J. Asunción Águila Ruvalcaba
Expediente 2300/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 2300/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/11/2020
Partes del expediente
- J. Asunción Águila Ruvalcaba
- Armando Marín López
- ARMANDO MARÍN LÓPEZ y Otros.
- Presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Santiago del Estado de Nayarit
- José Francisco López Gallegos
- J. ASUNCIÓN ÁGUILA RUVALCABA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
EPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación que antecede asentada por la secretaria adscrita a este juzgado federal, se advierte que no se interpuso recurso alguno contra la resolución de quince de mayo de dos mil veinte, dentro del término que prevé el numeral 86 de la legislación de la materia; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa en su ordinal 2°, se declara que dicha determinación ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión es destruible una vez que transcurran seis meses de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a, del acuerdo precitado; y el original es destruible una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído, dado que se encuadra en el supuesto del arábigo 21, inciso c, del mismo Acuerdo General, toda vez que la medida cautelar provisional y definitiva se negó a la parte quejosa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que mediante proveído de once de noviembre del año en curso (foja 140), se libró exhorto a efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia en turno, con residencia en Santiago Ixcuintla, Nayarit, en auxilio de este órgano jurisdiccional, emplazara a la parte tercera interesada Marcelino Contreras Rodríguez, en su carácter de Tercer Vocal de la Directiva de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Santiago del Estado de Nayarit, sin que se tengan constancias de lo sucedido; en consecuencia, para dar tiempo a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se DIFIERE PARA LAS DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio signado por la Presidente por Ministerio de Ley de la Junta Especial número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, comunicó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *** Asimismo, mediante proveído de cinco de septiembre del año en curso (foja 192), se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, con el referido oficio, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El citado proveído se notificó a la parte tercera interesada el seis de septiembre siguiente (foja 193); en tanto a la parte quejosa el once de septiembre posterior (foja 195); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dichas partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hasta la fecha se hubiere realizado manifestación alguna. Por consiguiente, este Órgano procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Ahora bien, por sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de junio del año en curso (fojas 135 a 146), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Emmanuel Contreras Álvarez, para los efectos siguientes: ". 1) Que la Junta Especial número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tepic, Nayarit: deje insubsistente la determinación de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio laboral EXP/J61/694/2018; así como las actuaciones subsecuentes; y, 2) Con plenitud de jurisdicción, emita otra, en la que purgando los vicios advertidos en el presente fallo, de manera fundada y motivada se pronuncie nuevamente en torno a la declinatoria de competencia fincada a su favor por la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con sede en Puerto Vallarta." Resolución que por acuerdo de treinta de julio del año en curso (fojas 171 a 172), se declaró ejecutoriada, para todos los efectos legales a que hubiere lugar. Luego, por oficio signado por la Presidente por Ministerio de Ley de la Junta Especial número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad (foja 186), comunicó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Emmanuel Contreras Álvarez y para tal efecto remitió copia certificada del proveído emitido el tres de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral 694/2018, de su índice (fojas 188 a 191). Acuerdo del cual se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente la determinación de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio laboral EXP/J61/694/2018; así como las actuaciones subsecuentes. Asimismo, se desprende que la citada Junta Especial número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tepic, Nayarit, aceptó la competencia que le fue declinada por la diversa Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con sede en Puerto, Vallarta. Ahora, acotado lo anterior, destaca que los efectos por los cuales se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, fueron a fin de que la responsable no soslayara emprender el examen de los presupuestos legales para determinar la competencia de los asuntos laborales por razón del objeto social de la empresa demandada, que prevé el artículo 123 Apartado A, fracción XXXI, inciso a), sub inciso 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el arábigo 527 fracción I, numeral 16 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior es así, puesto que la responsable omitió posicionarse y explicar los motivos por los cuáles debe fincarse o no la competencia de una Junta federal a la luz del objeto social de la empresa demandada. De igual manera, la protección constitucional se constriñó con el propósito de la Junta de mérito se posicionara en torno a la validez de la declaratoria de incompetencia por declinatoria que le fue fincada, a luz de la oportunidad con que la parte demandada la hizo valer ante la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con sede en Puerto Vallarta. Ello, en la medida que de las constancias de autos se desprendió que lo anterior aconteció una vez fenecida la etapa de demanda y excepciones; y, acorde a lo previsto por el artículo 703 de la Ley Federal, las cuestiones de competencia, en materia de trabajo, sólo pueden promoverse por declinatoria, debiendo oponerse al iniciarse el período de demanda y excepciones en la audiencia respectiva. Frente a ello, la autoridad responsable en la determinación emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ponderó que acorde con el artículo 527, fracción I, número 16 y 17 de la Ley Federal del Trabajo, por razón de la materia, resulta competente para conocer del asunto cuya competencia le fue declinada. Asimismo, sostuvo que la declinatoria emitida por la autoridad laboral local resultaba válida a la luz de los numerales 701 y 703 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que la declaración de incompetencia se realizó antes del desahogo de pruebas. De igual manera, ordenó dejar sin efectos todo lo actuado ante la Junta declarada incompetente y fijó las doce horas con treinta minutos del quince de octubre del año en curso, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por otro lado, en el oficio de cuenta la Presidente por Ministerio de Ley de la Junta Especial número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, remite copia con firmas originales de la audiencia de conciliación de quince de octubre del año actual, de la que se advierte que se difirió la misma, con motivo de la ampliación de demanda presentada por la parte actora, con la cual se ordenó correr traslado a la parte demandada; ocurso y anexos que se ordena agregar en autos, para que obren para constancia. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar provisional se concedió respecto de los actos reclamados, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y las resoluciones incidentales, las cuales deberán conservarse, por ende, déjese por separado para su conservación; en tanto que, el duplicado respectivo, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del éste previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. Por otro lado, una vez que transcurran la temporalidad que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, por resulta innecesario, devuélvase a la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con sede en Puerto Vallarta, el legajo de constancias que obra por separado, remitido por conducto de su Presidente, en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad y anexos, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida el veinticuatro de octubre del presente año, por el referido órgano colegiado en el amparo en revisión número 548/2019, de su índice, relativo al presente juicio de garantías 837/2019, en la que se aprecia que confirma la sentencia pronunciada en el sumario constitucional que nos ocupa, el veintisiete de junio del año en curso (fojas 33-47), misma que CONCEDIÓ el Amparo y Protección de la Justicia Federal, a Miguel Ángel Rosales Pérez contra los actos reclamados al Congreso del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia, agréguense los oficios de cuenta y anexos, para los efectos legales correspondientes y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por tanto, visto el sentido de dicha sentencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de la Materia, requiérase únicamente al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de diez días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador de Rentas responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 192, 193, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se les impondrá a cada una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Luego, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. NOTIFÍQUESE.
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