Ixchel León Gerónimo
Expediente 100/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 100/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Ixchel León Gerónimo
Actuaciones
- Principal
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el nueve de febrero del presente año, en el cual se desechó de plano la demanda intentada por Ixchel León Gerónimo, transcurrió del quince al diecinueve de febrero del año que transcurre, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; con el escrito de cuenta se tiene a la quejosa Ixchel León Gerónimo, dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de tres de febrero de dos mil veintiuno, esto es, aclara que el acto reclamado es la falta de acuerdo al escrito de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, el cual le atribuye a la Directora del Hospital General el Plan de Petróleos Mexicanos. DESECHAMIENTO Ahora bien, la promovente señala textualmente como acto reclamado: La falta de acuerdo al escrito de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, que dirigió a la Directora del Hospital General el Plan de Petróleos Mexicanos, y en el que solicita se le proporcionen sus vacaciones y permiso irrenunciable, el cual se negó a recibir. En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo, el Juzgador debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es la falta de acuerdo al escrito de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, que dirigió a la Directora del Hospital General el Plan de Petróleos Mexicanos, y en el que solicita se le proporcionen sus vacaciones y permiso irrenunciable, el cual se negó a recibir. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, y que al respecto señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, los diversos ordinales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)" Como se puede advertir, la Ley de Amparo mantiene, en esencia, la descripción de cuándo debe considerarse a un ente del Estado, como autoridad responsable. Así entonces se aprecia literalmente que el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la propia ley de la materia o incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Argumento que se robustece con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y textos siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por su parte, el artículo 1° establece el objeto del juicio de amparo y en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos de autoridad, por lo que el diverso numeral 5, fracción II, en mención, precisa quiénes tienen ese carácter y establece el carácter de autoridad responsable para el juicio de garantías. En ese tenor, para establecer el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras, corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir las controversias que surgen de ellas, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; las partes están en el mismo nivel. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Ahora bien, del libelo de amparo se advierte que la quejosa señala como acto reclamado la falta de acuerdo al escrito de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, y como autoridad responsable a la Directora del Hospital General el Plan de Petróleos Mexicanos, y en el que solicita se le proporcionen sus vacaciones y permiso irrenunciable, el cual se negó a recibir. Lo anterior, debido al agotamiento físico y mental, debido a la carga de trabajo por falta de personal. Ahora bien, Petróleos Mexicanos es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que puede tener relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, dependiendo del ámbito en el que actúe. En el presente caso, la parte quejosa aduce prestar su servicio como doctora para el Hospital General el Plan de Petróleos Mexicanos, a cambio de un salario y prestaciones, por lo que este intercambio se configura una relación laboral, cuyas funciones las regula el derecho laboral; en ese sentido, ambas partes mantienen el mismo nivel. Ahora bien, de la fracción XVII del artículo 3 de Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tabasco se desprende que se considera servidor público a la persona física que preste un servicio personal subordinado mediante designación legal, nombramiento o elección popular en alguno de los siguientes entes: I. Los poderes del Estado de Tabasco; II. Los órganos Autónomos del Estado; III. Los municipios del Estado de Tabasco; IV. Las entidades pertenecientes a la administración pública descentralizada estatal y municipal, siempre que se incorporen al régimen voluntario; Por lo que, se desprende que la quejosa es servidor público, al ser doctora en un Hospital de Petróleos Mexicanos, el cual es un organismo autónomo del estado. De ese modo, existente entre la autoridad señalada como responsable y la aquí quejosa una relación de coordinación, ya que al Hospital le reviste el carácter patrón y a la quejosa el carácter de trabajador. Sobre esa base, en principio, todo acto realizado por un ente público, a sus servidores públicos es de naturaleza laboral, por realizarse por éstos en su calidad de patrón equiparado de los trabajadores que laboran como servidores públicos, de conformidad con los artículos 116, fracción VI, segundo párrafo y 123 constitucionales. De lo antes expuesto, se sigue que el acto reclamado en esta vía, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que, en todo caso, genera un conflicto de índole laboral entre la impetrante de amparo y las autoridades responsables. De ahí que la negativa de recibir el escrito en el que solicita se le otorguen sus vacaciones y permiso irrenunciable y como autoridad responsable a la Directora General del Hospital el Plan de Petróleos Mexicanos, no puede constituir un acto de autoridad, dado que en este caso no existe una relación de supra a subordinación con un particular, sino que la relación es de coordinación entre las partes; esto último, dado que se encuentran en un plano de igualdad. Por tanto, la relación de la aquí quejosa con el hospital, es de coordinación, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y no de subordinación, al tratarse de una cuestión laboral. Sirve der apoyo lo anterior, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 1639, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Materia Común, Laboral, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de suprasubordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Se dice lo anterior, toda vez que dicho acto no puede considerarse dentro de una relación jurídica, de supra a subordinación, sino como derivado de una relación de coordinación entre la impetrante y la autoridad señalada como responsable; así que, indudablemente escapa al concepto de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo; considerándose éste, como el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, como aquel que emite un servidor público de manera unilateral, con fundamento en una norma legal, a través del cual crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, y que