Ivonne Guadalupe Juárez Díaz de León

Expediente 804/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
804/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • Ivonne Guadalupe Juárez Díaz de León

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de septiembre de dos mil veintitrés. Acuerdo causa estado Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de agosto dos mil veintitrés, a través del cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el expediente electrónico y libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda, de conformidad con lo establecido en la fracción IV, del artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Disposiciones generales de archivo De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que se encuentra el toca ********************/2023, del índice de la Primera Sala Civil Regional, por lo que, se ordena devolver el referido toca a su lugar de origen. Notifíquese en lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Admite competencia legal Visto lo de cuenta, se advierte que el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, remite los autos del Juicio de Amparo Directo *******, de su índice, promovido por *******, en virtud de que, mediante acuerdo de veintidós de los actuales, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en turno, residente en esta ciudad, que resultó ser este Juzgado. Con fundamento en los artículos 37 y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se acepta la competencia legal planteada para conocer de la demanda de amparo en comento, ya que se comparten las consideraciones expuestas por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, por lo que, envíese acuse de recibido y hágase del conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, declinante esta determinación. Registro de la demanda de amparo Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; quedando registrado como juicio de amparo 804/2023-IV. Se desecha demanda De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, este órgano jurisdiccional procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia de la misma. Al respecto, para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. La tesis en cuestión establece, esencialmente, que para desechar una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo; y, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Indicado lo anterior, se tiene que en el caso, la quejosa *******, reclama los siguientes actos, de las autoridades responsables que a continuación se indican: Actos reclamados: De la Primera Sala Civil Regional del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: La resolución dictada en el Toca *******, de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Del Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: El cumplimiento a dicha resolución de Alzada, consistente en la admisión de los medios de convicción que fueron materia de estudio en la segunda instancia mencionada. Al respecto, la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, los siguientes antecedentes de los actos reclamados: I.- Es el caso que en fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho los CC. ******* y *******, comparecieron a efecto de denunciar el juicio de sucesión legítima a nombre de la C. *******, también conocida como ******* y/o ******* y/o *******, recayendo a este sumario el expediente ******* del Índice del Juzgado Segundo de lo Civil por Audiencia de este Distrito Judicial Bravos, en fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho; así mismo, en dicho acuerdo dictado por la autoridad señalada como responsable, se ordenó notificar a los diversos descendientes de la autora de la referida sucesión, a lo cual ocurrió en diversas fechas y temporalidades y, una vez compareciendo todos estos al sumario de marras, se dictó la declaración de herederos correspondiente, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en la cual se declaró como herederos de la sucesión a biene4s de la C. *******, también conocida como ******* y/o ******* y/o *******, a la suscrita y a los referidos como terceros interesados, por haberse acreditado el entroncamiento. Luego en fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se celebró la junta de herederos, señalando tres de los cinco, a la C. *******, como albacea de la sucesión de referencia. Aceptando y protestando el cargo, se tuvo a la albacea realizando el inventario y avalúo a que hace alusión la legislación procesal de la materia en vigencia para esta Localidad, a lo cual la suscrita y el diverso tercero interesado C. *******, presentamos el correspondiente incidente de oposición al inventario y avalúo presentado por la Albacea, ofreciendo los medios de convicción pertinentes para acreditar la incidencia, contestando la vista la albacea de la sucesión en fecha trece de febrero del presente año, ofreció las probanzas pertinentes, a lo cual el H. Juzgado Segundo de lo Civil por Audiencias, proveyó sobre las mismas, desechando una serie de las pruebas ofrecidas por ambas partes, por no estar apegadas a la legislación adjetiva o a las buenas costumbres, a lo cual la albacea de esta sucesión presentó el recurso de apelación en contra de estas determinaciones, substanciándose y remitido por A-quo a su superior Jerárquico, una vez realizadas las gestiones pertinentes. II.