J. Ángel Ruiz Candelas

Expediente 946/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
946/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
17/11/2017

Partes del expediente

  • J. Ángel Ruiz Candelas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de dicha ley, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, sí existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el presente expediente.

  2. Principal

    PUBLICO POR MEDIO DE LISTA CON EFECTOS DE NOTIFICAICIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA: Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de dicha ley, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, sí existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el presente expediente.

  3. Principal

    PUBLICO POR MEDIO DE LISTA CON EFECTOS DE NOTIFICAICIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA: Vista; la demanda de amparo promovida por J. Ángel Ruiz Candelas, contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, por violación a los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, bajo el número 946/2017-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Debe establecerse, que el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la misma; por ende y dado el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, se indica que la parte quejosa señala como acto reclamado, el auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en el Toca A.C. 465/2017, formado con motivo del recurso de apelación que se interpuso contra el acta de dieciséis de agosto del mismo año, relativa a la junta de lectura de testamento, declaración de validez y dar a conocer al albacea testamentario dentro de la sucesión intestamentaria a bienes de Julia Candelas González, en que declaró inadmisible dicho recurso y ordenó que los autos volvieran al juzgado de origen. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del precepto anterior se advierte el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga del impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. Este principio de definitividad, tiene su razón de ser en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la demanda de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Bajo esas consideraciones, para evidenciar que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, es pertinente reiterar destacar que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en el Toca A.C. 465/2017, formado con motivo del recurso de apelación que se interpuso contra el acta de dieciséis de agosto del mismo año, levantada en la sucesión intestamentaria a bienes de Julia Candelas González, en que declaró inadmisible dicho recurso y ordenó que los autos volvieran al juzgado de origen. Ahora, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, en sus artículos 367, 368, 396, establece: "367.- Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles. 368.- Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de revocación: I.- El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al de la notificación de la resolución respectiva; II.- La petición de revocación deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en el acto de notificarse el auto o proveído y deberá contener la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes; III.- No se concederá término de prueba para substanciar la revocación y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalen al pedirla; y IV.- La revocación no suspende el curso del juicio y se resolverá, bien de plano o mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días, según el juez lo estime oportuno. La resolución que se dicte no es recurrible. En los juicios que se tramitan oralmente, la revocación se decidirá siempre de plano. 369.- Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior." En ese contexto, es innegable que contra dicha determinación, previo a instar la acción constitucional, el impetrante del amparo debió promover el recurso de reposición a que se refiere el último de los preceptos señalados, siguiendo las reglas establecidas en el artículo inmediato anterior, lo que no hizo; además se precisa que para el caso, no operan las excepciones establecidas en los incisos a), b) y c), del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; ni tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, porque el acto reclamado proviene de autoridad judicial. Tiene sustento, el criterio esgrimido en la jurisprudencia civil 1a./J. 8/2002 A, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, del tomo XV, marzo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187614, de rubro y texto: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal." Por tanto, como se dijo, la parte promovente debió combatir el auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en el Toca A.C. 465/2017, conforme lo disponen los artículos 367, 368, 396, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas y con ello poder obtener la reposición del proveído reclamado, pero no lo hizo; lo cual al no haber agotado de manera correcta, vulnera uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es el de definitividad, pues a los Tribunales de la Justicia de la Unión, es a quienes se debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar o revocar el acto que se reclama. Tiene apoyo la tesis aislada I.4o.A.74 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 650, del Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 212365, de rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. CUANDO HAY QUE AGOTARLOS PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que cuando se alegan substancialmente violaciones a las garantías constitucionales, puede el afectado ocurrir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, toda vez que en éstos no puede desarrollar los conceptos de violación con toda la eficacia que puede invocarlos en el juicio de garantías; también es cierto que cuando el tema de las cuestiones de derecho planteadas se refieren a problemas de legalidad y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad o bien cuando las violaciones a esta garantía se hacen valer de manera accesoria o secundaria, es indispensable agotar previamente los recursos o medios de defensa ordinarios. Sostener lo contrario, llevaría a la práctica inaceptable de que por el hecho de señalar en la demanda de amparo la violación a un precepto constitucional, se eludiría el agotamiento de los recursos ordinarios, desvirtuándose así el requisito de definitividad que debe tener el acto reclamado en el juicio constitucional." En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este juzgado no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por J. Ángel Ruiz Candelas, contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones en el despacho ubicado en calle Pedro Ruiz González, número ciento veinticuatro, interior B, Colonia Sierra de Álica, en esta ciudad; asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas José Correa Salcedo y Christian Paul Correa Corvera.

  4. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por J. Ángel Ruiz Candelas, contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, por violación a los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, bajo el número 946/2017-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Debe establecerse, que el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la misma; por ende y dado el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, se indica que la parte quejosa señala como acto reclamado, el auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en el Toca A.C. 465/2017, formado con motivo del recurso de apelación que se interpuso contra el acta de dieciséis de agosto del mismo año, relativa a la junta de lectura de testamento, declaración de validez y dar a conocer al albacea testamentario dentro de la sucesión intestamentaria a bienes de Julia Candelas González, en que declaró inadmisible dicho recurso y ordenó que los autos volvieran al juzgado de origen. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del precepto anterior se advierte el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga del impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. Este principio de definitividad, tiene su razón de ser en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la demanda de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Bajo esas consideraciones, para evidenciar que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, es pertinente reiterar destacar que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en el Toca A.C. 465/2017, formado con motivo del recurso de apelación que se interpuso contra el acta de dieciséis de agosto del mismo año, levantada en la sucesión intestamentaria a bienes de Julia Candelas González, en que declaró inadmisible dicho recurso y ordenó que los autos volvieran al juzgado de origen. Ahora, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, en sus artículos 367, 368, 396, establece: "367.- Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles. 368.- Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de revocación: I.- El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al de la notificación de la resolución respectiva; II.- La petición de revocación deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en el acto de notificarse el auto o proveído y deberá contener la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes; III.- No se concederá término de prueba para substanciar la revocación y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalen al pedirla; y IV.- La revocación no suspende el curso del juicio y se resolverá, bien de plano o mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días, según el juez lo estime oportuno. La resolución que se dicte no es recurrible. En los juicios que se tramitan oralmente, la revocación se decidirá siempre de plano. 369.- Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior." En ese contexto, es innegable que contra dicha determinación, previo a instar la acción constitucional, el impetrante del amparo debió promover el recurso de reposición a que se refiere el último de los preceptos señalados, siguiendo las reglas establecidas en el artículo inmediato anterior, lo que no hizo; además se precisa que para el caso, no operan las excepciones establecidas en los incisos a), b) y c), del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; ni tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, porque el acto reclamado proviene de autoridad judicial. Tiene sustento, el criterio esgrimido en la jurisprudencia civil 1a./J. 8/2002 A, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, del tomo XV, marzo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187614, de rubro y texto: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal." Por tanto, como se dijo, la parte promovente debió combatir el auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en el Toca A.C. 465/2017, conforme lo disponen los artículos 367, 368, 396, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas y con ello poder obtener la reposición del proveído reclamado, pero no lo hizo; lo cual al no haber agotado de manera correcta, vulnera uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es el de definitividad, pues a los Tribunales de la Justicia de la Unión, es a quienes se debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar o revocar el acto que se reclama. Tiene apoyo la tesis aislada I.4o.A.74 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 650, del Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 212365, de rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. CUANDO HAY QUE AGOTARLOS PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que cuando se alegan substancialmente violaciones a las garantías constitucionales, puede el afectado ocurrir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, toda vez que en éstos no puede desarrollar los conceptos de violación con toda la eficacia que puede invocarlos en el juicio de garantías; también es cierto que cuando el tema de las cuestiones de derecho planteadas se refieren a problemas de legalidad y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad o bien cuando las violaciones a esta garantía se hacen valer de manera accesoria o secundaria, es indispensable agotar previamente los recursos o medios de defensa ordinarios. Sostener lo contrario, llevaría a la práctica inaceptable de que por el hecho de señalar en la demanda de amparo la violación a un precepto constitucional, se eludiría el agotamiento de los recursos ordinarios, desvirtuándose así el requisito de definitividad que debe tener el acto reclamado en el juicio constitucional." En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este juzgado no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por J. Ángel Ruiz Candelas, contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones en el despacho ubicado en calle Pedro Ruiz González, número ciento veinticuatro, interior B, Colonia Sierra de Álica, en esta ciudad; asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas José Correa Salcedo y Christian Paul Correa Corvera.

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