Ixchel Gallardo Aguilar
Expediente 762/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 762/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/05/2019
Partes del expediente
- Ixchel Gallardo Aguilar
Actuaciones
- Principal
1 OFICIO Agréguese a los autos el oficio 170/2019 signado por el Secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el tres del mes y año en curso, dentro del recurso de queja 37/2019, interpuesto en contra del auto de diecinueve de marzo del mismo año, dictado en el juicio de amparo 395/2019, así como este último; en consecuencia, acúsese el recibo correspondiente. De igual forma, dése a conocer a las partes que el recurso de referencia, fue resuelto bajo el siguiente punto resolutivo: "PRIMERO. Es FUNDADO el recurso de queja interpuesto por Adolfo Martínez Casique. SEGUNDO. Se ordena devolver los autos al juez Federal para que provea lo conducente en relación con la admisión de la demanda." En ese tenor, en cumplimiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, se provee: 2 DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 5, fracción II, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo únicamente respecto del acto que se reclama al Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, al actualizarse una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Para llegar a tal conclusión, se precisa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de diversos criterios jurisprudenciales, ha puntualizado como características distintivas que debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En congruencia con lo anterior, autoridad para efectos del amparo, es la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En ese orden de ideas, por lo que respecta a los actos que se imputan al Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, carece de una característica primordial de la que participan los de autoridad, consistente en la potestad de imperio, pues en ellos no se plasma algún tipo de decisión, sino únicamente tiene el carácter de subalterno de los miembros del citado Tribunal y, por consiguiente, no realiza funciones que encuadren en las previstas por el artículo 5 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 5, fracción II y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo que se analiza, únicamente por lo que hace al acto que se imputa al Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. 3 PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda únicamente por cuanto hace a los actos reclamados al Magistrado Presidente y al Actuario, ambos adscritos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, así como a este último. 4 INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado, pues la parte quejosa no la solicitó de manera expresa como lo dispone la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. 5 SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación para que se permita su conocimiento a las partes, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, debiendo exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercíbase a las autoridades responsables que la omisión a rendir su informe justificado presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de la Ley de Amparo; de igual forma, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), atento a la unidad de medida y actualización emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Hágase del conocimiento al Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla que en términos de los artículos 76 y 80 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y de conformidad con lo dispuesto en el diverso numeral 81 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, el informe justificado que se menciona en párrafos precedentes, deberá ser suscrito y signado por el titular de dicho tribunal, y no así por el Secretario General adscrito. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que si el Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, o en su caso el Actuario Judicial de la Adscripción devuelve el oficio que contiene la trascripción de este proveído por inexistencia de la autoridad destinataria, se tendrá como inexistente y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV de la ley de la materia; 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. Por otra parte, de conformidad con los artículos 64, 238 y 251, de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 251 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), atento a la unidad de medida y actualización emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. 6 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el numeral 115 de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con dieciséis minutos del tres de julio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. 7 TERCERO INTERESADO Se reserva proveer sobre el emplazamiento de las personas a las que les pudiera asistir el carácter de terceros interesados, hasta en tanto se reciban los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables. 8 VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del numeral 5 y 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario Judicial Adscrito a este Juzgado emplazar al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, corriéndole traslado con copia de la demanda de garantías que dio origen al presente sumario. 9 PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por anunciada la prueba presuncional en su doble aspecto, la instrumental de actuaciones por lo que hace al presente juicio de garantías, así como la documental que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda, misma que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno; esto es, al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, respecto a la documental consistente en la copia certificada del juicio de origen que remita el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla (y no la instrumental de actuaciones como la ofrece el quejoso), dígasele que no ha lugar a tenerla por anunciada, en atención a que aún no se encuentra agregada al presente expediente, por lo que se reserva proveer lo relativo a su admisión, hasta en tanto se reciban los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables. 10 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de Almadelia Lerdo de Santiago, autorizada del quejoso Víctor Hugo Bautista Hernández, por medio del cual solicita se requiera a la autoridad responsable dé cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. Al respecto, dígasele que por auto de veinte de marzo del año en curso (foja 159), se le otorgó a las autoridades responsables, el plazo de treinta días para que dé total cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo, por lo que una vez que transcurran los indicados días este juzgado se pronunciará sobre el cumplimiento. Notifíquese.
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