J. Bruno Argote Martínez

Expediente 642/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
642/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2020

Partes del expediente

  • J. Bruno Argote Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que el quejoso no impugnó el desechamiento de la demanda; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, es susceptible de DESTRUCCIÓN. Finalmente, como lo solicita el autorizado de la parte quejosa, previa copia certificada que se deje en autos, se dejan a disposición los documentos que exhibió con su escrito de demanda, en virtud de que resulta innecesaria su conservación.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Octavo Civil de Partido de esta ciudad, por medio del cual informa que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento. Por tanto, con apoyo en el precepto 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable para que una vez que cumpla con la sentencia protectora, remita las constancias correspondientes para dar vista a la parte quejosa con éstas. Destáquese a la oficiante que subsiste la vigencia del apercibimiento decretado mediante auto de tres de noviembre del año en curso.

  3. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de diez de noviembre de dos mil veinte que en resumen dice: "PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1, en atención al análisis integral de aquélla y su anexo2 se precisa que el acto reclamado consiste en: La boleta de resolución *******, de dieciséis de octubre de dos mil veinte. En ella, el Registro Público de la Propiedad de San Felipe, Guanajuato, negó la solicitud del quejoso de cancelación de diversas inscripciones por caducidad. SE DESECHA LA DEMANDA. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales 1, 61, fracción XX, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por J. Bruno Argote Martínez, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, y otras autoridades. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere el normativo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" La disposición prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos distintos de los emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal en virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, y no se hubiere agotado antes de promover aquél. El numeral en cita prevé como excepciones al principio de definitividad: a) Si el acto reclamado carece de fundamentación. b) Cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución. c) El recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. El principio de definitividad rector del juicio constitucional encuentra su justificación en que al tratarse de un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe acudir a las instancias ordinarias que produzcan la insubsistencia del acto de autoridad antes de promover el amparo. En el caso, como se adelantó, se reclama la boleta de resolución ********, de dieciséis de octubre de dos mil veinte, donde el Registro Público de la Propiedad de San Felipe, Guanajuato, negó la solicitud del quejoso de cancelación de diversas inscripciones por caducidad. Dicha boleta es, entonces, acto administrativo expedido por una autoridad del municipio de San Felipe, Guanajuato. De los numerales se obtiene que en contra de los actos de las autoridades administrativas de los municipios del Estado de Guanajuato, procede el procedimiento administrativo previsto en dicho código. Medio de defensa que está previsto en una ley. Si ese procedimiento administrativo tiene como finalidad nulificar, revocar o modificar el acto reclamado, cumple con el presupuesto jurídico previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que aquél debió agotarse antes de promover el juicio constitucional. Además, se tiene en cuenta que en el caso no se reclaman solo violaciones directas a la constitución; en la demanda se aducen cuestiones de legalidad, a saber, que la boleta reclamada transgrede el artículo 2536 b del Código Civil del Estado de Guanajuato. Sin que se verifique diversa excepción a este presupuesto de improcedencia, pues la ley ordinaria no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender los efectos del acto reclamado. Preceptos de los que observa que no exigen para la suspensión de los actos impugnados requisitos mayores a los establecidos en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión definitiva, pues ambos ordenamientos legales son coincidentes en los supuestos formales y de procedencia. De modo que las cuestiones de legalidad alegadas no pueden analizadas de primera mano en este juicio cuando para ello, como se dijo, existe el medio de defensa pertinente que no exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para la suspensión del acto reclamado. En consecuencia, al operar la hipótesis de improcedencia a estudio se impone desechar la demanda de amparo, conforme lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo..."

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