J Benigno Vásquez
Expediente 1157/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1157/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- J Benigno Vásquez
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve: Vista la demanda de amparo que promueve J Benigno Vásquez y María Ofelia Carrasco, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 11572019-III. Desechamiento de demanda. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 495, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos manifiesto e indudable a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento a juicio laboral respecto del juicio laboral C.D.T 2552018, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala. Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifiesta la quejosa, menciona que tuvo conocimiento del juicio laboral, con motivo del juicio de amparo 9892019-III, del índice de este Juzgado de Distrito, de las cuales se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado la determinación dictada en audiencia de uno de octubre de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 2552018 del índice de la responsable, donde se señaló fecha para el desahogo de la audiencia en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, las ocho horas con quince minutos del veinte de mayo de dos mil veinte Asimismo, se aprecia que la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado señaló que es cierto el acto reclamado, remitiendo para tal efecto constancias que lo acreditan, mismas que se tienen a la vista como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la ley de la materia, y que se ordena agregar al presente en copias certificadas, con apoyo en lo dispuesto en la Jurisprudencia número XXII, J12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, del Tomo V, correspondiente al mes de enero Salas y Tribunales Colegiados del Circuito, del mes de diciembre, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo epígrafe es HECHO NOTORIO, LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. De lo anterior, se puede advertir que en el juicio laboral 2552018, del índice de la autoridad responsable, no se ha dictado laudo, pues la audiencia de ofrecimientos y admisión de pruebas está señalada para el veinte de mayo de dos mil veinte. Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción VI, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de la Ley de Amparo vigente, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI.- Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.). De la interpretación literal de la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto, contra actos dentro o fuera de juicio, cuando se pida por personas extrañas a dicho procedimiento. Por lo que, al realizar una aplicación, a contrario sensu, del artículo citado, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando quien lo promueve con ese carácter, en realidad, no es persona extraña al juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.C.18 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1827, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo título y contenido es: JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado argumento a contrario para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal. En efecto, la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que procede el amparo indirecto Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas. Tanto la doctrina, como la jurisprudencia, utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 ya citado; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas, el concepto de persona extraña al juicio, o bien, a un procedimiento seguido en forma de juicio, es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo, o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. En tales condiciones, al no haber concluido el juicio laboral, es razón suficiente para desvirtuar el carácter de persona extraña con la que se ostentan los quejosos, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que, como quedó puntualizado con antelación, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento antes de que hubiere concluido el juicio. Sin embargo, si el gobernado que se hizo sabedor del juicio antes de que concluyera, opta por intentar la vía indirecta, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es persona extraña a éste, en virtud de que puede defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundándose la improcedencia en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, esta última interpretada a contrario sensu. En efecto, por una parte, los impetrantes de garantías se ostentan como personas extrañas al aludido juicio laboral y a través de la tramitación y resolución del presente juicio pretenden figurar en la relación jurídica procesal, pues estiman que les afectan las determinaciones que se están dictando dentro de dicho juicio; sin embargo, de los datos obtenidos de la demanda de garantías, este órgano de control constitucional advierte que, contrario a lo que aducen, no les reviste carácter de terceros extraños, ya que el juicio de origen, conforme a las constancias agregadas al presente expediente como hecho notorio, dicho juicio laboral, no se encuentra concluido y se encuentran en aptitud de comparecer a dicho procedimiento para hacer valer lo que a su derecho convenga. En tales condiciones, no es dable que J Benigno Vásquez y María Ofelia Carrasco, acudan al juicio de garantías como terceros extraños al juicio laboral en comento, porque se enteraron de su tramitación sin que en éste se haya dictado laudo que le haya puesto fin, por lo que los promoventes de amparo están en aptitud de acudir a dicho procedimiento en defensa de sus derechos, esto es, a ejercer su garantía de audiencia. Es de mencionar que en el caso a estudio los quejosos están en posibilidad de promover el incidente de nulidad que prevén los numerales 761 y 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo Por las razones que la informan, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de tesis 2a.J. 1982008, en la página 698, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo. Es aplicable también, la tesis sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 82, Tomo 91-96, Sexta Parte, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que prevé: EMPLAZAMIENTO EN MATERIA CIVIL. CUANDO EXISTE OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Si bien es cierto que en jurisprudencia definida la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, cuando se reclama falta de emplazamiento, el quejoso no está obligado a cumplir con el principio de definitividad, este criterio es aplicable cuando se está impugnando esa diligencia después de dictarse sentencia en el juicio generador del amparo, por estarse reclamando la falta de audiencia en el procedimiento civil, y el quejoso ocurre como tercero extraño al juicio y no como parte en el mismo; pero si el emplazamiento es reclamado por una de las partes en el juicio, antes de pronunciarse sentencia, debe cumplirse con el principio de definitividad para preparar la demanda de amparo que deberá formularse en contra de la sentencia definitiva que llegare a pronunciarse. Por tanto, si los quejosos promovieron el juicio de garantías con el carácter mencionado de terceros extraños aduciendo violación a la garantía de audiencia por desconocer lo actuado en el proceso de origen; sin embargo, precisamente es que se considera que a través del medio de impugnación de que se ha dado noticia tiene la posibilidad de acudir ante la autoridad del conocimiento a fin de obtener la nulidad de lo actuado y, de alcanzar esa pretensión, estar en posición de alegar lo que a sus intereses convenga. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción VI, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, punto a), de la ley de la materia. Autorizados Por otra parte, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Edgardo Elías Molina Arroyo, Indri Mariano Ortega López y Ma. Félix Silva García García, por así haberlo señalado la parte quejosa. Habilitan días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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