Ivonne Mireya Duran Reyes

Expediente 844/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
844/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/07/2023

Partes del expediente

  • Ivonne Mireya Duran Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como DESTRUIBLE en un plazo de tres años, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial no existen documentos originales por devolver a la parte quejosa; en consecuencia, no procede ordenar la notificación personal del presente proveído. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa -, con el cual cumple con las prevenciones formuladas en auto de treinta de junio del año en curso, haciendo las manifestaciones que refiere. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado la falta de notificación en forma personal de la sentencia definitiva dictada el treinta y uno de mayo del año en curso, dictada dentro del expediente -, sobre reivindicación de inmueble, en el que es parte demandada, del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Morelia. Ahora respecto del acto en mención, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, del propio ordenamiento legal, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En este sentido, del escrito de demanda se advierte que la promovente reclama la falta de notificación personal de la sentencia emitida el treinta y uno de mayo del año en curso, dentro del expediente -, sobre reivindicación de inmueble, en el que es parte demandada, del índice del juzgado responsable, y como se anticipó la demanda de amparo, respecto del acto antes referido deviene improcedente, para los efectos de procedencia del juicio de garantías. Debe decirse que, ante la ilegalidad de alguna notificación, admite el incidente de nulidad de notificaciones, en términos de lo previsto por los artículos 94, 95, 96, 97 y 99 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, que prevén: "Artículo 94. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en este capítulo, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en el juicio sabedora de la providencia, por haber hecho alguna promoción o recibido alguna notificación posterior, la notificación indebida surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legalmente hecha, sin que por eso quede relevado el que la hizo, de la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior. Artículo 95. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. La firmeza del procedimiento es garantía de las partes y por lo mismo todo auto o sentencia que notificada en forma no haya sido recurrido, produce todos sus efectos y para invalidarla, lo mismo que respecto de las diligencias posteriores a ella, no se admitirán incidentes de nulidad de actuaciones; en su contra sólo procederán los recursos establecidos por la ley. Todo incidente de nulidad de actuaciones que no esté comprendido dentro de las prescripciones de este artículo será desechado por el Juez o tribunal ante quien se intente y contra la resolución no procederá recurso alguno. Artículo 96. La nulidad de una actuación debe reclamarse dentro del término comprendido entre la fecha de la actuación misma y los tres días siguientes a aquel en que sea notificada legalmente la resolución subsecuente; pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo 97. La nulidad establecida en beneficio de una de las partes, no puede ser invocada por otra. (.) Artículo 99. Sólo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento o por defecto en éste. Si en el incidente se resuelve que son válidas la notificación o las actuaciones, se impondrá al promovente y a su abogado solidariamente una multa de veinticinco días de salario mínimo general vigente en el Estado. Las cuestiones que se susciten con motivo de nulidades de actuaciones o de notificaciones, se decidirán en la sentencia definitiva.". En consecuencia, si los invocados preceptos legales establecen categóricamente que procede el incidente de nulidad de notificación, entonces en el presente caso debió previamente agotar tal medio de impugnación, para cumplir con el principio de definitividad rector del juicio de garantías. De ahí que, es claro que antes de acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio ordinario de defensa, para satisfacer el principio de definitividad que resulta necesario para la procedencia del juicio de garantías, de acuerdo con el invocado artículo precepto legal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que la determinación reclamada no se encuentra entre la excepción que la propia fracción contempla, en donde se establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, no es necesario agotar el medio ordinario de defensa. Es aplicable en el caso, la jurisprudencia número 37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En virtud de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en precepto legal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 113 del mismo ordenamiento, se DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Sin que pase inadvertido para el que ahora resuelve que además de la causa de improcedencia antes precisada, se actualiza la diversa prevista en la fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 ambos de la Ley de Amparo, virtud a que en el punto número 3 de su escrito aclaratorio, la quejosa refiere que la sentencia de la que ahora reclama no haber sido notificada en forma personal, se hizo del conocimiento del abogado que la representa vía WatsApp, desde el uno de junio de dos mil veintitrés; por lo que desde esa data se ostenta sabedora de tal resolución, de ahí que ya excedió el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar su demanda de amparo, puesto que la misma se presentó hasta el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, como se advierte del sello de presentación. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por-, por propio derecho, contra actos del Actuario del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Morelia. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número I-844/2023-1; y previo a admitirla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, y apercibida de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos. 1.- Virtud a que refiere que interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, deberá manifestar si dicho recurso le fue admitido. 2.- Además, deberá precisar cómo se ordenó la notificación de la citada sentencia, en forma personal o por lista. 3.- Asimismo, señale en qué fecha se le tuvo por notificada de la sentencia reclamada. 4. Por otra parte, indique si promovió medio de impugnación alguno contra la notificación de la sentencia que en su caso se le hubiere realizado. 5.- Finalmente, tendrá que exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, debiendo tener en consideración que se necesitan, una para el juicio principal, una para cada autoridad responsable, dos para formar los cuadernos incidentales y una más para la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado federal. Hecho lo anterior se proveerá al respecto. En la inteligencia que de no cumplir con las prevenciones formuladas, se procederá en términos del artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones el que precisa en su libelo constitucional, y autorizando para ese efecto a las personas que indica, por así manifestarlo expresamente. Finalmente, expídansele copia simple de la presente determinación, autorizando para recibirlas a las personas que señala; sin embargo, respecto a las copias que solicita de las constancias que lleguen a integrar el presente asunto, deberá solicitarlas una vez que obren en autos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.

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