Ivonne Ramírez Barrera

Expediente 524/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
524/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/07/2021

Partes del expediente

  • Ivonne Ramírez Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de julio de dos mil veintiuno.  Causa estado el auto en el que se desechó la demanda de amparo. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, TÉNGASE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO Y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno.  Existencia de documentos (no originales). No se omite señalar que el documento que exhibió la parte quejosa dentro del presente juicio, se encuentra catalogado como no original; no obstante, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite. En el entendido que de no hacerlo, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    *****Número de expediente: 524/2021 Acuerdo: Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo de **************, por propio derecho, contra actos del Titular del Órgano Interno de Control de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 524/2021-III. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. Consideraciones previas. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en: El citatorio con número de oficio 10.C/121/OIC-APT/2021, de quince de junio de dos mil veintiuno, derivado del expediente OIC-PI/001/2019, a través del cual se cita a la quejosa, en carácter de servidora pública presunta responsable de falta administrativa no grave, a la audiencia inicial señalada para el veintiuno de junio del dos mil veintiuno, a las diez horas. El informe de presunta responsabilidad administrativa con número de oficio 10.C/120/OIC-APT/2021, de fecha diecinueve de marzo del dos mil veintiuno. El acuerdo de clasificación, derivado del expediente número OIC-PI/001/2019. En tanto que el emplazamiento reclamado se entiende como un efecto del citatorio antes mencionado y que la diversa omisión que se impugna, relativa a dictar el acuerdo de admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, constituye un vicio de inconstitucionalidad que se atribuye a los actos reclamados de forma destacada. Se desecha demanda. Los artículos 112, primer párrafo y 113, ambos de la Ley de Amparo imponen al juez de distrito, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Al respecto, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, de la Ley de Amparo; en virtud de que la resolución reclamada, emitida dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa y, en todo caso, debe combatirse al impugnar la resolución que resuelva dicho procedimiento. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Del primer numeral reproducido se obtiene que el juicio de amparo deviene improcedente, entre otros casos, en los supuestos previstos en alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia ley de la materia. Asimismo, de la segunda porción normativa transcrita se sigue que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos, omisiones o resoluciones dictadas en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que (primer supuesto) se trate de la resolución definitiva o bien, (segundo supuesto) de actos intermedios que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Luego, de una intelección de ambas porciones normativas se obtiene que el juicio de amparo será improcedente en contra de actos que emitidos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no tengan las características apuntadas; esto es, que no sean la resolución final o que tratándose de actos intermedios, no sean de imposible reparación. Ahora bien, en relación con el segundo supuesto, esto es, de actos intermedios emitidos en un procedimiento seguido en forma de juicio que importen una afectación a derechos sustantivos, cabe precisar que una nota distintiva que permite advertir qué actuaciones autoritarias ostentan esa cualidad, es si la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una resolución favorable en el procedimiento; pues en sentido contrario, si con el dictado de tal fallo desaparecieran las afectaciones ocasionadas al gobernado, en realidad se estará en presencia de un acto intraprocesal que no afecta derechos sustantivos y, por tanto, no produce una afectación de imposible reparación. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis I.1o.A.E. J/5 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, la que desde luego se comparte y que está visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1902, de rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." En particular, importa destacar que la connotación de afectación de forma irreparable para efectos del juicio de amparo, tanto en procedimiento administrativos seguidos en forma de juicio, como en instancias jurisdiccionales, ha sido clarificada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación en el sentido de que, en primer término, se debe tratar de actos que afecten materialmente derechos, esto es que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y en segundo lugar, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, en contraposición a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. El anterior razonamiento quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora bien, toda vez que el acto reclamado fue emitido dentro del procedimiento administrativo sancionador número OIC-PI/001/2019 regulado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de determinar la naturaleza del mismo, conviene tener presente que el artículos 208 del citado ordenamiento dispone: "Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes: I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados en el informe; II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se nombre; IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación; V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley; VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos; VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes; VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo; IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello; XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles." De acuerdo con la disposición anterior, el procedimiento para sancionar faltas administrativas no graves, se desarrolla de la siguiente manera: La Autoridad investigadora presenta ante la Autoridad substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, para