- Ahora bien, una vez tramitado el referido recurso, se admitió en cuanto a su grado por la Primera Sala Civil regional del Distrito Bravos, Chihuahua, radicándolo bajo el Toca ******* en fecha diecisiete de mayo del presente año, y una vez realizados los requisitos procesales se dictó sentencia definitiva modificando la resolución impugnada, en el siguiente sentido de admitir las probanzas ofertadas por la Albacea de la sucesión de marras, consistentes en el supuesto reconocimiento de contenido y firma, así como la prueba confesional a cargo de ciertos herederos declarados. Ahora bien, de los autos originales del Toca del que deriva la resolución reclamada, se advierte que en ésta se adujo lo siguiente: (.) Es fundado el agravio, pues el correcto el reclamo de la impetrante relativo a que no existe razón instaurada en la ley, para que la juzgadora primigenia, haya acordado no admitirle la probanza de ratificación de contenido y firma del escrito de fecha 18 de septiembre de 2023, por parte de [*******] y [*******], en su escrito de contestación a la vista del Incidente de Inconformidad y Oposición al Inventario y Avalúo, con base en que no proporcionó el domicilio de los antes citados; puesto que al respecto el Código Procesal Civil, establece en el artículo 132, que todas las partes litigantes en su primer escrito que presenten o en su primera intervención ante el tribunal, designarán domicilio ubicado en el lugar del juicio para que en él se les hagan las notificaciones y se practiquen las demás diligencias que sean necesarias y que cuando un litigante no cumpla con lo antes prevenido, las notificaciones, aun las que conforme al código deben hacerse personalmente, se harán por medio de lista en el local del juzgado o sala. Conforme puede leerse en dicha disposición que se transcribe en lo conducente: (.) Como es de verse, dicha disposición no establece que la oferente de la probanza, es quien deba señalar el domicilio a donde deberá notificarse a la contraria de dicha diligencia de prueba. De tal manera que si [*******], en su primer escrito de fecha 14 de septiembre de 2018, recibido por el juzgado de antecedentes (visible de foja 70 a la 73), señaló como su domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en [*******], de esta Ciudad e [*******] señala también para los mismos efectos, el domicilio antes asentado, en su escrito con el que compareció ante el tribunal de primera instancia con fecha 3 de mayo de 2022 (visible de foja 97 a la 99); entonces es indudable que, en los términos de la disposición antes transcrita, es ahí donde debe citárseles para la recepción de la probanza. Por lo que no había lugar para denegar la admisión del medio convictivo en mención. Así mismo tiene razón la recurrente, de que tampoco se le debieron haber inadmitido las confesionales de [*******] y [*******], bajo el argumento de que en la contestación a la vista no les imputa hechos que sean susceptibles de reconocimiento judicial, porque como lo expresa en las alegaciones que esgrime, es cierto que en su ocurso visible de foja 360 a 376, sí les imputa los hechos a que hace referencia en su escrito de agravios y con los cuales se opone o controvierte los expresados por los precitados en el INCIDENTE DE INCONFORMIDAD Y POSICIÓN AL INVENTARIO Y AVALÚO, ya que por un lado en dicho escrito incidental, estos mencionan que [*******] incluyó en el inventario y avalúo de los bienes que conforman la masa hereditaria, un inmueble que no debió incluirse por haberse realizado en favor de [*******] una donación pura y simple del mismo; por otro lado la ahora disconforme, cuando contesta la vista que se le dio de tal incidente, manifiesta que esa donación se la realizó a sí misma la antelada, con un poder que los de cujus le otorgaron en vida y que dejó de tener efectos a la muerte de los autores de la sucesión y en tal tenor ya no tenían facultades para representarlos, porque en dicho mandato no se estableció que se pudiera ejercitar a la muerte de los otorgantes y que [*******] fue testigo de los hechos anteriores. En dicha tesitura, si respecto a esos hechos pretende la oferente que absuelvan posiciones [*******] y [*******], LOS MISMOS, ENTONCES SÍ SON HECHOS PROPIOS DE LAS PARTES, que es factible que reconozcan o nieguen en su caso y son además hechos controvertidos como se advierte de la lectura de los mencionados ocursos; por lo que en términos del artículo 279 del Código Procesal Civil, que enseguida se transcribe en lo conducente, sí debió admitirse dicha probanza: (.) IV.- En mérito de lo expuesto y fundado, se revoca en la parte relativa el auto de fecha 17 de febrero, para efectos de que se tengan por admitidas a [*******] las probanzas consistentes en la RATIFICACIÓN DEL CONTENIDO Y FIRMA del escrito de fecha 18 de septiembre de 2013, por parte de [*******] y [*******] y las CONFESIONALES también a cargo de los antelados, debiendo instrumentarse en términos de la ley de la materia por el juez de origen, el desahogo de tales probanzas. (.) Constancias que por ser las originales del Toca del que deriva la resolución reclamada, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Indicado lo anterior, con apego a los numerales 62 y 113, relacionados a su vez con los diversos artículos 61, fracción XIII y 107, fracción V, aplicado éste en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, la demanda de cuenta debe desecharse, en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 61, fracción XXIII, así como el diverso 107, fracción V, de la Ley de la materia, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.). Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) Del 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se advierte que dispone que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados dentro de un proceso de carácter jurisdiccional, es procedente únicamente cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Se invoca la tesis III.2o.C.18 K, de la Novena Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, Materia Común, visible en la página mil ochocientos veintisiete del rubro: JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. En el caso, es claro que la quejosa reclama la resolución de segunda instancia descrita, pues en la misma se revoca el auto apelado y se ordena al Juez responsable admitir a trámite las pruebas ofrecidas por la albacea de la sucesión de mérito, consistentes en el reconocimiento del escrito indicado y la confesional a cargo de los herederos mencionados, esto, dentro del incidente de oposición al inventario y avalúo que presentó la albacea, promovido por los propios herederos a cuyo cargo está la confesional. Es decir, que la parte quejosa reclama, de forma destacada, la resolución de segunda instancia que revoca la determinación del Juez responsable, en el sentido de no admitir, dentro de la incidencia planteada por los mencionados herederos, las pruebas ya señaladas y ordena admitirlas, se insiste, dentro de dicha incidencia. De manera que, tal resolución no afecta derechos sustantivos, ya que el único efecto que tiene, ocurre dentro del procedimiento incidental mencionado, consistente en continuar la secuela del mismo, con el desahogo de dichos medios de convicción, sin que en este momento se pueda conocer la trascendencia de ello en la resolución incidental que, en su caso y momento, se dicte, resolución que, en todo caso, es la que afectará, o no, derechos sustantivos de los quejosos, ya que en esta etapa procesal se desconoce, incluso, si tal resolución le será desfavorable. Así pues, se concluye que los actos que reclama la quejosa no son de aquellos que afectan derechos sustantivos que trascienden a su esfera jurídica. Por lo tanto, la demanda amparo promovida resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo. Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Deber de informar sobre las causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional ($3,112.20). Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Autorizados y domicilios En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios a ******* y ******* pues cuentan con cédula profesional como licenciados en Derecho, conforme a la certificación de cuenta. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley en cita, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que este resolutor, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Se hace conocimiento de las responsables en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Expedición de copias y acceso al expediente En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009. Coincidencia del expediente físico y electrónico En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al oficial judicial "a" adscrito, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el mencionado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable, así como al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Admite competencia legal Visto lo de cuenta, se advierte que el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, remite los autos del Juicio de Amparo Directo *******, de su índice, promovido por *******, en virtud de que, mediante acuerdo de veintidós de los actuales, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en turno, residente en esta ciudad, que resultó ser este Juzgado. Con fundamento en los artículos 37 y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se acepta la competencia legal planteada para conocer de la demanda de amparo en comento, ya que se comparten las consideraciones expuestas por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, por lo que, envíese acuse de recibido y hágase del conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, declinante esta determinación. Registro de la demanda de amparo Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; quedando registrado como juicio de amparo 804/2023-IV. Se desecha demanda De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, este órgano jurisdiccional procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia de la misma. Al respecto, para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. La tesis en cuestión establece, esencialmente, que para desechar una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo; y, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Indicado lo anterior, se tiene que en el caso, la quejosa *******, reclama los siguientes actos, de las autoridades responsables que a continuación se indican: Actos reclamados: De la Primera Sala Civil Regional del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: La resolución dictada en el Toca *******, de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Del Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: El cumplimiento a dicha resolución de Alzada, consistente en la admisión de los medios de convicción que fueron materia de estudio en la segunda instancia mencionada. Al respecto, la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, los siguientes antecedentes de los actos reclamados: I.