Iyolexi Naranjo Silva
Expediente 26/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Iyolexi Naranjo Silva
- Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Cinco
- Rosalio Pérez Ramírez
- Representante Local Noreste del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua residentes en Chihuahua capital, y turnado al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua el mismo día, la parte quejosa de referencia, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO NÚMERO CINCO; residente en Chihuahua, Chihuahua, a quien reclamo: ********************"ACTO RECLAMADO: ********************La resolución definitiva dictada con fecha 24 de enero de 2023, que me fue notificada el 21 de febrero de 2023, por virtud de la cual no se califica de legal el convenio suscrito entre ROSALÍO PÉREZ RAMÍREZ (parte actora en el juicio natural) y los integrantes del Comisariado Ejidal del Ejido Casas Grandes, Municipio de Casas Grandes, Chih., de fecha 12 de noviembre de 2021 y se ordena la continuación del procedimiento".****************************************SEGUNDO. El diez de marzo de dos mil veintitrés, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda de amparo en los términos que allí le fueron precisados, por lo que, desahogada que fue la prevención en os términos indicados en tiempo y forma, por auto de fecha veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda de tutela constitucional promovida por Rosalío Pérez Ramírez, teniendo que fue registrada con el número 629/2023; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó dar la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita quien no formuló pedimento; finalmente, se citó a las partes a la audiencia constitucional. ********************TERCERO. Cumplidos los requisitos legales, se inició la audiencia constitucional a las diez horas con siete minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. ********************CUARTO. Mediante proveído de seis de junio de dos mil veintitrés, en cumplimiento al punto de acuerdo 113/202, relativo al envió de remesa para el auxilio en el dictado de sentencias entre los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, así como atendiendo al contenido del oficio SECNO/STCCNO/584/2023, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se tuvo por recibido vía electrónica por medio de la vinculación respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el juicio de amparo 629/2023, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, para el auxilio en el dictado de la sentencia correspondiente, ordenándose para tal efecto realizar la vinculación de los expedientes a través del referido sistema, así como registrándose como cuaderno auxiliar 33/2023; por lo que, ********************C O N S I D E R A N D O: ********************PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37, 107 y demás relativos de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el oficio SECNO/STCCNO/1298/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la ciudad de México. Cabe aclarar que la competencia de este Juzgado de Distrito, es exclusivamente la de resolver, los asuntos remitidos por el órgano jurisdiccional auxiliado, por lo que carece de facultades para analizar o calificar el trámite, seguido en el juicio de amparo; máxime que ya se celebró la audiencia constitucional en el mismo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el acuerdo 113/2023 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la ciudad de México; además, como se dijo, la presente sentencia se emite en términos del citado oficio, tomando como punto de partida y referencia documental, el expediente electrónico remitido por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital; es decir, con las constancias que integran el expediente electrónico. ********************Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 107/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: ********************"ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA. Conforme a la facultad derivada del artículo 94, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos generales mediante los cuales creó órganos jurisdiccionales auxiliares, encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de sentencias en los lugares con alta carga de trabajo. De lo anterior se concluye que los órganos jurisdiccionales auxiliares tienen una competencia restringida, es decir, no abierta al turno ordinario de los asuntos, por lo que no pueden declararse incompetentes y negarse a conocer de los remitidos para su resolución, dado que su actuar se rige por el acuerdo general correspondiente y, por ende, su competencia está circunscrita a dictar sentencia en los expedientes remitidos por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, como expresión pura de la facultad que a este órgano le confiere la Constitución General de la República; de ahí que sea inaplicable el Acuerdo General 48/2008, relativo al turno de los asuntos mediante el sistema de relación, en atención al principio jurídico de que la norma especial se aplica sobre la general." ****************************************SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. ********************Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía.******************** Al respecto, cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917, Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, que dice: ********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". ********************Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". ****************************************Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que la parte quejosa reclama lo siguiente:********************"La resolución definitiva dictada con fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, que me le notificada a la parte quejosa el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, por virtud de la cual no se calificó de legal el convenio suscrito entre ROSALIO PEREZ RAMIREZ (parte actora en el juicio natural) y los integrantes del Comisariado Ejidal del Ejido Casas Grandes, Municipio de Casas Grandes, Chihuahua, de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno y se ordena la continuación del procedimiento".****************************************Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte aquí quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. ********************TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Se procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Son ciertos los actos reclamados, dado el así lo manifestó el MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO NÚMERO CINCO; residente en Chihuahua, Chihuahua, al rendir su informe justificado, conviene en la existencia de los actos reclamados, invoca causal de improcedencia y expresa que no se violaron las garantías y derechos humanos del peticionario del amparo. Además, acompaña por separado un tomo de pruebas que remitió, respecto del juicio agrario 925/2019, del que emanan los actos reclamados. ********************Documentales públicas las anteriores, cuyo valor probatorio es pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por remisión expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, en tanto se trata de reproducciones autorizadas de actuaciones judiciales, expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones y en las que obran los actos reclamados.********************Sirve de apoyo la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época. Registro 917812, Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Materia Común, consultable en la página 231, del contenido siguiente: ********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. - Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto".******************** CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, lo procedente es analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. ********************La autoridad refiere que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada, a su vez, con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente:********************"Articulo 61.- El juicio de amparo es improcedente:********************(...)********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."********************"Articulo 107. El amparo indirecto procede:********************(...)********************V, Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."********************Que en el dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se establece que la improcedencia del juicio de amparo no solo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución, como en la legislación de amparo.********************Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico invocado, señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que México sea parte.********************AI respecto, primeramente, cabe señalar que fue criterio reiterado por los Tribunales Federales, que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposibles de restituir incluso en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate.********************Que, de acuerdo con la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación había establecido un criterio orientador, a fin de definir cuándo se está en presencia de actos dentro de juicio que sean de imposible reparación, y sobre el tema, determinó que también deben ser considerados como actos de imposible reparación aquellos, que sin afectar derechos sustantivos tutelados por las garantías individuales, constituyen violaciones procesales, que afecten en grado predominante o superior a las partes.********************Conforme a los criterios que llevaron al Máximo Tribunal a determinar la existencia de violaciones en grado predominante o superior, debe decirse que esa afectación exorbitante solo puede determinarse objetivamente al tomar en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia especifica en el procedimiento; así como los alcances vinculantes de la sentencia que llegare a conceder el amparo. De manera que, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación comenzó a admitir ciertos supuestos adicionales de procedencia del amparo indirecto dentro del juicio, siempre y cuando las consecuencias de los actos procesales afectaran a las partes en grado predominante o superior. ********************Cita el criterio del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable a página 10, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS". Y el diverso criterio jurisprudencial 37/2014, derivado de la contradicción de tesis 377/2013, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en sesión privada de veintidós de mayo del dos mil catorce, del rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)".********************Y enfatiza la autoridad responsable que atento a dicha jurisprudencia, la Corte consideró que conforme a la connotación de actos de "imposible reparación". establecida por el legislador en la Ley de Amparo vigente, no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia 4/2001, en tanto que el nuevo texto legal, no deja abierta la posibilidad de interpretación del concepto de actos de imposible reparación, de manera que en él se puedan incluir los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se trata de una violación procesal en grado predominante o superior; sino que, ello es incompatible con la connotación establecida en la ley, pues ésta establece que uno de los requisitos que caracterizan a los actos de imposible reparación es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que la lesión que ocasionan es de naturaleza "material", siendo esto último antagónico con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que dicho Tribunal Pleno había calificado, en el caso a que se refiere, a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.