Ivonne Aracelly Ortega Pacheco

Expediente 726/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 52 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
726/2022
Año
2022
Actuaciones
52
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Ivonne Aracelly Ortega Pacheco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 52.

  1. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 726/2022-IV-A, promovido por ********************, contra actos del Director de Acuerdos Conclusivos "A" de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. A N T E C E D E N T E S RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y turnado al día siguiente al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados al Director de Acuerdos Conclusivos "A" de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario de Gobernación; Secretario de Hacienda y Crédito Público y Director del Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Auto que declina competencia para conocimiento de la demanda. Previo requerimiento realizado a la parte quejosa, para el efecto de que precisara su domicilio fiscal, el cual fue desahogado oportunamente, en proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, la Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo en cuestión. TERCERO. Turno y admisión de la demanda. Mediante oficio 129997/2022 bis, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, el diez de marzo de dos mil veintidós, turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, se recibió la demanda de amparo promovida ********************, contra actos del Director de Acuerdos Conclusivos "A" de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y otras autoridades. Por tanto, en auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito aceptó la legal competencia planteada y admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: a) De la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Hacienda y Crédito Público y Director del Diario Oficial de la Federación, en el ámbito de sus atribuciones, reclama: ( La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre de dos mil veinte, específicamente el artículo 69-C, del Código Fiscal de la Federación. b) Del Director General de Acuerdos Conclusivos "A", de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con sede en la Ciudad de México, impugna: ( La emisión del acuerdo de improcedencia de fecha diecisiete de enero de dos mil veintidós en el que determinó que no procede la solicitud de adopción de acuerdo conclusivo presentado vía electrónica el catorce de enero de dos mil veintidós. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y el Director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos en suplencia por ausencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, quien actúa en representación del Presidente de la República, en su informe justificado manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama consistente en la expedición del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones fiscales, entre las cuales se encuentra el artículo 69 C del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del ocho de diciembre de dos mil veinte, y la responsable Secretaría de Hacienda y Crédito Público [promoción 4481], negó el acto relativo al refrendo del acuerdo citado; lo anterior, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, respecto del indicado acto reclamado a esas autoridades responsables. Se apoya la anterior determinación, en la jurisprudencia 310 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, cuyo rubro y texto, a continuación se citan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO.- Las autoridades responsables dentro del ámbito de su competencia Secretario de Gobernación [Registro 10164]; Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación [Registro 10181]; Cámara de Senadores del Congreso de la Unión [Registro 10718]; Director General de Acuerdos Conclusivos "A", de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente [Registro 12025]; Cámara de Diputados del Congreso de la Unión [Registro 12430]; y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos [Registro 28151]; al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen, en el ámbito de sus respectivas competencias, no contemplados en el considerando anterior. Con relación a la norma general tildada de inconstitucional, debe considerarse que las leyes no son objeto de prueba, conforme lo establece la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas.". De igual forma, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J.65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". Así como la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. No obstante la certeza de los actos reclamados, debe decirse que el análisis de la procedencia del juicio de amparo es de oficio, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es previo y preferente lo aleguen o no las partes, acorde por analogía jurídica a lo dispuesto por la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el página 95 del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el número de registro 222780, que es del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Establecido lo anterior, el Director del Diario Oficial de la Federación, refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no hace valer conceptos de violación en contra de la publicación de la norma combatida. Asimismo, el Secretario de Gobernación, en su informe justificado también señala el mimo motivo de improcedencia, ya que la parte quejosa no formuló concepto de violación alguno en relación con el refrendo del acuerdo impugnado, ni lo combate por vicios propios. Resultan fundadas dichas causas de improcedencia, ya que del análisis integral de la demanda de amparo se constata que la amparista no formuló concepto de violación alguno en el que atribuya vicios propios al refrendo y publicación de la norma que reclama, por lo que se debe SOBRESEER en el juicio respecto de dichos actos y autoridades, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Apoya esta consideración la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), de los Plenos del Primer Circuito en Materia Administrativa, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 23, octubre de 2015, tomo III, página 2248, que dispone lo siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo". Cabe precisar que también la autoridad responsable Secretario de Hacienda y Crédito Público, al rendir su informe de ley invocó esta causal de improcedencia por las mismas razones (ausencia de conceptos de violación en su contra). Sin embargo, la misma se desestima toda vez que en el considerando tercero de este fallo, los actos que se le atribuyen fueron calificados como inexistencias y se sobreseyó en el presente juicio respecto de ellos. SEXTO. Causas de improcedencia infundadas. Ahora bien, las autoridades responsables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, al rendir sus respectivos informes justificados invocaron que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues refieren que el acto reclamado que se les atribuye no afecta los intereses jurídicos de la quejosa. Es infundada la causal de improcedencia invocada, por las razones que enseguida se exponen: El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". La disposición normativa transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecte el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Pues bien, contrariamente a lo que sostienen las autoridades responsables, la amparista sí demuestra tener interés jurídico para comparecer al presente juicio de amparo; ello es así, porque debe atenderse a la afectación que la resolución de improcedencia genera en la esfera jurídica del peticionario del amparo, ya que éste, en ejercicio del derecho de acción que el confiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instó un procedimiento alternativo de soluciones de controversias, como lo es optar por el acuerdo conclusivo que prevé el artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, cuyo trámite está regulado en los ordinales del 69-D al 69-H, de la misma legislación fiscal; y dentro del mismo se emitió el acuerdo de constituye