- Es el caso que en fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho los CC. ******* y *******, comparecieron a efecto de denunciar el juicio de sucesión legítima a nombre de la C. *******, también conocida como ******* y/o ******* y/o *******, recayendo a este sumario el expediente ******* del Índice del Juzgado Segundo de lo Civil por Audiencia de este Distrito Judicial Bravos, en fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho; así mismo, en dicho acuerdo dictado por la autoridad señalada como responsable, se ordenó notificar a los diversos descendientes de la autora de la referida sucesión, a lo cual ocurrió en diversas fechas y temporalidades y, una vez compareciendo todos estos al sumario de marras, se dictó la declaración de herederos correspondiente, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en la cual se declaró como herederos de la sucesión a biene4s de la C. *******, también conocida como ******* y/o ******* y/o *******, a la suscrita y a los referidos como terceros interesados, por haberse acreditado el entroncamiento. Luego en fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se celebró la junta de herederos, señalando tres de los cinco, a la C. *******, como albacea de la sucesión de referencia. Aceptando y protestando el cargo, se tuvo a la albacea realizando el inventario y avalúo a que hace alusión la legislación procesal de la materia en vigencia para esta Localidad, a lo cual la suscrita y el diverso tercero interesado C. *******, presentamos el correspondiente incidente de oposición al inventario y avalúo presentado por la Albacea, ofreciendo los medios de convicción pertinentes para acreditar la incidencia, contestando la vista la albacea de la sucesión en fecha trece de febrero del presente año, ofreció las probanzas pertinentes, a lo cual el H. Juzgado Segundo de lo Civil por Audiencias, proveyó sobre las mismas, desechando una serie de las pruebas ofrecidas por ambas partes, por no estar apegadas a la legislación adjetiva o a las buenas costumbres, a lo cual la albacea de esta sucesión presentó el recurso de apelación en contra de estas determinaciones, substanciándose y remitido por A-quo a su superior Jerárquico, una vez realizadas las gestiones pertinentes. II.- Ahora bien, una vez tramitado el referido recurso, se admitió en cuanto a su grado por la Primera Sala Civil regional del Distrito Bravos, Chihuahua, radicándolo bajo el Toca ******* en fecha diecisiete de mayo del presente año, y una vez realizados los requisitos procesales se dictó sentencia definitiva modificando la resolución impugnada, en el siguiente sentido de admitir las probanzas ofertadas por la Albacea de la sucesión de marras, consistentes en el supuesto reconocimiento de contenido y firma, así como la prueba confesional a cargo de ciertos herederos declarados. Ahora bien, de los autos originales del Toca del que deriva la resolución reclamada, se advierte que en ésta se adujo lo siguiente: (.) Es fundado el agravio, pues el correcto el reclamo de la impetrante relativo a que no existe razón instaurada en la ley, para que la juzgadora primigenia, haya acordado no admitirle la probanza de ratificación de contenido y firma del escrito de fecha 18 de septiembre de 2023, por parte de [*******] y [*******], en su escrito de contestación a la vista del Incidente de Inconformidad y Oposición al Inventario y Avalúo, con base en que no proporcionó el domicilio de los antes citados; puesto que al respecto el Código Procesal Civil, establece en el artículo 132, que todas las partes litigantes en su primer escrito que presenten o en su primera intervención ante el tribunal, designarán domicilio ubicado en el lugar del juicio para que en él se les hagan las notificaciones y se practiquen las demás diligencias que sean necesarias y que cuando un litigante no cumpla con lo antes prevenido, las notificaciones, aun las que conforme al código deben hacerse personalmente, se harán por medio de lista en el local del juzgado o sala. Conforme puede leerse en dicha disposición que se transcribe en lo conducente: (.) Como es de verse, dicha disposición no establece que la oferente de la probanza, es quien deba señalar el domicilio a donde deberá notificarse a la contraria de dicha diligencia de prueba. De tal manera que si [*******], en su primer escrito de fecha 14 de septiembre de 2018, recibido por el juzgado de antecedentes (visible de foja 70 a la 73), señaló como su domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en [*******], de esta Ciudad e [*******] señala también para los mismos efectos, el domicilio antes asentado, en su escrito con el que compareció ante el tribunal de primera instancia con fecha 3 de mayo de 2022 (visible de foja 97 a la 99); entonces es indudable que, en los términos de la disposición antes transcrita, es ahí donde debe citárseles para la recepción de la probanza. Por lo que no había lugar para denegar la admisión del medio convictivo en mención. Así mismo tiene razón la recurrente, de que tampoco se le debieron haber inadmitido las confesionales de [*******] y [*******], bajo el argumento de que en la contestación a la vista no les imputa hechos que sean susceptibles de reconocimiento judicial, porque como lo expresa en las alegaciones que esgrime, es cierto que en su ocurso visible de foja 360 a 376, sí les imputa los hechos a que hace referencia en su escrito de agravios y con los cuales se opone o controvierte los expresados por los precitados en el INCIDENTE DE INCONFORMIDAD Y POSICIÓN AL INVENTARIO Y AVALÚO, ya que por un lado en dicho escrito incidental, estos mencionan que [*******] incluyó en el inventario y avalúo de los bienes que conforman la masa hereditaria, un