********************De modo que, considerando lo establecido en dicha Jurisprudencia, se concluye que actualmente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se debe partir de la definición que el legislador estableció en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y ponderar si los efectos o consecuencias que produce el acto reclamado revisten los requisitos previstos en la legislación, es decir sí la naturaleza de la violación afecta o no, materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forma parte.********************Y que en ese sentido contrario, a lo que duele el imperante del amparo, inherente a que no se aprobó el convenio sometido a consideración de este órgano jurisdiccional, dentro del expediente agrario indicado, no reúne las características de acto que sea de imposible reparación; porque no debe perderse de vista que tal determinación, por sí, no genera afectación alguna a sus derechos fundamentales, ni deja huella en su esfera jurídica, ello es así, toda vez que al continuarse con la secuela procesal del juicio agrario del cual deriva el acto reclamado, el ahora quejoso está en condiciones exhibir las pruebas que estime pertinentes a fin de que acredite los hechos y pretensiones de su demanda y en su caso, suponiendo sin conceder que en la sentencia definitiva que se emita en el presente asunto, no fuera favorable a los intereses del actor y aquí quejoso, podrá reclamarse a través del medio de defensa adecuado para ello.********************Sin embargo, este resolutor considera que, en la especie, no se encuentra fehacientemente demostrada la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable, pues, por un lado, debe destacarse que en materia agraria debe suplirse la queja deficiente en favor de los ejidatarios, comuneros, avecindados o quienes pretender tener esa calidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción IV, inciso b), de la Ley de Amparo, y además de que el diverso artículo 185, fracción VI, de la Ley Agraria dispone que en cualquier estado de la audiencia y, en todo caso, antes de pronunciarse el fallo, el tribunal de la materia exhortará a las partes a una composición amigable. Si se logra la avenencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el qué una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia ejecutoriada. En consecuencia, en el caso que nos ocupa concierne al dictado de una resolución en el juicio agrario que resuelve no calificar de legal ni aprobar el convenio celebrado y ratificado por las partes para concluirlo antes del dictado de la sentencia, y ordena la prosecución del procedimiento, por lo que, se ubica dentro de la categoría de actos de imposible reparación, reclamables en el amparo indirecto, pues esa desaprobación afecta materialmente el derecho fundamental a la administración de justicia pronta, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al impedir que el justiciable pueda hacer uso de una de las instituciones legales para terminar un proceso seguido ante un tribunal. ********************Sirve de apoyo en lo atingente, la Tesis Aislada XIV.P.A.4 A, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, Registro digital 2017655, Décima Época, Materias Común, Administrativa, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, consultable en la página 2582, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: ********************"ACUERDO DICTADO EN EL JUICIO AGRARIO QUE RESUELVE NO CALIFICAR DE LEGAL NI APROBAR EL CONVENIO CELEBRADO Y RATIFICADO POR LAS PARTES PARA CONCLUIRLO ANTICIPADAMENTE. CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN RECLAMABLE EN EL AMPARO INDIRECTO. Del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo se advierte que los actos emitidos en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o pro cedí mental, según se trate, al lesionar bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Por su parte, el artículo 185, fracción VI, de la Ley Agraria dispone que en cualquier estado de la audiencia y, en todo caso, antes de pronunciarse el fallo, el tribunal de la materia exhortará a las partes a una composición amigable. Si se logra la avenencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el qué una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia ejecutoriada. En consecuencia, el acuerdo dictado en el juicio agrario que resuelve no calificar de legal ni aprobar el convenio celebrado y ratificado por las partes para concluirlo antes del dictado de la sentencia, homologado con la figura del avenio, y ordena la prosecución del procedimiento, se ubica dentro de la categoría de actos de imposible reparación, reclamables en el amparo indirecto, pues esa desaprobación afecta materialmente el derecho fundamental a la administración de justicia pronta, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al impedir que el justiciable pueda hacer uso de una de las instituciones legales para terminar un proceso seguido ante un tribunal, en este caso, agrario, antes de que se dicte la sentencia; derecho fundamental que, evidentemente, tiene una naturaleza distinta a aquellos catalogados como formales o adjetivos, en razón de que la afectación de que se trata es actual y no depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio, pues desde el momento en que se impide dar curso al convenio conciliatorio propuesto por las partes y ratificado ante el órgano jurisdiccional para poner fin anticipadamente a la controversia en la que se encuentran inmersas, es necesario verificar si la autoridad responsable cumple o no con su obligación constitucional de impartir justicia pronta, la cual no se limita a obligar al juzgador a que desahogue todas las etapas de un juicio en los términos y plazos que establezcan las Leyes, sino también, a que vigile que un proceso jurisdiccional no dure más de lo estrictamente necesario".********************Lo resaltado es énfasis de este Juzgado.********************En otro aspecto, aun cuando dichos convenios deben de reunir determinadas características, requisitos y/o exigencias legales para su aprobación o desaprobación, involucran estudio y análisis del fondo del asunto. ******************** Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 135/200, de la Novena Época, Registro 187973, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XV, Enero de 2002, Materia Común, visible en la página 5, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: ********************"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". ********************Del mismo modo, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 102/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2009789, Décima Época, Materias Común, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 1151, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: ********************"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA AGRARIA. NO SÓLO PROCEDE A FAVOR DE EJIDATARIOS Y COMUNEROS EN PARTICULAR, SINO TAMBIÉN DE QUIENES BUSCAN EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS AGRARIOS. El espectro normativo protector creado en el ámbito del juicio de amparo en materia agraria, los diversos criterios que con un sentido social ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diversas integraciones y el marco jurídico sobre derechos humanos resguardado por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sirven de sustento para llevar a cabo una interpretación extensiva del artículo 79, fracción IV, inciso b), de la Ley de Amparo, que conduce a establecer que la procedencia de la suplencia de la queja deficiente a ejidatarios o comuneros no sólo procede para quienes tienen reconocido ese carácter o calidad, sino también para quienes pretenden que se les reconozcan sus derechos agrarios. Esto es, una de las finalidades de dicha institución legal es que más allá de las cuestiones técnicas que puedan presentarse en un asunto, se protejan los derechos de las personas que consideran les asiste ese carácter o calidad y no es, sino a través de la superación de las deficiencias de los argumentos plasmados en los conceptos de violación y en los agravios expuestos o de su omisión, que el juzgador puede tener certeza y resolver con razonada convicción lo que proceda; sin soslayar que la aplicación de la suplencia de la queja deficiente, en todos los casos, debe llevarse a cabo siempre y cuando cause beneficio a la parte quejosa o recurrente, en congruencia con su propia naturaleza jurídica. Lo anterior con independencia de que las partes quejosa y tercero interesada estén constituidas por personas que pretenden obtener el carácter o la calidad de ejidatarios o comuneros, ya que dentro de las finalidades primordiales de la tutela también está resolver, con conocimiento pleno la controversia, y no únicamente colocarlos en una situación de igualdad procesal durante la tramitación del juicio de amparo, de manera que en los casos en que quienes pretenden que se les reconozca el carácter o la calidad de ejidatarios o comuneros tengan, a su vez, el carácter de quejoso o tercero interesado, respectivamente, deberá suplirse la queja deficiente, sin que ello implique una asesoría técnico-jurídica en favor de una parte y en detrimento de otra".********************De allí que, por las mencionadas razones y argumentos debe desestimarse la casual de improcedencia invocada por la autoridad responsable de mérito. ********************QUINTO. Puntualizado lo anterior, y no advirtiendo de oficio, quien aquí resuelve, causa de improcedencia legal que se actualice, lo procedente es analizar y estudiar el fondo del asunto, conforme a los conceptos de violación hechos valer por la peticionaria de amparo, sin que sea el caso transcribirlos.********************Es aplicable la jurisprudencia 2a./J 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: ********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". ********************Para mejor comprensión del asunto, conviene precisar los antecedentes del juicio 629/2023, y que son: ********************1) Que con fecha dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, presentó ante la autoridad responsable demanda agraria, reclamando del ejido denominado Casas Grandes, Municipio de Casas Grandes, Chihuahua, a través de su Comisariado Ejidal, el otorgamiento de las siguientes prestaciones a saber:********************".A.- La nulidad parcial del Acta de Asamblea de Formalidades Especiales, celebrada con fecha 20 de julio de 2019, en la cual se acordó la delimitación destino y asignación de las tierras para el asentamiento humano y asignación y titulación de derechos sobre solares urbanos, sin respetar los derechos adquiridos que en la superficie en cuestión de 38- 32-54.50 hectáreas, me fueron previamente asignadas, mediante Acta de Asamblea celebrada con fecha 8 de junio de 2005, y que en la acta de asamblea cuya nulidad parcial se demanda, se dejaron "sin asignar".****************************************B.- El reconocimiento de los derechos adquiridos sobre el número de solares urbanos que resulten en dicha superficie, "sin asignar", y portante, se condene, a la asamblea general a su asignación a favor del suscrito.********************C.