J. Ascención Sosa Puente

Expediente 463/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
463/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
03/09/2019

Partes del expediente

  • J. Ascención Sosa Puente

Actuaciones

  1. Principal

    ...Vista la certificación de cuenta y apareciendo que ninguna de las partes interpuso el recurso de queja contra el proveído de diecinueve de agosto pasado, donde se desechó la demanda de amparo promovida por Ascención +++++, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigaciones Número Uno Especializada en Delitos Patrimoniales No Violentos con residencia en Apodaca, Estado de Nuevo León y otra autoridad; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara el mismo ha causado estado para todos los efectos legales. .... Así las cosas, en cumplimiento a lo ordenado en el punto vigésimo primero fracción I, del capítulo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, hágase del conocimiento de las partes, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que en este asunto se desecho de plano la demanda de amparo, además no obran en autos documentos originales. ....

  2. Principal

    .........Visto lo de cuenta, téngase recibido el oficio 21173, remitido por la Juez Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, junto con los autos del juicio biinstancial 944/2019-I, de su estadística, promovido por +++++; lo anterior, toda vez en auto de quince de los actuales, se declaró legalmente incompetente, para conocer de la demanda de amparo por razón de materia, ello en virtud, los actos reclamados derivan de la carpeta de investigación 247/2019, mismos que evidentemente son de naturaleza penal. Por tanto, acorde al precepto 37 de la normativa aplicable y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acepta la competencia planteada, regístrese el expediente relativo bajo el número 463/2019-VI, le correspondió en el libro de gobierno para tal fin se lleva en este Juzgado; acúsese recibo de estilo, para los efectos legales correspondientes y comuníquese a las partes lo anterior. Ahora una vez analizado el libelo de demanda, este Juzgado considera viable su desechamiento de plano, conforme al arábigo 113 de la Ley de la Materia, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, situación debe ser estudiada de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Como cuestión preliminar, cabe destacar, el hecho de que la invocada legislación establezca diversas causales motivan la improcedencia de la acción constitucional no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente del recurso judicial efectivo, toda vez dicha prerrogativa está condicionada o limitada a los plazos y términos fijados en las leyes; de modo, en éstas pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para los tribunales se encuentren en condiciones de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. Cierto, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación aplicable a la materia tienen una existencia justificada, pues atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse o, bien, a los principios reguladores, surge la inviabilidad para examinar el fondo del asunto, lo cual en modo alguno lesiona el derecho a la administración de justicia. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, relativa al Caso de los Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, determinó en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran las formalidades a observarse para avalar el acceso a ellas; por razones de seguridad jurídica, para la correcta administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. También puntualizó, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver en forma efectiva el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar siempre y en cualquier caso, los tribunales internos deben pronunciarse sobre el fondo, sin importar la verificación de presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. A la luz de las anteriores consideraciones es dable concluir, las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo constituyen, por regla general, parámetros objetivos cumplen a cabalidad con el estándar internacional y no configuran una denegación de justicia; antes bien, de permitir al gobernado acudir al juicio de amparo bajo ninguna condición racional, podría propiciarse un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios biinstanciales. Valida lo expuesto la tesis CCLXXVI/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XV, diciembre de 2012, tomo 1, página 530, intitulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." ++++ En el caso concreto, de la intelección del escrito de demanda, conforme a las directrices establecidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se obtiene lo combatido por el agraviado se hace consistir en: La inacción u omisión dentro de la carpeta de investigación registrada bajo el numero 247/2019 de la denuncia presentada ante la responsable, y todas sus consecuencias. En ese sentido, se considera, cobra vigencia la causal de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón la parte quejosa, previo a accionar el presente medio de defensa, soslayó