J. Carmen Hernández Porras
Expediente 1239/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1239/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Carmen Hernández Porras
Actuaciones
- Principal
LA SECRETARIA DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO CON SEDE EN GUANAJUATO, INFORMA QUE EN PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO ACTUAL ACEPTÓ LA COMPETENCIA PLANTEADA POR ESTE JUZGADO. SE DETERMINA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 04 DE OCTUBRE DE 2017, QUE REZA; I. Cumple requerimiento. Visto el escrito de cuenta se desprende que la parte quejosa J. Carmen Hernández Porras da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veintisiete de septiembre de la presente anualidad (foja 21); por tanto, se provee como sigue: II. Incompetencia. Atento a que del estudio integral de la demanda de amparo, así como de las manifestaciones realizadas por el impetrante de amparo en la notificación que antecede, se advierte que lo que pretende reclamar en esta instancia constitucional es la resolución dictada el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete en el toca penal 3/2017, que al resolver el recurso de apelación confirmó el auto que decretó el sobreseimiento en la causa penal 139/2017, de nueve de junio de dos mil diecisiete; determinación que en términos de lo dispuesto en el ordinal 170, fracción I, de la Ley de Amparo, constituye una resolución que pone fin al juicio penal antes referido, la cual resulta susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Es aplicable la tesis número 1a. II/92, de la Octava Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, del semanario Judicial de la Federación, con registro número 206167, cuyo rubro establece: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." Lo anterior se afirma de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47, 170, fracción I, y 176 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen: "Artículo 47.- Cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito o ante un Tribunal Unitario de Circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán, carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda." "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido." "Artículo 176.- La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes." "Artículo 37.- Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:- - I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento.". De los preceptos legales antes transcritos, se infiere que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea por violaciones cometidas en las propias resoluciones o durante la secuela del procedimiento, se promoverá en vía de amparo directo. Luego, como la competencia se erige como un derecho fundamental de legalidad y, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que "las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; por ende, si en el cúmulo de atribuciones jurisdiccionales de los juzgados de distrito no se encuentra la concerniente al conocimiento de los actos que pongan fin a un procedimiento, resulta cierto, que para defender el enunciado de principio de legalidad, tutelado en el artículo 16 constitucional, este tribunal carece de competencia para conocer de la demanda de amparo en comento, pues al constituir el acto reclamado la resolución de alzada que confirma el auto que decretó el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria dictado en el proceso penal de origen, en términos de lo dispuesto en los numerales antes trascritos, el conocimiento del asunto corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito, por ser la vía directa la tramitación correspondiente para combatir tal acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1ª./J.40/2015 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 280/2013, emitida por la Primera Sala, visible en la página 459, Tomo I, Décima Época, Agosto de 2015, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y DE CHIAPAS). De los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo abrogada, en relación con el numeral 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero, y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. En ese sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la determinación que deja firme el sobreseimiento de la causa penal, contra la cual no procede algún medio de impugnación, adquiere el estatus de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, como lo previenen los artículos 304, 275 y 523 Bis, de los Códigos de Procedimientos Penales, Federal, y de los Estados de México y de Chiapas, respectivamente -que regulan el sistema penal anterior a la reforma de 18 de junio de 2008-, por lo que constituye una resolución que pone fin al proceso penal iniciado a partir de que el juez radicó la averiguación previa pues sus efectos necesariamente dan por concluido el juicio sin resolverlo en el fondo, ya que no decide sobre la existencia del delito o la responsabilidad del inculpado pero culmina en definitiva la tramitación del proceso penal, lo que permite determinar que en su contra procede el juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito." Por los argumentos jurídicos que la sustentan y por analogía de razón es aplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 15/2002-PL, visible en la página 10, del Tomo XVIII, de la Novena Época, Julio de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro siguiente: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.". Asimismo, apoya a lo anterior la tesis visible en la página 41, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, de rubro siguiente: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO." Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, para que tenga a bien resolver si confirma o revoca la presente determinación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 21/94, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 43, Tomo I, Novena Época, Mayo de 1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "AMPARO DIRECTO PLANTEADO COMO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCION, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO.". Para lo cual, previa notificación de este acuerdo a la parte quejosa, remítase el presente expediente a la autoridad federal antes indicada, que se considera competente para avocarse al conocimiento de la presente demanda constitucional, a efecto de lo que tenga a bien determinar; solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, QUE REZA; Parte quejosa. ********************por propio derecho. II. Se aclara demanda. Vista la demanda de amparo presentada por ********************por propio derecho, contra actos del Juez Quinto Penal de Partido, con sede en esta ciudad; a efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la misma, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 113 y 114, fracciones I y II, en vinculación, a su vez, con los artículos 108, fracciones I, IV y V, y 14, todos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, "bajo protesta de decir verdad" cumpla con lo siguiente: 1. Precise, de manera clara cuál es el acto que en concreto reclama, pues en el apartado correspondiente refiere que la resolución combatida dictada en el toca 3/2017 es de cuatro de septiembre del año actual; sin embargo, de las constancias que anexa a dicho ocurso, se advierte que la resolución dictada en el citado toca es de treinta y uno de agosto del año en curso; asimismo precise la fecha en la cual le fue notificada la resolución que tilda de inconstitucional. 2. Indique quién representa al finado inculpado ********************, toda vez que en términos del artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado. 3. Narre de manera clara, completa y cronológica, los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior, para estar en posibilidad de trabar la litis del presente juicio y en el entendido de que dicha protesta deberá realizarla únicamente el promovente del amparo por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquélla, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Hágase del conocimiento del promovente que dentro del término concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, toda vez que el mismo es parte integral de la demanda de amparo. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. IV. Registro en el libro de gobierno. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 1239/2017-II. V. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, número ********************esquina con ******************** en esta ciudad y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia ********************e********************, en virtud de que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VI. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Comuníquese a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).
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