Ixelle del Rosario Gomez Galicia
Expediente 295/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 295/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ixelle del Rosario Gomez Galicia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta de abril de dos mil dieciocho, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de la autoridad responsable 3. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla; por el cual, acusa recibo del oficio B119-3, de lo que toma conocimiento este juzgado para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 295/2018-E, promovido por Ixelle del Rosario Gómez Galicia, contra los actos y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo y por las razones expuestas en el diverso quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese el presente fallo en los términos que se indican en su considerando sexto.
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con veinticinco minutos del veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 295/2018-E (foja 24 vuelta), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de la secretaria Romina Ortiz Avila, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, sin asistencia de las partes. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo y anexo presentados por IXELLE DEL ROSARIO GÓMEZ GALICIA (fojas 1 a 4), auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho (suspensión provisional, con fojas 5 a 9), e informes previos de las autoridades responsables. A lo anterior, la jueza de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: Con apoyo en el artículo 143 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la parte quejosa, la copia certificada del acuse de recibo del oficio 1833, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete; por lo que se cierra el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, se da cuenta con los alegatos formulados mediante pedimento 167/2018, por la agente del Ministerio Público Federal adscrita (fojas 18 a 20). A continuación, la jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por formulados los alegatos de la agente del Ministerio Público Federal adscrita; y se cierra dicho período. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 295/2018-E, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por IXELLE DEL ROSARIO GÓMEZ GALICIA, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de cuatro de abril de dos mil dieciocho, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por IXELLE DEL ROSARIO GÓMEZ GALICIA, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional solicitada, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual después de reservarse, sus dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución del acto reclamado es atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional . SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo vigente , se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, el acto reclamado en el presente asunto es: - El retardo en la designación de perito valuador para realizar el dictamen en avalúo dentro de la carpeta de investigación 2416/2015/TEHUA, a fin de que determine el valor comercial del vehículo que defiende la parte quejosa en la presente instancia constitucional. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado - que quedó precisado en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Previo Foja 1 Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representación Negó 16 2 Agente del Ministerio Público del Área de Investigación en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Región Judicial Sur Oriente en Tehuacán, Puebla Negó, pero se desvirtúa negativa 26 3 Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla Aceptó 17 CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. La citada autoridad responsable 1. Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representación, al rendir su informe previo, negó la existencia del acto que se le reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En tales condiciones, ante la inexistencia del aludido acto reclamado a la mencionada autoridad responsable, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo vigente, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución del acto reclamado. De lo anterior se sigue que, al no existir el acto reclamado a la referida autoridad responsable, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia del acto reclamado a la citada autoridad responsable. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. QUINTO. Improcedencia de la medida cautelar. La autoridad responsable ejecutora 3. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto que se le reclama; y, por su parte, la autoridad ordenadora 2. Agente del Ministerio Público del Área de Investigación en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Región Judicial Sur Oriente en Tehuacán, Puebla, negó la existencia del acto que se le reclama, negativa que se desvirtúa por las siguientes consideraciones: Si bien es cierto que la 3. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al rendir su informe previo, refirió que el cinco de abril de dos mil dieciocho, el perito en materia de avalúo adscrito al Instituto de Ciencias Forenses, Enrique Alcalá Huerta, emitió el dictamen 042-BIS-2018, el cual fue recibido en la Agencia solicitante en fecha seis de abril del año en curso; también es cierto que no existe constancia que acredite que ello efectivamente aconteció. Sirve de apoyo, la jurisprudencia cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". En ese sentido, no obstante la certeza del acto reclamado, atento a su naturaleza (acto omisivo), debe señalarse que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, por las consideraciones que enseguida se exponen: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de derechos fundamentales se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Ahora bien, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante la omisión de emitir el dictamen pericial del vehículo en controversia, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión y 2. Que no siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis I.3o.C.25 K. sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender". Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por IXELLE DEL ROSARIO GÓMEZ GALICIA, en términos de los considerandos cuarto y quinto de esta interlocutoria.
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