el acto reclamado. Siendo que ambas autoridades participaron en el procedimiento legislativo que dio origen a la emisión del Acuerdo que reformó y actualizó el contenido de esos numerales, en específico del 69-C del código tributario citado, el cual le fue aplicado a la quejosa en uno de los actos reclamados, que fue la resolución que declaró improcedente el trámite de acuerdo conclusivo. De ahí que, si la quejosa instó en su carácter de contribuyente y parte en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el denominado acuerdo conclusivo, a través del que buscaba obtener un pronunciamiento que resolviera su situación fiscal, sí se afecta su interés jurídico, el cual está en función de la resolución recaída a su solicitud. Ello es así, en razón de que el interés jurídico de la amparista, emana del simple hecho de haber sido quien solicitó a la responsable el acuerdo conclusivo y la negativa que a éste recayó, a través de la determinación de improcedencia. Cabe precisar, que las exigencias para acreditar el interés jurídico, como presupuesto de legitimación para el juicio de amparo, no deben atenderse desde una perspectiva abstracta o genérica y en relación con cualquier tipo de derecho de manera indiscriminada, sino en función al derecho afectado de acuerdo con la naturaleza y peculiaridad del acto reclamado y a la materia normativa del contexto en que se genere. Máxime que la resolución de que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, proviene de un procedimiento seguido por una solicitud que formuló a la autoridad que señala como responsable para la adopción de un acuerdo conclusivo, el cual, es de carácter conciliatorio, ya que el mismo está considerado como un medio alternativo de regularización de la situación fiscal del contribuyente. Dicho medio alterno de solución está previsto por los artículos 69-C y 69-D del Código Fiscal de la Federación, los cuales disponen que los contribuyentes que sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III y IX podrán optar por solicitar un Acuerdo Conclusivo y, para ello, se deberá formular una solicitud ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a efecto de que dicho organismo requiera a la autoridad que calificó los hechos y omisiones con los cuales no está de acuerdo el contribuyente, a fin de que en el término legal establecido comparezca a manifestar si acepta o no los términos en que se plantea el Acuerdo Conclusivo. Los Acuerdos Conclusivos tienen por objeto que la Procuraduría, como organismo público con autonomía técnica, funcional y de gestión, promueva, transparente y facilite la solución anticipada y consensuada de los diferendos y desavenencias que, durante el ejercicio de las facultades de comprobación, puedan surgir entre contribuyentes y autoridades fiscales; esto es, son un medio alternativo para que los contribuyentes puedan regularizar su situación fiscal, toda vez que el procedimiento para la adopción del Acuerdo busca una solución consensuada y anticipada al desacuerdo sobre la calificación de hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales. En ese sentido, si bien es cierto que dicho medio alterno de solución tiene como finalidad la obtención de un consenso entre las autoridades fiscales y los particulares para que den por concluida una desavenencia y la determinación que se dicte en este, y que no puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria para la parte quejosa, sino que sus resoluciones son únicamente declarativas que pueden o no ser aceptadas por las partes; lo cierto es que en el caso en particular la resolución reclamada sí genera una situación jurídica que puede ser materia de escrutinio constitucional. Se afirma lo anterior, toda vez que, la autoridad responsable, con la resolución reclamada, priva del derecho que le asiste a la contribuyente de que dicho organismo requiera a la autoridad que calificó los hechos y omisiones con los cuales no está de acuerdo el contribuyente y manifieste si acepta o no los términos en que se plantea el Acuerdo Conclusivo, es decir, la resolución impugnada extingue un derecho a la parte quejosa de poder llegar a un acuerdo con las autoridades fiscales. Por tanto, es infundada la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, invocada por la autoridad responsable, pues como ya se precisó, a través de la resolución reclamada la autoridad responsable puede crear, modificar o extinguir una situación jurídica que afecta al quejoso, de ahí que indefectiblemente se afecte su interés jurídico, todo ello derivado de la aplicación del artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, en cuya emisión participaron las autoridades responsables que invocan el motivo de improcedencia analizado. Por otra parte, la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al rendir su informe justificado señala que se actualiza en la especie la causa de improcedencia contenida el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, bajo el argumento que la quejosa al presentar su solicitud, aceptó la aplicación del artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, tildado de inconstitucional. La causa de improcedencia contenida en el precepto citado, prevé dos supuestos de improcedencia del juicio constitucional, a saber: 1) Cuando exista consentimiento expreso del acto reclamado (esto se da cuando en forma indubitable el quejoso manifiesta su conformidad con el acto); y, 2) Cuando exista consentimiento presumible, es decir, cuando la conducta del quejoso, aunque no en forma expresa, revela su voluntad de conformarse con el contenido, ejecución o las consecuencias del acto de autoridad. La diferencia entre ambas hipótesis reside en la conducta del particular, que en el primer caso es de hacer, en tanto que en el segundo supuesto se refiere a un "no hacer" o un "tolerar". En ese orden, es infundada la causa de improcedencia, ya que tratándose de normas, se requiere la existencia de un acto de aplicación de la misma que agravie a la parte quejosa y que ésta no lo impugne en los términos señalados por la ley, lo que en la especie no aconteció, pues es precisamente lo que es materia de este juicio de amparo. Pues la responsable hace descansar el supuesto de improcedencia sobre la base de que al solicitar el procedimiento de acuerdo conclusivo la quejosa implícitamente consintió la aplicación del artículo 69-C del Código Fiscal, lo cual no puede considerarse de esa forma para efectos de la actualización de la causal en análisis. Pues el acto de aplicación de la norma sobrevino hasta la resolución que negó la procedencia del acuerdo reparatorio, el cual en esta vía combate; por tanto, no existe consentimiento alguno por parte de la quejosa. Resulta orientador por las consideraciones que la sostienen la tesis 2a. XX/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tema y contenido siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. PRESUPUESTOS PARA QUE OPERE EL CONSENTIMIENTO TÁCITO. Para que opere el consentimiento tácito de la ley, se requiere la existencia de un acto de aplicación de la misma que agravie a la parte quejosa y que ésta no lo impugne en los términos señalados por la ley. Dicho consentimiento no se actualiza cuando los supuestos actos de sometimiento al dispositivo legal impugnado se producen en beneficio del quejoso, pues atendiendo al contenido de los artículos 4o. y 73, fracción XII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional presupone la existencia de un acto de aplicación que agravie a la impetrante del juicio de garantías". Por consiguiente, al no existir otra causal de improcedencia prevista por el artículo 61 de la Ley de Amparo, hecha valer por las partes, ni advertir de oficio la actualización de alguna, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de la litis constitucional. Resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. En principio, se considera pertinente traer a colación los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, así como su contenido, en los que interesa, se advierte lo siguiente: 1.