pueden exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Sin embargo, el hecho de que Petróleos Mexicanos sea un organismo público, no es razón suficiente para que deba considerarse su negativa de recibirle el escrito de veintinueve de enero del presente año, como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por no gozar de las características de coercitividad, unilateralidad e imperatividad necesarias para ese efecto; es decir, tal acto no es generado con fundamento en una norma legal que le otorgue a la citada responsable la facultad de conducirse de tal o cual manera y que mediante este cree una situación jurídica concreta que afecte la esfera legal de la quejosa como gobernado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de su voluntad. Lo anterior es así, ya que, como se desprende del libelo de amparo específicamente en los conceptos de violación, deja de manifiesto que la relación que existe entre la impetrante de amparo y la autoridad señalada como responsable interactúan en un plano de transacción e igualdad, y no de supra a subordinación autoridadgobernado, de tal manera que la negativa u omisión de la que se duele la impetrante, no proviene de un acto atribuible a una autoridad sino de cuestiones derivadas de un contrato de trabajo. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 113, ambos de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo, por ser notoriamente improcedente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual Ixchel León Gerónimo, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Directora del Hospital General el Plan de Petróleos Mexicanos, con sede en las Choapas, Veracruz, que estima violatorios de los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 100/2021-10. PREVENCIÓN Ahora, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, se mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: "I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda." Establecido lo anterior, cabe precisar que el artículo 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.]." En esas condiciones, antes de proveer sobre su admisión requiérase a Ixchel León Gerónimo, para que de conformidad con lo previsto por los artículos 108, fracciones III y IV, en relación con el 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este proveído, apercibida de la pena en que incurre al afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado, prevista en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, realice lo siguiente: PRIMERO: Precise bajo protesta de decir verdad cuál es el acto concreto que reclama y que le causa perjuicio. Lo anterior, en razón de que en el apartado relativo de su escrito de demanda, manifiesta que el acto que reclama es la falta de acuerdo en que ha incurrido la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco en cuanto a la promoción de uno de octubre del presente año. (sic) Asimismo, en el apartado de antecedentes, menciona que el acto del que se duele es la omisión por parte de la autoridad responsable en contestar el escrito de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, que se negó a recibir. A lo anterior, por analogía, resulta aplicable la tesis publicada con el número XX.57 K, en la página 871 del Tomo III, marzo de 1996 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda.". Así como la jurisprudencia 2a./J 55/98, con número de registro 195745, de materia común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, visible en el tomo VIII, de agosto de mil novecientos noventa y ocho, página 227, que dicta: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." SEGUNDO.- Precisado lo anterior, la parte promovente deberá aclarar a qué autoridad le reclama el acto que le ocasiona molestia. Esto es así, toda vez que en el apartado relativo expresa que la autoridad responsable es la Directora del Hospital General el Plan de Petróleos Mexicanos, residente en Las Choapas, Veracruz. Por su parte, en el apartado del acto reclamado le reclama la omisión a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Por lo que, tomando en consideración que la demanda debe estudiarse como un todo, se estima adecuado que se requiera a la ocursante, para que precise tales requisitos del litigio. Tiene apoyo lo anterior, en la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna.". TERCERO: Exhiba las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes, ya que es un requisito previsto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, enero de 1998, página 963, materia común, con número de registro 196981, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE DEBEN SER EXIGIDAS. El artículo 146 de la Ley de Amparo, dispone que si existiere una irregularidad en la demanda de garantías, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que dentro del término de tres días llene los requisitos omitidos, o bien, realice las aclaraciones correspondientes. Empero, la disposición legal en cita en forma alguna establece que el escrito mediante el cual se cumpla con la prevención debe presentarse con igual número de copias al de la demanda. De lo anterior se concluye que la obligación de presentar tantas copias del escrito aclaratorio como aquellas que se acompañaron a la demanda, sólo procede en los casos en que el dato motivo de la aclaración necesariamente debe influir o trascender a la litis constitucional, por ejemplo, cuando el quejoso en su demanda omite precisar el acto que se reclama de una determinada autoridad o lo indica en forma oscura, y que por ello se le previno para que hiciera las aclaraciones o manifestaciones que estimara pertinentes; sin embargo, en otros, la cuestión materia de la aclaración no trasciende a la litis constitucional, y en esas hipótesis resulta claro que el promovente no tiene obligación de presentar tantas copias del correspondiente escrito aclaratorio o de los documentos que al mismo anexe, en igual número a las que adjuntó a su demanda." [Énfasis añadido]. APERCIBIMIENTO Quedando apercibida la parte quejosa, que de no cumplir con las prevenciones antes mencionadas dentro del término señalado, se tendrá por no presentada la demanda intentada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, último párrafo. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su demanda y como autorizada a la licenciada Esther Rodríguez Hernández, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a Luis Alberto Rodríguez Hernández, conforme a la parte final del numeral antes invocado, únicamente para oír y recibir citas y notificaciones. Por otro lado, en relación al correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento del mismo, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carece de eficacia jurídica para los efectos de citas y notificaciones. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este expediente; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: 1. De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. 2. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese personalmente.
