J. A. de J. R. C.
Expediente 909/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- J. A. de J. R. C.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el proveído por el cual se DESECHÓ la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, tomando en consideración que no existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 20, fracción IV del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se DESECHÓ la demanda de amparo. Lo anterior, pues el presente asunto no es de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 20 antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Alejandro de Jesús Ramírez, en representación de su menor hijo de iniciales J.A.J.R.C., contra actos del Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y otras autoridades. En consecuencia, regístrese bajo el número 909/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, fórmese el expediente electrónico e impreso. Conviene precisar que en el presente asunto se omitirán aquellos datos que pudieran identificar al menor quejoso, acorde con lo establecido por la Convención Sobre Derechos del Niño, el artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el numeral 6° del Capítulo III "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores" del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes". Desechamiento. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es de citarse, en lo conducente, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama en forma esencial al Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y otras autoridades: - El oficio PJEO/CJ/DA/URH/1733/2023 de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se ordenó el cambio de adscripción de su progenitora Lizbeth Cruz Reyes del Juzgado de Control de Huajuapan de León al diverso Juzgado de Control de Putla, Oaxaca, con efectos a partir del treinta de agosto del año en curso, con su mismo cargo y funciones. Al efecto, este órgano de control constitucional advierte que en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no se genera en la parte quejosa una afectación a su esfera jurídica. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" El citado precepto en primer término dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecta el interés jurídico o legítimo del menor quejos o cuando se promueve contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, el numeral 5° de dicho ordenamiento señala que la norma, acto u omisión reclamados deben producir una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 107, fracción I, constitucional, prevé uno de los principios rectores del juicio de amparo consistente en que dicha acción únicamente procede a instancia de "parte agraviada", lo que se traduce en que la norma o el acto reclamado debe generar una afectación a un interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la diferencia entre el interés jurídico y el legítimo; ha determinado que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Asimismo, el Máximo Tribunal manifestó que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, registro digital 2019456, que dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Por tanto, la procedencia del juicio de amparo se encuentra condicionada a que el acto reclamado afecte los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Dicha necesidad de la existencia de un agravio, deriva de que el amparo, en caso de ser otorgado, debe tener un efecto práctico que se refleje en la esfera de derechos de la parte quejosa. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que los actos reclamados no inciden en algún derecho subjetivo público del menor de iniciales J.A.J.R.C.; de ahí que éste no cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo. Se afirma así, porque el cambio de adscripción que reclama de la servidora pública Lizbeth Cruz Reyes, madre del infante quejoso, sólo atañe a ésta y a las autoridades encargadas de emitir esa determinación, dada la relación que existe entre ellos, por lo que tal situación no tiene repercusión directa en la esfera jurídica del menor quejoso habida cuenta de que no se pone en riesgo los derechos que la ley le reconoce, como la filiación, los alimentos, el ejercicio de la patria potestad, la guarda y custodia, la convivencia con sus padres, el derecho a heredar, entre otros, pues en ningún momento se está decidiendo respecto de esos tópicos. En efecto, en el caso a estudio, de la demanda de amparo se advierte que el niño quejoso aduce que el cambio de adscripción de su madre afectara en su entorno familiar. Sin embargo, este juzgado no advierte que el cambio de residencia de la madre del menor, con motivo del cambio de adscripción, afecte en forma directa la titularidad de algún derecho protegido por la ley a favor del mismo, toda vez que éste puede seguir gozando de su derecho humano a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, y social, al lado de su progenitora conviviendo con ella en su nueva adscripción, pues de los actos que reclama en su demanda no se aprecia ninguno que tenga por objeto privarlo de esa convivencia, o que se le privará de cualquier otro derecho propio de la niñez. Sostener lo contrario, conllevaría al extremo de que bastaría involucrar a menores de edad, para que cualquier persona alcance una pretensión, como es suspender los efectos del oficio PJEO/CJ/DA/URH/1733/2023 de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, a través del cual el Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, comunica a la madre del aquí quejoso su cambio de adscripción del Juzgado de Control de Huajuapan de León al diverso Juzgado de Control de Putla, Oaxaca, con efectos a partir del treinta de agosto del año en curso, con su mismo cargo y funciones, lo cual tiene su origen en la relación laboral que la promovente sostiene con las responsables en su carácter de patrón equiparado (Tribunal Superior de Justicia del Estado); y no una orden de cambio de adscripción dirigida al menor quejoso. En ese sentido, lo anterior no constituye un desconocimiento