J. Carmen Arturo Rosales Ochoa

Expediente 235/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
235/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
05/04/2016

Partes del expediente

  • J. Carmen Arturo Rosales Ochoa
  • Tribunal Estatal de Conciliación Y Aritraje del Estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo DE LOS que se advierte que a la fecha, ha transcurrido el término establecido para interponerse contra el auto mediante el cual, este Juzgado de Distrito decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que el auto de mérito, HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Se declara que este expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en los artículos 8° y 17, de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el informe justificado rendido por el Presidente y la Secretaria General, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que remiten. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe y anexo de mérito, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como su domicilio procesal el que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Asimismo, de conformidad con el numeral 9°, de la ley antes invocada, se tienen por designados como sus Delegados a las personas que mencionan. De igual forma, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 119 de la Ley de la Materia, se tienen como pruebas a favor de las autoridades oficiantes, las documentales que anexan a su ocurso, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente el contenido de la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional, de la que se advierte que el peticionario de amparo J. Carmen Arturo Rosales Ochoa, reclamó del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la omisión de admitir a trámite la demanda laboral presentada el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, así como notificarle el correspondiente auto de admisión y emplazar a la parte demandada al juicio burocrático de origen. En ese sentido, al rendir su informe justificado la citada autoridad negó la existencia del acto que se le atribuye, pues precisó que el veintinueve de enero de este año, se emitió el auto de admisión del escrito inicial de demanda presentado por la quejosa el veintiocho del mismo mes y año, el cual quedó registrado con el número de expediente 01/259/16, el cual se notificó a la parte actora -aquí quejosa- y de igual forma, se emplazó a la parte demandada, lo que acreditó con las constancias que en copia certificada acompañaron a su informe con justificación, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. De lo anterior, es claro advertir que en la especie, cobra vigencia la causa de sobreseimiento contemplada en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, en cuanto dispone que procede sobreseer el juicio de amparo cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Lo anterior es así, en virtud de que de las documentales exhibidas por la responsable, se advierte que el veintinueve de enero de la presente anualidad, la autoridad obrera emitió el acuerdo de admisión de la demanda laboral presentada el veintiocho del mismo mes y año, el cual se notificó al quejoso el nueve de febrero pasado, emplazándose a la parte demandada al procedimiento de origen el cinco de febrero de este año, siendo que la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, fue presentada el doce del mismo mes y año, es decir, con posterioridad a que se emitió y notificó el acuerdo de admisión de la demanda laboral, cuya omisión en dictar ese acuerdo y ser practicadas dichas diligencias, constituyen el acto reclamado en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por analogía la Tesis número VII.1o.C.4 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 433, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis.". En consecuencia, al no existir el acto reclamado lo que procede en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al impetrante del amparo, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia."

  3. Principal

    este juzgado de distrito tiene por cumplida en su totalidad la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que en el caso se advierta por parte de este órgano jurisdiccional exceso o defecto en dicho cumplimiento. Por otra parte, hágase del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la nación, que una vez que transcurra el término de quince días previsto en el numeral 202 de la ley de amparo, para que la quejosa haga valer el recurso de inconformidad, este juzgado dictará, el acuerdo correspondiente y lo hará de su conocimiento de manera inmediata. Finalmente, toda vez que el presente asunto se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la sustanciación del incidente de inejecución 475/2015, infórmese lo anterior vía MINTERSCJN de manera inmediata para los efectos legales a que haya lugar

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