J. Asunción Vega Reséndiz

Expediente 1325/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1325/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
21/11/2018

Partes del expediente

  • J. Asunción Vega Reséndiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    CUMPLASE.

  2. Principal

    ...VISTA LA CERTIFICACIÓN ...SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DICTADA HA CAUSADO EJECUTORIA...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO...SE ORDENA DEVOLVER A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS DOCUMENTALES QUE ANEXÓ A SU INFORME JUSTIFICADO...SE SOLICITA ACUSE...APERCIBIMIENTO...MULTA...

  3. Principal

    ...AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL ESCRITO SIGNADO POR...EXPÍDASE A SU COSTA COPIAS SIMPLES DE LAS CONSTANCIAS QUE SOLICITA...

  4. Principal

    *CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 26/10/2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".Vista la boleta de recepción número 009281/2018, a la cual acompaña el oficio número 6499 suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito con residencia en esta Ciudad, del que se aprecia que por auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, causó estado el proveído de cinco de los corrientes, por el que dicho Tribunal Colegiado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por J. Asunción Vega Reséndiz, por las razones que ahí expone; y ordenó mediante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad se turnara el asunto al Juzgado de Distrito en turno, para su sustanciación; habiéndole correspondido a este Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. Acúsese el recibo de estilo correspondiente..En razón a lo anterior, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal acepta la competencia planteada de la presente demanda de amparo; se avoca al conocimiento del presente asunto, por lo que, fórmese expediente y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 1325/2018, e infórmese al Tribunal Colegiado oficiante para los efectos legales a que haya lugar.En consecuencia, vista la demanda de amparo signada por J. ASUNCIÓN VEGA RESÉNDIZ; mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otra autoridad; que fue registrada bajo el número 1325/2018.El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: " El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.".En cumplimiento a lo anterior, después de analizar la presente demanda de garantías, éste Juzgado advierte que, en la especie, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, en virtud de que el quejoso señala como acto reclamado la resolución de fecha cinco de septiembre del año en curso, emitida por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, dentro del toca 848/2018, mediante el cual se confirmó el auto de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, en el juicio ordinario civil 929/2015 (seguido por Dionicio Vega Reséndiz contra J. Asunción Vega Reséndiz -quejoso-), por el que al existir puntos contradictorios en los dictámenes emitidos por los peritos en topografía y construcción, nombrados por las partes en el juicio natural, se nombró como perito tercero en discordia al perito José Sergio Rojas Ortega y se le concedió el plazo de tres días para que acepte y proteste su cargo su fiel y legal desempeño, así como señale el monto de sus honorarios; así como su ejecución.Previo a exponer las razones por las cuales se estima que se actualiza la citada causal de improcedencia, conviene precisar que en la jurisprudencia 37/2014 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la que señaló que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas.Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva..Luego, en la especie el suscrito considera que se actualiza la invocada causal de improcedencia por los siguientes motivos:.. Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen:."Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.(.).XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede:.(.).V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;".De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y la resolución de fecha cinco de septiembre del año en curso, emitida por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, dentro del toca 848/2018, mediante el cual se confirmó el auto de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, en el juicio ordinario civil 929/2015 (seguido por Dionicio Vega Reséndiz contra J. Asunción Vega Reséndiz -quejoso-), por el que al existir puntos contradictorios en los dictámenes emitidos por los peritos en topografía y construcción, nombrados por las partes en el juicio natural, se nombró como perito tercero en discordia al perito José Sergio Rojas Ortega y se le concedió el plazo de tres días para que acepte y proteste su cargo su fiel y legal desempeño, así como señale el monto de sus honorarios; así como su ejecución; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en caso de existir alguna violación, ésta sería de carácter procesal, en contra de la cual por regla general resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que no se actualiza esa hipótesis, pues de existir alguna violación, sería reparable en caso de obtener sentencia favorable, en el juicio ordinario civil 929/2015, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podría reclamarse en la vía directa; al combatirse la sentencia definitiva, como violación procesal, conforme a la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo en vigor.En la inteligencia de que de dictarse sentencia dentro del juicio de origen no le causaría un perjuicio de imposible reparación, pues por un lado, en caso de que la sentencia que se emita sea favorable a sus intereses se subsanarían las posibles violaciones cometidas durante el procedimiento y, por el otro lado, en el supuesto de que tal sentencia le sea desfavorable, puede reclamar como violación procesal la resolución que ahora impugna, en el juicio de amparo directo que promueva en contra de la sentencia definitiva, a fin de que sea reparada tal violación.Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que la ahora quejosa no obtenga sentencia definitiva favorable.Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos.En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales.De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado, consistente en la resolución de fecha cinco de septiembre del año en curso, emitida por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, dentro del toca 848/2018, mediante el cual se confirmó el auto de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, en el juicio ordinario civil 929/2015 (seguido por Dionicio Vega Reséndiz contra J. Asunción Vega Reséndiz -quejoso-), por el que al existir puntos contradictorios en los dictámenes emitidos por los peritos en topografía y construcción, nombrados por las partes en el juicio natural, se nombró como perito tercero en discordia al perito José Sergio Rojas Ortega y se le concedió el plazo de tres días para que acepte y proteste su cargo su fiel y legal desempeño, así como señale el monto de sus honorarios; así como su ejecución; no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata de la determinación que nombró perito tercero en discordia ello dentro del trámite del juicio natural que solo tiene efectos en el curso del procedimiento natural y como consecuencia de una posible violación a las leyes del procedimiento la cual puede reclamarse en caso de que sea desfavorable la sentencia definitiva que se llegue a dictar en el juicio ordinario civil 929/2015, fuente del acto reclamado, conforme al artículo 172 fracción III, de la Ley de Amparo.En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 107, fracción V de la invocada Ley, esté último aplicado a contrario sensu, el cual que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.Máxime que el acto reclamado no se trata de la determinación que en definitiva aprueba el monto de los honorarios del perito tercero en discordia y ordena a las partes su pago.Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V aplicado a contrario sensu y 172, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve J. ASUNCIÓN VEGA RESÉNDIZ, por notoriamente improcedente."

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