- Con fecha 8 de septiembre de 2020, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1", con sede en Mérida, notificó a la parte quejosa el oficio número 500-69-00-03-00-2020-16119 de 7 de septiembre de 2019, a través del cual se iniciaron en su contra facultades de comprobación, consistentes en revisión de gabinete por los ejercicios fiscales de 2017 y 2018. 2.- Con fecha 27 de agosto de 2021, la referida autoridad fiscal, notificó a la quejosa el oficio número 500-69-00-06-02-2021-11189, a través del cual se le informaron hechos y omisiones detectados en la revisión. 3.- Mediante escrito de 13 de enero de 2022, la quejosa proporcionó a la autoridad fiscalizadora diversa información y documentación con la finalidad de desvirtuar los hechos y omisiones consignados en el oficio 500-9-00- 06-02-2021-11189. 4.- Con fecha 14 de enero del 2022, la quejosa presentó vía electrónica un escrito ante la Dirección General de Acuerdos Conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, por medio del cual solicitó la Adopción de un Acuerdo Conclusivo, con motivo de la revisión de gabinete. 5.- El 20 de enero de 2022, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente le notificó el acuerdo de improcedencia de diecisiete de enero de dos mil veintidós, en el cual le hizo saber que no se había acordado procedente el inicio del procedimiento de acuerdo conclusivo; ello, en razón de que había transcurrido en exceso el plazo de veinte días que establece el artículo 69-C, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. Determinación esta última que constituye el acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa formula en su demanda de amparo conceptos de violación, los cuales se sintetizan de la siguiente forma: Refiere que el acto reclamado transgrede el contenido de los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, en concordancia con el precepto 69-C, tercer párrafo, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, al declarar la improcedencia de la solicitud de acuerdo conclusivo, en contravención a los principios de irretroactividad de la ley, seguridad jurídica y acceso a la justicia, como lo son los medios alternativos de solución de controversias. Que de la exposición de motivos de la iniciativa del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, de ocho de septiembre de dos mil trece, y del contenido del artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el ejercicio del año dos mil veinte, se advierte que los acuerdos conclusivos nacen bajo el principio de ofrecer todas las facilidades a los contribuyentes para regularizar su situación fiscal, dentro del ejercicio de facultades de comprobación, esencialmente respecto de los derechos de aquellos, para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Señala que de acuerdo con el contenido del artículo 69-C, vigente en el año dos mil veinte, establecía la posibilidad de solicitar un acuerdo conclusivo cuando los contribuyentes fueran objeto del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el precepto 42, fracciones II, III y IX del propio código, en cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta antes de que se le notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas. Asimismo, que la adición al artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, al incorporar los acuerdos conclusivos, tal reforma se tradujo en el establecimiento de mecanismos de solución de controversias, acorde al precepto 17 constitucional, elevados a la categoría de derecho humano, el cual se encuentra a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, quien es actor en la generación de alternativas para resolver las controversias. Precisada la naturaleza de los acuerdos conclusivos, su origen y categoría de derecho humano, la quejosa arguye que el contenido del artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, fue reformado, mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Impuestos Sobre la Renta, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de diciembre de dos mil veinte, el cual entró en vigor el uno de enero de dos mil veintiuno, según su artículo transitorio, el plazo para solicitar los acuerdos conclusivos se ve limitado. Es decir, en dicha reforma se estableció, que los acuerdos conclusivos se pueden seguir solicitando en cualquier momento desde el inicio de la auditoría, con la limitante del tiempo de veinte días siguientes a aquél en que se hubiera levantado el acta final o se haya notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, de acuerdo al tipo de auditoría. Es decir, de acuerdo a tal reforma vigente a partir del uno de enero de dos mil veintidós, el plazo para solicitar los acuerdos conclusivos es de veinte días siguientes a aquél en que se haya notificado el acta final, el oficio de observaciones o la resolución final. En diverso argumento, esgrime que la responsable determinó la improcedencia del acuerdo conclusivo, en virtud de que aplicó el artículo 69-C, tercer párrafo, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del uno de enero de dos mil veintiuno. Lo anterior, porque la responsable señaló que el derecho de la contribuyente para solicitar el acuerdo conclusivo surgió a partir del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que fue notificada del oficio de observaciones derivado de la revisión de gabinete, por tanto, la disposición normativa que le resulta aplicable es la vigente en esa temporalidad, es decir, la que entró en vigor a partir del uno de enero de dos mil veintiuno. Al respecto, la quejosa refiere que ello transgrede el contenido del artículo 14 constitucional, que establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, porque si bien cuando se instó el derecho a que inicie el acuerdo conclusivo, fue en relación al oficio de observaciones que contiene la calificación de hechos u omisiones, lo cierto es, que la legislación aplicable es la anterior, que estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, en la que disponía que el contribuyente podría solicitar dicha figura en cualquier momento a partir de que se diera inicio el ejercicio de facultades de comprobación. Ello sobre la base de que el ocho de septiembre de dos mil veinte, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1", con sede en Yucatán le notificó el oficio número 500-69-00-03-00-2020-16119 de siete de septiembre de dos mil diecinueve, a través del cual se le iniciaron facultades de comprobación, consistentes en revisión de gabinete por los ejercicios fiscales de dos mil diecisiete (2017) y dos mil dieciocho (2018). En ese sentido, señala que la fecha en que inició la revisión de auditoría a la quejosa, estaban vigentes las disposiciones del año dos mil veinte, donde se establecía que los contribuyentes podrían solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir de que diera inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, siempre que la autoridad revisora haya hecho una calificación de hechos u omisiones. Es decir, antes de la reforma del año dos mil veintiuno, el límite para hacer la solicitud era hasta antes de que se notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas. Por lo anterior, la quejosa argumenta que al haber iniciado las facultades de comprobación desde el ocho de septiembre de dos mil veinte, mediante el oficio número 500-69-00-03-00-2020-16119 de siete de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que desde ese momento tuvo una situación jurídica concreta o derecho adquirido frente a la administración fiscal. Por ende, si con posterioridad se reformó el artículo 69-C del citado código, no se podía aplicar su contenido en su perjuicio, pues en este último se estableció la limitante en el plazo para solicitar dicho acuerdo conclusivo, esto es, de veinte días siguientes a la notificación del oficio de observaciones. Asimismo, aduce la promovente del amparo que con ello se le privó del derecho humano a la tutela de obtener un medio alternativo de solución de controversias, a fin de dirimir el diferendo fiscal y obtener la condonación del 100% de las multas que en su caso se pudieran determinar, es decir, se limitó su derecho a regularizar su situación fiscal con tales beneficios, trastocando los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y acceso a obtener el acuerdo conclusivo, de acuerdo al contenido del artículo 17 de Constitución, refrendado en el diverso 