J. Carmen Gomez Licea

Expediente 212/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 31 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
212/2018
Año
2018
Actuaciones
31
Última actuación
10/08/2018

Partes del expediente

  • J. Carmen Gomez Licea

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Agréguese sin mayor trámite el oficio signado por la jueza Civil de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, por medio del cual remite en vía de alcance al oficio 1590 de su índice, constancias con las que acredita el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; toda vez que el doce de julio del año en curso, se recibió el mismo vía fax, acordándose sobre su contenido.

  2. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintisiete de julio actual, que en lo conducente dice: Vistos los presentes autos y en especial la certificación que antecede, de la cual se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de trece de julio del presente año, para que expusiera lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, por parte de la jueza Civil de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento de los autos de referencia y el suscrito juzgador federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, conforme al artículo 196 de la ley de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Así, se tiene que el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se resolvió: PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto de los actos y autoridades que precisados quedaron el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra los actos y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo, por las razones expresadas en el último considerando de esta sentencia (foja 145 vuelta). En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: SÉPTIMO. EFECTOS DEL AMPARO. En términos del artículo 77, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de restituir al quejoso en el pleno goce de su derecho, el Juez Civil de Partido, con sede en Apaseo El Grande, Guanajuato, deberá dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil C134/2014 de su índice, a partir del auto de siete de julio de dos mil catorce -donde ordenó el emplazamiento por edictos de *** y decida lo que conforme a derecho corresponda en ejercicio de sus atribuciones. (foja 145 frente). Dicha resolución causó ejecutoria el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, requiriendo en dicha fecha al juez Civil de Partido, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato, a fin de que diera cumplimiento a la misma. La citada autoridad responsable en su oficio registrado con el número 5574 (fojas 169-171 de autos), remitió copia certificada del acuerdo emitido el cuatro de julio de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la resolución ejecutoria, que en lo conducente dice: se deja insubsistente todo lo actuado a partir del auto de fecha siete de Julio de año dos mil catorce, del juicio en que se actúa, es decir, juicio ordinario civil número C134/2014 del índice de este Tribunal que sobre Pérdida de la Patria Potestad y otras prestaciones insto *** en contra de ***, en donde se ordenó el emplazamieno por edictos a ***. Notifíquese vía electrónica a la parte actora del juicio en el buzón electrónico que tiene señalado para tal efecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 318-A del Código de Procedimientos Civiles; así mismo remítase oficio en el momento procesal oportuno al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en Celaya, Guanajuato acompañado de las copias certificadas que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria de amparo". (foja 170 frente y vuelta). Asimismo, la mencionada responsable remitió oficio registrado bajo el número 5614 (fojas 172-174 de autos), en vía de alcance a su oficio 1590, anexando copia certificada del proveído de doce de julio de dos mil dieciocho, que refiere: Toda vez que la promoción visible a foja 62 del expediente en que se actúa ha quedado sin acuerdo al haber dejado sin efectos a partir del auto de fecha siete del mes de julio del año dos mil catorce, se acuerda la misma como sigue: no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por el mandatario judicial de la parte actora del juicio, en virtud de las constancias procesales, es decir, se desprende que el demando del juicio *** radica en Estados Unidos, por lo tanto deberá la parte actora del juicio instar lo que considere pertinente para lograr el emplazamiento a la parte demandada en términos de ley, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles. (foja 173 frente). Con base a lo anterior, este Órgano de Control Constitucional estima que la jueza Civil de Partido, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato, el cuatro de julio de dos mil dieciocho, dictó un acuerdo en el que dejó insubsistente todo lo actuado a partir del siete de julio de dos mil catorce, en el juicio ordinario civil C134/2014; determinando además, de que el emplazamiento solicitado por la parte actora era improcedente, como lo había solicitado previamente, toda vez que el aquí quejoso ***, radica en Estados Unidos. Por tanto de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el libro condigno, y una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, se hace constar que el mismo será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. DESTRUCCIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ORIGINAL. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. DESTRUCCIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DUPLICADO. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses. Por otro lado, de autos se advierte que la parte quejosa adjunto documentos en copia certificada, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser depurados. Finalmente, previo a remitir física y materialmente el expediente en que se actúa, estese en espera de que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para los fines citados en el numeral 201 del citado ordenamiento legal, sin que haya lugar a emitir auto para dicho efecto.