que dentro de los tres días siguientes se pronuncie sobre su admisión. Si la Autoridad substanciadora admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, y lo citará para una audiencia inicial; en el entendido de que entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El día y hora de la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y ofrecerá las pruebas que estime necesarias. Una vez que las partes hayan manifestado lo que a su derecho convenga y ofrecido sus pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo. Concluido el desahogo de las pruebas y si no existieran diligencias pendientes, la Autoridad substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera. De lo anterior, es factible advertir que el procedimiento sancionatorio regulado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se erige como un procedimiento seguido en forma de juicio, cuya impugnación a través del amparo indirecto se sujeta a lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo. En ese sentido, a fin de clarificar la afectación que puede ocasionar a la quejosa los actos reclamados, conviene tener presente que el diecisiete de junio del dos mil veintiuno, la quejosa fue citada con el carácter de servidora pública señalada como presunta responsable de falta administrativa no grave, para comparecer a la audiencia inicial señalada para el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, a las diez horas, dentro de procedimiento de responsabilidad administrativa con número de expediente OIC-PI/001/2019. En dicha diligencia de emplazamiento la autoridad substanciadora del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, le entregó el citatorio con número de oficio 10.C/121/OIC-APT/2021 de quince de junio del dos mil veintiuno, acompañado de una copia del informe de presunta responsabilidad administrativa con número de oficio 10.C/121/OIC-APT/2021 de diecinueve de marzo del dos mil veintiuno, y una copia del acuerdo de clasificación de conducta de nueve de junio del dos mil veintiuno. Así, es dable establecer que los actos reclamados -entrega de citatorio y de documentación relacionada con la presunta responsabilidad no grave- acontecieron antes de la audiencia inicial, de lo que se colige que los citados actos reclamados son de naturaleza intraprocesal; puesto que aun resta el desahogo de pruebas y la etapa de alegatos, así como el dictado de la resolución correspondiente. Asimismo, se observa que los citados actos no afectan materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues no producen directamente ninguna afectación material sobre algún derecho sustantivo, como la libertad, la propiedad, las posesiones, la seguridad, la privacidad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; sino que, al tratarse de afectaciones procedimentales, en su caso, será hasta el desenlace del procedimiento de origen en el que la quejosa resentirá, de ser así, las afectaciones de las que se duele en su demanda de amparo Lo antepuesto, evidencia que los actos combatidos de naturaleza intraprocesal no ocasionan una afectación a derechos sustantivo, pues su alcance solo puede advertirse hasta que concluya el procedimiento de origen, pues de resolverse en su favor, desaparecería los efectos de los actos que ahora se reclaman. Al respecto es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 43/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 175221, que dice: "Novena Época Materias(s): Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Abril de 2006, página 242 Tipo: Jurisprudencia RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto." Por tanto, los citados actos reclamados no son susceptibles de reclamarse de forma autonóma a través del juicio constitucional sino que su impugnación debe hacer valer cuando se controvierta la respectiva resolución definitiva. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que no resultaría factible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se deduce de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, es procedente, con fundamento en los diversos 112 y 113 de dicho cuerpo de leyes, desechar de plano la demanda de amparo promovida por Ivonne Ramírez Barrera. No ha lugar a tener por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones.Ahora bien, respecto del domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, no ha lugar a tenerlo por señalado, toda vez que se encuentra fuera de la zona metropolitana en la que se encuentra la residencia de este Juzgado de Distrito; en consecuencia, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio procesal en la zona metropolitana en la que se encuentran las ciudades de Apizaco o Tlaxcala.No obstante, por única ocasión y dada la relevancia de la presente determinación, se ordena notificar este proveído a la parte quejosa en el domicilio que señala en la demanda de amparo; en el entendido de que las subsecuentes notificaciones, como se dijo, le serán practicadas por medio de lista de acuerdos.Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 24/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ..DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO. De lo dispuesto en los artículos 146 y 178, en relación con los numerales 28, fracción II, último párrafo y 29, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se advierte que el proveído por el que se manda aclarar la demanda de garantías debe notificarse en forma personal, a fin de que pueda subsanar las irregularidades de su escrito, aun cuando haya señalado un domicilio para recibir notificaciones fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional del conocimiento. Lo anterior es así, toda vez que la obligación de señalar domicilio convencional en el lugar del juicio constituye un requisito de la demanda, cuya omisión no puede originar su sanción inmediata, sino el requerimiento previo en el sentido de que, en caso de no cumplir con dicha obligación procesal, las subsecuentes notificaciones, aun las personales, se harán por medio de lista. Además, el auto por el que se manda aclarar una demanda de amparo es de tal trascendencia, que su falta de conocimiento oportuno puede llevar a tenerla por no interpuesta, por lo que debe garantizarse plenamente al quejoso la posibilidad material, no sólo formal, de subsanar las irregularidades de su escrito inicial, pues de lo contrario carecerían de toda eficacia jurídica los requerimientos y apercibimientos contenidos en la prevención, y se atentaría contra el derecho de acción de quien acude al amparo." Autorizados en términos amplios y restringidos. Por otra parte, se tienen como autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Arturo Hilario Sánchez George, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Exhortación para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles.En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente. ******

