J. Benjamín García Pérez
Expediente 1153/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1153/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Benjamín García Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que el auto de veintiuno de febrero del dos mil diecisiete, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **********, en su carácter de apoderado legal de la Comunidad **********, Municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, contra actos de la Delegada del Ministerio Público de la Agencia Número II, del Fuero Común de Apaseo el Alto, Guanajuato, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE A LA TERCERA INTERESADA: Visto el estado de autos, específicamente el informe justificado y las constancias que remitió la Delegada del Ministerio Público II, con sede en Apaseo el Alto, Guanajuato, como sustento de su informe justificado, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, inciso C), fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispositivos legales que literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente, además de los casos específicos establecidos en las restantes fracciones del numeral 61 de la Ley de Amparo, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley de la materia. Para una mejor comprensión de lo que se resolverá, en este apartado se realizará un breve estudio de los artículos 17 y 21 constitucionales, así como 11 y 36, fracciones I y II de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, que en lo que interesa, establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.- Las leyes federales y locales establecerán los medios los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado ir deudas de carácter puramente civil." "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato. Artículo 11. Toda persona tiene derecho a ser juzgada y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la imputación que recae sobre ella en los plazos que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las autoridades judiciales, ministeriales y demás servidores públicos deben resolver las solicitudes con prontitud, sin dilaciones injustificadas. Artículo 36. Dentro del proceso penal, el Ministerio Público tendrá las siguientes facultades: I. Recibir las denuncias y querellas; II. Ejercer la acción penal pública en la forma establecida en la ley; Del contenido de los preceptos trascritos, se advierte que es obligación del Ministerio Público emitir sus resoluciones o determinaciones de manera pronta, completa e imparcial; así como que dentro de sus facultades se encuentran las de recibir las denuncias y querellas que se presenten y ejercer la acción penal en la forma establecida en la ley, con prontitud y sin dilaciones injustificadas. Ahora bien, el numeral 20 de la Ley Fundamental en su fracción VII, establece que la víctima u ofendido puede impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Así, de los numerales preinsertos se desprende que el Constituyente previó el derecho de la víctima u ofendido de impugnar ante la autoridad judicial, es decir, ante el Juez de Control, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. De ahí que, la omisión del Ministerio Público de llevar a cabo las diligencias necesarias para integrar debidamente la carpeta de investigación 26038/2015 y en su caso consignarla ante la autoridad competente, se ubica en el supuesto señalado. Por tanto, no es el juicio de amparo indirecto la vía para impugnar dicha omisión. Lo anterior, toda vez que si la fracción VII, del apartado C, del numeral 20 de la Carta Magna concede a los jueces de control dicha facultad, al prever el derecho de la víctima u ofendido de acudir ante la autoridad judicial para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; resulta claro que el no ejercer la acción penal, es una omisión que se da en la etapa de investigación. Ahora, si bien es verdad que existen diversos criterios jurisprudenciales de los que se desprende la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de actos como el que ahora se reclama; cabe señalar que se emitieron a la luz del sistema de justicia penal anterior al vigente en el Estado de Guanajuato, que se regía por el artículo 20 constitucional anterior a la reforma de dicho numeral publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el que no se establecía la posibilidad de impugnar ante los órganos judiciales ordinarios las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Empero, a la luz de las nuevas disposiciones constitucionales, que son precisamente las que rigen el caso que nos ocupa, la víctima u ofendido están facultados para impugnar ante el Juez de Control dichas omisiones y actos atribuidos al Ministerio Público en la etapa de investigación; de tal manera que la aludida autoridad judicial, de hecho, puede analizar la posible violación al derecho humano de impartición de justicia pronta y expedita. Lo anterior se materializa en la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, en el artículo 215, que a la letra establece: "Artículo 215. Corresponde al Juez de Control autorizar y desahogar la prueba anticipada; conocer y decidir las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación que requieran control judicial; resolver sobre las formas anticipadas