- Consecuentemente a la cancelación parcial y únicamente en lo que se refiere a superficie mencionada, de la inscripción, en la Delegación del Registro Agrario Nacional, del Acta de Asamblea de Formalidades Especiales celebrada con fecha 20 de julio de 2019, en vía de consecuencia.********************D.- En su oportunidad a la emisión de los títulos de propiedad de los solares urbanos que resulten de la superficie antes mencionada que más adelante se identifica". ****************************************2) Que en dicha demanda, se expuso como causa de pedir de la acción intentada, el hecho de que en Asamblea General extraordinaria de ejidatarios celebrada el 18 y 25 de junio de 2015, en su apartado de "reanudación de la Asamblea", se acordó reconocer al aquí quejoso como ejidatario del poblado Casas Grandes y ratificar la asignación a mi favor, por concepto de contra prestación por servicios prestados al ejido, una superficie total de 129-53-30 hectáreas, entre las que se encuentra la sección "Gacera", con una superficie de 38-32-54 hectáreas.********************Que se expuso que dicha superficie le fue asignada como contraprestación de servicios desde el año 1988 al año 2005, al haber tramitado los siguientes juicios restitutorios (LOS CUALES LOS DESCRIBE Y RESEÑA COMO IDENTIFICACIÓN Y SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI EN ESTA RESOLUCIÓN SE INSERTAREN).****************************************3) Expresa el quejoso que en virtud de la reticencia por parte del ejido para cumplir con lo acordado respecto de la contra-prestación, se vio en la necesidad de promover juicio agrario ante el Tribunal Unitario Agrario, bajo el expediente 442/2013, en el cual se dictó sentencia con fecha 24 de febrero de 2016 bajo el siguiente punto resolutivo:********************"PRIMERO.- Ha sido procedente la vía en que se tramitó el presente asunto, en que el Licenciado ROSALIO PEREZ RAMIREZ acreditó sus pretensiones, en ese sentido es procedente declarar que el antes mencionado tiene el carácter de ejidatario, en el poblado, Casas Grandes, Municipio de Casas Grandes, Estado de Chihuahua, a partir del veinticinco de junio de dos mil cinco, por ello, debe el núcleo agrario referido reconocer y respetar los derechos que le fueron transmitidos en la citada asamblea, respecto de las parcelas denominadas ISOLUX, Tecnológico, Gasera y Yonke, mismas que se encuentran medidas e identificadas en el hecho 4), del escrito inicial de demanda e identificadas conforme a las documentales visibles a los autos a fojas 68 a 72 y79..."****************************************4) Que en Asamblea de Formalidades Especiales celebrada el 3 de mayo de 2014, se acordó destinar como reserva de crecimiento las superficies restituidas al ejido por virtud de los juicios mencionados y en Asamblea de fecha 20 de julio de 2019 de ADDATE, en cuanto a la parcela denominada Gasera, con superficie de 38-32-54 hectáreas, lejos de asignarla a su favor, solo le asignaron 13 lotes, con una superficie aproximada 5-00-00 hectáreas, dejando "sin asignar", el resto de la superficie de dicha parcela que me fue dada en contra prestación, por lo que se vio en la necesidad de promover la demanda a que se refiere el juicio natural ante la autoridad responsable.********************5) Que en audiencia celebrada el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, comparecieron las partes ante la responsable, manifestando que se había arribado a un convenio conciliatorio con el fin de dar por terminada la presente controversia, solicitando su calificación, según el cual se le asignan 8 lotes de la manzana 216, con superficies de 2450 metros cuadrados de la Colonia Gacera así como dos lotes con superficies de 2290.683 metros cuadrados cada uno números 4 y 5 de la manzana 257, también de la colonia Gacera en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, requiriéndose a las partes involucradas para que se exhibiera el acta de asamblea general de ejidatarios en la cual se manifieste que se otorgan esos lotes a favor de ROSALÍO PÉREZ RAMÍREZ, para efecto de su calificación. Luego, después de haberse turnado el expediente para calificación del convenio y en su caso aprobación, se dictó resolución con fecha veinte de abril de dos mil veintidós, en la cual, no se aprobó dicho convenio por haberse omitido exhibir el Acta de Asamblea General que lo apruebe.********************6) Que posteriormente, en audiencia celebrada con fecha seis de diciembre de dos mi veintidós, se tuvo al ejido demandado exhibiendo el convenio conciliatorio; sin embargo, turnado que fue el expediente para la aprobación de dicho convenio, se dictó resolución el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en la cual, no se califica de legal el convenio glosado en autos, ordenándose continuar con el desahogo del procedimiento fijando la audiencia de Ley para las doce horas del veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. ********************7) Que la resolución dictada por la autoridad responsable, con fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, no se encuentra, debidamente fundada y motivada, resultando violatoria de las garantías de legalidad, audiencia, debido proceso y acceso a una tutela judicial efectiva previstas en los artículos 1,14, 16 y 17 de la Constitución Federal, motivos por los cuales el quejoso se vio en la necesidad de promover la demanda de garantías.********************SEXTO. Sentado lo anterior, la parte quejosa hace valer como conceptos de violación, que expresa en su demanda de amparo, los cuales no se transcribe en esta sentencia por no estimarse necesario para su estudio, máxime que no existe disposición legal que obligue a este juzgador a hacerlo. ********************Apoya lo considerado, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". ********************Sin embargo, para un mejor análisis y estudio del asunto, este juzgador estima conveniente destacar en forma sintetizada la causa de pedir de la parte quejosa, para determinar si la normativa reclamada respecto al tema es o no la aplicable al caso, destacando que los motivos de inconformidad son los siguientes: ********************A) Que la responsable relega, ignora y desdeña analizar, valorar y ponderar los hechos y pruebas señalados en la demanda inicial como antecedente, con los cuales se acredita que el derecho sustantivo del suscrito a los solares urbanos ejidales, no derivan de manera automática, ipso-facto, improvisadamente de la decisión del comisariado ejidal, sino que tiene su origen en primer lugar, en el Acta de Asamblea General extraordinaria celebrada con fechas 18 y 25 de junio de 2005, en que se acordó reconocer al suscrito como ejidatario del poblado Casas Grandes y ratificar la asignación a su favor en contra prestación por servicios prestados al ejido, de diversas superficies entre otras la denominada parcela, sección y/o colonia "Gacera", con una superficie de 38-32-54 hectáreas; en segundo, en la sentencia dictada por ese Tribunal con fecha 24 de febrero de 2016 el expediente 442/2013, del índice de ese Tribunal, en cuyo punto resolutivo primero se resolvió declarar que el quejoso tiene carácter de ejidatario condenando al ejido reconocer y respetar los derechos que le fueron transmitidos por la citada Asamblea en las parcelas Isolux, Tecnológico, Gasera y Yonke y por último en la aprobación por la Asamblea General celebrada con fecha 3 de diciembre de 2022, que fue exhibido como prueba de la parte demandada Ejido Casas Grandes en la audiencia de Ley celebrada el 6 de diciembre de 2022.********************Luego, que si bien es cierto que es a la Asamblea General del Ejido como Órgano Máximo de liberación, a quien asiste el derecho originariamente sobre las tierras ejidales, el Tribunal Agrario debió reconocer que dicho carácter de ejidatario le fueron asignadas, así como ratificado el convenio conciliatorio, amén de que judicialmente dicho Tribunal Agrario en la sentencia referida antes de la resolución aquí reclamada, aprobó la enajenación de las tierras ejidales de que se trata a favor del quejoso.********************B) Que ante la insuficiencia, deficiencia y franca ilegalidad en la resolución que no aprueba el convenio, se contravienen los principios de congruencia externa, por cuanto a que, la responsable en la resolución reclamada, se aparta de la Litis planteada por las partes, pues, mientras se le expuso desde la demanda inicial que el derecho agrario del actor tiene su origen en la Asamblea General y en una sentencia judicial, la responsable ignora en su resolución dichas resoluciones, así como su valor y alcance legales; igualmente, se le expuso que tengo reconocido el carácter de ejidatario del poblado de que se trata; sin embargo, en la sentencia al citar las diversas tesis que aplica para fundar su resolución señala que el ejido no puede ceder sus tierras a un tercero ajeno al núcleo de población, así como tampoco los ejidatarios y que el comisariado ejidal está legitimado para demandar la nulidad de una enajenación de esa naturaleza, cuando que, contrariamente no tengo el carácter de tercero ajeno, sino de ejidatario del poblado, lo cual obra acreditado con la documental pública que se anexo a la demanda inicial consistente en constancia expedida por la Delegación del Registro Agrario Nacional; igualmente no son un ejidatario o ejidatarios quienes me transmiten derechos agrarios y/o aprueban el convenio conciliatorio, sino es la Asamblea General, según quedo señalado con anterioridad, por lo que se incurre en violación al principio de congruencia tanto externa como interna en el fallo que se reclama, afectando mi esfera jurídica con dicha falta de fundamentación y motivación legal.********************Que consecuentemente, al haberse infringido por la autoridad responsable en la resolución que nos ocupa, la garantía de legalidad, no solo en cuanto a los principios de congruencia externa e interna que debe cumplir toda resolución judicial, cuanto, además, en cuanto a los principios de fundamentación y motivación legal, deberá ese H. Tribunal declarar fundado este concepto de violación, concediéndole el Amparo y Protección de la Justicia Federal para el efecto de que se deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar se emita una nueva en la que se declare la aprobación del convenio conciliatorio celebrado entre las partes.********************C) Que en el considerando CUARTO de la resolución que se reclama señala la responsable que no se cumplen en el convenio judicial con los elementos CUARTO Y QUINTO consistentes en que el convenio se licito y posible y por otra parte que cumpla con las formalidades establecidas en la Ley Agraria.********************Que dicha determinación no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues contrariamente, tenemos que, como, antes se expuso, no es el comisariado ejidal como órgano de representación del ejido quien le transmite los solares o tierras ejidales sino, la Asamblea General de Ejidatarios, la primera celebrada el 18 y 25 de junio de 2005 y la segunda al aprobar el convenio el 3 de diciembre de 2022, pero además, cuenta con la sanción de la propia responsable según se acredita con la sentencia dictada en el juicio agrario tramitado bajo el expediente número 442/2013. Bajo dicha, tesitura, de que si bien es cierto que las tierras ejidales pertenecen originariamente al núcleo agrario, el que puede disponer de ellas a través de su Asamblea General, así como cambiarlas de destino, en la especie fue en dichos términos que la Asamblea le transmite esos derechos, y de manera alguna el comisariado ejidal; pero además, se obliga a formalizar dicha transmisión a través de una Asamblea de ADDATE, para cumplir con los acuerdos de derechos y obligaciones contraídos con el quejoso, por lo cual, no existe ilicitud alguna en dichos actos y en dicho convenio, así como tampoco contravención a las formalidades que para enajenarme previene la Ley, pues será en una Asamblea especial en que se materialice la transmisión de derechos. ********************SÉPTIMO. Resultan infundados los conceptos de violación sintetizados como A), B), y C), por la parte quejosa, mismos que se analizan de manera conjunta.