J. Ascención Pedro Banda García

Expediente 1025/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1025/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
03/01/2019

Partes del expediente

  • J. Ascención Pedro Banda García

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos se advierte que feneció el término de cinco días previsto para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó su demanda de amparo.- Se declara que dicho acuerdo ha causado estado para los efectos legales conducentes.- Archívese el presente expediente como asunto concluido.- a) Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de cinco años, contado a partir de la emisión de este proveído. b) Este asunto no se considera de relevancia documental, por no estar en los supuestos establecidos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto citado. c) Transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que se cumpla el plazo establecido en el inciso a), el Centro de Documentación y Análisis proceda en los términos que aquí se indican.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida contra actos del Juez Segundo Civil de Partido, residente en esta ciudad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1025/2018-III. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe examinar la demanda y, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Una vez hecho un análisis de la demanda de amparo, se observa que el acto reclamado consiste en la admisión de la reconvención presentada por la demandada Gloria del Carmen Manchón Solé, dentro del juicio ordinario civil C-708/2018 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad; asimismo se advierte que J. Ascensión Pedro Banda García es parte actora en dicho procedimiento. Al respecto, este juzgado estima que en el caso de estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado destacado no es de aquellos que dejan sin defensa al quejoso, ni tienen el carácter de irreparable. En efecto, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del hombre tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo que esa afectación, por haberse consumado irreversiblemente, no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio; es por ello que, en estos casos de excepción, la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tomar en cuenta que, para ello, el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, en virtud de que las consecuencias de la violación no desaparecerían aún y cuando el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Bajo esa tesitura, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuya finalidad es la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo. Bajo esa tesitura, se tiene que el acto que el promovente reclama no tiene la naturaleza de un acto de imposible reparación, pues el hecho de que la responsable haya determinado dar trámite a la reconvención referida no implica que el juzgador deba atender favorablemente el contenido de la misma, pudiendo el quejoso hacer valer los medios de defensa que la ley que rige el proceso de origen le otorgue, ya que será al momento de dictar sentencia definitiva que se sabrá con certeza la trascendencia que pudiera tener, o no, el acto del que se duele el quejoso. Es decir, el acto del que el quejoso se duele sólo hace surgir la posibilidad de que el juzgador, al dictar sentencia definitiva, lo considere de forma tal que el resultado del fallo que emita sea adverso a los intereses del afectado, contra el cual tendrá a su alcance los medios ordinarios de defensa respectivos. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu; se desecha de plano la demanda de amparo.

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