpuesto por ***********************, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dictada por este Primer Tribunal Colegiado, en la cual se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, con testimonio de la ejecutoria, remítanse a la autoridad responsable los autos de origen; hágase la anotación en el libro físico y electrónico de gobierno correspondiente. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

  4. Amparo en revisión

    Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a las causales de improcedencia señaladas en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "QUINTO. Causa diversa de sobreseimiento. Se estima que en el caso, no se abordará el estudio de las consideraciones del fallo recurrido ni los agravios hechos valer por la parte quejosa ahora recurrente, ya que ello resulta innecesario, en virtud de que, este Tribunal Colegido advierte que se actualiza una causal de improcedencia diversa a la analizada por el Juez Federal, que amerita sostener el sobreseimiento en el juicio de garantías. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia número P./J.122/99, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme." En efecto, este Tribunal Colegiado advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio de derechos, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Para sostener lo aseverado es necesario destacar que las constancias remitidas por el Juez Federal revelan lo siguiente: J. Cruz Hernández Martínez ejerció acción de divorcio necesario en contra de Dulce Brisa Samaniego de la Torre; entre las diversas providencias solicitadas por el promovente en su escrito inicial, correspondió la facilitación de interprete a efecto de asegurar igualdad en el proceso y ejercer efectivamente su derecho de acceso a la justicia. por virtud de padecer una discapacidad auditiva (sordo mudo), por lo tanto, pidió que se solicitara al Centro de Atención Múltiple Número 3, "María Montessori", que en auxilio designara un intérprete a fin de que asistiera al actor. La demanda fue radicada por la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, bajo el número 352/2019; y en el auto inicial además se ordena la práctica de las providencias necesarias para allegarse de información que le permitiera decidir lo relativo a la custodia, régimen de convivencia y alimentos provisionales y a la postre definitivos de los menores hijos de las partes, ordenó girar oficio al Centro de Atención Múltiple Número 3 María Montessori, con sede en la ciudad mencionada, a fin de que designara intérprete que asistiera al actor en la práctica de una audiencia. El dos de septiembre de dos mil diecinueve, se presentó ante el juzgado responsable el oficio signado por la Directora del Centro de Atención Múltiple Número 3, María Montessori, en el que informa que en dicho centro no se contaba con intérprete, pero proporcionaba los datos de otra persona que podía colaborar y que laboraba en diversa institución. A ello recayó el acuerdo de la misma fecha en el que esencialmente se ordenó glosar el oficio para los efectos conducentes. La parte demandada presentó escrito de contestación el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, libelo que se acordó de conformidad en un diverso proveído de dos de septiembre de dos mil diecinueve. Asimismo en la fecha precitada, se acordó también el diferimiento de la audiencia conciliatoria al no haberse presentado para su verificativo la parte demandada. El tres de septiembre de dos mil diecinueve, el abogado patrono del actor proporcionó el domicilio de este, a fin de que se realizara el estudio socioeconómico decretado en el auto de inicio y el día diez del mes y año mencionado, pidió se girara oficio al Director de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular número 38, Hellen Keller Adams, con el objeto de solicitar su colaboración para designar intérprete por virtud de la discapacidad auditiva de su representado. A esta última solicitud, recayó el proveído de trece de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se acuerda reservar la petición para requerir el apoyo de intérprete una vez en la que fuera necesaria la presencia del actor material en audiencia. El diverso acuerdo de la misma fecha que el anterior, se acordó la evacuación de la vista otorgada al actor con el escrito de contestación a la demanda. El veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el abogado patrono solicitó a la juez se pronunciara en relación a las medidas provisionales de guarda y custodia de los menores hijos de los litigantes y, el tres de octubre del año mencionado, la parte demandada solicitó se emitiera pronunciamiento con relación a los alimentos y convivencia provisionales con relación a los menores hijos. A tales peticiones recayó el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en donde se decretó la guarda y custodia provisional de los menores hijos a favor de la progenitora y se fijaron alimentos provisionales con cargo al demandante. Luego de recibirse el informe solicitado a la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el estudio socioeconómico realizado al actor y el dictamen psicológico de los menos hijos de los contenientes, en auto de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve se señaló fecha y hora (21 de noviembre de 2019 a las 10 horas) a efecto de escuchar a dos de los menores hijos de las partes. El veintidós de octubre de dos mil diecinueve, el abogado patrono del actor (quejoso) promovió incidente de nulidad de actuaciones a fin de que se nulificara lo actuado a partir de dos de septiembre de dos mil diecinueve, donde se acordó la contestación a la demanda, ello al estimar que se generó estado de indefensión a su representado, pues se había hecho del conocimiento de la juez la discapacidad auditiva de éste y se había acordado llamar a un intérprete para garantizar su acceso efectivo a la justicia; sin embargo, a la recepción de oficio suscrito por la Directora del Centro de Atención múltiple número 3, María Montessori, se ordenó que se agregara a autos para que surtiera los efectos legales conducentes. A esta promoción recayó el auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, que constituye el acto reclamado y por el cual la juez señalada como responsable negó dar trámite al incidente de nulidad al estimar que no existía un error substancial en el procedimiento o que colocara a alguna de las partes en estado de indefensión, además estimó que la promoción del incidente era extemporánea al no haberse promovido en la actuación subsiguiente. Ahora bien, los artículo 158 y 367 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas disponen: Artículo 158.- Los autos podrán ser revocados por el juez que los dicta, salvo cuando la ley disponga que procede otro recurso o que no son recurribles. Deben contener una motivación sucinta y los preceptos legales en que se apoyen. Artículo 367.- Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles. Conforme a lo hasta aquí narrado, se tiene que en atención al contenido y naturaleza de la determinación reclamada, esto es, un auto por el cual se desecha el incidente de nulidad de actuaciones, la ley procesal civil local, no señala en forma específica que en su contra proceda apelación o queja; entonces, de acuerdo a los preceptos legales transcritos, es inconcuso que el impetrante se encontraba en aptitud de impugnarlo a través del recurso de revocación mediante el cual pudo ser modificado o revocado. En ese contexto puede afirmarse que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el párrafo primero de la fracción XVIII, artículo 61 de la Ley de la materia, pues como se ha visto, de dicho precepto se obtiene que previo a acudir al juicio de derechos, el impetrante debe cumplir con el principio de definitividad, esto es, promover el recurso ordinario que la ley que regula el acto prevé y por el cual pudo ser revocado, modificado o nulificado y en el caso, previo a presentar su demandada de derechos, el aquí recurrente no impugnó el auto que reclama de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, por lo que el juicio constitucional deviene improcedente. Lo anterior prevalece, en el entendido de que no se está ante ningún caso de excepción al principio de definitividad, pues el acto reclamado no pone en peligro la vida, ni la libertad personal de la parte quejosa; no implica incomunicación, deportación, expulsión o destierro; no versa sobre extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; no conlleva a la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; no es de naturaleza penal; el impetrante de amparo tampoco es extraño al procedimiento del que emana el acto y la procedencia del recurso ordinario de impugnación de que se trata, es clara y no requiere interpretación adicional alguna." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa con la causal de improcedencia de cuenta, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a las causales de improcedencia advertidas de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las facilidades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente sumario mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, deberán proporcionar el nombre de usuario debidamente registrado en el "Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación", a través del cual se podrá llevar a cabo la consulta, el seguimiento y recibir las notificaciones que deriven del presente asunto. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se elabore el correspondiente proyecto de resolución.

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