********************Tiene sustento lo precedente, en el criterio jurisprudencial (IV Región) 2o. J/5 (10a.), de la Décima Época, Registro 2011406, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, visible en la página 2018, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, el cual aparece bajo el siguiente rubro y texto: ********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso."****************************************A continuación, se destaca que contrariamente a lo argumentado por el peticionario del amparo, de la resolución reclamada se advierte que, la responsable, no ignora ni tampoco deja de observar y valorar, ponderando los antecedentes allegados al sumario por las partes, hechos y pruebas señalados en la demanda inicial, ni desconoce tampoco que se acredite el derecho sustantivo del suscrito a los solares urbanos ejidales, que dice el quejoso no derivan de manera automática, ipso-facto, de la decisión del comisariado ejidal, sino que tiene su origen en primer lugar, en el Acta de Asamblea General extraordinaria celebrada con fechas 18 y 25 de junio de 2005, en que se acordó reconocer al quejoso como ejidatario del poblado Casas Grandes y reconoce también la asignación a su favor en contra prestación por servicios prestados al ejido, de diversas superficies entre otras la denominada parcela, sección y/o colonia "Gacera", con una superficie de 38-32-54 hectáreas; sino que una vez reseñados los antecedentes allegados al sumario por las partes, hechos y pruebas, el Magistrado responsable se centra en examinar si se encuentran colmados o no los requisitos para su aprobación de convenio presentado durante la sustanciación del juicio agrario de origen 925/2019, tan es así que en la resolución reclamada, el Magistrado destaca dichos antecedentes hechos y pruebas de las partes a saber: ********************". I. Por escrito presentado ante este Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, ROSALÍO PÉREZ RAMÍREZ, demandó las siguientes: ********************"...PRESTACIONES. ********************SE CONDENE A LA ASAMBLEA GENERAL:********************A.- A la nulidad parcial del Acta de Asamblea de Formalidades Especiales, celebrada con fecha 20 de julio de 2019, en la cual se acordó la delimitación, destino y asignación de las tierras para el asentamiento humano y asignación y titulación de derechos sobre solares urbanos, sin respetar los derechos adquiridos que en la superficie en cuestión de 38-32-54.50 hectáreas, me fueron previamente asignadas, mediante Acta de Asamblea celebrada con fecha 8 de junio de 2005, y que en la acta de asamblea cuya nulidad parcial se demanda, se dejaron "sin asignar".********************B.- Al reconocimiento de los derechos adquiridos sobre el número de solares urbanos que resulten dicha superficie, "sin asignar", y, por tanto, se condene o la asamblea general a su asignación a favor del suscrito.********************C.- Consecuentemente a la cancelación parcial y únicamente en lo que se refiere a superficie mencionada, de la inscripción, en la Delegación del Registro Agrario Nacional, del Acta de Asamblea de Formalidades Especiales celebrada con fecha 20 de julio de 2019, en vía de consecuencia.********************D.- En su oportunidad a la emisión de los títulos de propiedad de los solares urbanos que resulten de la superficie antes mencionada que más adelante se identifica...".****************************************La parte actora fundó su demanda en los hechos visibles a fojas 2 a 6 de autos, los cuales por economía procesal y en aras de evitar repeticiones innecesarias, se reproducen como si a la letra se insertaran y más adelante serán debidamente analizados.********************II.- Mediante acuerdo de fecha veinte de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda interpuesta con apoyo en los ordinales 8o, 17, 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Io, 163 de la Ley Agraria, artículo 5, fracción II, 5o, 18, fracción VIII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación con lo dispuesto por el artículo 2o, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada (Fojas 87 y 88)********************III.- Desahogado el procedimiento, fue llevada a cabo en fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 117 a 119) tuvo verificativo la celebración de la audiencia de ley en la cual se hizo constar la comparecencia del actor ROSALÍO PÉREZ RAMÍREZ, así como del demandado EJIDO "CASAS GRANDES", MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, debidamente asesorados. En uso de la voz que se les concedió a las partes comparecientes, manifestaron haber arribado a un convenio conciliatorio (fojas 122 a 125) con el fin de dar por terminada la presente controversia, solicitando su calificación. Seguidamente, este Tribunal Unitario Agrario, los tuvo ratificando dicho convenio y con fundamento en el artículo 186 de la Ley Agraria, como diligencia para mejor proveer, giró oficio al Registro Agrario Nacional, con el propósito de que remitiera las constancias de vigencias de derechos de los lotes números 1 al 8, de la manzana 216, con superficies de 2,450 metros cuadrados, en la colonia GACERA, así como dos lotes con superficies de 2,290.683 metros cuadrados, cada uno, números 4 y 5 de la manzana 257, también de la colonia LA GACERA, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Asimismo, se requirió a las partes involucradas dentro del presente asunto, con el propósito de que exhibieran acta de Asamblea General de Ejidatarios, en la cual se manifestara que dichos lotes se daban en donación por concepto del pago de honorarios a ROSALÍO PÉREZ RAMÍREZ, señalándose que tan pronto aconteciera lo aquí establecido, se estaría en condiciones de proceder a la calificación del convenio respectivo.********************En auto de fecha quince de marzo de dos mil veintidós (foja 153), se ordenó el turno de los presentes autos para la calificación del convenio y en su caso aprobación a la Secretaría de Estudio y Cuenta para iniciar el procedimiento del dictado de la resolución correspondiente.********************IV.- En vista de lo anterior, fue dictada en fecha veinte de abril de dos mil veintidós, resolución por la cual no se aprobó de legal lo convenido entre los suscribientes, esto bajo los siguientes puntos resolutivos:********************"... PRIMERO.- En términos de lo fundado y motivado dentro del CUARTO considerando que compone a la presente resolución, no se califica de legal el convenio suscrito entre ROSALÍO PÉREZ RAMÍREZ y los integrantes del comisariado ejidal del EJIDO "CASAS GRANDES", MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, el cual obra glosado a fojas 122 a 125 de autos, de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno.********************SEGUNDO.- En consecuencia, continúese con el desahogo del presente procedimiento, habiéndose señalado las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia de juicio que prevé el artículo 185 de la Ley Agraria, en donde la parte actora deberá ratificar su escrito inicial de demanda, sus pruebas, contestación en su caso de la demanda respectiva, fijación de la litis a resolverse dentro del presente asunto, desahogo de las respectivas pruebas y manifestación de las partes de sus respectivos alegatos en conformidad con el artículo 185 de la Ley Agraria. ********************TERCERO.- En términos de lo fundado y motivado en la parte final del CUARTO considerando que compone a la presente resolución, se requiere al actor ROSALÍO PÉREZ RAMÍREZ, para que dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos lo notificación que se le practique de la presente resolución, exhiba el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito con el EJIDO "CASAS GRANDES", MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, apercibiéndole que, de no exhibirlo, este Tribunal Unitario Agrario, lo tomará en consideración al momento de emitir una nueva resolución dentro del presente asunto, ya sea con carácter de definitiva o con carácter de interlocutoria...".********************V.- Seguido el procedimiento, las partes involucradas dentro del presente asunto, solicitaron de nueva cuenta se dictara nueva calificación respecto de lo convenido por las partes, debido a que se había sometido a votación lo convenido por porte de la Asamblea General de Ejidatarios; acordándose procedente tal petición y ordenándose de nueva cuenta el turno de los presentes autos para la calificación del convenio y en su caso aprobación a la Secretaría de Estudio y Cuenta para iniciar el procedimiento del dictado de la resolución correspondiente".**************************************** Por otra parte, dentro el contexto de dicha resolución también el Magistrado responsable tuvo a bien considerar las pruebas que se du interés ofreció el quejoso ROSALÍO PÉREZ RAMÍREZ, a su demanda de origen siendo los siguientes medios probatorios:****************************************".1.- Oficio expedido en fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, por el Registro Agrario Nacional, en el cual informó que ROSALIO PEREZ RAMIREZ, es ejidatario legalmente reconocido dentro del EJIDO "CASAS GRANDES", MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, conforme al Acta de Asamblea General de Ejidatarios iniciada el día dieciocho y concluida el día veinticinco de junio de dos mil cinco. (Foja 10)********************2.- Copia certificada del acta de Asamblea General de Ejidatarios celebrada en el EJIDO "CASAS GRANDES", MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, de fechas dieciocho y veinticinco de junio de dos mil cinco, en la cual se indicó que al llegar a la sección buena Fe, la asamblea acordó reconocer como ejidatario a ROSALÍO PÉREZ RAMÍREZ, y a su vez ratificó la asignación a su favor por concepto de contraprestación por servicios prestados al EJIDO "CASAS GRANDES", MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, una superficie de 129-53-30 hectáreas, de lo cual una superficie de 40-18-90 hectáreas, se encuentran en lo que denominan ISOLUX; 35-43-11 hectáreas, en sección Tecnológico; 38-32-54 hectáreas, en sección Gasera y 15-58-75 hectáreas en sección Yonke. (Fojas 13 a 34)********************3.- Copia certificada de sentencia emitida por este Tribunal Unitario Agrario de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, en la cual dentro de sus puntos resolutivos se resolvió procedente la acción interpuesta por ROSALÍO PÉREZ RAMÍREZ, declarando que el mencionado cuenta con el carácter de ejidatario del EJIDO "CASAS GRANDES", MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, a partir del veinticinco de junio de dos mil cinco, y que por ello debía el citado núcleo agrario ejidal, reconocer y respetar los derechos que le fueron transmitidos en la citada asamblea, respecto de las parcelas denominadas ISOLUX, Tecnológico, Gasera y Yonke. (Fojas 35 a 78). ********************4.