69-C del Código Fiscal de la Federación. En diverso concepto de violación, señala que es inconstitucional la aplicación del artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, en razón de que el decreto no prevé en sus transitorios, la forma en que se deben computar los plazos y vigencia de tal artículo en los procedimientos iniciados en ejercicio de facultades de comprobación iniciados con anterioridad a la vigencia de la nueva disposición, lo cual genera inseguridad jurídica, pues le impidió la posibilidad de celebrar un acuerdo conclusivo para regularizar su situación fiscal. Ahora bien, a fin de resolver la litis constitucional, se establece como premisa inicial que el presente asunto es de naturaleza administrativa; por tanto, la legalidad del auto reclamado, será analizada de acuerdo a lo estrictamente expresado por la quejosa en sus motivos de inconformidad; pues no opera la suplencia de la queja a su favor, al no encontrarse contemplada en el artículo 79 de la Ley de Amparo, ni se advierte que ha habido en su contra una violación evidente de la ley que la haya dejado sin defensa. Establecido lo anterior, son infundados los motivos de inconformidad reseñados, los cuales serán atendidos en su conjunto por estar vinculados entre sí. A continuación se introduce el contenido de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Del artículo transcrito, se advierte que por una parte, el derecho fundamental de legalidad y debido proceso consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que, en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Conforme al precepto citado, para que una persona pueda ser válidamente privada de sus derechos debe mediar un juicio, seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciembre de 1995, consultable en la página 133 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Constitucional, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". "Artículo 16. [.] Nadie puede ser molestado en su persona, familia domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". El precepto constitucional transcrito regula, entre otros derechos humanos, el de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas en la ley, para que el particular esté cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley, es decir, fundado y motivado. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143, tomo 97-102 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 238212, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". "Artículo 17. [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos". El artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 141 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen a favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, que será encomendada a tribunales que estarán expeditos para impartir justicia, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Los párrafos tercero y cuarto del numeral 17 de la Constitución Federal, además de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecidos, reconocen, como derecho humano, la posibilidad de que los conflictos también se puedan resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando estén previstos por la ley. Medios alternativos que consisten en procedimientos mediante los cuales las personas puedan resolver sus controversias, sin necesidad de una intervención jurisdiccional, como garantía con el efecto similar al de un acceso a una justicia pronta y expedita, tanto en la tutela judicial como en los mecanismos alternos de solución de controversias, cuyo objeto y finalidad implica la solución de un conflicto. Asimismo, se reproduce el contenido del artículo 69-C, párrafo tercero, fracción III del Código Fiscal de la Federación. "Artículo 69-C.- Cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III o IX de este Código y no estén de acuerdo con los hechos u omisiones asentados en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional, que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, podrán optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios de los hechos u omisiones consignados y será definitivo en cuanto al hecho u omisión sobre el que verse. (ADICIONADO [N. DE E. CON SUS FRACCIONES], D.O.F. 8 DE DICIEMBRE DE 2020) No procederá la solicitud de adopción de un acuerdo conclusivo en los casos siguientes: [.] III. Respecto de actos derivados de la cumplimentación a resoluciones o sentencias". En términos del artículo transcrito, cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III o IX de este Código y no estén de acuerdo con los hechos u omisiones asentados en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional, que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, podrán optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios de los hechos u omisiones consignados y será definitivo en cuanto al hecho u omisión sobre el que verse. De igual forma, el precepto legal reproducido establece los casos en los que no procederá la solicitud de adopción de un acuerdo conclusivo, entre otros, respecto de actos derivados de la cumplimentación a resoluciones o sentencias. Por su parte, en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma de la que emanó la disposición que se cuestiona del Código Fiscal de la Federación, publicada el ocho de diciembre de dos mil veinte, quedó precisado lo siguiente: "[.] Acorde con el compromiso asumido por el Ejecutivo Federal a mi cargo con el Pueblo de México, en el sentido de no crear nuevos impuestos, así como de combatir frontalmente la corrupción y la impunidad, la presente iniciativa incluye propuestas que transitan sobre los siguientes ejes [.]. Evasión y elusión fiscales. Se plantean adecuaciones a efecto de robustecer la vigilancia sobre fusión y escisión de sociedades, transmisión de pérdidas fiscales, devoluciones de impuestos, comprobantes fiscales que presumiblemente amparan operaciones simuladas, donatarias autorizadas, dictámenes fiscales, acuerdos conclusivos, precios de transferencia y cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes, por ser casos en los que la autoridad fiscal ha detectado prácticas que redundan en la evasión o elusión fiscales. Acuerdos conclusivos. La implementación de los acuerdos conclusivos ha permitido que el contribuyente corrija su situación fiscal sin llegar a una liquidación. No obstante las bondades de estos acuerdos, los mismos han sido utilizados por algunos contribuyentes para alargar los procedimientos y evadir el pago de las cantidades a su cargo. Por ello, se propone un ajuste al procedimiento relativo a la adopción de los referidos acuerdos, limitando plazos e incluyendo los supuestos en los que sería improcedente la solicitud del acuerdo por corresponder a devoluciones, puesto que no hay determinación de contribuciones omitidas, o prácticas que se reconocen como evasoras. Así, se propone indicar que si bien la adopción del acuerdo conclusivo se podrá solicitar en cualquier momento, el límite temporal para hacerlo será de quince días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final o se haya notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso, ello considerando que el contribuyente durante el procedimiento de fiscalización tuvo la oportunidad para desvirtuar las observaciones u optar por corregir su situación fiscal, demostrando así su buena fe para llegar a un acuerdo de conclusión, máxime que, derivado de la posibilidad de solicitar dichos acuerdos hasta antes de que se notifique la liquidación, es muy común que los contribuyentes esperen a que la autoridad trate de notificar la liquidación correspondiente, para solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo con el único propósito de evitar que concluya el proceso de notificación de la liquidación y poner en riesgo el acto de fiscalización, en caso de que no se llegue a un consenso y la autoridad deba emitir la liquidación al reactivarse los plazos del artículo 50 y 53-B del Código Fiscal de la Federación. En ese contexto, se propone incluir diversas causales de improcedencia del acuerdo conclusivo, a efecto de establecer limitantes a su interposición cuando se utiliza con el mero propósito de obstaculizar y viciar los procedimientos de fiscalización, tal