J. Arnulfo Rivas Serrano

Expediente 261/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
261/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
17/05/2018

Partes del expediente

  • J. Arnulfo Rivas Serrano
  • J. ARNULFO RIVAS SERRANO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que en el caso se actualiza una causal de improcedencia, razón por la cual procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto aun fuera de la audiencia. Al respecto, cabe destacar que de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo se desprende que el legislador previó la posibilidad de que se decretara el sobreseimiento en los términos referidos, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Precisando lo anterior, se tiene que la parte quejosa C. J. Arnulfo Rivas Serrano, reclama diversas omisiones por parte del representante social dentro de la carpeta de investigación CDI 15581/2017/ZC, las cuales en esencia las hace consistir en: Omisión de realizar la investigación de los hechos denunciados de forma pronta y efectiva. Omisión del desahogo de diligencias y de informar el desarrollo del procedimiento. Omisión de que se ingrese su nombre al Registro Nacional de Victimas: omisiones que se traducen en una denegación de acceso a la Justicia. Actos de autoridad que reclama al Fiscal General del Estado; agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata 04 y a la Agencia Especializada en la Investigación a cargo de la licenciada Esmeralda Sierra Bravo, ésta última vinculada con dicho carácter al advertirse su participación pues es quien conoce actualmente de la carpeta de investigación de la que emanan los actos reclamados en el presente asunto. No obstante ello, se estima que respecto a dichas omisiones el aquí inconforme, en su carácter de víctima, antes de acudir a esta instancia se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige, ya que al no hacerlo así se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: Efectivamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las determinaciones de la instancia investigadora sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal se deberán notificar a los sujetos pasivos del delito, quienes podrán impugnar ante el Juez de Control dicha resolución; instancia jurisdiccional que convocará a una audiencia para decidir en definitiva, con la concurrencia de las partes (víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su Defensor). Tal como se advierte del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto es el siguiente: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. Al respecto, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se puede concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Circunstancia que implica que la revisión de la conducta omisiva por parte de la autoridad investigadora en dicho precepto no se limite a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. De ahí que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadren en la procedencia de dicho recurso, ya que implican la paralización de su función investigadora. Por lo tanto, el inconforme debió agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra las omisiones de la autoridad investigadora que aquí controvierte, pues no se satisface el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Criterio similar al sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión de 18 de abril de 2018, al resolver por mayoría de votos la contradicción de tesis 233/2017, cuya síntesis consultarse en el boletín de prensa 57/2018. Por tanto, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de Amparo; por ende, procede sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En consecuencia de lo acordado en el presente proveído se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue fijada para las nueve horas con treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, ante Patricia Asucena Juárez Díaz, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional en virtud de que por una parte se encuentra transcurriendo la vista dada con el contenido del informe justificado rendido por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata 04, en auto que antecede, por lo que las partes no han tenido conocimiento del mismo con la anticipación de ocho días en términos del párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo; y por otra parte, a la fecha también transcurre el término al que alude el citado numeral para que la nueva autoridad responsable esté en aptitud de rendir su respectivo informe justificado. En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, mediante el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO, con su contenido dése vista a las partes en los términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo.

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