- Copia simple del acta de Asamblea General de Ejidatarios celebrada en el EJIDO "CASAS GRANDES", MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, en fecha veinte de julio de dos mil diecinueve, pasada según se advierte de su contenido, ante la fe del Notario Público número Uno del Distrito Galeana, Chihuahua, llevada a cabo sobre la lotificación de la reserva de crecimiento. Sobre la cual afirma el actor ROSALÍO PÉREZ RAMÍREZ, se dejó: sin asignar la superficie motivo del presente asunto. ********************5.- Copia simple del acta de Asamblea General de Ejidatarios celebrada en el EJIDO "CASAS GRANDES", MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, en fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, por la cual se llevó a cabo la elección de órganos de representación dentro de dicho núcleo agrario. (Fojas 307 a 318)********************6.- La presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, las cuales se encuentran relacionadas con las pruebas allegadas por las partes, conforme a la convicción que de ellas se desprendan, siendo aplicable al respecto el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XX. 305 K, página 291, Registro número 209572, del lus 2008, que a continuación se transcribe: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCÍONAL LEGAL Y HUMANA". ****************************************Asimismo, el Magistrado responsable tuvo a bien considerar las pruebas que se du interés ofreció EL EJIDO "CASAS GRANDES", MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, consistentes en:****************************************1.- Copia simple del Acta de Asamblea General de********************Ejidatarios celebrada en el EJIDO "CASAS GRANDES", MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, por segunda convocatoria en fecha veinte de marzo de dos mil veintiuno, por la cual se llevó a cabo la elección de órganos de representación de dicho núcleo de población ejidal. Habiendo resultado electos con los cargos de presidente, secretario y tesorero, DAVID ERNESTO PORTILLO, MORONI GARCÍA MARTÍNEZ y EFRÉN MARTÍNEZ ACOSTA. (Fojas 109 a 110)********************2.- Copia certificada del acta de Asamblea General de Ejidatarios celebrada en el EJIDO "CASAS GRANDES", MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, por segunda convocatoria en fecha tres de diciembre de dos mil veintidós, por la cual en el punto 7 de su orden del día, se aprobó el convenio celebrado entre el licenciado ROSALÍO PÉREZ RAMÍREZ y, los integrantes del comisariado ejidal del EJIDO "CASAS GRANDES", MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, con relación al juicio agrario 925/2019, llevado a cabo ante este Tribunal Unitario Agrario. (Fojas 360 a 404).****************************************De igual manera, el Magistrado responsable tuvo a bien considerar las pruebas requeridas al Registro Agrario Nacional, de conformidad con los artículos 186 y 187 de la ley agraria, de la que destacó en la resolución reclamada:********************".1.- Oficio número 08/RAN/CHI/AC/890/2022, de fecha dos de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual la Representación Estatal del Registro Agrario Nacional, informó a este órgano jurisdiccional, lo siguiente:******************** "...Que los lotes I, 2, 3, 4, 5, ó, 7 y 8 de la manzana 216, así como los lotes 4 y 5 de la manzana 257 del ejido "CASAS GRANDES", Municipio de Casas Grandes, estado de Chihuahua, aparecen dentro del acervo documental de estar' Delegación en acta de fecha veinte de julio de dos mil diecinueve donde se advierte que se encuentran "SIN ASIGNAR"...". (Foja 340).****************************************Puntualizado lo anterior, este resolutor considera que, en la especie, no asiste razón jurídica al peticionario del amparo, y por ende la autoridad responsable no incurre en una deficiente y franca ilegalidad en la resolución reclamada, como lo pretende hacer valer el quejoso, al no aprobar el convenio sometido a su consideración, esto es, no se contravienen los principios de congruencia externa, por cuanto a que, la responsable en la resolución reclamada, es claro en establecer que en el convenio que nos ocupa, celebrado en fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, para una mejor ilustración de su contenido, realiza la transcripción de sus cláusulas: (Fojas 122 a 125 y 356 a 359), las que se reproducen por este Juzgado Federal, a saber:********************"... CLAUSULAS ********************PRIMERA.- El Comisariado Ejidal DAVID ERNESTO PORTILLO ESCARZAGA, MORONNI GARCÍA MARTÍNEZ Y EFREN MARTINEZ ACOSTA, en nuestro carácter de Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente del Ejido Casas Grandes, Municipio de Casas Grandes Chihuahua, transmiten la titularidad, propiedad, posesión y pleno domino al LIC. ROSALÍO PÉREZ RAMÍREZ, de un total de 8 lotes urbanos, con superficie cada uno de 2,450 metros cuadrados, los cuales se ubican en la manzana 216 en la colonia Gasera (numerados del 1 al 8 en los planos individuales); así como dos lotes con superficie de 2,290.683 metros cuadrados cada uno, números 4 y 5, de la manzana 257, de la colonia Gasera en Nuevo Casas Grandes, Municipio del mismo nombre, Chihuahua, con la superficie medidas y colindancias que se describen en los planos que con datos técnicos bajo la normatividad del Registro Agrario Nacional se anexa; así como de un terreno ubicado en San José del Municipio de Casas Grandes, con superficie de 46,067.469 metros cuadrados, con las medidas y colindancias que se especifican en el plano informativo que se anexa.********************SEGUNDA.- El Comisariado ejidal se obliga a asignar en la próxima Asamblea General de ADAATE que se celebre en el ejido, todos y cada uno de los lotes antes descritos, al LIC. ROSALÍO PÉREZ RAMÍREZ, o a la persona que este designe, a efecto de que de acuerdo a lo ordenado por los artículos 19, 47 y siguientes del Reglamento de la Ley Agraria en materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de solares se le expidan los títulos que amparen la propiedad de cada uno de dichos lotes por la Delegación del Registro Agrario Nacional, con excepción del terreno ubicado en San José Municipio de Casas Grandes Chihuahua, respecto del cual, a tramitar y obtener su titulación a través de la autoridad que corresponda, en virtud de ubicarse fuera del polígono de la reserva de crecimiento del ejido.********************TERCERA.- El LIC. LIC. ROSALÍO PÉREZ RAMÍREZ, podrá entrar en posesión material de todos y cada uno de los lotes que se le transmiten, así como disponer libremente de los mismos, desde la fecha de celebración del presente convenio. ********************CUARTA.- El comisariado ejidal expone, que en el caso de que alguno o algunos de los lotes que se transmiten al actor, tuvieran derechos adquiridos, por algún tercero, que impida al Profesionista disponer de ellos, se obliga, a reponerlos en otra área; a pagarle su importe, o previo acuerdo a promover su desocupación y entrega por el tercero. ********************QUINTA.- Las partes aceptan lo convenido en el presente instrumento, de común acuerdo, no reservándose ninguna acción o derecho sobre dicho particular, dando por total y definitivamente concluida la controversia a que se refiere el presente asunto.********************SEXTA.- El presente convenio se celebra de libre y espontánea voluntad, sin que en el exista mala fe, dolo o violencia alguna.********************SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que una vez que se haya exhibido y ratificado este instrumento ante el órgano Jurisdiccional, se eleve a la categoría de sentencia con autoridad de cosa juzgada...".****************************************Así, de dicho acuerdo de voluntades el Magistrado responsable, argumentó correctamente que con fundamento en el artículo 185, fracción VI de la Ley Agraria, en correlación con el 18 fracción VIII de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, estimaba procedente la vía de planteamiento en la cual las partes pretendían la aprobación del convenio que pone fin a su controversia.********************Y previamente al análisis del asunto, resaltó que conforme a lo preceptuado por los artículos 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1824, 1827, 1828, 1830, 2944, 2945 y 2950 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria por disposición del indicativo 2º de la ley de la materia, conforme a los cuales se desprende que el convenio es un acuerdo de voluntades con la finalidad de crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones entre las partes contratantes, que requiere para su existencia cumplir con los elementos esenciales que la ley contempla, consentimiento y objeto. Asimismo, con los elementos de validez, capacidad, sin vicios en el consentimiento, forma, objeto y motivo o fin lícitos en cuyo caso los convenios son el consentimiento de las partes, que obliga al cumplimiento de lo pactado por ellas, salvo que sean inexistentes (nulos absolutos) o carezcan de validez y sea declarada su anulación.********************Lo anteriormente expuesto, lo relacionó con la causa de pedir y del análisis lógico-jurídico del artículo 18 fracción VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, con relación al principio general impuesto por el artículo 187 de la ley de la materia, en argumentar que el convenio a fin de ser aprobado precisa la reunión de los siguientes elementos:********************PRIMER ELEMENTO: Que las partes otorgaron consentimiento para la celebración del convenio en estudio.********************SEGUNDO ELEMENTO: Que las partes tienen personalidad y capacidad legal para obligarse.********************TERCER ELEMENTO: Que el consentimiento haya sido expresado sin vicios.********************CUARTO ELEMENTO: Que el objeto materia del convenio es lícito y posible, así como que efectivamente puede ser materia del mismo.********************QUINTO ELEMENTO: Que el convenio cumpla con las formalidades establecidas por la Ley Agraria.********************En cuanto hace al primer elemento de la pretensión, relativo al consentimiento de las partes en la celebración del convenio; dijo se encuentra acreditado. Con lo cual comulga este resolutor de amparo, con todas las exposiciones realizadas en este punto, disposiciones legales citadas y tesis de jurisprudencia invocadas, en obvio de repeticiones innecesarias. ********************Respecto del segundo elemento relativo a la personalidad y capacidad legal para obligarse en cuanto a las cláusulas que se contienen en el convenio (fojas 122 a 125 y 356 a 359) suscrito entre ROSALÍO PÉREZ RAMÍREZ (a través de su apoderada legal) y el EJIDO "CASAS GRANDES", MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA (a través de sus integrantes del comisariado ejidal), ratificado por las mismas en acta de audiencia del seis de diciembre de dos mil veintidós (353 y 354), como requisito de validez del acto jurídico, queda acreditado. Con lo cual comulga este resolutor de amparo, con todas las exposiciones realizadas en este punto, disposiciones legales citadas y tesis de jurisprudencia invocadas, en obvio de repeticiones innecesarias. ********************Tocante al tercer elemento, relativo a la ausencia de vicios del consentimiento, también ha quedado acreditado, pues constituye evidencia plena en cuanto a que el consentimiento de las partes suscribientes, no se encuentra obrado con dolo, error, mala fe, violencia o lesión, al haberse ratificado su contenido ante este órgano jurisdiccional, sin existir medio de convicción o indicio alguno que demuestre lo contrario.