  3. Principal

    Vistos los presentes autos y en especial la certificación que antecede, de la cual se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de trece de julio del presente año, para que expusiera lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, por parte de la jueza Civil de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento de los autos de referencia y el suscrito juzgador federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, conforme al artículo 196 de la ley de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Así, se tiene que el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se resolvió: PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto de los actos y autoridades que precisados quedaron el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra los actos y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo, por las razones expresadas en el último considerando de esta sentencia (foja 145 vuelta). En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: SÉPTIMO. EFECTOS DEL AMPARO. En términos del artículo 77, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de restituir al quejoso en el pleno goce de su derecho, el Juez Civil de Partido, con sede en Apaseo El Grande, Guanajuato, deberá dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil C134/2014 de su índice, a partir del auto de siete de julio de dos mil catorce -donde ordenó el emplazamiento por edictos de *** y decida lo que conforme a derecho corresponda en ejercicio de sus atribuciones. (foja 145 frente). Dicha resolución causó ejecutoria el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, requiriendo en dicha fecha al juez Civil de Partido, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato, a fin de que diera cumplimiento a la misma. La citada autoridad responsable en su oficio registrado con el número 5574 (fojas 169-171 de autos), remitió copia certificada del acuerdo emitido el cuatro de julio de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la resolución ejecutoria, que en lo conducente dice: se deja insubsistente todo lo actuado a partir del auto de fecha siete de Julio de año dos mil catorce, del juicio en que se actúa, es decir, juicio ordinario civil número C134/2014 del índice de este Tribunal que sobre Pérdida de la Patria Potestad y otras prestaciones insto *** en contra de ***, en donde se ordenó el emplazamieno por edictos a ***. Notifíquese vía electrónica a la parte actora del juicio en el buzón electrónico que tiene señalado para tal efecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 318-A del Código de Procedimientos Civiles; así mismo remítase oficio en el momento procesal oportuno al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en Celaya, Guanajuato acompañado de las copias certificadas que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria de amparo". (foja 170 frente y vuelta). Asimismo, la mencionada responsable remitió oficio registrado bajo el número 5614 (fojas 172-174 de autos), en vía de alcance a su oficio 1590, anexando copia certificada del proveído de doce de julio de dos mil dieciocho, que refiere: Toda vez que la promoción visible a foja 62 del expediente en que se actúa ha quedado sin acuerdo al haber dejado sin efectos a partir del auto de fecha siete del mes de julio del año dos mil catorce, se acuerda la misma como sigue: no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por el mandatario judicial de la parte actora del juicio, en virtud de las constancias procesales, es decir, se desprende que el demando del juicio *** radica en Estados Unidos, por lo tanto deberá la parte actora del juicio instar lo que considere pertinente para lograr el emplazamiento a la parte demandada en términos de ley, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles. (foja 173 frente). Con base a lo anterior, este Órgano de Control Constitucional estima que la jueza Civil de Partido, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato, el cuatro de julio de dos mil dieciocho, dictó un acuerdo en el que dejó insubsistente todo lo actuado a partir del siete de julio de dos mil catorce, en el juicio ordinario civil C134/2014; determinando además, de que el emplazamiento solicitado por la parte actora era improcedente, como lo había solicitado previamente, toda vez que el aquí quejoso ***, radica en Estados Unidos. Por tanto de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el libro condigno, y una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, se hace constar que el mismo será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. DESTRUCCIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ORIGINAL. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. DESTRUCCIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DUPLICADO. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses. Por otro lado, de autos se advierte que la parte quejosa adjunto documentos en copia certificada, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser depurados. Finalmente, previo a remitir física y materialmente el expediente en que se actúa, estese en espera de que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para los fines citados en el numeral 201 del citado ordenamiento legal, sin que haya lugar a emitir auto para dicho efecto.

  4. Principal

    Por recibidos los oficios signados por la jueza interina Civil de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, por medio de los cuales informa el cumplimiento en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio, anexando constancias para acreditar su dicho. Previamente a tener o no a la referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, dése vista a la parte quejosa con el informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso indicado, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello, este Órgano de control constitucional hará el pronunciamiento sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio.

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