J. Alejandro Hornedo González

Expediente 998/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
998/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • J. Alejandro Hornedo González

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto de este índice; atento a las constancias que remite, se tiene notificada a la parte quejosa. Dese de baja la referida comunicación en el libro de gobierno respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto de dos de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por J. Alejandro Hornedo González y/o Alejandro Hornedo González, sin que lo haya hecho. En esa medida, se declara que la resolución en cuestión ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Por otro lado, en autos obra documental exhibida por el promovente; en esa medida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General citado, requiérasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicho documento, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, será destruida. En la inteligencia de que, deberá generar el código QR correspondiente, a fin de comparecer debidamente identificado a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos; lo que se realiza en la dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. -

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por J. Alejandro Hornedo González y/o Alejandro Hornedo González,, contra actos de la Dirección de Catastro y Predial de San Miguel de Allende, Guanajuato; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 998/2022-VIII. Desechamiento. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Apoya a lo anterior la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En la especie, el promovente reclama la respuesta emitida por la Directora de Catastro y Predial de San Miguel de Allende, Guanajuato, mediante oficio DCyP-0870/06/202, de trece de junio de dos mil veintidós, en el cual contestó en sentido adverso su petición formulada en el escrito presentado el tres de ese mes y año, consistente en que se le otorgara acceso al plano manzanero del rancho "El Atascadero" y se le proporcionara la localización del lote cuarenta y ocho del mismo, el cual cuenta con folio real R3*5580 y cuenta predial 02G000695001. Al respecto, este juzgado advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". El principio de definitividad del juicio de amparo que contiene la fracción transcrita, consiste en la obligación del quejoso de observar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección constitucional. La previsión normativa contiene la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra aquellas resoluciones dictadas por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban revisarse de oficio o contra las que proceda algún recurso, juicio o medio de defensa, con el cual puedan modificarse, revocarse o anularse. Dicho principio procesal del juicio de amparo, deriva del contenido de la fracción IV del artículo 107 constitucional, que dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]" El principio de definitividad admite excepciones: La primera de ellas, exime al solicitante de amparo de agotarlo cuando, con la interposición del recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no pueda obtenerse, con la misma facilidad que le brinda la Ley de Amparo, la suspensión de los actos reclamados. La segunda se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Sentado lo anterior, se estima que el acto reclamado por el quejoso es susceptible de impugnarse mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato o ante el Juzgado Administrativo Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, en términos de los artículos 4, fracción I, y 7, fracción I, inciso a, de la Ley Orgánica del Tribunal Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; 234 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 132 y 249 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que disponen: a) Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato "Artículo 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato tiene a su cargo: (.) I. Dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los particulares;" "Artículo 7. Las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato serán competentes para conocer: I. En primera instancia: (.) a) Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares;" b) Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Artículo 243. (.) Los actos y resoluciones administrativas dictadas por el presidente municipal y por las dependencias y entidades de la administración pública municipal podrán ser impugnados optativamente ante los juzgados administrativos municipales o ante el Tribunal de Justicia Administrativa, cuando afecten intereses de los particulares. Ejercida la acción ante cualquiera de ellos, no se podrá impugnar ante el otro el mismo acto. c) Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Artículo 132. El procedimiento administrativo persigue la tutela de los derechos subjetivos y los intereses jurídicos de los particulares, así como la protección de la legalidad y la justicia en el funcionamiento de la administración pública del Estado de Guanajuato y de sus municipios. Artículo 249. Los procesos administrativos que se promuevan ante el Tribunal o los Juzgados se regirán por las disposiciones de los Libros Primero y Tercero de este Código. Ahora bien, los artículos 268 al 278 del citado código administrativo, prevén la posibilidad de que se suspendan los efectos del acto reclamado (sin prejuzgar sobre su procedencia), sin mayores requisitos de los que impone el artículo 128 de la Ley de Amparo. Tales preceptos establecen: "Artículo 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda por escrito o en el juicio en línea, o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción." "Artículo 269. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deje sin materia el proceso administrativo." "Artículo 270. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el proceso administrativo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos no estimables en dinero, el juzgador que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía." "Artículo 271. El auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor, dentro de los cinco días siguientes, no otorga la garantía establecida." "Artículo 272. La suspensión otorgada conforme a los artículos anteriores, quedará sin efectos si el tercero da, a su vez, caución suficiente para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente los gastos legales que acredite el actor haber hecho para constituir la garantía. No se admitirá contragarantía cuando el levantamiento de la suspensión implique dejar sin materia el proceso administrativo." "Artículo 273. Para el cumplimiento de la suspensión, el Tribunal o Juzgado, podrán hacer uso de los medios de apremio mencionados en el artículo 27 de este Código, siendo aplicable además, en lo conducente, lo dispuesto por este Libro para el cumplimiento y ejecución de sentencias." "Artículo 274. Cuando se presuma la afectación al orden público o al interés social, el juzgador podrá solicitar a la autoridad emisora del acto o resolución impugnado un informe, y en tal caso, podrá conceder la suspensión provisional en tanto decide si se afecta el orden público o el interés social. El juzgador que haya concedido la suspensión provisional, podrá dejarla sin efectos, cuando se compruebe que con la misma se cause perjuicio al orden público o al interés social; así como en los casos de contragarantía otorgada por el tercero." "Artículo 275. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios únicamente cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión a que se refiere este artículo procede de oficio y se concederá de plano." "Artículo 276. Tratándose de asuntos de carácter fiscal, se concederá la suspensión, si quien la solicita garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes contados a partir del día en que se solicitó la suspensión, ante las oficinas exactoras correspondientes, en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente. El juzgador podrá conceder la suspensión, sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento cincuenta el salario mínimo general diario vigente en el Estado de Guanajuato. El auto que dispense el otorgamiento de la garantía no será recurrible." "Artículo 277. Cuando los actos o resoluciones materia de impugnación hubieren sido ejecutados a particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, debiendo éstos acreditar tal circunstancia aportando medios de convicción, y entre tanto se pronuncia la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor. Dichas medidas podrán dictarse de plano." "Artículo 278. La suspensión podrá ser revocada por el juzgador en cualquier momento del proceso administrativo, si existe un cambio de la situación jurídica bajo la cual se otorgó, oyéndose previamente a los interesados de oficio o a petición de parte." De lo transcrito se advierte que la regulación de la suspensión del acto impugnado contempla: a) El actor puede solicitar la suspensión desde su demanda o en cualquier momento del proceso, hasta antes de que se declare ejecutoriada la sentencia. b) Exige otorgar garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causen al tercero con la suspensión del acto, si no se obtiene sentencia favorable. c) La suspensión surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el actor no otorga la garantía señalada dentro de los cinco días siguientes (disposición similar a la contenida en el artículo 136 de la Ley de Amparo). d) No es procedente la medida cautelar cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público (disposición similar a la contenida en el artículo 128, fracción II de la ley de la materia). e) En asuntos de carácter administrativo, se concederá la suspensión con el requisito de garantizar el interés fiscal en cualquiera de las formas legales, dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, mientras que el artículo 135 la Ley de Amparo (respecto de cobro de contribuciones y aprovechamientos) supedita los efectos de la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes. Por su parte, los artículos del 128, 130, 131, 132, 135, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo, en lo atinente a la suspensión de los actos reclamados, establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. [.] Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Artículo 137. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios estarán exentos de otorgar las garantías que esta Ley exige. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De ahí que no sean mayores los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato para la procedencia de la suspensión del acto impugnado, que los prescritos en la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página 1536, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, del tenor: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGANDA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." En cuanto a la segunda de las excepciones que se establece en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo para determinar la obligación de observar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo, existe cuando se reclaman actos carentes de toda fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Tal disposición opera en aquellos casos en que el juzgador tenga la convicción de que, realmente, la ausencia total de fundamento del acto combatido impidió al quejoso desplegar adecuadamente su defensa. Se expone tal aserto en atención a que la previsión de que se trata tiende a facilitar la procedencia del amparo, sin necesidad de agotar recursos ordinarios, ante una eventual violación a la garantía de seguridad jurídica del particular generada por la incertidumbre que le pudiera acarrear el desconocer el fundamento en que se apoya la actuación de la autoridad; por virtud de dicha prerrogativa legal, todo gobernado que se vea afectado por un acto gubernativo, debe conocer, puntualmente, el sustento jurídico en que aquél encuentra soporte, certidumbre que, en su caso, lo colocará en aptitud de desarrollar lo más adecuadamente posible su defensa. Sobre esa base, se justifica que ante un acto aislado de la autoridad administrativa que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, carente de total fundamentación, el quejoso no se encuentre obligado a agotar el recurso o medio de defensa ordinario procedente porque no sabe, a ciencia cierta, qué ley es aplicable y, en esa medida, qué medio de defensa intentar. La anterior hipótesis no se actualiza en este caso, pues del contenido del oficio DCyP-0870/06/202, signado por la Directora de Catastro y Predial de San Miguel de Allende, Guanajuato, se aprecia que la responsable dio respuesta a la petición formulada por el promovente mediante escrito de tres de junio de dos mil veintidós, en los términos siguientes: En atención a su escrito recibido en esta Dirección de Catastro y Predial, el día 03 de junio de 2022, bajo número de folio 0005518, mediante el cual solicita ". acceso al plano plano manzanero de 1951 y/o posterior del Rancho "El Atascadero" y, me proporcione la localización del lote 48, del Rancho antes mencionado ."; con fundamento en lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 130 fracciones XVI y XX, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 15 inciso C), 16, 18 ,19 y 170 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; me permito indicar a usted lo siguiente: Que, de acuerdo con la información que obra en la base de datos y archivo de esta Dirección de Catastro y Predial, no fue posible localizar el lote número 48, en el Rancho El Atascadero, en esta ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. (.) Por tanto, el acto reclamado no carece de fundamentación. De ese modo, el promovente no se encuentra relevado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los medios de defensa que estatuye la ley ordinaria. De lo contrario imperaría el arbitrio del promovente, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podría optar entre agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca o acudir directamente al juicio de amparo, lo que desde luego no es admisible en el juicio constitucional, por lo que está obligado a agotar los medios de defensa que estatuye la ley ordinaria antes de acudir al juicio de amparo. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, el quejoso debió impugnar el acto reclamado, optativamente, ante el Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa o ante el Juzgado Administrativo Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato y, de esta forma, cumplir con el principio de definitividad para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Lo anterior, sin que obste que el quejoso acude a esta instancia constitucional porque considera que el acto de autoridad infringió sus derechos de petición y de acceso a la información, empero, dado que en el caso sí obtuvo una respuesta a su solicitud, debió hacer valer su inconformidad con lo ahí sustentado a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato o ante el Juzgado Administrativo Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, previo a instar el juicio de amparo. Del mismo modo, el quejoso tampoco se coloca en un supuesto de excepción para agotar los medios de defensa ordinarios a su alcance por alegar violaciones directas a la Constitución, pues si bien a primera vista no refiere que el acto de autoridad contraviene algún dispositivo legal específico, sus planteamientos denotan la conculcación al principio de legalidad que rige las funciones de la autoridad responsable, como parte de la administración pública. Según se obtiene de su razonamiento atinente a que la responsable se encuentra legalmente obligada a contar en su base de datos con la información solicitada, en virtud de que el inmueble de mérito tiene asignada una cuenta predial y se han erogados los impuestos relativos. Así, aunque no enuncia explícitamente que la responsable infringe el marco legal, propiamente aduce que el acto reclamado no se emitió con apego a la legalidad y ahí que en la especie argumente una violación indirecta a la Constitución. En virtud de lo expuesto, ante la actualización de forma manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de dicha legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por J. Alejandro Hornedo Gonzalez y/o Alejandro Hornedo González.

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