********************Ahora, retomando lo anteriormente dicho, en el sentido de que deben analizarse los elementos de validez, capacidad, sin vicios en el consentimiento, forma, objeto y motivo o fin lícitos en cuyo caso los convenios son el consentimiento de las partes, que obliga al cumplimiento de lo pactado por ellas, salvo que sean inexistentes (nulos absolutos) o carezcan de validez y sea declarada su anulación. ********************Este Juzgador coincide con la autoridad responsable al argumentar que el cuarto y quinto elemento, relativo a que el objeto materia del convenio es lícito y posible, así como que efectivamente puede ser materia del mismo y que cumple con las formalidades establecidas por la Ley Agraria. No se encuentran acreditados.********************A ese respecto, se considera importante señalar como lo expresó la autoridad responsable que el objeto del convenio cuya calificación se realiza, consiste en:********************1.- Que los actuales integrantes del comisariado ejidal transmiten la titularidad, propiedad, posesión y pleno dominio al licenciado ROSALIO PÉREZ RAMÍREZ, un total de ocho lotes urbanos con superficie cada uno de 2,450 metros cuadrados, ubicados en la manzana 216 en la colonia Gasera (numerados del 1 al 8 en los planos individuales); así como dos lotes con superficie de 2,290.683 metros cuadrados cada uno, siendo los números 4 y 5 de la manzana 257, de la Colonia Gasera, en Nuevo Casas Grandes, Municipio del mismo nombre, Chihuahua y también un terreno ubicado en San José del municipio de Casas Grandes, con superficie de 46,067.469 metros cuadrados.********************2.- Se obliga el comisariado ejidal a asignar en la próxima Acta de Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales que se celebre en el EJIDO "CASAS GRANDES", MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, todos y cada uno los lotes señalados dentro del inciso que antecede a ROSALÍO PÉREZ RAMÍREZ, o a quien éste designe para tal efecto. Con excepción del terreno ubicado en San José Municipio de Casas Grandes, Chihuahua, por encontrarse fuera del polígono de la reserva del crecimiento del ejido.********************3.- Que ROSALÍO PÉREZ RAMÍREZ, podrá entrar en posesión material de todos y cada uno de los lotes que se le transmiten, así como disponer libremente de los mismos desde la fecha de celebración del convenio que nos ocupa.********************4.- Se obligan los integrantes del comisariado ejidal que en el caso de que alguno o algunos de los lotes que se transmiten al actor, tuvieran derechos adquiridos por algún tercero y que ello le impida al mencionado disponer de ellos, se los repondrá en otra área, a pagarle su importe o previo acuerdo a promover su desocupación y entrega por el tercero.".******************** ********************En ese sentido tal y como lo resolvió el Magistrado responsable, el objeto del convenio que nos ocupa no queda colmado, dado que el mismo contraviene las disposiciones que emanan de la Ley Agraria, en correlación con los artículos 8 y 1830 del Supletorio Código Civil Federal.********************Se dice lo anterior, porque es verdad que los integrantes del comisariado ejidal, no se encuentran facultados a transmitir titularidad, propiedad, posesión y pleno dominio sobre ningún solar que componga, en este caso, el EJIDO "CASAS GRANDES", MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA. Así tampoco, se puede obligar a realizar asignaciones en Actas de Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales, dado que carece de facultades para ello. Citando los artículos 32 y 33 de la Ley Agraria, cuyo texto señalan:********************"Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Éste habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente". ********************"Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: ********************I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas;********************II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios;********************III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas;********************IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren;********************V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido".********************Que derivado del contenido de los artículos que preceden, se advierte que todos convergen en esencia en cuanto a las atribuciones y funciones del comisariado ejidal, obteniéndose así que éste, siempre ha funcionado como un órgano colegiado, que dentro de sus obligaciones está la de representar al núcleo de población y administrar los bienes comunes del ejido, el procurar el respeto estricto de los derechos de los ejidatarios, convocar a asambleas, cumplir los acuerdos emitidos en las mismas, dar cuenta a la asamblea respecto de las labores realizadas y las demás que les designe la propia ley y reglamento interno del ejido; no encontrándose en ninguna de ellas, el otorgamiento de facultades en cuanto a poder transmitir titularidad, propiedad, posesión y pleno dominio sobre bienes del ejido. ********************Y destaca la autoridad responsable, que el artículo 32 de la Ley Agraria, es claro en establecer que dicho órgano colegiado, es meramente un órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido, es decir, un mandatario del máximo órgano del ejido que es la Asamblea General de Ejidatarios, sin que pueda realizar actos de mutuo propio sin previa autorización de la misma.********************Que además la Ley Agraria vigente a partir de febrero de mil novecientos noventa y dos, otorgó a la Asamblea General de Ejidatarios, la facultad de disponer sobre las tierras de que resultan propietarios, permitiendo darles el destino o vocación a las que no estén formalmente parceladas, en la forma en que creyeran oportuno y necesario, se les otorgó el poderío para efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho, regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes a partir del plano general del ejido, debiendo cumplir dicha asamblea con una serie de formalidades especiales que consignan con los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 31, y los relativos del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. Poniéndose de manifiesto que el propietario original de la tierra ejidal no son los ejidatarios sino el ejido, ente dotado de personalidad jurídico propia que actúa a través de su asamblea, cuya hegemonía en todo lo relativo a la tenencia de tierras está reconocida en los artículos 9, 11, 12, 21, 22, 23, 56, 57, 58, 60, 61 y 62 de la Ley Agrario, y 19, 20, 21, 29, 30 y 36 a 42 del Reglamento de la Ley Agrario en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. ********************Asimismo, se comparte con el Magistrado responsable, que dada la importancia de los numerales que estructuran el ejercicio de las facultades conferidas al supremo órgano de decisión del ejido, son los siguientes: ****************************************"Artículo 56.- La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras correspondientes. ********************Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue: ********************I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitará las tierras de uso común del ejido;********************II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos; y, ********************III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes ¡guales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo. ********************En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido y proveerá a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El Registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los certificados parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional". ********************"Artículo 57.- Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción III del artículo anterior, la asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia: ********************I. Posesionarlos reconocidos por la asamblea; ********************II. Ejidatarios y avecindados del núcleo de población cuya dedicación y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversión las tierras de que se trate; ********************III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más; y, ********************IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea. ********************Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución de la propia asamblea, a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de población ejidal".********************En el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, se particulariza respecto de los derechos de los diversos sujetos, y en el numeral 19 se estatuye: ********************"Artículo 19. La Asamblea podrá realizar, en los términos del artículo 56 de la Ley, las siguientes acciones sobre las tierras no formalmente parceladas: ********************I. Destinarlas al asentamiento humano, al uso común o al parcelamiento; Reconocer el parcelamiento económico o de hecho; ********************II. Regularizar la tenencia de los ejidatarios que por cualquier causa carezcan del certificado correspondiente; ********************III. Regularizar la tenencia de los posesionarios, o, ********************IV. Efectuar su parcelamiento. En todo caso, al realizar estas acciones la Asamblea deberá respetar los derechos existentes sobre las tierras de que se trate. ********************Artículo 29. La Asamblea al destinar tierras al parcelamiento, podrá: ********************I. Reconocer el parcelamiento económico o, de hecho, o, ********************II. Parcelar las tierras en las que no exista ningún tipo de parcelamiento. ********************Artículo 30. Cuando la Asamblea reconozca el parcelamiento económico o, de hecho, procederá a regularizar la tenencia de los ejidatarios. Asimismo, podrá reconocer a los posesionarios y regularizar su tenencia en los términos del Capítulo tercero del presente Título. Si resultaren tierras vacantes, podrá asignar los derechos ejidales a individuos o grupos de individuos".****************************************A efecto de precisar y ejemplificar lo argumentado por el Magistrado responsable, efectivamente como lo establece la propiedad originaria de las tierras ejidales en términos del artículo 9o de la Ley Agraria, reside en el núcleo agrario y no en los ejidatarios que la conforman, gozando esta primera de la facultad de transmitir o éstos últimos, el uso, disfrute y aprovechamiento, aun a sus propios ejidatarios. ********************Así lo sustenta la autoridad responsable citando el criterio localizadle con el número de registro 167791, cuyo rubro es "ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY AGRARIA NO VIOLA LA FRACCIÓN VIl DEL NUMERAL 27 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PORQUE ÉSTE ESTABLECE UNA RESERVA DE LEY EN CUANTO A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE ESTE ÓRGANO", cuyo texto en lo que aquí interesa, señala:******************** "...el referido artículo 56 -Ley Agraria- no obliga a la asamblea general de ejidatarios a reconocer avecindados y posesionarlos que no han sido reconocidos expresamente por ella, ni a regularizar las posesiones que se tienen aún sobre tierras de uso común, cambiando de esta forma su destino específico, sino que, por el contrario, reconoce la facultad de la asamblea general de asignar el destino de las tierras al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios...".