J. Carmen Macías Tafolla
Expediente 698/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 698/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Carmen Macías Tafolla
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de cinco días, previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para que ******************** recurriera el auto de treinta de junio de este año, en el que se desechó su demanda de amparo. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido... este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 698/2023-II. Desechamiento. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Del análisis de la demanda se advierte que el quejoso reclama del Juez Tercero Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato, los siguientes actos dictados en el juicio ordinario civil 783/2018-C de su índice: 1. El auto de once de abril de este año, en el cual negó la petición de requerir al actor Alberto Hernández Soto para que presentara a su esposa Juana Llanin Díaz a fin de endosar a favor del quejoso la factura 3929 del vehículo de motor materia del juicio, con motivo del cumplimiento de la sentencia definitiva. 2. La resolución de seis de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual resolvió el recurso revocación, en la cual confirmó el auto de once de abril de este año. Acto reclamado 1. Respecto del indicado acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El supuesto que contempla el numeral se actualiza de dos maneras: (i) Por revocación, y (ii) Por sustitución. [.]" El primer supuesto se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato, de manera que restablezca la situación que imperaba antes de la emisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales. El segundo supuesto se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido. En el caso, se surte la segunda hipótesis, pues el auto reclamado de once de abril de este año fue sustituido con la resolución de seis de junio de dos mil veintitrés, que confirmó dicho proveído; razón por la cual subsiste procesalmente ésta última. Por tanto, existe un impedimento técnico para que en esta instancia constitucional se verifique de forma directa la regularidad del acto reclamado en comento, pues la situación jurídica actual se rige por la resolución de seis de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad. Es aplicable la tesis aislada I.3o.C.769 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En tales condiciones, respecto del acto precisado en el punto 1), se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Acto reclamado 2. En relación con dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, que establecen: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.[.]. [Énfasis añadido] Los artículos 107 fracción III, inciso b) constitucional, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevén la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, para lo cual distinguen los siguientes supuestos: a) Un supuesto general referido a los actos realizados fuera del juicio o después de concluido. b) Supuestos específicos: Actos en ejecución de sentencia; en este caso, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente, a través del cual en los conceptos de violación pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase. Actos de remate; la acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. Con esto, la intención del legislador fue la de evitar el abuso del juicio de amparo en esta fase y el entorpecimiento del cumplimiento de las sentencias, trasladando el supuesto de procedencia hasta la resolución que aquel consideró constituye la última en la ejecución del fallo definitivo. En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de seis de junio de dos mil veintitrés, en la cual la Juez Tercero Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato, confirmó el auto de once de abril de este año, mediante el cual negó la petición de requerir al actor Alberto Hernández Soto para que presentará a su esposa Juana Llanin Díaz a fin de que endosará a favor del quejoso la factura del vehículo de motor materia del juicio, con motivo del cumplimiento de la sentencia definitiva. El juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución, toda vez que no se observa la emisión por parte del juez responsable de algún pronunciamiento en el que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o que ordene el archivo definitivo del expediente. Los actos fuera de juicio o después de concluido éste, que se encuentren en la etapa de ejecución, por regla general, no deben paralizarse y, por ello, la procedencia del amparo se encuentra reservada a la última determinación que se dicte en dicha etapa, entendiéndose ésta como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J. 108/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." [Énfasis añadido] Ahora, únicamente cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño al procedimiento de ejecución o cuando los actos reclamados afecten de manera directa los derechos sustantivos del promovente, ajenos a la cosa juzgada, es procedente el ejercicio de la acción constitucional, independientemente de que constituya o no la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Sin embargo, de acuerdo con los argumentos del propio quejosa no es tercero extraño a juicio, sino que es parte de éste, pues es el demandado en el juicio de origen. Asimismo, no se advierte que el acto reclamado infrinja de manera actual y directa derechos sustantivos de la promovente ajenos a la cosa juzgada, pues lo que se pretende es ejecutar la sentencia dictada en el juicio de origen. Por tanto, dado el estado procesal en que se encuentra el juicio del cual emana el acto reclamado, será hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo convenido o que se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o se ordene el archivo definitivo del expediente, cuando se esté ante última resolución pronunciada en el procedimiento de ejecución y pueda entablarse la acción constitucional en su contra, donde se podrán hacer valer las violaciones procesales que estime pertinentes. Entonces, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia analizadas; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle ******************** número ********************, colonia ********************, en esta ciudad, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** pues cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo, en términos restringidos de dicho numeral a ********************, por no contar con dicho registro.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que está pendiente el dictamen pericial conforme al protocolo de Estambul por parte de los especialistas en medicina y fotografía designados en el presente expediente. En esa medida, se difiere la celebración de la audiencia constitucional que estaba fijada para esta fecha y, en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.-
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