Ivone Maccise Sade
Expediente 1625/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1625/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2017
Partes del expediente
- Ivone Maccise Sade
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito del tercero interesado Gerardo Asunción Méndez Orosio, mediante el cual formula incidente de daños y perjuicios para hacer efectivo el billete de depósito número N 744467, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos, cero centavos moneda nacional), exhibido por la quejosa Rosalba Molina Nila, para garantizar la suspensión definitiva otorgada en el incidente de suspensión que deriva de este juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, se admite la incidencia planteada, y en atención a que el juicio de amparo se encuentra concluido, se ordena tramitarla dentro de este expediente principal, debiéndose agregar fotocopias certificadas de la sentencia interlocutoria que resolvió sobre la suspensión definitiva, del billete de depósito exhibido por la quejosa. Por lo anterior, en términos de los artículos 66 y 67 de la citada ley de la materia, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes, sin que exista procedimiento que suspender por estar concluido el juicio. Transcurrido el plazo anterior, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y se dictará la resolución correspondiente. Por otra parte, se tiene al actor incidental anunciando la prueba documental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana que relaciona en su escrito de cuenta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Viridiana Ramírez Fernández de Lara, apoderada de la parte tercera interesada; visto su contenido, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Víctor Vera Gómez, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, intégrese a los autos el escrito de cuenta, signado por Miguel Jalife Hernández, por medio del cual se pretende apersonar al presente juicio constitucional y que se le tenga por emplazado; por tanto, a fin de que este juzgador tenga certeza de que quien suscribió ese escrito efectivamente es el citado tercero interesado; requiérasele para que dentro del término de tres días comparezca a este juzgado, previa identificación oficial que al caso exhiba, y ratifique su escrito de mérito; lo anterior, ya que no ha sido emplazado al presente juicio. Con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término concedido para ello, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta y se procederá su emplazamiento como ya está ordenado en autos. NOTIFÍQUESE, Y POR LISTA A MIGUEL JALIFE HERNÁNDEZ.
- Principal
1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Ivone Maccise Sade, contra actos de "Concesiones Integrales", Sociedad Anónima de Capital Variable; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1625/2017-IV; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, al advertirse que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto al acto reclamado consistente en: "IV.- ACTO RECLAMADO. a) La omisión de la autoridad responsable de dar trámite y contestación al escrito presentado con fecha cinco de julio de dos mil diecisiete por lo cual se ejerce el derecho humano de petición y Derecho Humano de Acceso a la información y transparencia consagrados en los artículo 1º, 6° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, debe señalarse que la demanda de garantías que se analiza deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación de dichos preceptos, se desprende que: a). El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. b). El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos transcritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, la afirmación de que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, encuentra su fundamento en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, Tomos 103-108, de la Sexta Parte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO, FINALIDAD Y NATURALEZA DEL. El juicio de amparo es el instrumento procesal creado por nuestra Constitución Federal para que los gobernados puedan hacer proteger sus garantías constitucionales de las violaciones que al respecto cometan las autoridades. Y ese instrumento no sólo debe ser motivo académico de satisfacción, sino que también en la vida real y concreta debe otorgar a los ciudadanos una protección fácil y accesible para sus derechos más fundamentales, independientemente del nivel de educación de esos ciudadanos, e independientemente de que tengan o no, abundantes recursos económicos, así como del nivel de su asesoría legal. Esto es importante, porque la protección que el Poder Judicial Federal hace de las garantías constitucionales de los gobernados debe funcionar como un amortiguador entre el poder del Estado y los intereses legales de los individuos, y en la medida en que ese amortiguador funcione, en vez de sentirse un poder opresivo, se respirará un clima de derecho. Luego los Jueces de amparo no deben hacer de la técnica de ese juicio un monstruo del cual se pueda hablar académicamente, pero que resulte muy limitado en la práctica para la protección real y concreta de los derechos constitucionales real y concretamente conculcados. De donde se desprende que las normas que regulan el procedimiento constitucional deben interpretarse con espíritu generoso, que facilite el acceso del amparo al pueblo gobernado. En un régimen de derecho, lo importante no es desechar las demandas de amparo que no están perfectamente estructuradas, sino obtener la composición de los conflictos que surgen entre gobernados y gobernantes, y resolver judicialmente sobre el fondo de las pretensiones de éstos". Asimismo, se advierte que el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos de autoridad que violen las garantías individuales. Entendiéndose por autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente del Estado, de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Bajo esa óptica, la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquel a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados; siendo éstas las de subordinación, supraordinación y coordinación, y conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues sólo desde esa posición sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. De donde se desprende que el acto aquí reclamado, además de que se generan fuera de un juicio o de un procedimiento administrativo, no está sujeto a una relación de subordinación entre la moral "Concesiones Integrales", Sociedad Anónima de Capital Variable, e Ivone Maccise Sade; luego, no puede decirse que sea un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. En conclusión, el amparo promovido contra la omisión por parte de "Concesiones Integrales", Sociedad Anónima de Capital Variable, de dar respuesta al escrito de cuatro de julio de dos mil diecisiete, es improcedente al actualizarse la hipótesis que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los diversos 1, fracción I, 5, fracción II, y 107, de la Ley de Amparo, este último interpretado contrario sensu. Entonces, toda vez que los actos reclamados en la presente instancia constitucional no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Con apoyo en la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos; así mismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gonzalo Castillo Pérez, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como autorizadas en los términos restringidos que prevé el citado numeral a las diversas personas que señala, por no encontrarse en el supuesto anterior. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis 1a./J. 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164473, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. 7 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE.
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