********************Así también cobra aplicación el criterio localizable con el número de registro 169891, cuyo rubro es "EJIDATARIOS. SÓLO PUEDEN ENAJENAR SUS DERECHOS SOBRE LAS TIERRAS PARCELADAS QUE SE LES HUBIERAN ASIGNADO A UN TERCERO AJENO AL NÚCLEO DE POBLACIÓN, HASTA QUE LA ASAMBLEA LES OTORGUE SU DOMINIO PLENO", cuyo texto en lo que aquí interesa, señala: "...Por tanto, mientras ello no ocurra, los ejidatarios, como poseedores de esas tierras, sólo pueden ejercer los derechos de aprovechamiento, uso y disfrute que les reconocen los artículos 14 y 76 del mismo cuerpo legal, pudiendo ejercerlos directamente o por conducto de otros ejidatarios o terceros, aun sin autorización de la asamblea o del comisariado, con la única limitante de no realizar actos jurídicos prohibidos por la ley, como lo previenen los artículos 77 y 79 del citado ordenamiento. De ahí que las prerrogativas de los ejidatarios se asimilan a los derechos de un poseedor derivado, pero no incluyen actos de dominio, pues este sólo puede efectuarlos el propietario que, tratándose de tierras ejidales, es el propio núcleo de población, como lo establece el artículo 9° de la Ley Agraria, en concordancia con el indicado precepto constitucional...".********************En términos similares que lo anterior, se encuentra el criterio localizadle con el número de registro 169773, cuyo rubro es "TIERRAS EJIDALES. SI A LOS EJIDATARIOS NO SE LES HA OTORGADO EL DOMINIO PLENO SOBRE ELLAS, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN VIl, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 81DE LA LEY AGRARIA, NO PUEDEN CEDER SUS DERECHOS RELATIVOS A UN TERCERO AJENO AL NÚCLEO DE POBLACIÓN, AUN A TÍTULO GRATUITO".********************Sigue refiriendo la autoridad responsable, que es la Asamblea General de Ejidatarios quien, como propietaria originaria de las tierras ejidales, transmite a sus ejidatarios o cualquier sujeto agrario el uso, disfrute y aprovechamiento sobre las mismas, así también cita el criterio localizadle con el número de registro 173963, cuyo rubro es "ACTAS DE ASAMBLEA. SI AFECTAN A LOS EJIDATARIOS EN EL USO Y DISFRUTE DE SUS DERECHOS AGRARIOS SON IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO AUN CUANDO AQUÉLLAS NO SE REFIERAN A LA ASIGNACIÓN DE TIERRAS", cuyo texto en lo que aquí interesa, señala: ********************"...que corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas...".****************************************De igual manera en comunión con lo anterior cita también el criterio localizable con el número de registro 176052, cuyo rubro es "ACCIÓN RESTITUTORIA EN MATERIA AGRARIA. ES IMPROCEDENTE MIENTRAS NO SE HAGA EL FRACCIONAMIENTO Y LA ADJUDICACIÓN DE PARCELAS, PUES LOS EJIDATARIOS SÓLO SON TITULARES DE UNA PARTE IDEAL Y PRO INDIVISA DE LAS TIERRAS DOTADAS", cuyo texto en lo que aquí interesa, señala:******************** "...De conformidad con los artículos 22, 23, 47, fracción X, 51, 69, 70, 72 y 75 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, los derechos que ostentan los ejidatarios de manera originaria son de uso, usufructo y disfrute, mas no de dominio; así, en la apuntada ley se recoge el régimen ejidal, pues las tierras que han sido materia de dotación le siguen perteneciendo al núcleo de población ejidal. En ese régimen, las personas que conforman el ejido o la comunidad, por antonomasia los ejidatarios, tienen el derecho al uso y disfrute de las tierras materia de la dotación; empero, mientras no se realice el fraccionamiento y la adjudicación de parcelas por parte de la asamblea general de ejidatarios, los bienes materia de la dotación pertenecen pro indiviso a los ejidatarios del núcleo de población...''. ****************************************A efecto de ser más ejemplificativo, el Magistrado responsable invoca la jurisprudencia localizable con el número de registro 182233, cuyo rubro es "COMISARIADO EJIDAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA DEMANDAR, EN REPRESENTACIÓN DEL EJIDO, LA NULIDAD DE UN CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS A TÍTULO GRATUITO, CELEBRADO ENTRE UN EJIDATARIO Y UN TERCERO AJENO AL NÚCLEO DE POBLACIÓN, RESPECTO DE PARCELAS EJIDALES DE LAS QUE EL ENAJENANTE TODAVÍA NO ADQUIERE EL DOMINIO PLENO", cuyo texto en lo que aquí interesa, señala: ********************"... se concluye que si un ejidatario no ha obtenido de la asamblea el dominio pleno sobre las parcelas que posee, la cesión de derechos que realice a un tercero que no pertenece al ejido como ejidatario ni como avecindado, aun cuando sea a título gratuito, indudablemente causa un perjuicio al núcleo de población, pues con independencia de que omite respetar los derechos de preferencia y exclusividad de transmisión de derechos parcelarios entre sus miembros, ese acto constituye una enajenación de tierras ejidales respecto de las cuales el ejido continúa siendo el propietario, en términos del artículo 9o. de la ley citada y, por ende, este último por conducto de su representante, el comisariado ejidal, previo acuerdo de la asamblea, está legitimado paro demandar la nulidad de tal contrato, no como representante de sus miembros, cuyo derecho del tanto no se haya respetado (a pesar de existir disposición expresa que así lo obliga), sino en su carácter de propietario, que resulta afectado con la enajenación de los derechos sobre esas tierras ejidales, realizada en contravención al referido artículo 80, toda vez que la limitante expresa contenida en ese precepto legal, de que los adquirentes deben tener el carácter de ejidatarios o avecindados, evidentemente atiende al interés de que la titularidad de las tierras ejidales permanezca entre los miembros que conformen el ejido...".****************************************Destaca además el Magistrado responsable, que en términos del artículo 44 de la Ley Agraria, las tierras ejidales se dividen por su destino en tierras parceladas, para asentamientos humanos o de uso común, y que en su conjunto conforman el núcleo de población, que sobre los derechos parcelarios que ostentan los ejidatarios, únicamente pueden ejercer derecho de uso, usufructo y disfrute, más no de dominio, pues se reitera, ese derecho corresponde única y exclusivamente al núcleo de población que ejerce ese derecho a través de la Asamblea Ejidal y no a los ejidatarios en particular. ********************Y subraya la autoridad responsable que el único medio por el cual el ejidatario puede adquirir titularidad plena de su parcela, lo es mediante el procedimiento seguido ante la Asamblea General de Ejidatarios de conformidad con el artículo 81 de la Ley Agraria, para adquirir su dominio pleno, siempre y cuando ésta muestre su anuencia, mientras tanto no se lleve a cabo dicho procedimiento, la propietaria originaria de las tierras ejidales, lo es el núcleo agrario, quien por medio de los mecanismos establecidos por la ley, le asignará conforme mejor le convenga a sus ejidatarios en forma primigenia y a cualquier otro sujeto que así lo determine, su parcela correspondiente, de la que tendrán exclusivamente derecho de uso, usufructo y disfrute. ********************Sustenta la responsable este argumento en el criterio emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 829, del Tomo XVI, Diciembre de 2002, con número de registro 185300, del rubro y texto siguiente: ********************"TIERRAS EJIDALES. SU PROPIEDAD CORRESPONDE ORIGINARIAMENTE A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN. Son tierras ejidales, sujetas a las disposiciones de la propia Ley Agraria, las que han sido dotadas al núcleo de población o incorporadas al régimen ejidal. Tales tierras, parceladas, para asentamientos humanos o de uso común, conforman el núcleo de población. De consiguiente, los derechos parcelarios que ostentan los ejidatarios de manera originaria son de uso, usufructo y disfrute, más no de dominio, toda vez que ese derecho corresponde, en principio, al núcleo y no a los ejidatarios en lo particular. Así, tanto en la Ley Federal de Reforma Agraria, como en la Ley Agraria vigente, ha subsistido el régimen ejidal y ha permanecido la circunstancia de que las tierras que han sido materia de dotación, le siguen perteneciendo al núcleo de población ejidal. Como es lógico, las personas que conforman el ejido o la comunidad, denominadas ejidatarios o comuneros, respectivamente, tienen el derecho al uso y disfrute de las tierras materia de la dotación; sólo en tratándose del régimen ejidal pueden adquirir en propiedad las unidades de dotación concretas, si la asamblea efectúa el parcelamiento que corresponda, en los casos en que les reconoce pleno dominio o se trate de solares ubicados en tierras destinadas al asentamiento humano, y de ser de ese modo, entonces, las tierras de que se trate se sustraen de ese régimen y son reguladas por el derecho común. Luego, aun cuando la Ley Agraria en vigor confirma a los núcleos de población ejidal como propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título, en dicha legislación, a diferencia de la anterior, opera una transformación en el régimen de propiedad, pues permite que se cambie de ejidal a dominio pleno. No obstante, ello, mientras se continúe con el régimen de explotación ejidal, los ejidatarios únicamente tienen derecho al uso, aprovechamiento y usufructo de sus parcelas, pero no el dominio de las mismas". ****************************************Por todo lo anterior, cabe decir que devienen infundados los conceptos de violación aducidos por el peticionario del amparo, dado que, como lo precisó el Magistrado responsable en la resolución reclamada en este controvertido constitucional, conforme al marco legal y razonamientos que se establecieron, el ejido cuenta con plenas facultades para disponer de sus tierras, pero solo a través de su órgano supremo que es la Asamblea General de Ejidatarios, según lo estipulado por el artículo 22 de la Ley Agraria, siendo el comisariado ejidal en términos del artículo 32 del citado ordenamiento legal, un órgano meramente ejecutor de las decisiones que tome la Asamblea General de Ejidatarios y sus facultades se constriñen únicamente a representar al núcleo de población ejidal con las facultades de un apoderado general para actos de administración, pleitos y cobranzas, a procurar se respeten los derechos de los ejidatarios y a convocar a asamblea en los términos de la Ley Agraria. ********************Es por ello, que se deduce, sus funciones consisten en ser un órgano que funge como mandatario mas no mandante, pues éste debe de cumplir únicamente como se ha dicho, con ejecutar las decisiones que emanen de la Asamblea General de Ejidatarios, así lo estipula el artículo 33 de la ley de la materia.********************En tales condiciones, se concluye que los integrantes del comisariado ejidal carecen de facultades para sustituirse en atribuciones exclusivas a la Asamblea General de Ejidatarios. Careciendo de facultades para transmitir titularidad, propiedad, posesión y pleno dominio sobre tierras ejidales, así como para asignarlas. Residiendo tales facultades única y exclusivamente en la Asamblea General de Ejidatarios, por lo que, sin existir diverso acuerdo de asamblea de ese tipo, se concluye y reitera, que los integrantes del comisariado ejidal carecen de esas atribuciones en conformidad con lo dispuesto por la Ley Agraria.