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo de **************, por propio derecho, contra actos del Titular del Órgano Interno de Control de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 524/2021-III. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. Consideraciones previas. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en: El citatorio con número de oficio 10.C/121/OIC-APT/2021, de quince de junio de dos mil veintiuno, derivado del expediente OIC-PI/001/2019, a través del cual se cita a la quejosa, en carácter de servidora pública presunta responsable de falta administrativa no grave, a la audiencia inicial señalada para el veintiuno de junio del dos mil veintiuno, a las diez horas. El informe de presunta responsabilidad administrativa con número de oficio 10.C/120/OIC-APT/2021, de fecha diecinueve de marzo del dos mil veintiuno. El acuerdo de clasificación, derivado del expediente número OIC-PI/001/2019. En tanto que el emplazamiento reclamado se entiende como un efecto del citatorio antes mencionado y que la diversa omisión que se impugna, relativa a dictar el acuerdo de admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, constituye un vicio de inconstitucionalidad que se atribuye a los actos reclamados de forma destacada. Se desecha demanda. Los artículos 112, primer párrafo y 113, ambos de la Ley de Amparo imponen al juez de distrito, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Al respecto, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, de la Ley de Amparo; en virtud de que la resolución reclamada, emitida dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa y, en todo caso, debe combatirse al impugnar la resolución que resuelva dicho procedimiento. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Del primer numeral reproducido se obtiene que el juicio de amparo deviene improcedente, entre otros casos, en los supuestos previstos en alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia ley de la materia. Asimismo, de la segunda porción normativa transcrita se sigue que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos, omisiones o resoluciones dictadas en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que (primer supuesto) se trate de la resolución definitiva o bien, (segundo supuesto) de actos intermedios que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Luego, de una intelección de ambas porciones normativas se obtiene que el juicio de amparo será improcedente en contra de actos que emitidos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no tengan las características apuntadas; esto es, que no sean la resolución final o que tratándose de actos intermedios, no sean de imposible reparación. Ahora bien, en relación con el segundo supuesto, esto es, de actos intermedios emitidos en un procedimiento seguido en forma de juicio que importen una afectación a derechos sustantivos, cabe precisar que una nota distintiva que permite advertir qué actuaciones autoritarias ostentan esa cualidad, es si la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una resolución favorable en el procedimiento; pues en sentido contrario, si con el dictado de tal fallo desaparecieran las afectaciones ocasionadas al gobernado, en realidad se estará en presencia de un acto intraprocesal que no afecta derechos sustantivos y, por tanto, no produce una afectación de imposible reparación. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis I.1o.A.E. J/5 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, la que desde luego se comparte y que está visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1902, de rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." En particular, importa destacar que la connotación de afectación de forma irreparable para efectos del juicio de amparo, tanto en procedimiento administrativos seguidos en forma de juicio, como en instancias jurisdiccionales, ha sido clarificada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación en el sentido de que, en primer término, se debe tratar de actos que afecten materialmente derechos, esto es que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y en segundo lugar, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, en contraposición a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. El anterior razonamiento quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora bien, toda vez que el acto reclamado fue emitido dentro del procedimiento administrativo sancionador número OIC-PI/001/2019 regulado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de determinar la naturaleza del mismo, conviene tener presente que el artículos 208 del citado ordenamiento dispone: "Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes: I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados en el informe; II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se nombre; IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación; V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley; VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos; VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes; VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo; IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello; XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles." De acuerdo con la disposición anterior, el procedimiento para sancionar faltas administrativas no graves, se desarrolla de la siguiente manera: La Autoridad investigadora presenta ante la Autoridad substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, para que dentro de los tres días siguientes se pronuncie sobre su admisión. Si la Autoridad substanciadora admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, y lo citará para una audiencia inicial; en el entendido de que entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El día y hora de la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y ofrecerá las pruebas que estime