como sucede cuando se solicita la adopción de un acuerdo conclusivo cuando ya se encuentra en vías de notificación la resolución determinante del crédito fiscal; cuando no resulta aplicable debido a la naturaleza de las facultades ejercidas en materia de devoluciones, compulsas y cumplimentación de resoluciones y sentencias, o bien, en aquellos casos en que los solicitantes de la adopción de un acuerdo conclusivo sean empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) presuntos o definitivos, ello considerando que el mecanismo para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a publicarlos como tales se encuentra previsto en el propio artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que de ninguna manera procede utilizar el procedimiento de acuerdo conclusivo para tales efectos [.]". Como se puede advertir de la iniciativa del precepto legal controvertido, se propone un ajuste al procedimiento relativo a la adopción de los acuerdos conclusivos, limitando plazos e incluyendo los supuestos en los que sería improcedente la solicitud del citado acuerdo por corresponder a devoluciones, puesto que no hay determinación de contribuciones omitidas, o prácticas que se reconocen como evasoras. De igual forma, el constituyente indicó, que se prevén diversas causales de improcedencia del acuerdo conclusivo, a efecto de establecer limitantes a su interposición cuando se utiliza con el mero propósito de obstaculizar y viciar los procedimientos de fiscalización. En este sentido, la norma general controvertida se encuentra justificada, en la medida en que el legislador precisó los motivos por los cuales estableció la reforma al Código Fiscal de la Federación de ocho de diciembre de dos mil veinte, relacionadas con las causas de improcedencia de la solicitud de adopción de un acuerdo conclusivo; pues señaló que se propone un ajuste al procedimiento relativo a la adopción de los referidos acuerdos, limitando plazos e incluyendo los supuestos en los que sería improcedente la solicitud del acuerdo por corresponder a devoluciones, puesto que no hay determinación de contribuciones omitidas, o prácticas que se reconocen como evasoras. De igual forma el constituyente indicó, que se establecieron diversas causales de improcedencia del acuerdo conclusivo a efecto de establecer limitantes a su interposición cuando se utiliza con el mero propósito de obstaculizar y viciar los procedimientos de fiscalización. De ahí que, contrariamente a lo que alega la quejosa, la norma general impugnada no contraviene el derecho fundamental de seguridad y legalidad jurídica tutelados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la causal de improcedencia de los acuerdos conclusivos que impugna en esta vía de amparo, se considera un medio idóneo y el fin buscado se justifica. Máxime, que el artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, tiene como finalidad que el procedimiento relativo a los acuerdos conclusivos no sea utilizado como herramienta dilatoria, estableciendo un límite temporal, brindando certeza y seguridad jurídica a las partes que intervienen, principalmente a los contribuyentes sujetos a un procedimiento de facultades de comprobación, y a la par se fortalece dicha figura, adaptándose siempre al dinamismo que conlleva la materia fiscal, buscando siempre preservar el estado de derecho; más aún si se toma en consideración que los acuerdos conclusivos son un medio alternativo para que los contribuyentes puedan regularizar su situación fiscal. Ahora bien, retomando lo establecido en el artículo 14 Constitucional ya transcrito, existe un derecho fundamental relevante, dado que el Constituyente prohibió tajantemente que las leyes -en su concepción amplia, es decir, comprendiendo a los reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general-, pudieran aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Lo cual implica que las disposiciones contenidas en las normas jurídicas no deben ser destinadas a los hechos que se realizaron antes de su entrada en vigor cuando esto le cause un menoscabo en sus prerrogativas. En relación con lo expuesto, se tiene que el principio de retroactividad se compone de dos momentos o acepciones, a saber: a) Retroactividad de la ley: la más común, que es el análisis de los efectos de la legislación, verificando si estos vuelven al pasado modificando situaciones creadas bajo el imperio de una ley anterior y afectando derechos adquiridos, entendiéndose por tales aquellos que han entrado al patrimonio de un individuo o a su dominio, los cuales ya no pueden ser desconocidos por las autoridades. b) Aplicación retroactiva: se refiere a verificar si el acto concreto de aplicación se emitió dentro del ámbito temporal de validez de la norma; ello, sin afectar tampoco derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor. En ese orden de ideas, la retroactividad de la ley se refiere únicamente a los efectos de la ley misma, es decir, si por su sola emisión -de haberlos- desconoce o no derechos adquiridos, y la aplicación retroactiva depende del momento de la materialización de su contenido. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 87/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 415, tomo XX, Julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 181024, que dice: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA. El análisis de la retroactividad de las leyes requiere el estudio de los efectos que una norma tiene sobre situaciones jurídicas definidas al amparo de una ley anterior o sobre los derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, verificando si la nueva norma los desconoce, es decir, ante un planteamiento de esa naturaleza, el órgano de control de la constitucionalidad se pronuncia sobre si una determinada disposición de observancia general obra sobre el pasado, desconociendo tales situaciones o derechos, lo que implica juzgar sobre el apego de un acto materialmente legislativo a lo dispuesto por el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que las leyes no deben ser retroactivas. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley implica verificar si el acto concreto se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez sin afectar situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor." Como se advierte, aunado al tema de retroactividad se encuentra la teoría de los derechos adquiridos, misma que distingue claramente entre los derechos que ya ingresaron material o jurídicamente en la esfera jurídica de un sujeto y aquellos que sólo constituyen una expectativa, esto es, los que no se han materializado aún, pues requieren de un evento futuro para que ello acontezca. Así, se afirma que el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico. En cambio, la expectativa de derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado. Resulta ilustrativa sobre este aspecto la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 53, Volumen 145-150, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 232511, cuyos rubro y texto señalan: "DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado." De lo expuesto, se advierte que los argumentos que hace valer la quejosa, en esencia, son en el sentido de que la responsable no debió aplicar en el acuerdo que se reclama el artículo 69-C, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del uno de enero de dos mil veintiuno, en razón de la fecha en que se notificó el oficio que contiene las observaciones que resultaron de la revisión de gabinete, ya que contiene la limitante del plazo de veinte días para solicitar el acuerdo conclusivo, por lo que se debía aplicar la norma vigente en el año dos mil veinte, en que inicio el procedimiento de revisión de gabinete, pues se ubica en la hipótesis de aplicación retroactiva. Ahora bien, el artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, anterior a la reforma publicada en el periódico oficial el ocho de diciembre de dos mil veinte, disponía lo siguiente: "De los Acuerdos Conclusivos (ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) Artículo 69-C.- Cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III o IX de este Código y no estén de acuerdo con los hechos u omisiones asentados en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional, que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, podrán optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios de los hechos u omisiones consignados y será definitivo en cuanto al hecho u omisión sobre el que verse. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una calificación de hechos u omisiones". Luego, el precepto legal que con motivo de la reforma aludida, actualmente dispone: "Artículo 69-C.- Cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III o IX de este Código y no estén de acuerdo con los hechos u omisiones asentados en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional, que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, podrán optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios de los hechos u omisiones consignados y será definitivo en cuanto al hecho u omisión sobre el que verse. (REFORMADO, D.O.F. 8 DE DICIEMBRE DE 2020) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta dentro de los veinte días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una calificación de hechos u omisiones. (ADICIONADO [N. DE E. CON SUS FRACCIONES], D.O.F. 8 DE DICIEMBRE DE 2020) No procederá la solicitud de adopción de un acuerdo conclusivo en los casos siguientes: [.] IV. Cuando haya transcurrido el plazo de veinte días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso. [...]". Como puede observarse, el artículo 69-C reformado del Código Fiscal de la Federación, tiene naturaleza adjetiva, ya que en el mismo se establecen reglas para la solicitud del acuerdo conclusivo derivado de los procedimientos que debe seguir la autoridad fiscal para ejercer sus facultades de comprobación de las cargas tributarias. En ese sentido, contrario a lo manifestado por la quejosa la aplicación por parte de la responsable del artículo 96-C, no es violatoria del derecho fundamental de irretroactividad de la ley en perjuicio del gobernado, prevista en el artículo 14 Constitucional. Pues si bien es cierto que establece el plazo de veinte días siguientes a aquél en que se notificó el oficio de observaciones, para solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo, es inexacto que la quejosa tenga el derecho adquirido a partir del inicio del procedimiento del revisión de gabinete, es decir, de acuerdo a las reglas previstas con anterioridad a la reforma publicada el ocho de diciembre de dos mil veinte. En efecto, el precepto en cita, rige a partir del uno de enero de dos mil veintiuno; por tanto, toda vez que la calificación de hechos u omisiones derivados de la revisión de gabinete se realizó por la autoridad fiscal mediante oficio 500-69-00-06-02-2021-11189 de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, notificado a la contribuyente aquí quejosa el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Ergo, resulta inconcuso que en el caso aplican las actuales reglas previstas en el precepto 96-C del Código Fiscal de la Federación, pues dicho oficio fue emitido de conformidad con la normativa vigente en el año dos mil veintiuno, sin que dicho numeral le sea aplicado de forma retroactiva, dado que cuando nació el acto jurídico ya se encontraba en vigor tal reforma. Bajo ese orden de ideas, se tiene que el numeral 95-C, es una norma de carácter procesal, en virtud que faculta a la Procuraduría responsable para pronunciarse acerca de la tramitación o procedencia de un acuerdo conclusivo, entre otros presupuestos, siempre que se realice dentro del plazo de veinte días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso. En ese sentido, es de señalar que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las partes no adquieren el derecho de que las normas procesales vigentes al momento en que inicie el proceso natural, se les apliquen durante todo el procedimiento, ya que los derechos procesales se agotan en cada etapa del procedimiento, de ahí que cada fase se rija por la regla vigente en el momento en que se desarrolla, a excepción de que el legislador disponga lo contrario. Lo que no ocurre en el caso, pues de la reforma transitoria publicada en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de diciembre de dos mil veinte, no se desprende prohibición alguna para aplicar lo dispuesto en el artículo 95-C, en los procedimientos de comprobación fiscal, que hubieran iniciado con anterioridad y que se encontraban pendientes y que se hubieren iniciado y resuelto antes de la entrada en vigor de dicho numeral, como se observa de la siguiente transcripción: "D.O.F. 8 DE DICIEMBRE DE 2020. [N. DE E. TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN".] DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Artículo Quinto. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Sexto de este Decreto, se estará a lo siguiente: I. Con relación a la reforma a la fracción VI del artículo 22-D del Código Fiscal de la Federación, en los procedimientos de devolución que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, y se les hayan iniciado facultades de comprobación para verificar su procedencia conforme al noveno párrafo del artículo 22 de este Código, la resolución deberá emitirse en el plazo previsto en la fracción VI del artículo 22-D del Código Fiscal de la Federación vigente con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto. II. Los procedimientos de aseguramiento precautorio de bienes o de la negociación de los contribuyentes o responsables solidarios y de levantamiento del mismo, que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán substanciarse y resolverse en términos del artículo 40-A del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Transitorio Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2021." Por tanto, en virtud que en acuerdo de fecha diecisiete de enero de dos mil veintidós, la responsable determinó que no procede la solicitud de adopción de acuerdo conclusivo presentado vía electrónica el catorce de enero de dos mil veintidós, por haberse presentado la solicitud fuera del plazo de veinte días siguientes a la notificación del oficio de observaciones, resulta inconcuso que el acuerdo de improcedencia fue emitido de conformidad con la normativa vigente al momento en que se llevó a cabo la notificación del tal oficio, sin que ello implique la aplicación retroactiva de dicho numeral, dado que como se indicó las etapas procesales que se desarrollan en cada procedimiento, se deben tramitar bajo las reglas del procedimiento vigentes al momento en que surgen, con excepción de los casos en los que la reforma respectiva lo establezca. Ilustra al respecto la tesis 2a. XLIX/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 273, tomo XXIX, Mayo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 167230, que a letra dice: "NORMAS PROCESALES. SON APLICABLES LAS VIGENTES AL MOMENTO DE LLEVARSE A CABO LA ACTUACIÓN RELATIVA, POR LO QUE NO PUEDE ALEGARSE SU APLICACIÓN RETROACTIVA. Tratándose de normas procesales, las partes no adquieren el derecho a que la contienda judicial en la que intervienen se tramite al tenor de las reglas del procedimiento en vigor al momento en que haya nacido el acto jurídico origen del litigio, ni al de las vigentes cuando el juicio inicie, toda vez que los derechos emanados de tales normas nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa, de ahí que cada una de sus fases se rija por la regla vigente al momento en que se desarrolla, excepto en los casos en que en el decreto de reformas relativo se hayan establecido disposiciones expresas sobre su aplicación en otro sentido. En consecuencia, cuando se trata de normas de carácter adjetivo no puede alegarse la aplicación retroactiva de la ley, proscrita en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así, contrario a lo que refiere la quejosa, no resulta inconstitucional que la Procuraduría aplicara la norma vigente en el año dos mil veintiuno, como lo refiere, por no prever en sus transitorios, la forma en que se computen los plazos y vigencia del artículo 69-C, a los procedimientos iniciados en ejercicio de la facultad de comprobación, con anterioridad a la vigencia de la nueva disposición. Ello es así, en virtud de que el ordinal 6º del Código Fiscal de la Federación, en la parte que interesa, señala lo siguiente: "Artículo 6°.