J. Ángel Ledesma Bernal

Expediente 173/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
173/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • J. ÁNGEL LEDESMA BERNAL y Otros.
  • J. Ángel Ledesma Bernal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. ADMITE RECURSO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con sede en Morelia, Michoacán, mediante el cual se informa, que se avoco al conocimiento de la competencia declinada, y por otra que se reserva acordar lo procedente respecto de la demanda en cuestión hasta en tanto el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Apatzingán, de cumplimiento con el requerimiento que le fuera formulado por dicho Órgano Colegiado; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. ARCHIVO. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se declinó la competencia para conocer de la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de mayo de dos mil veintitrés. REMITE CONSTANCIA DE TURNO (BOLETA). Agréguese a los autos la constancia de turno (boleta) que, vía electrónica, remite la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, de la cual se advierte que la incompetencia planteada por esta Juzgadora para conocer y resolver de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de dicho Circuito; de lo que se toma nota para todos los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. FIRME DESECHAMIENTO PARCIAL. Como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa ******************** hubiese interpuesto recurso de queja en contra del referido auto de ******************** del año en curso, donde se desechó parcialmente la demanda de amparo promovida por dicho quejoso respecto del acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, consistente en la falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil número ********************, del índice de la citada autoridad responsable, que en ejercicio de la acción cambiaria directa sobre pago de pesos y otras prestaciones promovió ********************, endosataria en procuración de la persona moral denominada ********************, frente a ******************** y ********************. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, únicamente por lo que ve al desechamiento parcial de la demanda de amparo promovida por ********************, para todos los efectos legales conducentes. ESTADO PROCESAL DE AUTOS. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de ******************** de la anualidad que corre, esta juzgadora estimó carecer de competencia legal para conocer y resolver de la demanda de amparo promovida por el quejoso ********************, respecto del diverso acto reclamado consistente en la sentencia emitida el ********************, dentro del citado juicio ejecutivo mercantil número ********************, del índice de la citada autoridad responsable, que en ejercicio de la acción cambiaria directa sobre pago de pesos y otras prestaciones promovió ********************, endosataria en procuración de la persona moral denominada ********************, frente a ******************** y ********************, en virtud de que el acto reclamado no es de aquellos que conforme a la Ley de Amparo puedan recurrirse en la vía de amparo indirecto y se ordenó remitir al Tribunal Colegiado en Materia Civil, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, una vez que causara estado el auto por el cual se desechó parcialmente la demanda de derechos fundamentales promovida por ********************; lo cual ya aconteció. SE REMITE EXPEDIENTE AL TRIBUNAL COLEGIADO. Atento lo anterior y como está ordenado en proveído de ******************** de la anualidad que corre, remítase el presente asunto, así como las copias del escrito inicial de demanda que la parte quejosa exhibió junto a dicho libelo y las relativas al ocurso aclaratorio de demanda, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, en turno, para el efecto de que informe a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, si acepta o no la competencia declinada en su favor, respecto del acto reclamado por ********************, consistente, como ya se dijo, en la sentencia emitida el ********************, dentro del citado juicio ejecutivo mercantil número ********************, descrito en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE; y mediante oficio a la Superioridad indicada.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de abril de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN. Se tiene por recibido el escrito de cuenta suscrito por el representante común de la parte quejosa J. Ángel Ledesma Bernal, por medio del cual desahoga la prevención que se le formuló en proveído de veinticuatro de marzo del año en curso y al efecto manifiesta lo siguiente: 1. Por lo que ve al quejoso José Plancarte Ochoa, reclama en la presente instancia constitucional la falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil número 253/2021, del índice de la autoridad responsable, que en ejercicio de la acción cambiaria directa sobre pago de pesos y otras prestaciones promovió Tania Anabel Morales Zambrano, endosataria en procuración de la persona moral denominada Caja Popular Los Reyes S.C. de A.P. de R.L. de C.V., frente a J. Ángel Ledesma Bernal y José Plancarte Ochoa. Asimismo, respecto del diverso quejoso J. Ángel Ledesma Bernal, reclama la sentencia de trece de enero de dos mil veintitrés, dictada en el referido juicio ejecutivo mercantil número 253/2021, descrito con antelación. 2. Con relación al segundo punto preventivo, el promovente manifiesta que el quejoso José Plancarte Ochoa no compareció al juicio de origen en virtud de que no fue emplazado al mismo porque la parte actora desistió de la demanda enderazada en su contra. 3. Respecto del tercer punto de prevención, el representante común de la parte quejosa refiere que tuvieron conocimiento de los actos reclamados el nueve de marzo del año en curso. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, del análisis sistemático de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama, por lo que ve al quejoso José Plancarte Ochoa, la falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil número 253/2021, descrito en párrafos que anteceden. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que quien resuelve, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DESECHAMIENTO PARCIAL. Bajo esa óptica, este órgano jurisdiccional determina que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el ordinal 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por lo que la misma se desecha de plano al no afectar los intereses jurídicos o legítimos del quejoso José Plancarte Ochoa. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el artículo 5°, fracción I de la propia legislación, que establece, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Un presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo es que la parte quejosa demuestre su interés jurídico o legítimo para reclamar el acto de autoridad. El interés jurídico se identifica como el derecho derivado de una norma objetiva que se concreta en un sujeto, quien, por tanto, tiene potestad de exigencia oponible a las autoridades, dado el caso que éstas emitan actos o incurran en omisiones que lo afecten. Las condiciones para que exista el interés jurídico son: a) Que el quejoso sea titular de un derecho subjetivo, entendido como la facultad que otorga una norma de exigir a una persona una conducta positiva o negativa, y b) Que exista un acto de autoridad que lesione tal derecho. Entonces, si el quejoso carece de un derecho subjetivo, la autoridad no podrá dañarlo, mientras que si cuenta con el derecho, pero el acto de autoridad no lo lesiona directamente, tampoco tendrá el interés jurídico necesario para promover juicio de amparo indirecto. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 35 de la Gaceta número 60 del Semanario Judicial de la Federación, que dice "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO" De acuerdo con la reforma a los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y en vigor a partir del cuatro de octubre del mismo año, se amplió el concepto de interés de parte agraviada bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de amparo, pues se incorporaron los conceptos de interés legítimo individual o colectivo para promover la acción contra actos que se dice violan derechos reconocidos por la Constitución, y que con ello se afecte la esfera jurídica del individuo, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Esta ampliación al concepto de parte agraviada quedó limitada en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional, al consignar que tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe acreditar que es titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, lo que implica la demostración del interés jurídico. En este supuesto se ubica la quejosa, por tanto, la procedencia del juicio de amparo dependerá de que acredite su interés jurídico, en términos de la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia. Sobre este punto, los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De las disposiciones deriva el principio conocido como agravio personal y directo, que implica que el juicio de amparo contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto de autoridad. De tal regla se sigue que quien solicita la protección de la justicia federal debe acreditar que el acto que reclama conculca alguno de los derechos que en su favor tutela el orden jurídico, pues, de no hacerlo, el juicio resultará improcedente de acuerdo con el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, lo que dará lugar a su sobreseimiento. En el caso, José Plancarte Ochoa, carece de interés jurídico para ocurrir a la presente instancia constitucional, pues el hecho de que no haya sido llamado al juicio de origen en el cual, aun y cuando en un inicio haya sido parte demandada, lo cierto es que la parte actora desistió de la demanda entablada en su contra y, por ende, no se le llamó a juicio, de ahí que la tramitación y posterior resolución definitiva del juicio de origen no afecta la esfera de derechos del inconforme, pues al haber desistido la parte actora de la demanda instaurada contra el referido quejoso, éste carece de interés jurídico para instar la presente instancia constitucional en los términos que plantea. Consecuentemente, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona respecto de los actos indicados y, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO únicamente por lo que ve al quejoso José Plancarte Ochoa. Cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del impetrante de amparo o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de los solicitantes de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este Juzgado federal. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Consecuentemente, al actualizarse las hipótesis previstas en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, así como los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda únicamente respecto del acto reclamado por el quejoso José Plancarte Ochoa. Sin que la anterior determinación se considere denegación de justicia, porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita la legitimación de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, por similitud de razón, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. INCOMPETENCIA. Ahora, por lo que ve al acto reclamado por el diverso quejoso J. Ángel Ledesma Bernal, consistente en la sentencia de trece de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil número 253/2021, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, que en ejercicio de la acción cambiaria directa sobre pago de pesos y otras prestaciones promovió la licenciada Tania Anabel Morales Zambrano, endosataria en procuración de la persona moral denominada Caja Popular Los Reyes S.C. de A.P. de R.L. de C.V., frente a J. Ángel Ledesma Bernal y José Plancarte Ochoa, este Juzgado es legalmente incompetente para conocer de la misma, por las razones siguientes: Los artículos 170 fracción I y 179 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)" "Artículo 179. El presidente del tribunal colegiado de circuito deberá resolver en el plazo de tres días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia." Ahora, de los preceptos invocados se aprecia que contra las resoluciones que pongan fin al juicio, procede el amparo directo del cual es competente para conocer un Tribunal Colegiado de Circuito. En la especie, el acto reclamado consiste en la resolución de trece de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 253/2021 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo; por tanto, este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer de la respectiva demanda y se ordena remitirla al Tribunal Colegiado en Materia Civil, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán, al reclamarse una resolución que pone fin al juicio. En efecto, el artículo 49 de la Ley de Amparo dispone que, cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos expresados en el precepto 44, se declarará incompetente de plano y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Así, los artículos 44 y 158 de dicha legislación, establecen que es procedente el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio. Por su parte el artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone que cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la calificación de éste por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia. En ese entendido, es inconcuso que en la especie no procede el amparo indirecto, en contra de la determinación de trece de enero de dos mil veintitrés, en que la autoridad responsable declaró procedente la acción cambiaria directa que en la vía ejecutiva mercantil ejerció Caja Popular Los Reyes, S.A. de A.P. de R.L. de C.V. a través de su endosataria en procuración frente al aquí quejoso J. Ángel Ledesma Bernal, a quien condenó al pago de las prestaciones reclamadas por su contraria; de ahí que, de conformidad con el Acuerdo General 8/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica entre otros el Acuerdo General 3/2013, relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, declara carecer de competencia legal para conocer de la referida demanda, por lo que a tal acto de autoridad se refiere, y se estima que quien debe conocer de su contenido, lo es el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán. Tesis: P./J. 6/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2008791 12 de 67 Pleno Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Pag. 95 Jurisprudencia(Común) "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, por lo que al desechamiento descrito en párrafos que anteceden, remítase la demanda junto con las correspondientes copias, así como anexos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en la capital del Estado; fórmese cuaderno de antecedentes. De igual forma, solicítese de la manera más atenta, a la superioridad informe a este juzgado sobre la determinación que en el particular emita, respecto de la competencia que se declina en su favor; asimismo, se ordene a quien corresponda, acuse el recibo de estilo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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