inmueble que no debió incluirse por haberse realizado en favor de [*******] una donación pura y simple del mismo; por otro lado la ahora disconforme, cuando contesta la vista que se le dio de tal incidente, manifiesta que esa donación se la realizó a sí misma la antelada, con un poder que los de cujus le otorgaron en vida y que dejó de tener efectos a la muerte de los autores de la sucesión y en tal tenor ya no tenían facultades para representarlos, porque en dicho mandato no se estableció que se pudiera ejercitar a la muerte de los otorgantes y que [*******] fue testigo de los hechos anteriores. En dicha tesitura, si respecto a esos hechos pretende la oferente que absuelvan posiciones [*******] y [*******], LOS MISMOS, ENTONCES SÍ SON HECHOS PROPIOS DE LAS PARTES, que es factible que reconozcan o nieguen en su caso y son además hechos controvertidos como se advierte de la lectura de los mencionados ocursos; por lo que en términos del artículo 279 del Código Procesal Civil, que enseguida se transcribe en lo conducente, sí debió admitirse dicha probanza: (.) IV.- En mérito de lo expuesto y fundado, se revoca en la parte relativa el auto de fecha 17 de febrero, para efectos de que se tengan por admitidas a [*******] las probanzas consistentes en la RATIFICACIÓN DEL CONTENIDO Y FIRMA del escrito de fecha 18 de septiembre de 2013, por parte de [*******] y [*******] y las CONFESIONALES también a cargo de los antelados, debiendo instrumentarse en términos de la ley de la materia por el juez de origen, el desahogo de tales probanzas. (.) Constancias que por ser las originales del Toca del que deriva la resolución reclamada, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Indicado lo anterior, con apego a los numerales 62 y 113, relacionados a su vez con los diversos artículos 61, fracción XIII y 107, fracción V, aplicado éste en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, la demanda de cuenta debe desecharse, en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 61, fracción XXIII, así como el diverso 107, fracción V, de la Ley de la materia, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.). Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) Del 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se advierte que dispone que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados dentro de un proceso de carácter jurisdiccional, es procedente únicamente cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Se invoca la tesis III.2o.C.18 K, de la Novena Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, Materia Común, visible en la página mil ochocientos veintisiete del rubro: JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. En el caso, es claro que la quejosa reclama la resolución de segunda instancia descrita, pues en la misma se revoca el auto apelado y se ordena al Juez responsable admitir a trámite las pruebas ofrecidas por la albacea de la sucesión de mérito, consistentes en el reconocimiento del escrito indicado y la confesional a cargo de los herederos mencionados, esto, dentro del incidente de oposición al inventario y avalúo que presentó la albacea, promovido por los propios herederos a cuyo cargo está la confesional. Es decir, que la parte quejosa reclama, de forma destacada, la resolución de segunda instancia que revoca la determinación del Juez responsable, en el sentido de no admitir, dentro de la incidencia planteada por los mencionados herederos, las pruebas ya señaladas y ordena admitirlas, se insiste, dentro de dicha incidencia. De manera que, tal resolución no afecta derechos sustantivos, ya que el único efecto que tiene, ocurre dentro del procedimiento incidental mencionado, consistente en continuar la secuela del mismo, con el desahogo de dichos medios de convicción, sin que en este momento se pueda conocer la trascendencia de ello en la resolución incidental que, en su caso y momento, se dicte, resolución que, en todo caso, es la que afectará, o no, derechos sustantivos de los quejosos, ya que en esta etapa procesal se desconoce, incluso, si tal resolución le será desfavorable. Así pues, se concluye que los actos que reclama la quejosa no son de aquellos que afectan derechos sustantivos que trascienden a su esfera jurídica. Por lo tanto, la demanda amparo promovida resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo. Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Deber de informar sobre las causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional ($3,112.20). Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Autorizados y domicilios En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios a ******* y ******* pues cuentan con cédula profesional como licenciados en Derecho, conforme a la certificación de cuenta. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley en cita, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que este resolutor, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Se hace conocimiento de las responsables en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Expedición de copias y acceso al expediente En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009. Coincidencia del expediente físico y electrónico En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al oficial judicial "a" adscrito, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el mencionado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable, así como al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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