J. Bolivar Espinoza Eguiza
Expediente 490/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 56 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 490/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 56
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- J. Bolivar Espinoza Eguiza
- Juez Mixto de Zinapecuaro, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 56.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio signado la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, a través del cual, devuelve cuatro tomos de prueba relacionados con el juicio de amparo en que se actúa, toda vez que erróneamente le fueron enviados, pues el oficio 10527/2023, al que se adjuntaron dichas constancias se encuentra dirigido a la autoridad responsable Juez Mixto de Zinapécuaro, Michoacán. A fin de dar cumplimiento al proveído de dieciocho de abril pasado, se ordena reimprimir el oficio 10527/2023, al que deberán adjuntarse los cuatro tomos de pruebas relacionados con el presente juicio de amparo, a fin de que le sean devueltos a la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 1.1. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues en términos del artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dado que se trata de autoridades jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias de amparo. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 3. Devolución de constancias. En atención a que resulta innecesario conservar los cuatro tomo de pruebas, que remitió el juez responsable, como complemento de su informe, se ordena su devolución; en el entendido de que servirá como acuse del mismo, la constancia que al efecto genere este juzgado. 4. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Autoridad responsable acusa recibo oficios. Visto lo de cuenta, glósese a los autos el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, a través del cual, acusa recibo de los oficios 7113/2023 y 7114/2023, de catorce de marzo de dos mil veintitrés, por los que se notificó a esa autoridad y a la actuaria de su adscripción la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 490/2022, promovido por J. Bolivar Espinoza Eguiza, por conducto de su apoderado jurídico José Antonio Machado Aragón, por alegada violación de los artículos 1o., 14 y 16, de la Constitución Federal, atribuida al juez y actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zinapécuaro, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: Del juez y actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zinapécuaro, Michoacán. Todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario 257/2016, promovido a bienes del finado José Santiago Espinoza García o José Espinoza García, en especial, la sentencia definitiva emitida el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en que se aprobó el proyecto de liquidación y partición, en virtud de no haber sido llamado a juicio. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de reclamarse actos cuya ejecución tuvo verificativo en Zinapécuaro, Michoacán, circunscripción territorial en que se ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El juez y actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zinapécuaro, Michoacán, en sus informes justificados aceptaron la existencia del acto reclamado; lo que se corrobora con los autos originales del juicio sucesorio intestamentario 257/2016, que remitió en apoyo al mismo, de donde se advierte el acta de emplazamiento realizada personalmente a J. Bolivar Espinoza Eguiza, el quince de julio de dos mil dieciséis, así como la sentencia definitiva de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Medio de prueba que adquiere valor convictivo pleno al ser constancias auténticas emitidas por funcionarios públicos en ejercicio de su competencia legal, por tanto, tienen la calidad de documento público de acuerdo a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2o. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61, en relación con los diversos dispositivos 17 y 18 del mismo ordenamiento legal. En esa tesitura, la fracción del segundo artículo referido, contempla la improcedencia del juicio de amparo cuando la parte quejosa haya consentido tácitamente el acto reclamado, esto es, cuando no presentó la demanda en los plazos previstos en la Ley de la materia. Entonces, esta disposición resulta coherente con la sanción procesal que debe imponerse al quejoso que adopta una actitud pasiva frente al acto de autoridad que a pesar de que le causa perjuicio, se somete a él en todos sus efectos y consecuencias, por su simple desinterés de haberlo controvertirlo en el tiempo dispuesto por la Ley, pero aun así, pretende impugnarlo a pesar del consentimiento posterior que manifestó al no redargüirlo. Cobra aplicación la tesis sustentada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad". Ahora bien, los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, contemplan como término genérico para la interposición de la demanda, el de quince días computados a partir: 1. Del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. De aquélla data en que haya tenido conocimiento; y, 3. De la fecha en que se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. Ahora bien, de la literalidad del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario 257/2016, promovido a bienes del finado José Santiago Espinoza García o José Espinoza García, en especial, la sentencia definitiva emitida el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en virtud de no haber sido llamado a juicio. De ahí que el reclamo medular a dilucidar consiste en determinar si el quejoso fue legalmente llamado a juicio, o no. Para determinar lo anterior, de las constancias del juicio subyacente se obtiene que: Mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil dieciséis, Soila Espinoza Eguiza denunció la sucesión intestamentaria a bienes de José Santiago Espinoza García o José Espinoza García, demanda que fue turnada al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zinapécuaro, Michoacán, quien lo registró con el número 257/2016 y el dieciséis de mayo de ese año, radicó la sucesión y mandó llamar a juicio entre otros, a J. Bolivar Espinoza Eguiza, en calidad de presunto heredero, lo que fue hecho mediante notificación personal el quince de julio de dos mil dieciséis. El diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia interlocutoria en la primera sección, declarándose como herederos, entre otros a J. Bolivar Espinoza Eguiza. Seguido el juicio por sus cauces, el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en la cuarta sección en la que se aprobó el proyecto de liquidación y partición (de la que se duele el quejoso). Ahora bien, el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad manifestó que el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se enteró de la radicación del juicio sucesorio de origen, pues en esa data acudió a la Dirección de Catastro del municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, para realizar el pago del impuesto predial de la propiedad que originó la denuncia del sumario subyacente y fue informado que dicha propiedad se encontraba a nombre de Ma. Santos Espinoza Eguiza, en lugar de José Espinoza García. Dicho lo anterior, la fecha que debe considerarse para computar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo es la de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en que el quejoso J. Bolivar Espinoza Eguiza, bajo protesta de decir verdad, se ostentó sabedor del acto de ejecución; no obstante que en autos del juicio de origen consta la diversa notificación personal de quince de julio de dos mil dieciséis, en que fue llamado a juicio, lo cual en caso de haberse presentado en tiempo la demanda, sería materia de análisis por ser de estudio oficioso el emplazamiento. Bajo ese contexto, se tiene que el término que la parte quejosa tenía en su favor para presentar la demanda de amparo empezó a correr a partir del día siguiente hábil en que se ostentó sabedor del acto de ejecución, esto es, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que el término genérico de quince días que le asistía, el cual se encuentra establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del cinco al veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, periodo del que se descontaron los días seis, siete, trece, catorce, quince, veinte y veintiuno, por ser inhábiles. Lo cual se hace extensivo al acto de ejecución reclamado a la actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zinapécuaro, Michoacán, pues el quejoso en su escrito de ampliación presentado en este órgano el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, manifestó bajo protesta de decir verdad haber tenido conocimiento el mismo cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Por tanto, al no estar el quejoso en alguno de los casos de excepción establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; la presentación de la demanda de amparo es extemporánea, pues del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno (último día del término para presentar la demanda), al catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en que fue presentado el ocurso constitucional, transcurrió en exceso aquel lapso. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 5, de contenido integral: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61, en relación con los diversos dispositivos 17 y 18, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación. En consecuencia, resulta innecesario el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por la tercera interesada en su escrito de alegatos, tampoco es procedente el análisis de los conceptos de violación, pues al decretarse el sobreseimiento del juicio, este órgano se encuentra impedido a estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Fundamenta dicho razonamiento la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 24, tercera parte, página 49, de registro 239006, de epígrafe y contenido: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Finalmente, no se inadvierten los alegatos formulados por la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita, la tercera interesada Ma. Santos Espinoza Eguiza y el autorizado en términos amplios del quejoso; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar los argumentos plasmados, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por J. Bolivar Espinoza Eguiza, por conducto de su apoderado jurídico José Antonio Machado Aragón, respecto del acto reclamado al juez y actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zinapécuaro, Michoacán, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo, quien da fe.
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