de terminación del proceso y su debida ejecución; decidir sobre las excepciones procesales y demás solicitudes propias de las etapas de investigación. También le compete controlar el cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales, resolver sobre los derechos del inculpado y la defensa, así como vigilar que se respeten y protejan los derechos de las víctimas u ofendidos." (Lo subrayado no es de origen.) Como se puede advertir, en la Ley del Proceso Penal del Estado se prevé la obligación del Juez de Control de vigilar el cumplimento de los principios y garantías procesales y constitucionales, resolver sobre los derechos del inculpado y la defensa, así como vigilar que se respeten y protejan los derechos de las víctimas u ofendidos, lo que es acorde con el texto constitucional que en su artículo 20, inciso C), fracción VII, prevé entre los derechos de la víctima o del ofendido impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de delitos. Máxime que de constancias se advierte que la parte quejosa tuvo pleno conocimiento de dicho derecho al momento en que se levantó la acta de querella correspondiente, tal y como se aprecia en el apartado relativo a los derechos de la victima, la cual obra a foja 49 de autos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Sin que sea obstáculo para lo anterior, la manifestación de la parte quejosa, en el sentido de que el asunto debió tramitarse con el sistema tradicional, toda vez que de conformidad con el articulo segundo y tercero transitorios, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en relación con el artículo primero y tercero transitorios de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, el nuevo sistema penal acusatorio ya se encontraba vigente en el municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato; por lo que, resulta correcto que las garantías constitucionales de la víctima y la prosecución de la indagatoria en comento se rijan conforme a las normas del proceso penal acusatoria vigente para el Estado de Guanajuato.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE A LA QUEJOSA: Visto el estado de autos, específicamente el informe justificado y las constancias que remitió la Delegada del Ministerio Público II, con sede en Apaseo el Alto, Guanajuato, como sustento de su informe justificado, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, inciso C), fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispositivos legales que literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente, además de los casos específicos establecidos en las restantes fracciones del numeral 61 de la Ley de Amparo, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley de la materia. Para una mejor comprensión de lo que se resolverá, en este apartado se realizará un breve estudio de los artículos 17 y 21 constitucionales, así como 11 y 36, fracciones I y II de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, que en lo que interesa, establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.- Las leyes federales y locales establecerán los medios los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado ir deudas de carácter puramente civil." "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato. Artículo 11. Toda persona tiene derecho a ser juzgada y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la imputación que recae sobre ella en los plazos que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las autoridades judiciales, ministeriales y demás servidores públicos deben resolver las solicitudes con prontitud, sin dilaciones injustificadas. Artículo 36. Dentro del proceso penal, el Ministerio Público tendrá las siguientes facultades: I. Recibir las denuncias y querellas; II. Ejercer la acción penal pública en la forma establecida en la ley; Del contenido de los preceptos trascritos, se advierte que es obligación del Ministerio Público emitir sus resoluciones o determinaciones de manera pronta, completa e imparcial; así como que dentro de sus facultades se encuentran las de recibir las denuncias y querellas que se presenten y ejercer la acción penal en la forma establecida en la ley, con prontitud y sin dilaciones injustificadas. Ahora bien, el numeral 20 de la Ley Fundamental en su fracción VII, establece que la víctima u ofendido puede impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Así, de los numerales preinsertos se desprende que el Constituyente previó el derecho de la víctima u ofendido de impugnar ante la autoridad judicial, es decir, ante el Juez de Control, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. De ahí que, la omisión del Ministerio Público de llevar a cabo las diligencias necesarias para integrar debidamente la carpeta de investigación 26038/2015 y en su caso consignarla ante la autoridad competente, se ubica en el supuesto señalado. Por tanto, no es el juicio de amparo indirecto la vía para impugnar dicha omisión. Lo anterior, toda vez que si la fracción VII, del apartado C, del numeral 20 de la Carta Magna concede a los jueces de control dicha facultad, al prever el derecho de la víctima u ofendido de acudir ante la autoridad judicial para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; resulta claro que el no ejercer la acción penal, es una omisión que se da en