acatar una de las directrices rectoras del juicio de amparo, consistente en el principio de definitividad. Dicha máxima destaca la naturaleza del juicio de amparo, como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que, antes de promover la acción constitucional, el quejoso tiene la obligación de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios a través los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado, pudiendo así, resarcir las prerrogativas transgredidas sin la necesidad de acudir a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Su base constitucional se encuentra inserta en el artículo 107, fracción III, inciso b), del Pacto Federal y desarrollada en el precepto 61, fracción XVIII, de la normativa de la materia. Conforme a los dispositivos en cita, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte impetrante no hace valer, previo a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa establecidos en la legislación que rige el acto reclamado, pues entre los presupuestos fundamentales donde se sustenta la acción constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa sólo procedente en los casos de excepción previsto en la Constitución Federal y la legislación reglamentaria de sus preceptos 103 y 107. Si el propósito del legislador a través de lo dispuesto por el aludido arábigo 61, fracción XVIII, de este último ordenamiento, fue sin duda establecer la exigencia que los gobernados, antes de promover la vía constitucional contra un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación a su alcance, a través del que pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes lo rijan, entonces, para operar la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad basta se omita promover tal recurso. ..... Expresado de otra manera, se surte la referida hipótesis cuando la parte quejosa tiene a su alcance un recurso en la vía ordinaria por medio del cual la determinación impugnada podía ser revocada, modificada o nulificada, pero pasó por alto hacerlo valer. Sentada esa base, toca el turno citar el primer párrafo del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. (.) (Énfasis del transcriptor) Dicho ordinal estipula que las determinaciones impliquen la abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, son susceptibles de combatirse ante el Juez de Control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, la autoridad judicial citará a las partes a una audiencia donde escuchará y resolverá en definitiva. Lo antes precisado indica, existe un medio de defensa idóneo para atacar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas abstenciones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones expresamente regulan la omisión de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Ello, con el objeto el Juez de Control sea quien de manera ágil, una vez otorgue intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución de la autoridad judicial rectora, en su oportunidad podrá promoverse juicio biinstancial, ya que tal decisión no admite recurso ordinario. Así, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite concluir las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Circunstancia nos lleva a establecer, esas determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino en general se trata de actuaciones del Ministerio Público con efectos tendientes a paralizar, suspender o terminar una investigación; por tanto, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, dado suponen la inmovilización de su función investigadora. Además, la finalidad el Juez de Control revise las decisiones u abstenciones del Representante Social que definen el curso de una indagatoria, es en caso de considerarlas ilegales, debe conminarlo a reanudar la investigación y practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar la cesación del estado inactivo y, en consecuencia, el Fiscal continúe realizando la pesquisa correspondiente. ....Tal procedimiento resulta el medio legal idóneo y específico para lograr la pretensión del directamente agraviado, al ser el Juez de Control la autoridad facultada para controlar las actuaciones y omisiones de la Representación Social desde la etapa de investigación; por tanto, es incuestionable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. +++Consecuentemente, al ser notoria y manifiesta la actualización de causal de improcedencia contenida en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación al normativo 107, fracción III, inciso b), con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia, procede desechar de plano la demanda instruida por ++++, contra el acto del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigaciones Número Uno Especializada en Patrimoniales No Violentos con residencia en Apodaca, Estado de Nuevo León y otras autoridades, consistente en la inacción u omisión dentro de la carpeta de investigación 247/2019. Por otra parte, prevalece como domicilio para oír y recibir notificaciones, el mencionado en su escrito inicial de demanda y con el carácter de autorizados de la parte quejosa, en los términos precisados por el homólogo federal, a las personas indicadas en el mismo. ....

