Ixell Maricruz Trejo Serrato
Expediente 1081/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1081/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/11/2021
Partes del expediente
- Ixell Maricruz Trejo Serrato
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese personalmente.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ........, por propio derecho, contra actos del Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1081/2021, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. ACTO RECLAMADO En esa tesitura, respecto a los actos reclamados en la presente instancia constitucional consistentes en: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la Ordenadora reclamo la resolución del toca familiar ...... dictada el día 22 de septiembre del año en curso en mi contra y de las Ejecutoras la ejecución de dicha resolución." Se estima necesario traer a la vista el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, de registro número 186605, de la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." IV. DESECHAMIENTO. Ahora, respecto del acto reclamado antes descrito, se advierte que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, que estatuye: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]" Ahora bien, el accionante se duele de la resolución del toca familiar .... dictada el día veintidós de septiembre del año en curso, por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y la ejecución de dicha resolución; asimismo, de la documental anexa por la quejosa al escrito de demanda se advierte que la Sala responsable modificó el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, y en lo que interesa, realizó la designación de perito en materia de trabajo a cargo de la actora, aquí quejosa ........, por lo que le hizo saber que deberá erogar el pago de su honorarios conforme al artículo 370 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro. Ahora bien, cabe traer a glosa el Código aludido a efecto de tener un panorama más amplio sobre la Legislación sobre la cual la Sala fundamentó su determinación. En ese tenor, los artículos 361, 362, 363, fracción I y 370 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, disponen: "Artículo 361. Los peritos deben tener título en la ciencia o arte a que pertenezca el punto sobre que ha de oírse su parecer, si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados. Si la profesión o el arte no estuvieren legalmente reglamentados o estándolo no hubiere peritos en el lugar, podrá ser nombrada cualesquier persona entendida en la materia, aun cuando no tenga título. Cada parte nombrará un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo. El tercero en discordia será nombrado por el juez. "Artículo 362. En el mismo auto que se acepte la prueba, el juez concederá a la contraparte el plazo de tres días para que adicione el cuestionario que habrá de desahogar el perito, con las preguntas que le interesen, las que necesariamente deben referirse a la prueba ofrecida y la prevendrá para que en igual plazo designe a su perito. Artículo 363. El juez nombrará los peritos que correspondan a cada parte, en los siguientes casos: I. Si se dejare de hacer el nombramiento en el plazo señalado en el artículo anterior; (...) Artículo 370. Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo nombró o en cuyo defecto lo hubiere nombrado el juez. Los del perito tercero serán pagados por la parte oferente de la prueba, quién depositará la cantidad que fije el juez para garantizarlos, bajo el apercibimiento de que si no lo hace se le tendrá por desistida de la prueba. Si el perito hubiere sido designado de oficio por el juez, sus honorarios serán cubiertos por ambas partes, quienes harán el depósito a que este artículo se refiere. Lo anterior, sin perjuicio de lo que decida la sentencia definitiva." De lo transcrito, se advierte la obligación de cada parte de nombrar un perito, salvo que se pusieran de acuerdo en el nombramiento de uno solo y que si las partes no designaran un perito, después de que se le requiera para ese efecto, el juez le nombrará uno en rebeldía. Asimismo, se aprecia que los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo nombró o en cuyo defecto lo hubiere nombrado el juez en sustitución de aquel que no lo hubiese hecho. En consecuencia, la resolución de la Sala responsable en el sentido de determinar que el juez natural debió nombrar un perito en material en trabajo social a la parte actora y que ésta debería de cubrir el pago de los honorarios derivados de la realización de dicho peritaje, no le causa un perjuicio de imposible reparación a la quejosa, aun cuando derivado del capítulo de hechos narra la desventaja económica en la que se encuentra para poder cubrir los honorarios del galeno que le sea desinado por el juez de origen; en virtud, de que el pago de los honorarios constituye una carga procesal de las partes las cuales deben ser cubiertas por las mismas, desventaja económica situación que no es motivo para que el justiciable dejé de cumplir con la obligación procesal prevista en el artículo 370 del citado código adjetivo, es decir, pagar el