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MESA 10 Con fundamento en el artículo 27 Inciso C) de la Ley de Amparo, notifico el acuerdo de tres de febrero de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, en virtud de no haberse presentado dentro de los dos días hábiles siguientes, tal y como le fue indicado en el aviso, acuerdo que en lo conducente dice: VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual Ixchel León Gerónimo, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Directora del Hospital General el Plan de Petróleos Mexicanos, con sede en las Choapas, Veracruz, que estima violatorios de los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 100/2021-10. PREVENCIÓN Ahora, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, se mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: "I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda." Establecido lo anterior, cabe precisar que el artículo 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.]." En esas condiciones, antes de proveer sobre su admisión requiérase a Ixchel León Gerónimo, para que de conformidad con lo previsto por los artículos 108, fracciones III y IV, en relación con el 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este proveído, apercibida de la pena en que incurre al afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado, prevista en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, realice lo siguiente: PRIMERO: Precise bajo protesta de decir verdad cuál es el acto concreto que reclama y que le causa perjuicio. Lo anterior, en razón de que en el apartado relativo de su escrito de demanda, manifiesta que el acto que reclama es la falta de acuerdo en que ha incurrido la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco en cuanto a la promoción de uno de octubre del presente año. (sic) Asimismo, en el apartado de antecedentes, menciona que el acto del que se duele es la omisión por parte de la autoridad responsable en contestar el escrito de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, que se negó a recibir. A lo anterior, por analogía, resulta aplicable la tesis publicada con el número XX.57 K, en la página 871 del Tomo III, marzo de 1996 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda.". Así como la jurisprudencia 2a./J 55/98, con número de registro 195745, de materia común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, visible en el tomo VIII, de agosto de mil novecientos noventa y ocho, página 227, que dicta: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." SEGUNDO.- Precisado lo anterior, la parte promovente deberá aclarar a qué autoridad le reclama el acto que le ocasiona molestia. Esto es así, toda vez que en el apartado relativo expresa que la autoridad responsable es la Directora del Hospital General el Plan de Petróleos Mexicanos, residente en Las Choapas, Veracruz. Por su parte, en el apartado del acto reclamado le reclama la omisión a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Por lo que, tomando en consideración que la demanda debe estudiarse como un todo, se estima adecuado que se requiera a la ocursante, para que precise tales requisitos del litigio. Tiene apoyo lo anterior, en la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna.". TERCERO: Exhiba las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes, ya que es un requisito previsto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, enero de 1998, página 963, materia común, con número de registro 196981, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE DEBEN SER EXIGIDAS. El artículo 146 de la Ley de Amparo, dispone que si existiere una irregularidad en la demanda de garantías, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que dentro del término de tres días llene los requisitos omitidos, o bien, realice las aclaraciones correspondientes. Empero, la disposición legal en cita en forma alguna establece que el escrito mediante el cual se cumpla con la prevención debe presentarse con igual número de copias al de la demanda. De lo anterior se concluye que la obligación de presentar tantas copias del escrito aclaratorio como aquellas que se acompañaron a la demanda, sólo procede en los casos en que el dato motivo de la aclaración necesariamente debe influir o trascender a la litis constitucional, por ejemplo, cuando el quejoso en su demanda omite precisar el acto que se reclama de una determinada autoridad o lo indica en forma oscura, y que por ello se le previno para que hiciera las aclaraciones o manifestaciones que estimara pertinentes; sin embargo, en otros, la cuestión materia de la aclaración no trasciende a la litis constitucional, y en esas hipótesis resulta claro que el promovente no tiene obligación de presentar tantas copias del correspondiente escrito aclaratorio o de los documentos que al mismo anexe, en igual número a las que adjuntó a su demanda." [Énfasis añadido]. APERCIBIMIENTO Quedando apercibida la parte quejosa, que de no cumplir con las prevenciones antes mencionadas dentro del término señalado, se tendrá por no presentada la demanda intentada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, último párrafo. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su demanda y como autorizada a la licenciada Esther Rodríguez Hernández, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a Luis Alberto Rodríguez Hernández, conforme a la parte final del numeral antes invocado, únicamente para oír y recibir citas y notificaciones. Por otro lado, en relación al correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento del mismo, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carece de eficacia jurídica para los efectos de citas y notificaciones. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este expediente; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: 1. De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. 2. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese personalmente.
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