Ivonne Ramírez Muñoz

Expediente 440/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
440/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Ivonne Ramírez Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Se agrega oficio. Glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, a través del cual informa que quedó firme el proveído por el que desechó por improcedente la demanda de amparo; de lo que se toma el debido conocimiento para los efectos legales conducentes. Luego, toda vez que la Superioridad remite como anexo las constancias originales del juicio de amparo 440/2021, glósense al cuaderno en que se actúa para que obren como legalmente corresponda. Acúsese recibo.

  2. Principal

    Tribunal Colegiado acusa recibo de incompetencia. Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio con que se remitió el expediente 440/2021 que contiene el acuerdo por el que éste Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda interpuesta por *************** que se registró con el número ************; estese a la espera de lo que resuelva dicho órgano jurisdiccional en relación con la competencia para conocer de la demanda de amparo.

  3. Principal

    Causa estado proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, únicamente respecto del desechamiento parcial de la demanda de amparo. Vista la certificación que antecede y como de ella se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído de veintinueve de junio del año en curso, mediante el cual se desechó parcialmente la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado únicamente respecto de lo antes señalado. Resérvese a dar destino al expediente en que se actúa, hasta en tanto la Superioridad determine lo conducente respecto de la incompetencia planteada en proveído de veintinueve de junio del año en que se actúa.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 29 DE JUNIO DE 2021, QUE REZA: Parte quejosa desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa - - - - - , a través del cual desahoga la prevención formulada en proveído de dos de junio de dos mil veintiuno, y al efecto precisa que el acto reclamado. Fijación de la Litis. Del escrito de cuenta y la demanda de amparo se desprende que la quejosa no reclama el indebido emplazamiento, por lo que se duele de los siguientes actos: La inconstitucionalidad de la sentencia dictada dentro del expediente C-61/2019 del índice del Juzgado Octavo Civil de Partido de esta ciudad, y; Las notificaciones del proveído de trece de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se le tiene por contestando la demanda en sentido negativo, el diverso de cuatro de junio de dos mil diecinueve en el que admitió diversos medios probatorio, así como la notificación de la sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, efectuadas en la lista de los estrados del Juzgado responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Incompetencia. Por lo que respecta al acto reclamado en el inciso a) consistente en la sentencia dictada el treinta y uno de julio del dos mil diecinueve por el Juzgado Octavo Civil de Partido de esta ciudad en los autos del expediente C-61/2019, determinación que en términos de lo dispuesto en el ordinal 170, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Es aplicable la tesis número 1a. II/92, de la Octava Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, del semanario Judicial de la Federación, con registro número 206167, cuyo rubro establece: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." Lo anterior se afirma de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47, 170, fracción I, y 176 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen: "Artículo 47.- Cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito o ante un Tribunal Unitario de Circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán, carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda." "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido." "Artículo 176.- La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes." "Artículo 37.- Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:- - I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento.". De los preceptos legales antes transcritos, se infiere que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea por violaciones cometidas en las propias resoluciones o durante la secuela del procedimiento, se promoverá en vía de amparo directo. Luego, como la competencia se erige como un derecho fundamental de legalidad y, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que "las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; por ende, si en el cúmulo de atribuciones jurisdiccionales de los juzgados de distrito no se encuentra la concerniente al conocimiento de las sentencias definitivas dictadas en juicios ejecutivos mercantiles de cuantía menor, resulta cierto, que para defender el enunciado de principio de legalidad, tutelado en el artículo 16 constitucional, este tribunal carece de competencia para conocer de la demanda de amparo en comento, pues al constituir el acto reclamado la sentencia dictada el treinta y uno de julio del dos mil diecinueve por el Juzgado Octavo Civil de Partido de esta ciudad en los autos del expediente C-61/2019, en términos de lo dispuesto en los numerales antes trascritos, el conocimiento del asunto corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito, por ser la vía directa la tramitación correspondiente para combatir tal acto. Sirve de apoyo la tesis visible en la página 41, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, de rubro siguiente: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO." Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, para que tenga a bien resolver si confirma o revoca la presente determinación. Para lo cual, fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo y una vez notificado este proveído remítase el presente expediente, con sus anexos, a la autoridad señalada en el párrafo que antecede a fin de que analice la competencia que se declina y, en su caso, sea quien determine la procedencia de la demanda de amparo. Desechamiento. Finalmente, por lo que hace al acto reclamado en el inciso b) consistente en las notificaciones del proveído de trece de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se le tiene por contestando la demanda en sentido negativo, el diverso de cuatro de junio de dos mil diecinueve en el que admitió diversos medios probatorio, así como la notificación de la sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, efectuadas en la lista de los estrados del Juzgado responsable, la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación; por tanto, resulta necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, respecto de los actos reclamados, esta juzgadora advierte la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: "...XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El aludido precepto legal señala que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no tiene carácter definitivo, es decir, cuando en contra del acto materia de debate procede algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlo, revocarlo o modificarlo, puesto que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión. La Ley de Amparo es clara en establecer los casos de excepción al principio de definitividad, los cuales son, a saber, los siguientes: 1. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; 2. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; 3. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; 4. Los que importen una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; 5. Normas generales, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; 6. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 7. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 8. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; 9. Los que carezcan de fundamentación; 10. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; 11. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Ahora, el acto reclamado en estudio consistente en las notificaciones del proveído de trece de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se le tiene por contestando la demanda en sentido negativo, el diverso de cuatro de junio de dos mil diecinueve en el que admitió diversos medios probatorio, así como la notificación de la sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, efectuadas en la lista de los estrados del Juzgado responsable, esta juzgadora estima actualizada la causa de improcedencia antes invocada puesto que contra de dicha actuación procede el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable en forma supletoria al Código de Comercio, el cual dispone: "Artículo 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." En este numeral se prevé el incidente de nulidad de notificaciones, el que tiene por objeto declarar la nulidad de las diligencias que se hicieren en forma distinta a lo previsto por la ley, así como las actuaciones posteriores a aquella que se hubiera declarado ilegal. Así las cosas, es incuestionable que las notificaciones del proveído de trece de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se le tiene por contestando la demanda en sentido negativo, el diverso de cuatro de junio de dos mil diecinueve en el que admitió diversos medios probatorio, así como la notificación de la sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, efectuadas en la lista de los estrados del Juzgado responsable, debieron haberse impugnado a través del incidente de nulidad de notificaciones, por el que era factible que se declarara su nulidad. Expuesto lo anterior, es claro que en la especie, previo a la instauración del juicio de garantías, la parte quejosa debió interponer el medio de impugnación en comento, a virtud de que de la demanda que nos ocupa, se desprende que la parte quejosa es parte demandada en el juicio de origen; por lo que estaba en condiciones de intentar el incidente de nulidad de notificaciones, los cuales tienen como efecto nulificar las actuaciones de las que se adolece; aunado a que no está reclamando el ilegal emplazamiento, por tanto tuvo la oportunidad de comparecer al juicio de origen y no lo hizo, con lo cual, es claro que soslayó agotar el principio de definitividad; presupuesto que es indispensable para la procedencia del juicio de amparo, ya que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada civil, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1083, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Novena Época, que establece: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE PROMOVERSE, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA QUEJOSA SE OSTENTA COMO PARTE EN UN JUICIO Y ARGUMENTA QUE NO SE LE "EMPLAZÓ" AL INCIDENTE DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS QUE RECLAMA, EN VIRTUD DE QUE LA CITACIÓN A ÉSTE NO CONSTITUYE TÉCNICAMENTE UN EMPLAZAMIENTO. Cuando en la demanda de garantías la quejosa se ostenta como parte en un juicio, y argumenta que no fue notificada de la existencia de un incidente, debe interponer el incidente de nulidad de actuaciones antes de acudir al amparo, conforme a los artículos 74 y 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establecen que puede invocarse la nulidad de una actuación cuando le falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes. Destacando que si bien es cierto que aunque la peticionaria de garantías afirme que no se le "emplazó" al incidente del que derivan los actos que reclama en el amparo, también lo es que la citación al incidente de referencia no constituye técnicamente un emplazamiento al juicio, sino la notificación de una cuestión no principal dentro del juicio respecto del cual la inconforme se ostenta como parte." Asimismo, tiene aplicación la tesis aislada civil, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito localizada en la página 2674, Tomo XXVI, Julio de 2007, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. QUIEN TIENE CONOCIMIENTO DEL ILEGAL O DEFECTUOSO EMPLAZAMIENTO A JUICIO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA, NO TIENE ESE CARÁCTER Y, POR ENDE, ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR EL INCIDENTE DE NULIDAD PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA)." Bajo lo antes expuesto, debe decirse que el acto reclamado por la quejosa y precisado en el inciso b), en modo alguno puede ser nulificado en la vía constitucional intentada, ya que en tratándose de actos como los que en la especie se analizan, debe cumplirse con el principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que tal ilegalidad puede impugnarse dentro del procedimiento judicial de donde se hacen derivar los actos, a través del incidente de nulidad actuaciones que establece el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente contenido: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de amparo de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia invocada; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata.

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