necesarias. Una vez que las partes hayan manifestado lo que a su derecho convenga y ofrecido sus pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo. Concluido el desahogo de las pruebas y si no existieran diligencias pendientes, la Autoridad substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera. De lo anterior, es factible advertir que el procedimiento sancionatorio regulado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se erige como un procedimiento seguido en forma de juicio, cuya impugnación a través del amparo indirecto se sujeta a lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo. En ese sentido, a fin de clarificar la afectación que puede ocasionar a la quejosa los actos reclamados, conviene tener presente que el diecisiete de junio del dos mil veintiuno, la quejosa fue citada con el carácter de servidora pública señalada como presunta responsable de falta administrativa no grave, para comparecer a la audiencia inicial señalada para el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, a las diez horas, dentro de procedimiento de responsabilidad administrativa con número de expediente OIC-PI/001/2019. En dicha diligencia de emplazamiento la autoridad substanciadora del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, le entregó el citatorio con número de oficio 10.C/121/OIC-APT/2021 de quince de junio del dos mil veintiuno, acompañado de una copia del informe de presunta responsabilidad administrativa con número de oficio 10.C/121/OIC-APT/2021 de diecinueve de marzo del dos mil veintiuno, y una copia del acuerdo de clasificación de conducta de nueve de junio del dos mil veintiuno. Así, es dable establecer que los actos reclamados -entrega de citatorio y de documentación relacionada con la presunta responsabilidad no grave- acontecieron antes de la audiencia inicial, de lo que se colige que los citados actos reclamados son de naturaleza intraprocesal; puesto que aun resta el desahogo de pruebas y la etapa de alegatos, así como el dictado de la resolución correspondiente. Asimismo, se observa que los citados actos no afectan materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues no producen directamente ninguna afectación material sobre algún derecho sustantivo, como la libertad, la propiedad, las posesiones, la seguridad, la privacidad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; sino que, al tratarse de afectaciones procedimentales, en su caso, será hasta el desenlace del procedimiento de origen en el que la quejosa resentirá, de ser así, las afectaciones de las que se duele en su demanda de amparo Lo antepuesto, evidencia que los actos combatidos de naturaleza intraprocesal no ocasionan una afectación a derechos sustantivo, pues su alcance solo puede advertirse hasta que concluya el procedimiento de origen, pues de resolverse en su favor, desaparecería los efectos de los actos que ahora se reclaman. Al respecto es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 43/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 175221, que dice: "Novena Época Materias(s): Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Abril de 2006, página 242 Tipo: Jurisprudencia RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto." Por tanto, los citados actos reclamados no son susceptibles de reclamarse de forma autonóma a través del juicio constitucional sino que su impugnación debe hacer valer cuando se controvierta la respectiva resolución definitiva. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que no resultaría factible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se deduce de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, es procedente, con fundamento en los diversos 112 y 113 de dicho cuerpo de leyes, desechar de plano la demanda de amparo promovida por Ivonne Ramírez Barrera. No ha lugar a tener por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, respecto del domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, no ha lugar a tenerlo por señalado, toda vez que se encuentra fuera de la zona metropolitana en la que se encuentra la residencia de este Juzgado de Distrito; en consecuencia, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio procesal en la zona metropolitana en la que se encuentran las ciudades de Apizaco o Tlaxcala. No obstante, por única ocasión y dada la relevancia de la presente determinación, se ordena notificar este proveído a la parte quejosa en el domicilio que señala en la demanda de amparo; en el entendido de que las subsecuentes notificaciones, como se dijo, le serán practicadas por medio de lista de acuerdos. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 24/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ..DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO. De lo dispuesto en los artículos 146 y 178, en relación con los numerales 28, fracción II, último párrafo y 29, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se advierte que el proveído por el que se manda aclarar la demanda de garantías debe notificarse en forma personal, a fin de que pueda subsanar las irregularidades de su escrito, aun cuando haya señalado un domicilio para recibir notificaciones fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional del conocimiento. Lo anterior es así, toda vez que la obligación de señalar domicilio convencional en el lugar del juicio constituye un requisito de la demanda, cuya omisión no puede originar su sanción inmediata, sino el requerimiento previo en el sentido de que, en caso de no cumplir con dicha obligación procesal, las subsecuentes notificaciones, aun las personales, se harán por medio de lista. Además, el auto por el que se manda aclarar una demanda de amparo es de tal trascendencia, que su falta de conocimiento oportuno puede llevar a tenerla por no interpuesta, por lo que debe garantizarse plenamente al quejoso la posibilidad material, no sólo formal, de subsanar las irregularidades de su escrito inicial, pues de lo contrario carecerían de toda eficacia jurídica los requerimientos y apercibimientos contenidos en la prevención, y se atentaría contra el derecho de acción de quien acude al amparo." Autorizados en términos amplios y restringidos. Por otra parte, se tienen como autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Arturo Hilario Sánchez George, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Exhortación para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano