Ivone Edith Ochoa Medina

Expediente 853/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
853/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
14/06/2021

Partes del expediente

  • Ivone Edith Ochoa Medina
  • Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto; Asimismo, se ordena el Archivo y valoración del expediente.

  2. Principal

    Responsable informa sobre el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la presente notificación, exprese lo que a su interés legal convenga.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. Del estado de los autos se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la resolución constitucional emitida en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), y 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En ese contexto, dado que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para efecto de que la responsable jefa del departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad: "a) Deje insubsistente el oficio DAVD-205-2020, de diecinueve de octubre de dos mil veinte. b) En su lugar, emita otro en el que se abstenga de aplicar a la inconforme el artículo 24, fracción V, de la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y considere los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al esposo de la quejosa, como en el caso de una cónyuge de un trabajador o pensionista". Requerimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad responsable para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este juzgado de Distrito el cumplimiento al fallo protector. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así en el plazo concedido, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización; con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuarenta y tres minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informes con justificación rendidos por las responsables. Revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las documentales que exhibió la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como las diversas documentales, presuncional e instrumental de actuaciones que ofertó la autoridad responsable jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en su oficio agregado en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las citadas probanzas. Ahora en relación con la prueba confesional ofrecida se desecha de plano. Para llegar a tal aserto es importante traer a la vista el contenido del artículo 119 de la Ley de Amparo: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa". Del contenido de la porción normativa se advierte que el legislador federal limitó la admisión de la prueba confesional por posiciones, entendida como la confesión expresa o confesión judicial provocada, en virtud de la observancia de los principios de igualdad procesal entre las partes en el ofrecimiento de pruebas, idoneidad del instrumento probatorio y excepcionalidad en la procedencia del juicio de amparo. Aunado a ello, en el presente asunto el acto reclamado consiste en la aprobación, promulgación y orden de publicación de la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, específicamente el artículo 24, fracción V y dicho medio de convicción no tendría el alcance de corroborar tal aserto, esto es, lo que se pretende dilucidarse con el ofrecimiento de la absolución de posiciones, consta en documentos públicos, los cuales de conformidad con la ley, tienen eficacia plena. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. XXXVII/2015 (10a.) visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA CONFESIONAL POR POSICIONES. LA PROHIBICIÓN DE SU ADMISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY RELATIVA, RESULTA ACORDE CON EL TEXTO CONSTITUCIONAL. Las razones que el legislador federal tuvo para limitar la admisión de la prueba confesional por posiciones, entendida como la confesión expresa o confesión judicial provocada, consisten en la observancia de los principios de igualdad procesal entre las partes en el ofrecimiento de pruebas, idoneidad del instrumento probatorio y excepcionalidad en la procedencia del juicio de amparo. De esta manera, si la autoridad responsable fuese la absolvente, la prueba de posiciones no podría practicarse, ya que un hecho sobre el cual versara la confesión, es susceptible de ser realizado por diferentes órganos del Estado sin ser, por ende, exclusivamente propio del confesante y, en segundo término, debe atenderse a la imposibilidad de que cualquier autoridad recuerde con precisión y exactitud todas y cada una de las circunstancias en que se haya efectuado el acto reclamado, dada la multitud de casos y actos que conoce y emite en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, conclusión que debe hacerse extensiva en favor de los gobernados, quejoso o tercero interesado, con apoyo en el principio de igualdad de oportunidades. Además cabe precisar que lo que pretende dilucidarse con el ofrecimiento de la absolución de posiciones, consta generalmente en documentos públicos, los cuales de conformidad con la ley, tienen eficacia plena. En este sentido la prohibición de admitir la confesional por posiciones en el juicio de amparo, encuentra justificación constitucional y legal en la medida en que con ello se evita que las partes estén en aptitud de interrogarse entre sí, afectando con ello la igualdad entre las partes, excepcionalidad y equidad procesal, en la tramitación del juicio de amparo, cuyo material probatorio se constriñe a aquellas pruebas que obran ante la autoridad señalada como responsable, considerando que no se tomarán en cuenta aquellos elementos de convicción que no hubiesen sido rendidos previamente ante dicha autoridad, sino cuando excepcionalmente no hubiesen tenido oportunidad de hacerlo Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: ténganse por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 853/2020; y, RESULTANDO: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente hábil, por razón de turno a este juzgado, Ivone Edith Ochoa Medina solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama de la gobernadora del Estado de Sonora y otras autoridades, todas con residencia en esta ciudad. Por proveído de