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a. CXXI/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 163400, Novena Época, Materia Administrativa, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, página 797, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual aparece bajo el epígrafe: ********************"COMISARIADO EJIDAL. PARA QUE PUEDA ALLANARSE A LA DEMANDA AGRARIA O DESISTIR DE LA ACCIÓN, DEBE ACREDITAR QUE CUENTA CON EL ACTA DE ASAMBLEA EN LA QUE SE RESUELVE TAL ASPECTO Y QUE ESTÁ EJECUTANDO DICHA DETERMINACIÓN COMO REPRESENTANTE DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN EJIDAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 167 Y 185, FRACCIÓN VI, DE LA LEY AGRARIA, Y 373, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). El artículo 27, fracción VII, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, y que el comisariado ejidal o de bienes comunales es el órgano de representación del núcleo y responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. En ese sentido, de los artículos 167 y 185, fracción VI, de la Ley Agraria, y 373, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, analizados bajo el método de interpretación sistemática, se concluye que para que el comisariado ejidal pueda allanarse a la demanda agraria o desistir de la acción, en términos del artículo 185, fracción VI, de la Ley Agraria, debe acreditar que cuenta con el acta de la asamblea en la que se resuelve tal aspecto y que está ejecutando dicha determinación como representante del núcleo de población ejidal. Esto es así, porque sólo la asamblea es competente para dirimir los conflictos suscitados en el ejido, así como para determinar el destino de las tierras que son parte de él, de manera que para que el Comisariado Ejidal pueda suscribir un convenio que dé por concluida una controversia que verse sobre los derechos del ejido, debe contar con la aprobación previa de la asamblea".********************Por todo lo anterior, solo resta decir que, contrariamente a lo que hace valer el quejoso, la autoridad responsable al pronunciarse sobre el convenio de que se trata, no se apartó de los principios de exhaustividad y congruencia, pues únicamente se ciñó a analizar los requisitos legales para pronunciarse sobre la aprobación o no del convenio presentado durante la sustanciación del juicio de origen, sobre lo cual si considero los antecedentes del asunto así como las pruebas aportadas por las partes, realizando un examen de todos y cada uno de los requisitos legales y sus exigencias, sin que se violentaran en perjuicio del peticionario del amparo, la garantía de legalidad en su vertiente, de fundamentación y motivación legal, ni tampoco su derecho humano a una tutela judicial efectiva previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. ********************Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 792, del Tomo XXI, Junio de 2005, con número de registro 178212, del rubro y texto siguiente: ********************"CONVENIOS EN MATERIA AGRARIA. PARA SU APROBACIÓN, LA AUTORIDAD DEBE VERIFICAR QUE SE COLMEN LOS PRINCIPIOS DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA QUE RIGEN A LAS SENTENCIAS. Del contenido del artículo 189 de la Ley Agraria se desprende que las sentencias que dicten los tribunales de esa materia, aun cuando no deban sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, tienen que ser consonantes con los principios de exhaustividad y congruencia, que deben regir en todo fallo. Esos principios también se observarán cuando la resolución la constituye un convenio, porque al ser sancionado por los tribunales, en términos de la fracción VI del artículo 185 de la legislación en consulta, adquieren el carácter de sentencia. Ahora bien, como la finalidad de la ley es tutelar a los grupos campesinos, en cuanto a sus derechos y pretensiones, corresponde precisamente a la autoridad que interviene en el caso, y a la que le compete sancionarlos, dar forma tanto interna como externa al convenio, teniendo facultad para ordenar de oficio la práctica de las diligencias que estime conducentes para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados por las partes en el litigio. Así, una vez que el acuerdo de voluntades sea elevado a la categoría de sentencia, y llegado el momento de la ejecución, sus alcances se encontrarán delimitados para procurar su cumplimiento exacto, por lo que el citado órgano agrario, antes de sancionarlo, debe verificar que se colmen los principios ya enunciados".****************************************Finalmente, no obstante lo anterior, el convenio sometido a calificación por parte de la autoridad responsable, no reúne hasta este momento, los elementos de existencia ni de validez, para que ese Tribunal lo apruebe de legal, sin que ello conlleve de manera implícita la conclusión del juicio de origen, por lo que, nada impide que en su prosecución y desarrollo en sus fases procesales se dirima lo conducente posterior a la ratificación del escrito inicial de demanda, sus pruebas y desahogo de las mismas, contestación en su caso de la demanda respectiva, fijación de la "Litis" a resolverse dentro de ese procedimiento y manifestación de las partes de sus respectivos alegatos en conformidad con el artículo 185 de la Ley Agraria. ********************Es por ello que inclusive la autoridad responsable para tal fin, en la resolución aquí reclamada, cita a las partes a una audiencia que tendría verificativo a las TRECE HORAS DEL DÍA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, de la cual no obra constancia de su celebración o no.********************Resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia VI.A. J/ll., publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, XII, Octubre de 2000. Materia, Administrativa, Página 1133, cuyo contenido dispone: ********************"CONVENIO CONCILIATORIO CELEBRADO EN JUICIO AGRARIO, LA DESAPROBACIÓN QUE DEL MISMO HAGA EL TRIBUNAL AGRARIO NO LO FACULTA PARA DAR POR TERMINADO EL JUICIO Y ORDENAR SU ARCHIVO. De una recta interpretación a la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, que prevé la solución de conflictos agrarios por medio de la avenencia entre las partes, se desprende que si se cumple este objetivo, se celebrará un convenio entre las mismas, que deberá celebrarse o ratificarse ante el tribunal agrario que conoce del asunto y, además, que dicho acto consensual puede dar por terminado el juicio, pero para alcanzar este efecto jurídico, es menester, como el legislador lo previo en el texto de la norma, que el Tribunal Unitario Agrario al calificar el convenio apruebe el mismo, supuesto en el que el convenio obtendrá el carácter de sentencia, debiéndose distinguir que las partes en litigio no pueden sustituirse en las facultades jurisdiccionales del tribunal y además que el convenio no equivale al desistimiento del juicio; por ende, el solo acto de su celebración por las partes en controversia no da por terminado el juicio, como podría pensarse de una interpretación literal y restrictiva del texto legal, sino que de acuerdo con los intereses sociales que se tutelan en el derecho agrario, el legislador estableció la obligación a cargo de los tribunales agrarios de velar por la tutela de dichos valores e intereses realizando la calificación del convenía y sólo en caso de así considerarlo, decretar la aprobación del mismo con el carácter de sentencia. Por lo tanto, la calificación del convenio no es otra cosa más que revisar las cláusulas del acuerdo de voluntades considerando los derechos y obligaciones que deriven de las mismas para poder determinar si el convenio se ajusta a la Ley Agraria, de lo cual depende la aprobación del mismo con el carácter de sentencia; de la norma legal citada también se desprende que si al celebrarse la audiencia en el juicio agrario no se logra el avenimiento entre las partes, procederá la etapa de alegatos y se pronunciará sentencia; sin embargo, tratándose de un supuesto distinto como es el caso de que no se apruebe con el carácter de sentencia el convenio celebrado, hipótesis que no está prevista dentro del precepto citado, el tribunal agrario debe proveer lo necesario para continuar con la tramitación del juicio, concediendo a las partes la oportunidad de celebrar un nuevo convenio, donde puedan depurarse los vicios o circunstancias que influyeron en la desaprobación del anterior o, en su caso, / de considerarlo así, puedan proseguir con el ejercicio de la acción y ¡o excepciones deducidas ante lo infructuoso de poder concluir el juicio por medio del convenio desaprobado, de lo contrario, si el tribunal agrario ordena el archivo del asunto y da por terminado el juicio, se deja a la quejosa como parte actora en el juicio agrario en estado de incertidumbre al desconocer el resultado de su acción deducida, pues ésta no fue materia de estudio en la sentencia, además de no contar con la oportunidad legal de enmendar el convenio celebrado, hechos que violentan la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional en relación con el artículo 185, fracción VI, de la Ley Agraria, en razón de que este último precepto no faculta a la autoridad responsable a dar por concluidos los juicios agrarios en los que no se apruebe el convenio conciliatorio, lo que además resulta contrario a los postulados contenidos en los artículos 186 y 187 de la citada ley, donde se contempla la facultad de los tribunales agrarios para suplir la deficiencia probatoria de las partes con el objeto de encontrar la verdad de los hechos a pesar de que exista deficiencia o error en sus planteamientos, alcanzando así una solución justa a los conflictos que ante ellos se dirimen". ********************Por todo lo anterior, al resultar infundados los conceptos de violación planteados, lo procedente es negar la protección constitucional al quejoso ********************.********************Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 74, 75, 154, 155, 156 y demás relativos de la Ley de Amparo, se, ********************R E S U E L V E:********************ÚNICO. Atento a lo precisado en el "Último" considerando de este fallo, la Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a ********************, contra actos del MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO NÚMERO CINCO; residente en Chihuahua, Chihuahua,********************NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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TERCEROS INTERESADOS ANA MATILDE GUARDADO GONZALEZ, APODERADA DE BIVIANO ALONSO AGUIERO: Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito y anexo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde. Se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer la parte quejosa ********************, por conducto de su autorizado licenciado Juan Manuel Dorado Tovar, en contra de la sentencia de veinticuatro de mayo del presente año, dictada en el presente juicio de amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo y del escrito de presentación y agravios del recurso de revisión de la parte recurrente, con copia de éste último para el Agente del Ministerio Público de la Federación y para las demás partes. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Se tiene a la Jueza Octava de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital, en atención al oficio SECNO/STCCNO/584/2023, de treinta de mayo del año en curso, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicando que los expedientes electrónicos de los 39 asuntos que fueron seleccionados del índice de este Juzgado, se encuentran debidamente integrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de dictar la resolución correspondiente. Asimismo, informa, por lo que se refiere al juicio de amparo 629/2023 de su índice, que se remite de manera física, 1 tomo de pruebas, documentales que se envían en dos cajas vía estafeta, con código de rastreo 3297867951 (caja 1) y 0795440021 (caja 2). Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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El diecisiete de abril de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos.
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