J. Ascención Monroy Ríos
Expediente 320/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 320/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- J. Ascención Monroy Ríos
- Víctor Hernández Aguilar
Actuaciones
- Amparo en revisión
FORMESE EXPEDIENTE, REGISTRESE Y ACUSESE RECIBO. SE ADMITE EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO. SE TIENE POR SEÑALADO EL DOMICILIO QUE INDICA LA PARTE RECURRENTE PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y POR AUTORIZADAS A LAS PERSONAS QUE MENCIONA EN LOS TERMINOS QUE SE PRECISAN. FINALMENTE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 3, 9, 68, 113 Y 117 Y DEMÁS RELATIVOS A CADA CASO ESPECÍFICO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DIFUNDIDA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL NUEVE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, Y QUE ENTRÓ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 3° REFERIDO, LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE ASUNTO ES PÚBLICA Y ACCESIBLE A CUALQUIER PERSONA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA PROPIA LEY, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD QUE EMITA EN SU MOMENTO EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ADEMÁS, LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE PROPORCIONEN EN EL PRESENTE ASUNTO NO ESTARÁ SUJETA A TEMPORALIDAD ALGUNA, SÓLO PODRÁN TENER ACCESO A ELLA SUS TITULARES, REPRESENTANTES Y SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS PARA ELLO; Y PARA PERMITIR EL ACCESO A DICHA INFORMACIÓN, SE DEBERÁ OBTENER EL CONSENTIMIENTO DE LOS PARTICULARES TITULARES DE LA MISMA.
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA DEL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. EN TAL VIRTUD, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL Y ACUERDO CITADO.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio TUA/UAJ/663/2019, del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, con residencia en esta ciudad; registrado en la oficialía de partes con el número 2955/2019; al que acompaña: escrito de presentación, original de la demanda de amparo, promovida por J. Ascención Monroy Ríos, al que anexa: certificado de derechos agrarios, acta de defunción, acta de nacimiento, solicitud al Registro Agrario Nacional para inscripción de Sucesores o cambio de derechos agrarios individuales registrados, oficio XXXIV-309 561151; copia de lo anterior, anexo certificado, copia del diverso TUA/UAJ/622/2019, con ampliación de demanda, escrito del Delegado Federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, copia del oficio TUA/UAJ/418/2019, acta de defunción, y los autos del expediente agrario 113/96-14; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio el suscrito estima carecer de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional promovido. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar, que el solicitante del amparo J. Ascención Monroy Ríos, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Tribunal Unitario Agrario Distrito Catorce, con domicilio para efectos de emplazamiento el ubicado en calle Cuauhtémoc, número 606, colonia Centro, en Pachuca de Soto, Hidalgo.__ ACTO RECLAMADO.-Se reclama la reposición del procedimiento del juicio seguido ante la autoridad responsable por el C. MONROY HERNÁNDEZ PLÁCIDO ARISTEO, en el cual obtuvo un resultado favorable mediante sentencia de fecha 6 de noviembre del año de 1996, en el expediente 113/1996-14, con lo cual queda claro deducir que con la emisión del acto reclamado la autoridad responsable conculca en mi perjuicio la garantía establecida en el artículo 14 constitucional, al no haberse establecido las formalidades del procedimiento dada mil calidad de hijo legítimo del autor de la sucesión del finado ENCARNACIÓN MONROY VARELA, toda vez que el suscrito no fue enterado notificado de la existencia de dicho juicio, en consecuencia esta superioridad deberá ordenar la reposición del procedimiento desde la violación referida, así como todas y cada una de las actuaciones judiciales que se hayan realizado con posterioridad a dicha violación.". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numera 2°, se advierte que Placido Aristeo Monroy Hernández, por propio derecho, y en la vía de jurisdicción voluntaria, denunció la muerte de Encarnación Monroy Varela, titular del certificado 658053, en el poblado denominado San José Ocotillos, en el Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo, la transmisión de derechos agrarios; tocando su conocimiento por razón de turno, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, con residencia en esta ciudad capital, quien en proveído de tres de mayo de mil novecientos noventa y seis, la admitió a trámite. Seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, el seis de noviembre de mil novecientos noventa y seis, el tribunal responsable emitió resolución en el expediente 113/96-14, en el que resolvió declarar procedente la acción sucesoria ejercitada por Placido Aristeo Monroy Hernández, de los bienes ejidales de Encarnación Monroy Varela, y se le reconoció los derechos en calidad de ejidatario de la parcela con certificado número 658053. Inconforme con dicha resolución, J. Ascención Monroy Ríos, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Así las cosas, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República; 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo, establecen, que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.". En ese tenor, vista la demanda de amparo como un todo, se advierte que el impetrante de garantías se duele de que fueron violentados sus derechos procesales, al no haber sido llamado al juicio agrario 113/1996-14, que se tilda de inconstitucional, y no se le dio la oportunidad de ser oído y vencido en el mismo; luego entonces, el conocimiento del amparo en este supuesto, corresponde a un juez de distrito y no a los tribunales colegiados de circuito, toda vez que el quejoso en el amparo indirecto tiene la posibilidad de aportar ante el juzgado federal las pruebas necesarias para demostrar tal circunstancia, o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevenida por la ley; en cambio, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, por regla general, las pruebas sólo pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable, por tanto, se le dejaría en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada, y por ende, nos lleva a la exigencia de aplicar la hipótesis fáctica establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a) y b) de la ley de la materia. No es óbice a lo así determinado que los artículos 34 y 172, fracción I, de la ley de la materia, establezcan como violación procesal atacable en amparo directo la ausencia o ilegalidad de emplazamiento, ya que no es posible aplicar tales dispositivos cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación, y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del llamamiento a juicio. Sirve de apoyo a lo así resuelto, el criterio jurisprudencial sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevista en la ley, siempre y cuando el quejoso haya promovido la demanda de amparo dentro del término que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, pues ello no hace que pierda su calidad de tercero extraño al juicio, pues la violación cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra. Sin que tampoco sea obstáculo el que los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo, establezcan como violación reclamable en amparo directo esa falta o ilegalidad del emplazamiento, ya que no es posible aplicar esos dispositivos legales cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del emplazamiento.". En consecuencia, si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso, que por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo, los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; por lo tanto, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita, como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas, y como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
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