al interés superior de la niñez, pues si bien la función de dicho principio se erige como un deber jurídico de las autoridades para efectivizar los derechos de la infancia, también lo es que su alcance deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso. Al respecto, sirve de apoyo, porque se comparte el criterio, la tesis aislada XXVII.3o.127 K (10a.)13, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, página 3075, registro digital: 2017248 de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y PRINCIPIO PRO PERSONA. EL ALCANCE DE LA APLICACIÓN DE AMBOS PRINCIPIOS DEBE FIJARSE SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO Y NO PODRÁ, POR SÍ MISMO, IMPLICAR EL RECONOCIMIENTO DE UN DERECHO NO PROBADO, NI LA EXCLUSIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia normativa constitucional y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que se favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de esos derechos a partir del principio pro persona, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria. Por su parte, el párrafo noveno del numeral 4o. constitucional establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Ahora bien, de la aplicación de estas directrices -principio pro persona e interés superior de la niñez-, no deriva necesariamente que las cuestiones relacionadas con la desposesión de un inmueble, planteadas en el juicio de amparo deban resolverse favorablemente cuando la quejosa alega que tiene a su cargo un menor, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que esos principios no permiten al juzgador de amparo constituir derechos a favor del infante o eximir a los padres de obligaciones contraídas con terceros, beneficiándolos con interpretaciones más favorables, cuando éstas no encuentran ningún sustento legal. Esto es, el Juez no debe extender o hacer una generalización indebida del interés superior del niño y del principio pro persona, sino que el alcance de su aplicación deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no podrá, por sí mismo, implicar el reconocimiento de un derecho no probado ni la exclusión de los derechos de terceros." De igual manera, a juicio de este órgano jurisdiccional el menor quejoso tampoco cuenta con interés legítimo para acudir al juicio de derechos fundamentales, puesto que no se encuentra una situación especial frente a los actos reclamados. En efecto, de su demanda de amparo y documentos adjuntos a la misma se ponen de manifiesto que el menor quejoso, no guarda ningún tipo de relación jurídica con las autoridades responsables, y por ello, no es jurídicamente dable que a través de un amparo promovido por el menor quejoso se pueda constituir el derecho a la inmovilidad en el entorno laboral de su progenitora. Así, tal infante no guarda alguna situación especial o cualificada frente al empleo y cambio de adscripción de su madre, pues es totalmente ajeno a la relación entre ésta última y las autoridades responsables y, por ende, en su caso, la eventual ventaja que se podría obtener a través de una hipotética concesión del amparo redundaría precisamente en la madre del menor, pero no en el infante quejoso; de ahí que, se enfatiza que, a juicio de este órgano jurisdiccional el menor quejoso no cuenta con interés jurídico ni legitimo en el caso justiciable. Aún más, no debe perderse de vista que conforme a la doctrina del Alto Tribunal, por lo que respecta al interés legítimo se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y la pertenencia del quejoso a dicha colectividad; sin embargo, en el caso a estudio los actos reclamados no afectan un interés difuso en perjuicio de una colectividad a la que el menor pertenezca, sino que, se subraya, dichos actos atañen únicamente a la progenitora del infante y a las autoridades responsables, en los términos que se han expuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que expone, la tesis aislada 1a. CXXIII/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, página 559, registro digital: 2004088 de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo - noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 5o., ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Alejandro de Jesús Ramírez, en representación de su menor hijo de iniciales J.A.J.R.C. Al respecto se considera aplicable la jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.), de rubro: "DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE"; y en el caso, el cambio de adscripción de su progenitora, no afecta derechos sustantivos, a consideración de esta juzgadora no se advierte riesgo o peligro en la integridad y desarrollo del niño, al contrario se sigue garantizando al menor el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos; y como consecuencia, tiene una protección integral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º constitucional y 3, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ruth González Carpio y Francisco Lescas, toda vez que sí tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho el segundo en el Registro Nacional de Profesionistas. Domicilio (notificaciones electrónicas). Como lo solicita, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones a dicha parte se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación al usuario LIC.LESCAS está relacionado con el correo electrónico lesag10@hotmail.com; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo. Consulta del expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al usuario LIC.LESCAS está relacionado con el correo electrónico lesag10@hotmail.com, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Correo electrónico. De igual manera, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se toma nota del correo electrónico ruth.carpio@hotmail.com que proporciona, únicamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará al expediente. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa -vía electrónica- y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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