servicio que se generará por el perito que le designen. Tiene aplicación, la tesis aislada emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERITOS, HONORARIOS DE LOS. el artículo 393 del Código de Procedimientos Civiles de Coahuila, dispone que los honorarios y gastos de cada perito, serán pagados por la parte que haya promovido la prueba pericial, sin perjuicio de lo que disponga la sentencia definitiva, sobre condenación en costas; por lo que, de acuerdo con este precepto, es indudable que el perito nombrado en rebeldía de la parte demandada, no debe considerarse como perito del Juez, sino de dicha parte rebelde; puesto que ésta es la que debió designarlo, y el Juez no hizo más que sustituirse a la expresada parte, para hacer la designación, siendo indudable que es la parte demandada, quien debe pagar los honorarios y gastos de dicho perito, en los términos claros y precisos de la primera parte del precepto legal citado."1 . Asimismo, a la parte quejosa le corresponde cubrir los honorarios de la perito que le designaron en su rebeldía o 1 Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXVII, Quinta Época p. 2158, registro: 362380. sustitución, toda vez que, tales honorarios constituyen uno de los gastos o costos económicos que deben asumir las partes de manera ordinaria en la defensa de sus intereses dentro de un proceso judicial, como ocurre también con la generación de copias, la obtención de documentos originales, el traslado de testigos, los honorarios de abogado, la remuneración al depositario de bienes, la publicación de edictos, entre otros, y de los que eventualmente pueden verse resarcidos si obtienen sentencia condenatoria en costas a su favor. Por lo que, es una carga necesaria e inherente al ejercicio de ese derecho fundamental, puesto que se relaciona directamente con el interés de las partes de rendir íntegramente la prueba pericial que en este caso ordeno el juez de oficio para major proveer al dictar sentencia en el incidente de modificación de pension alimenticia, en cuyo desahogo ambas tienen participación, de modo que son éstas quienes deben retribuir la actividad de su perito, quien acude al juicio como auxiliar de la administración de justicia. Máxime, que al tratarse de un incidente de moficiación de pension alimenticia y derivado de los hechos planteados en el escrito de demanda, se advierte que el desahogo de la pericial en trabajo social resultaría benefico para la promovente del amparo pues de no contar con la suficiencia economica para mantener de manera digna a los menores, el resultado trasncendería devforma positiva en la resolución de la controversia de origen. Es aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial de rubro PC.III.C. J/48 C de la Décima Época, sustentada por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2019, Tomo III, página 2317, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE, CON CARÁCTER DE DEFINITIVA APRUEBA EL MONTO DE LOS HONORARIOS DEL PERITO OFICIAL DESIGNADO POR EL JUEZ EN UN JUICIO CIVIL, AL NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La resolución que fija de manera definitiva los honorarios del perito designado por el Juez, en términos del artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, no afecta materialmente algún derecho sustantivo del oferente de la prueba, por tratarse de una "carga procesal" que, a diferencia de los "deberes procesales", es de observancia potestativa y sólo incide en la posición que va asumiendo en el juicio, mas no provoca una sanción o coacción que conmine a su cumplimiento de manera ineludible o a través de una orden de embargo o medio de apremio, pues la consecuencia que impone el mencionado artículo es que se tenga por perdido su derecho para desahogar dicha prueba, con o sin petición de la contraria. De lo que se concluye que no constituye un acto de imposible reparación, por lo que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra." De igual manera, la tesis aislada de registro 356334 de la Quinta Época, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LVIII, página 1786, que dice: "PERITOS, DESIGNACION DE LOS (LEGISLACION DE QUERETARO). La designación de peritos en un juicio, es un derecho que la ley concede a las partes, el cual pueden, o no ejercitar, y aunque la ley previene que cuando no lo ejerciten, el Juez en su rebeldía, designará el perito que le corresponde a la parte omisa, esto sólo significa una garantía más para aquel derecho que la ley no quiere dejar a merced de la contraparte; pero de ninguna manera que la parte omisa tenga obligación de nombrar su perito, y menos que hayan de ser forzosamente dos peritos los que deban de dictaminar y que, de no ser éstos, aun ya designados y admitidos como tales, haya lugar a interpretar que la parte no omisa en la designación del suyo, se considere agraviada por ello, aun cuando también se haya designado al perito tercero en caso de discordia, ya que la ley autoriza al Juez y no lo obliga a aceptar precisamente el dictamen de éste, sino que puede elegir el que estime más justo de los rendidos. En estas condiciones es claro que deben de dictaminar