Ivonne Libien Ávila
Expediente 608/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 7 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 608/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 07/07/2021
Partes del expediente
- Ivonne Libien Ávila
Actuaciones
- Principal
MESA III. Toluca, Estado de México, siete de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda (con anexo) promovida por *** en contra del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal en San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 608/2021-III. Ahora bien, cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir la parte quejosa. En ese sentido, de un análisis integral de la demanda de amparo y del escrito que se recibe, permite precisar que la pretensión de la quejosa es reclamar lo siguiente: La determinación de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, emitida por el Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, en los autos del expediente 555/2020, en la que acordó la negativa para señalar día y hora para la celebración de la audiencia inicial peticionada por la quejosa Ivonne Libien Ávila. En tal virtud, es menester precisar que las cuestiones competenciales son de carácter oficioso y de orden público, tomando en cuenta que, es del interés de la sociedad que los asuntos sean efectivamente resueltos por las autoridades facultadas para tal efecto, dentro de los parámetros establecidos en las leyes aplicables. Y en ese sentido, debe apuntarse que se carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer del presente asunto, por las razones que se expondrán a continuación. El artículo 37 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Establece que, para conocer de la demanda de amparo, será competente el juez de Distrito: (i) que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; (ii) el del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material; y (iii) el que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. Es decir, la competencia por territorio en materia de amparo, se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado; por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución; además el precepto legal invocado, al establecer que es competente el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. Y es que, la intención del legislador, al fijar la competencia de los jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar cercano donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro; pues sólo de esa manera, se puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, incluso se hace manifiesto que, conforme al último párrafo del precepto en cita, se establece que si el acto no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En este último supuesto, aquellos casos donde el acto reclamado no tenga ejecución material, pero sí efectos positivos, por haberse dictado dentro de un procedimiento jurisdiccional, al materializarse sus consecuencias legales, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que lo emitió y lleva el juicio, será competente aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J.13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, Junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Así como la diversa VII.1o.C.2 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 1107, que señala: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL. Para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio; además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material". Sentado lo anterior, debe ahora destacarse que, conforme al análisis de la demanda de amparo, se obtiene que el acto materia de reclamo, se hace consistir en la determinación de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, emitida por el Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, en los autos del expediente 555/2020, en la que acordó la negativa para señalar día y hora para la celebración de la audiencia inicial peticionada por la quejosa Ivonne Libien Ávila. Determinación reclamada que, aunque no cuenta con una ejecución material, este juzgador estima que, al estar dictada dentro de un procedimiento jurisdiccional, tiene efectos positivos, y sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que lo emitió y lleva el juicio; de tal manera que el juez competente para conocer del juicio de amparo, será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora, esto es en San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre. Y en esa tesitura, se estima legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por Ivonne Libien Ávila, dado que las consecuencias legales del acto reclamado se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que lo emitió y lleva el juicio; es decir, se considera que el juez competente para conocer del presente asunto, será Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, por ejercer jurisdicción precisamente en el lugar donde reside la autoridad señalada como ordenadora, quien incluso lleva el trámite de la causa penal que se le instruye. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia para conocer del presente asunto, a favor del Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, en turno. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar inmediatamente a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), con el uso de su firma electrónica. Además, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Se tiene como domicilio de la quejosa el que cita en su demanda para los efectos que refiere; y, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Eduardo Heredia Saucedo, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente y, en términos del artículo 24 de la legislación citada a las restantes que cita, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.
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