J. Carlos Torres Patiño

Expediente 1159/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1159/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
18/01/2022

Partes del expediente

  • J. Carlos Torres Patiño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta signado por el Director del Centro Penitenciario de San Luis Potosí, mediante el cual informa que esa Dirección queda enterada que se negó la suspensión definitiva solicitada en el incidente de suspensión derivado del presente juicio. En su oportunidad, como está ordenado en proveído de tres del presente mes, envíese el presente al archivo que corresponde.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el auto dictado en este juicio el seis de diciembre de dos mil veintiuno. Por tanto, se declara que dicho proveído en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales; debiendo coser a estos autos el original del cuaderno del incidente de suspensión en el estado en que se encuentre, en tanto que el duplicado solo intégrese sin coserse; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. . Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental. En términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal citado, procede la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurrido el plazo de seis meses que se indica en el referido punto; además, en acatamiento a lo ordenado por el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo, debido a que se negó la medida cautelar solicitada, deberá destruirse el cuaderno original del incidente una vez concluido el plazo de tres años que señala el referido punto; en tanto que el duplicado sólo se integrará sin coserse, para los efectos de la destrucción ordenada.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos la razón actuarial presentada el nueve de diciembre del año en curso, de la que se advierte que no se pudo notificar a la parte quejosa el proveído de seis de diciembre del presente año, por los motivos que se indican. Notificación por lista. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquesele dicha determinación, así como lo subsecuente de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Y DICHA DETERMINACIÓN EN LO CONDUCENTE DICE: agréguese el informe justificado, rendido por el Juez de Control en Función de Ejecución Penal adscrito al Centro Integral de Justicia Penal Primera Región, Sala Sede, San Luis Potosí; téngasele por manifestando que es cierto el acto reclamado en el inciso a) del escrito de demanda, no así lo reclamado en los incisos b) y c) de la misma. Causa de improcedencia que hace valer. En su informe de cuenta la autoridad responsable indicó que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Se estima que se actualiza la referida hipótesis normativa. Precisión del acto reclamado. Visto el estado de los autos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la omisión de resolver el incidente de beneficio de la suspensión condicional de la pena de prisión que prevé el artículo 95 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, dentro del expediente de ejecución 41/2021, en consecuencia la privación de su libertad. Por su parte la autoridad a la que se le atribuyó esos actos manifestó que es cierto el acto omisivo reclamado, el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de referencia y se concedió al quejoso el beneficio solicitado, lo cual justificó con el disco que anexó a su informe. De lo anterior se advierte, como se adelantó, que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causal de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Aplica a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Caso concreto. De la demanda de amparo, así como de la constancia que la responsable adjuntó a su informe justificado, la cual tiene valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° al tratarse de documento público, en virtud de que fue expedido por servidor público con motivo de sus funciones, en lo que interesa se advierte lo siguiente: El veintidós de septiembre del presente año, dentro de la causa de ejecución CE41/2021, se admitió a trámite la controversia jurisdiccional a efecto de obtener el beneficio consistente en la suspensión condicionada de la ejecución de la penal privativa de la libertad que le fue impuesta dentro de la causa penal 88/2021, por el delito de violencia familiar cometido en agravio de la menor víctima de identidad reservada de iniciales S.S.D.T. representada por su madre Ma. Guadalupe Delgado Torres. Luego el veintiséis de noviembre del presente año, el Juez responsable autorizó el beneficio de la suspensión condicional de la pena de prisión, en la que el quejoso de referencia obtuvo su libertad. A la fecha en que se presentó la demanda -once de noviembre de dos mil veintiuno-, no se había resuelto el incidente de controversia para solicitar el beneficio de la suspensión condicional de la pena de prisión, dentro del expediente 41/2021. El Juez responsable, en la referida data, autorizó el beneficio de la suspensión condicional de la pena de prisión, en la que el quejoso obtuvo su libertad. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al autorizarse el beneficio de la suspensión condicional de la pena de prisión, en la que el quejoso obtuvo su libertad, cesó la omisión reclamada. Con tal resolución se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la parte quejosa, pues con la emisión de la determinación referida, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Aplica a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Tomo VII, febrero de 1998, registro 196820 , Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    agréguese el informe justificado, rendido por el Juez de Control en Función de Ejecución Penal adscrito al Centro Integral de Justicia Penal Primera Región, Sala Sede, San Luis Potosí; téngasele por manifestando que es cierto el acto reclamado en el inciso a) del escrito de demanda, no así lo reclamado en los incisos b) y c) de la misma. Causa de improcedencia que hace valer. En su informe de cuenta la autoridad responsable indicó que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Se estima que se actualiza la referida hipótesis normativa. Precisión del acto reclamado. Visto el estado de los autos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la omisión de resolver el incidente de beneficio de la suspensión condicional de la pena de prisión que prevé el artículo 95 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, dentro del expediente de ejecución 41/2021, en consecuencia la privación de su libertad. Por su parte la autoridad a la que se le atribuyó esos actos manifestó que es cierto el acto omisivo reclamado, el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de referencia y se concedió al quejoso el beneficio solicitado, lo cual justificó con el disco que anexó a su informe. De lo anterior se advierte, como se adelantó, que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causal de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Aplica a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Caso concreto. De la demanda de amparo, así como de la constancia que la responsable adjuntó a su informe justificado, la cual tiene valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° al tratarse de documento público, en virtud de que fue expedido por servidor público con motivo de sus funciones, en lo que interesa se advierte lo siguiente: El veintidós de septiembre del presente año, dentro de la causa de ejecución CE41/2021, se admitió a trámite la controversia jurisdiccional a efecto de obtener el beneficio consistente en la suspensión condicionada de la ejecución de la penal privativa de la libertad que le fue impuesta dentro de la causa penal 88/2021, por el delito de violencia familiar cometido en agravio de la menor víctima de identidad reservada de iniciales S.S.D.T. representada por su madre Ma. Guadalupe Delgado Torres. Luego el veintiséis de noviembre del presente año, el Juez responsable autorizó el beneficio de la suspensión condicional de la pena de prisión, en la que el quejoso de referencia obtuvo su libertad. A la fecha en que se presentó la demanda -once de noviembre de dos mil veintiuno-, no se había resuelto el incidente de controversia para solicitar el beneficio de la suspensión condicional de la pena de prisión, dentro del expediente 41/2021. El Juez responsable, en la referida data, autorizó el beneficio de la suspensión condicional de la pena de prisión, en la que el quejoso obtuvo su libertad. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al autorizarse el beneficio de la suspensión condicional de la pena de prisión, en la que el quejoso obtuvo su libertad, cesó la omisión reclamada. Con tal resolución se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la parte quejosa, pues con la emisión de la determinación referida, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Aplica a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Tomo VII, febrero de 1998, registro 196820 , Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente.

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