  3. Principal

    SE NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.........Visto lo de cuenta, téngase recibido el oficio 21173, remitido por la Juez Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, junto con los autos del juicio biinstancial 944/2019-I, de su estadística, promovido por +++++; lo anterior, toda vez en auto de quince de los actuales, se declaró legalmente incompetente, para conocer de la demanda de amparo por razón de materia, ello en virtud, los actos reclamados derivan de la carpeta de investigación 247/2019, mismos que evidentemente son de naturaleza penal. Por tanto, acorde al precepto 37 de la normativa aplicable y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acepta la competencia planteada, regístrese el expediente relativo bajo el número 463/2019-VI, le correspondió en el libro de gobierno para tal fin se lleva en este Juzgado; acúsese recibo de estilo, para los efectos legales correspondientes y comuníquese a las partes lo anterior. Ahora una vez analizado el libelo de demanda, este Juzgado considera viable su desechamiento de plano, conforme al arábigo 113 de la Ley de la Materia, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, situación debe ser estudiada de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Como cuestión preliminar, cabe destacar, el hecho de que la invocada legislación establezca diversas causales motivan la improcedencia de la acción constitucional no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente del recurso judicial efectivo, toda vez dicha prerrogativa está condicionada o limitada a los plazos y términos fijados en las leyes; de modo, en éstas pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para los tribunales se encuentren en condiciones de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. Cierto, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación aplicable a la materia tienen una existencia justificada, pues atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse o, bien, a los principios reguladores, surge la inviabilidad para examinar el fondo del asunto, lo cual en modo alguno lesiona el derecho a la administración de justicia. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, relativa al Caso de los Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, determinó en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran las formalidades a observarse para avalar el acceso a ellas; por razones de seguridad jurídica, para la correcta administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. También puntualizó, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver en forma efectiva el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar siempre y en cualquier caso, los tribunales internos deben pronunciarse sobre el fondo, sin importar la verificación de presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. A la luz de las anteriores consideraciones es dable concluir, las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo constituyen, por regla general, parámetros objetivos cumplen a cabalidad con el estándar internacional y no configuran una denegación de justicia; antes bien, de permitir al gobernado acudir al juicio de amparo bajo ninguna condición racional, podría propiciarse un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios biinstanciales. Valida lo expuesto la tesis CCLXXVI/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XV, diciembre de 2012, tomo 1, página 530, intitulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." ++++ En el caso concreto, de la intelección del escrito de demanda, conforme a las directrices establecidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se obtiene lo combatido por el agraviado se hace consistir en: La inacción u omisión dentro de la carpeta de investigación registrada bajo el numero 247/2019 de la denuncia presentada ante la responsable, y todas sus consecuencias. En ese sentido, se considera, cobra vigencia la causal de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón la parte quejosa, previo a accionar el presente medio de defensa, soslayó acatar una de las directrices rectoras del juicio de amparo, consistente en el principio de definitividad. Dicha máxima destaca la naturaleza del juicio de amparo, como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que, antes de promover la acción constitucional, el quejoso tiene la obligación de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios a través los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado, pudiendo así, resarcir las prerrogativas transgredidas sin la necesidad de acudir a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Su base constitucional se encuentra inserta en el artículo 107, fracción III, inciso b), del Pacto Federal y desarrollada en el precepto 61, fracción XVIII, de la normativa de la materia. Conforme a los dispositivos en cita, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte impetrante no hace valer, previo a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa establecidos en la legislación que rige el acto reclamado, pues entre los presupuestos fundamentales donde se sustenta la acción constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa sólo procedente en los casos de excepción previsto en la Constitución Federal y la legislación reglamentaria de sus preceptos 103 y 107. Si el propósito del legislador a través de lo dispuesto por el aludido arábigo 61, fracción XVIII, de este último ordenamiento, fue sin duda establecer la exigencia que los gobernados, antes de promover la vía constitucional contra un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación a su alcance, a través del que pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes lo rijan, entonces, para operar la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad basta se omita promover tal recurso. ..... Expresado de otra manera, se surte la referida hipótesis cuando la parte quejosa tiene a su alcance un recurso en la vía ordinaria por medio del cual la determinación impugnada podía ser revocada, modificada o nulificada, pero pasó por alto hacerlo valer. Sentada esa base, toca el turno citar el primer párrafo del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. (.) (Énfasis del transcriptor) Dicho ordinal estipula que las determinaciones impliquen la abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, son susceptibles de combatirse ante el Juez de Control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, la autoridad judicial citará a las partes a una audiencia donde escuchará y resolverá en definitiva. Lo antes precisado indica, existe un medio de defensa idóneo para atacar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas abstenciones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones expresamente regulan la omisión de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Ello, con el objeto el Juez de Control sea quien de manera ágil, una vez otorgue intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución de la autoridad judicial rectora, en su oportunidad podrá promoverse juicio biinstancial, ya que tal decisión no admite recurso ordinario. Así, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite concluir las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Circunstancia nos lleva a establecer, esas determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino en general se trata de actuaciones del Ministerio Público con efectos tendientes a paralizar, suspender o terminar una investigación; por tanto, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, dado suponen la inmovilización de su función investigadora. Además, la finalidad el Juez de Control revise las decisiones u abstenciones del Representante Social que definen el curso de una indagatoria, es en caso de considerarlas ilegales, debe conminarlo a reanudar la investigación y practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar la cesación del estado inactivo y, en consecuencia, el Fiscal continúe realizando la pesquisa correspondiente. ....Tal procedimiento resulta el medio legal idóneo y específico para lograr la pretensión del directamente agraviado, al ser el Juez de Control la autoridad facultada para controlar las actuaciones y omisiones de la Representación Social desde la etapa de investigación; por tanto, es incuestionable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. +++Consecuentemente, al ser notoria y manifiesta la actualización de causal de improcedencia contenida en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación al normativo 107, fracción III, inciso b), con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia, procede desechar de plano la demanda instruida por ++++, contra el acto del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigaciones Número Uno Especializada en Patrimoniales No Violentos con residencia en Apodaca, Estado de Nuevo León y otras autoridades, consistente en la inacción u omisión dentro de la carpeta de investigación 247/2019. Por otra parte, prevalece como domicilio para oír y recibir notificaciones, el mencionado en su escrito inicial de demanda y con el carácter de autorizados de la parte quejosa, en los términos precisados por el homólogo federal, a las personas indicadas en el mismo. ....

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