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. [.].". Como se ve, el precepto establece que la materia sustantiva tributaria se regirá conforme a las leyes fiscales vigentes al momento de la realización del supuesto, esto es, tanto para la causación como para la determinación del tributo, mientras que para lo adjetivo serán aplicables las disposiciones que se expiden con posterioridad. En efecto, para efectos de determinar las contribuciones, serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad, es decir, el legislador previó que para la determinación de las contribuciones serían aplicables las leyes procesales, vigentes precisamente al momento en que ocurran los actos procesales, pues son éstas las que otorgan facultades que posibilitan jurídicamente al contribuyente a participar en todas las etapas del procedimiento en que se resuelva su situación fiscal. En ese sentido, es correcto que la responsable aplicara a la quejosa la norma vigente al momento en que se notificó el oficio relativo a la calificación de hechos u omisiones derivados de la revisión de gabinete se realizó por la autoridad fiscal, que fue la misiva 500-69-00-06-02-2021-11189 de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, notificado el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Sin que sea necesaria la exigencia de prever artículos transitorios que establezcan la forma en que se computarían los plazos, para el caso de que algún procedimiento hubiera iniciado con anterioridad a la reforma, en virtud de que el precepto 6° del Código Fiscal de la Federación, dispone la regla de operatividad de los presupuestos procesales. De igual manera, la autoridad responsable no vulnera del derecho de la quejosa a acceder al acuerdo conclusivo para resolver su situación fiscal, en razón de que desde la emisión del oficio 500-69-00-06-02-2021-11189 de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, notificado el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se le hizo saber a la contribuyente, que contaba con el plazo de veinte días para ello, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtiera efectos la notificación de ese oficio. Ello, para presentar ante la administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1", los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones. De ahí que es correcto que la Procuraduría responsable, resolviera con base en el plazo previsto en la legislación vigente en el año dos mil veintiuno, pues es claro que tuvo conocimiento de ello con anticipación, por lo que la quejosa estuvo en posibilidad de actuar dentro del plazo previsto en la norma. Por otra parte, no le asiste razón a la quejosa al señalar que la norma general controvertida constituye una violación de acceso a la justicia, pues lejos de impedir dicho acceso, la legislación lo permite al establecerlo como mecanismo alternativo de solución de controversias fiscales, dando así una garantía para el acceso a una solución pronta y completa, en donde se privilegia la tutela judicial mediante el referido mecanismo alterno de solución cuyo objeto es resolver los diferendos, siempre y cuando se cumpla con los presupuestos de procedencia que el propio artículo prevé, en el caso, el establecido en el párrafo tercero de la fracción III, que señala que "No procederá la solicitud de adopción de un acuerdo conclusivo en los casos siguientes: [.] III. Respecto de actos derivados de la cumplimentación a resoluciones o sentencias". Cierto, el artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, lejos de trastocar el derecho fundamental de acceso a la justicia, en su finalidad está la de ofrecer todas las facilidades a los contribuyentes para regularizar su situación fiscal, mediante un medio alternativo de regularización durante el ejercicio de las facultades de comprobación, que es precisamente la figura de los Acuerdos Conclusivos. Por tanto, el artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, lejos de violentar el acceso a la justicia, promueve dicho derecho humano, a través del mecanismo alternativo de solución de controversias establecido para ello, y cumpliendo con los requisitos señalados por la ley, esto es, que no se actualice algún motivo de improcedencia; máxime, que lo que con los acuerdos conclusivos se pretende es que los contribuyentes regularicen su situación fiscal y se garantice de esa forma la posibilidad de resolver conflictos y diferendos mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias en términos de lo previsto en la ley, lo que le da a los gobernados, en un plano paralelo a la tutela judicial, la misma posibilidad de resolver un conflicto entre el contribuyente y la autoridad fiscalizadora. Se cita en apoyo el criterio aislado III .2o.C.6 K (10a.) de la décima época, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXV, octubre de 2013, Tomo 3, materia constitucional, página 1723, que dice: "ACCESO A LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, COMO DERECHO HUMANO. GOZA DE LA MISMA DIGNIDAD QUE EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO. Los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen a favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, que será encomendada a tribunales que estarán expeditos para impartir justicia, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; en ese sentido, la Constitución Federal en el citado artículo 17, cuarto párrafo, va más allá y además de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecidos, reconoce, como derecho humano, la posibilidad de que los conflictos también se puedan resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando estén previstos por la ley. Ahora bien, en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, se rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio problema (litigio) y, por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades, en las que el proceso es una más. Los medios alternativos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas puedan resolver sus controversias, sin necesidad de una intervención jurisdiccional, y consisten en la negociación (autocomposición), mediación, conciliación y el arbitraje (heterocomposición). En ese sentido, entre las consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la reforma constitucional al mencionado artículo 17, de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció que los mecanismos alternativos de solución de controversias "son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita ..., permitirán, en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo"; ante tal contexto normativo, debe concluirse que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternos de solución de controversias, se establecen en un mismo plano constitucional y con la misma dignidad y tienen como objeto, idéntica finalidad, que es, resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley en el Estado Mexicano". En ese sentido, el artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, respeta el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque, satisfechos los requisitos legales para ello, cumple con los fines del derecho humano a la tutela judicial, al contener la figura del Acuerdo Conclusivo como mecanismo alterno de solución de controversias entre el contribuyente y la autoridad fiscalizadora, sin necesidad de acudir a la vía jurisdiccional, en prevención de resolver los conflictos que surgen en virtud de la diversas obligaciones tributarias a que están sujetos los gobernados. Por tanto, la medida legislativa que ahora se impugna cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta que asegure la correcta y funcional administración de justicia en este país; por tanto, es infundado el concepto de violación que se analiza. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 113/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, septiembre de 2001, de rubro y texto siguientes: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". Máxime, que el artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, al regular los acuerdos conclusivos en la materia, no sólo respeta el derecho humano de acceso a la justicia, sino que lo promueve con un mecanismo alternativo de solución de controversias, en tanto tiene como pretensión garantizar que los contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos para ello, regularicen su situación fiscal y resuelvan sus diferendos con el fisco, dándoles fin mediante una solución alternativa a la vía jurisdiccional, lo cual les permite que al solicitar y proponer un acuerdo conclusivo, gocen de la posibilidad de resolver un conflicto con la autoridad fiscalizadora, en un plano paralelo a la tutela judicial. Apoya lo anterior, la tesis XXII.P.A.21 A (10a.) del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en la página 2583 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo III, que dice: "ACUERDOS CONCLUSIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 69-C DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LOS REGULA, RESPETA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Observación General No. 32 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre este último ordenamiento, reconocen el derecho humano de acceso a la justicia y los diversos a la igualdad de medios procesales ante los tribunales y a la imparcialidad en la administración de justicia. En estas condiciones, el artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, al regular los acuerdos conclusivos en la materia, no sólo respeta el derecho humano mencionado, sino que lo promueve con un mecanismo alternativo de solución de controversias, en tanto tiene como pretensión garantizar que los contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos para ello, regularicen su situación fiscal y resuelvan sus diferendos con el fisco, dándoles fin mediante una solución alternativa a la vía jurisdiccional, lo cual les permite que al solicitar y proponer un acuerdo conclusivo, gocen de la posibilidad de resolver un conflicto con la autoridad fiscalizadora, en un plano paralelo a la tutela judicial". De igual forma, es aplicable por similitud, la tesis XXIV.2o.17 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, consultable en la página 2414 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 72, noviembre de 2019, tomo III, de contenido siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL HECHO DE QUE EN LA LEY DE LA MATERIA SE ESTABLEZCA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PARA IMPUGNAR LOS ACTOS RELATIVOS A UN JUICIO POLÍTICO, NO SIGNIFICA QUE AQUÉL CONSTITUYA UN RECURSO ILUSORIO Y QUE SE NIEGUE AL QUEJOSO SU DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. La tutela judicial efectiva, reconocida como derecho humano en los artículos 17, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean, sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables, que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. No obstante, la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones emitidas por las Legislaturas de los Estados en los casos de juicio político, prevista en la fracción VII del artículo 61 de la ley de la materia, no implica una infracción al mandato constitucional y convencional citado, pues no puede soslayarse que la naturaleza de los actos reclamados es eminentemente política, y esa restricción es acorde con los principios democráticos de un Estado Constitucional, cuyo propósito es mantener la diferencia y el respeto a las decisiones de los órganos políticos locales, habida cuenta que, para el correcto funcionamiento del Estado, es preciso que existan controles de tipo político y jurídico de los actos de las autoridades, en virtud de que, si bien actúan de forma diferente, ambos tienen una finalidad común: verificar los actos de los altos funcionarios dedicados al servicio público, y la exigencia de responsabilidades políticas a ciertos individuos dentro del Estado aumenta su compromiso y responsabilidad, estableciendo la carga política, al ser funcionario de alta jerarquía en un sistema político, o al mismo tiempo que establece un sistema de control interorgánico, que no debilita en ninguna medida, sino refuerza, el principio de división de poderes. De modo que, mantener conceptualmente separados ambos tipos de control, refuerza el Estado de Derecho, al no exigir de este tipo de controles, para la atribución de responsabilidades de naturaleza política, requisitos que solamente deben cumplir los procedimientos de naturaleza judicial. Por tanto, el hecho de que en la Ley de Amparo se establezca una restricción para impugnar a través del juicio de amparo los actos relativos a un juicio político, no significa que dicho medio de control constitucional constituya un recurso ilusorio, pues no debe perderse de vista que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. En esa tesitura, el derecho a un recurso judicial efectivo, no puede estimarse transgredido por la restricción establecida en la Ley de Amparo para impugnar resoluciones emitidas en los juicios políticos instaurados por las Legislaturas Locales, porque no se trata de actos materialmente jurisdiccionales, sino actos de orden político, que sancionan la actuación política de los servidores públicos, aunado a que, no debe perderse de vista que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos para su procedencia; lo cual no implica que se le niegue el derecho fundamental de acceso a la justicia". Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación que hizo valer la amparista, lo procedente es NEGAR el amparo y protección de la justicia federal solicitado. OCTAVO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. Captura de la sentencia en SISE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 365 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos y autoridades señalados en el considerando tercero de este fallo, por los motivos ahí indicados. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto atribuido al Director del Diario Oficial de la Federación, atento a las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, respecto de los actos y autoridades señalados en el considerando séptimo de este fallo, por los motivos ahí señalados. CUARTO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; dos de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles que refiere el segundo párrafo del numeral 117 de la Ley de Amparo, con relación a la vista ordenada en proveído de veintitrés de mayo de este año, a fin de que las partes se impongan del contenido de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable Director General de Acuerdos Conclusivos "A" de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a través de su delegado, con sede en la Ciudad de México, relativas a las copias certificadas del expediente administrativo 00042-ACO-AC-A-42-2022 y que obran en un legajo por separado dada su voluminosidad. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Vistos estos autos, se agrega el oficio signado por el Delegado de la autoridad señalada como responsable Director General de Acuerdos Conclusivos "A" de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de veinticinco de abril de este año, remite las constancias del expediente administrativo ********************, constante de un legajo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de referencia y relaciónense en la audiencia constitucional. Ahora bien, por lo que hace al anexo relativo a las copias certificadas del expediente administrativo ********************, déjense al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido, en caso de que así lo deseen. Lo anterior, sin que se realice la digitalización de las constancias referidas para que obren en el expediente electrónico del presente asunto, de conformidad con lo establecido en el punto cuarto, artículos 22 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, pues dada su voluminosidad, existe imposibilidad material para su digitalización; no obstante ello, se reitera, quedan a disposición de las partes para su consulta directa. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; cuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles que refiere el segundo párrafo del numeral 117 de la Ley de Amparo, con relación a la vista ordenada en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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