tanto el perito de la parte que hizo la designación, como el nombrado por el Juez en rebeldía de la otra parte y en su caso, el perito tercero; pero cuando hay una manifestación expresa de renuncia al derecho de designar el perito, que es a lo que equivale la manifestación de adherirse al nombramiento hecho por el colitigante y la petición de que se tengan por no existentes las designaciones de peritos que se hubieren hecho, es indudable que se opera el caso previsto por el artículo 465 del Código de Procedimientos Civiles de Querétaro, en cualquier momento en que esa manifestación se haga, y aun después de presentado el dictamen del perito de la contraparte, pues este precepto no exige que el acuerdo sea de presencia, esto es, manifestado simultáneamente por las partes y habida entre ellas en una convención previa a esa manifestación, pues basta que una de las partes exprese su conformidad con la designación hecha por la otra y hasta con el dictamen que su perito haya presentado, para que se pueda tener por renunciado el derecho de la parte conforme, a objetar dicho dictamen, o a oponer otro, sin que la otra parte tenga derecho a exigir que el perito de su contraria primeramente designado, o el que el Juez hubiere nombrado en su rebeldía, dictaminen, pues esto sería tanto como obligar a su contraparte, a utilizar servicios periciales que no desea que le presten, y a pagarlos, ya que son de su cargo los honorarios de esos peritos. Además, el acuerdo que exige la ley, no es precisamente el de las partes con la persona del perito, en atención a las capacidades de éste o a su honorabilidad, sino en atención a que tenga título en la ciencia o arte a que correspondan los puntos sobre los que ha de recaer el dictamen, ya que aquellas circunstancias son de mera apreciación individual de las partes, y en todo caso, afectan la responsabilidad que los peritos contraen y puede hacerse efectiva por quien se considere defraudado." En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoria improcedencia, la demanda de amparo promovida por ......, por propio derecho, contra actos del Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." V. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, como lo solicita el quejoso y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal2 , aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°3 , se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de su demanda de amparo. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, inciso a), del citado artículo 274 , los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 2 "Artículo 305.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial." 3 "Artículo 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho." 4 "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. (.)"29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. En otro contexto, se tiene como autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere por asi manifestarlo expresamente la parte quejosa. VI. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 356 , 5 "Artículo 29. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. La fijación y publicación de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena y contendrá: I. El número del juicio o del incidente de suspensión de que se trate; II. El nombre del quejoso; III. La autoridad responsable; y IV. La síntesis de la resolución que se notifica. El actuario asentará en el expediente la razón respectiva." 6 "Artículo 35. Las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" utilizado por quien podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo7 . VII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo8 , se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. VIII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. IX. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. realiza la solicitud al registrarse en el Portal y el del tercero sobre el cual se solicita la autorización. La solicitud podrá formularse por vía impresa o electrónica. La solicitud respectiva podrá formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esta facultad." 7 "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: [.] IV. Por vía electrónica, a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente hayan obtenido la Firma Electrónica." 8 "Artículo 21. La presentación de las demandas o promociones de término en forma impresa podrá hacerse el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de los tribunales ante la oficialía de partes correspondiente que habrá de funcionar hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento. La presentación de las demandas o las promociones de término en forma electrónica a través de la Firma Electrónica, podrán enviarse hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento. Con independencia de lo anterior, los órganos jurisdiccionales de amparo podrán habilitar días y horas cuando lo estimen pertinente para el adecuado despacho de los asuntos." En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese personalmente a la promovente.
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