la etapa de investigación. Ahora, si bien es verdad que existen diversos criterios jurisprudenciales de los que se desprende la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de actos como el que ahora se reclama; cabe señalar que se emitieron a la luz del sistema de justicia penal anterior al vigente en el Estado de Guanajuato, que se regía por el artículo 20 constitucional anterior a la reforma de dicho numeral publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el que no se establecía la posibilidad de impugnar ante los órganos judiciales ordinarios las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Empero, a la luz de las nuevas disposiciones constitucionales, que son precisamente las que rigen el caso que nos ocupa, la víctima u ofendido están facultados para impugnar ante el Juez de Control dichas omisiones y actos atribuidos al Ministerio Público en la etapa de investigación; de tal manera que la aludida autoridad judicial, de hecho, puede analizar la posible violación al derecho humano de impartición de justicia pronta y expedita. Lo anterior se materializa en la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, en el artículo 215, que a la letra establece: "Artículo 215. Corresponde al Juez de Control autorizar y desahogar la prueba anticipada; conocer y decidir las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación que requieran control judicial; resolver sobre las formas anticipadas de terminación del proceso y su debida ejecución; decidir sobre las excepciones procesales y demás solicitudes propias de las etapas de investigación. También le compete controlar el cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales, resolver sobre los derechos del inculpado y la defensa, así como vigilar que se respeten y protejan los derechos de las víctimas u ofendidos." (Lo subrayado no es de origen.) Como se puede advertir, en la Ley del Proceso Penal del Estado se prevé la obligación del Juez de Control de vigilar el cumplimento de los principios y garantías procesales y constitucionales, resolver sobre los derechos del inculpado y la defensa, así como vigilar que se respeten y protejan los derechos de las víctimas u ofendidos, lo que es acorde con el texto constitucional que en su artículo 20, inciso C), fracción VII, prevé entre los derechos de la víctima o del ofendido impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de delitos. Máxime que de constancias se advierte que la parte quejosa tuvo pleno conocimiento de dicho derecho al momento en que se levantó la acta de querella correspondiente, tal y como se aprecia en el apartado relativo a los derechos de la victima, la cual obra a foja 49 de autos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Sin que sea obstáculo para lo anterior, la manifestación de la parte quejosa, en el sentido de que el asunto debió tramitarse con el sistema tradicional, toda vez que de conformidad con el articulo segundo y tercero transitorios, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en relación con el artículo primero y tercero transitorios de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, el nuevo sistema penal acusatorio ya se encontraba vigente en el municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato; por lo que, resulta correcto que las garantías constitucionales de la víctima y la prosecución de la indagatoria en comento se rijan conforme a las normas del proceso penal acusatoria vigente para el Estado de Guanajuato.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Menor Mixto de Apaseo el Alto, Guanajuato, mediante el cual remite diligenciado el despacho número 31/2017 del índice de este juzgado, que se le envió para emplazar a la tercera interesada **********. Dese de baja la citada comunicación y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Por otro lado, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término concedido a la citada tercera interesada, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hayan hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en providencia de diecinueve de enero del año en curso, y de conformidad con lo dispuesto en la parte final de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificarles el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Por otra parte, agréguese en autos el escrito de cuenta signado por el quejoso **********; en atención a su contenido, se le tiene ofreciendo como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al tener verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, respecto a la documental que desea que este órgano jurisdiccional recabe para ofrecerla como prueba de su parte, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que no salda los extremos del artículo 121 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene haciendo manifestaciones en vía de alegatos, las que podrán ser tomadas en consideración al resolver el presente asunto. Finalmente, visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que está transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la tercera interesada se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable; por tanto, se difiere la misma y se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo.
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