veintitrés de noviembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, con motivo de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, a fin de contener la emergencia y atender asuntos urgentes; después, emitió los diversos 6/2020 , 8/2020 , 10/2020 , 13/2020 , 15/2020 y 18/2020 , que modificaron y adecuaron al que le antecedía. Posteriormente, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, determinó regresar al esquema de contingencia previsto por el Acuerdo General 13/2020, por el periodo de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; así, atendiendo a las directrices marcadas por dicho Acuerdo General, mediante acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la continuación del procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: CONSIDERANDO: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que la aplicación del artículo que se estima inconstitucional, tiene ejecución en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, los siguientes: De la Gobernadora, Congreso y Director del Boletín Oficial, todos del Estado de Sonora: La aprobación, promulgación y publicación de la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, específicamente el artículo 24, fracción V. Del subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones y jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en su denominación correcta: La emisión del oficio DAVD-205-2020, de diecinueve de octubre de dos mil veinte, por el que negó la afiliación al instituto de Horacio Rafael García Durazo cónyuge de la quejosa Ivone Edith Ochoa Medina; y La aplicación de los artículos 24, fracción V, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos reclamados al subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; debido a que así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hubiera demostrado lo contrario Atento a lo anterior, toda vez que la parte quejosa no desvirtuó dichas negativas, es claro que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, (materia común) del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, apoya lo anterior la tesis 4a. XV/92 de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, junio de 1992, página 99, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL. NO DERIVA DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Si la autoridad responsable niega la existencia del acto que se le imputa, sin que el quejoso logre desvirtuar la negativa, el acto debe considerarse inexistente y decretarse el sobreseimiento; y no es razón fundada para estimar lo contrario, el que de acuerdo con ciertas disposiciones de la ley, corresponda a la propia autoridad realizar el acto, pues la demostración de la existencia del acto reclamado no deriva del precepto legal que faculta a la autoridad señalada como responsable para que lo ejecute, toda vez que la circunstancia de que sea cierto o no ese acto, es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas adecuadas, y no una cuestión jurídica relacionada con la competencia o atribuciones de la autoridad." Lo anterior adquiere mayor relevancia, en tanto que de la interpretación sistemática de los artículos 1, fracción I, 63, fracción IV, y 75 de la Ley de Amparo revela que el juicio constitucional procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que antes de estudiar otras cuestiones, el juzgador de amparo debe analizar el acervo probatorio y determinar oficiosamente si con él se acredita o no la existencia de los actos reclamados, pues sólo en caso de que así sea, podrá proceder al estudio de las causas de improcedencia y, eventualmente, del fondo del asunto, sirve de apoyo a lo anterior por analogía la jurisprudencia 36/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Julio de 1998, página 5, con registro 196072, que dice: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados al Gobernadora, Congreso y Director del Boletín Oficial, todos del Estado de Sonora, así como los actos reclamados a la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; pues así se advierte de la lectura de los informes con justificación rendidos por éstos. Certeza que se corrobora con las constancias exhibidas por la parte quejosa y por la autoridad mencionada en ultimo termino, consistente en el oficio DAVD-205-2020, de diecinueve de octubre de dos mil veinte. Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer causas de improcedencia y, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no advierte que se configure alguna, procede analizar el fondo de la controversia constitucionalmente planteada, en la inteligencia que de ser necesario, se suplirá la deficiencia de la queja conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Los conceptos de violación, lo constituyen todos aquellos argumentos que aparecen en el escrito de demanda y no sólo en el capítulo respectivo, por medio de los cuales se expresan los agravios o lesiones que causa el acto reclamado o acto recurrido, así como los motivos que lo originaron; es decir, lo que jurisprudencialmente el máximo tribunal de la Nación ha definido como "causa de pedir"; los cuales resulta innecesario realizar su transcripción ya que la ley que rige el juicio de amparo no obliga al juzgador a realizarlos; sin que tal circunstancia se traduzca en una violación a los principios de congruencia y exhaustividad, que rigen las sentencias de amparo, cuenta habida que dichos principios se satisfacen al realizar un estudio completo y exhaustivo de la controversia que se plantea por las partes; tal como se sostiene en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, en este apartado se estudiarán los argumentos enderezados contra la constitucionalidad del artículo 24, fracción V, de la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Es así, ya que cuando el juicio de amparo se promueve contra una ley con motivo de su primer acto de aplicación -como acontece en la especie-, en principio debe realizarse el estudio de la norma impugnada, pues en caso de resultar fundado alguno de los motivos de inconformidad enderezados en su contra, la protección constitucional deberá hacerse extensiva al acto de aplicación y, en consecuencia, el estudio de los conceptos de violación por vicios propios resulta innecesario. Por el contrario, si una vez realizado el análisis de los motivos de disenso expresados respecto de la norma combatida, se consideran infundados, entonces, se procederá al análisis de los argumentos de inconformidad que eventualmente se hubieran formulado, por vicios propios, respecto del acto de aplicación de la norma. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto del 2000, página 235, que se reproduce en seguida: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Sentado lo anterior, es conveniente hacer la acotación de que la parte quejosa se ubica en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo y, por ende, opera la suplencia de la argumentación deficiente en su favor. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 105/2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, página 63, que menciona: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Al establecer el artículo 76 bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obreropatronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto que afecta un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo son las garantías mínimas de seguridad social previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe concluirse que procede suplir la deficiencia de la queja." Ahora, la parte quejosa aduce, en esencia, que el precepto combatido infringe los derechos humanos reconocidos en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que a su consideración resulta discriminatorio, en razón de que no existe justificación que ante una misma situación jurídica se le aplique un trato diferente. El concepto de violación expuesto por la parte quejosa es fundado, por las razones que se exponen a continuación. Ciertamente, en el asunto que nos ocupa, se aplicó a la parte quejosa el contenido del artículo 24, fracción V, de la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por medio del oficio DAVD-205-2020, de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en el que la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del instituto responsable rechazó el trámite de la solicitud de afiliar a su esposo, bajo el argumento de que dicha la ley no contempla la afiliación del cónyuge, cuando no se está en los supuestos de que este se encuentre incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de la derechohabiente. Ahora, del análisis de dicho numeral, se concluye que su contenido vulnera el principio de igualdad previsto en los artículos 1, 4 y 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución, ya que no existe una justificación racional para exigir mayores requisitos al cónyuge de una trabajadora (que a un trabajador) para acceder a la prestación de los servicios médicos que proporciona el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. A fin de justificar tal aserto, cabe resaltar el contenido del artículo 1 de la Carta Magna, al tenor de la transcripción siguiente: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." El artículo en cita impone a todas las autoridades jurisdiccionales del país el deber de efectuar un control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos sobre las disposiciones jurídicas que apliquen en sus decisiones, lo que se traduce en el deber de examinarlas e interpretarlas conforme a los derechos humanos reconocidos tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano y, en caso de que no sea posible realizar una labor hermenéutica que las ajuste al texto constitucional o internacional (interpretación conforme), deben inaplicarse. En ese sentido, la interpretación de las normas relativas a derechos humanos debe armonizarse de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, y debe favorecerse en todo tiempo la protección más amplia al individuo (pro persona). Asimismo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, se encuentran constreñidas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la legislación respectiva. A su vez, el artículo 4 de nuestra Carta Magna, que en el caso particular se determina transgredido, señala (en lo que interesa) lo siguiente: "Artículo 4°. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. (.)". Se invoca por ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 30/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades. En ese sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el varón, estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquélla se le daba en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían participar activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, tareas de responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la pauta para modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de discriminación. Por otro lado, el marco jurídico relativo a este derecho humano desde la perspectiva convencional del sistema universal, comprende los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y desde el sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Como se aprecia de dicho ordinal, en él se contiene el derecho humano de igualdad entre el hombre y la mujer, el cual, de manera complementaria con lo que disponen otros dispositivos constitucionales, debe estar libre de cualquier influencia discriminatoria que pueda generar la raza, el estado social, la condición económica, la creencia religiosa, y por supuesto, el género. Es decir, desde el punto de vista jurídico, la igualdad se traduce en que varias personas que se encuentren en una situación particular frente a la ley, tengan la capacidad y posibilidad de ser titulares de los mismos derechos, o bien de contraer las mismas obligaciones que otra persona que se encuentre en el mismo plano, esto es, que guarden el mismo estatus jurídico ante la norma legal en cuestión. En tal perspectiva, debe entenderse que cada persona es susceptible de colocarse en tantas situaciones jurídicas como relaciones o actos pueda efectuar, por lo que existen una serie de legislaciones que pretenden regular esos escenarios, cuyo contenido debe respetar siempre los derechos humanos protegidos en nuestra Constitución y, entre otros, el principio de igualdad. Esa prerrogativa elevada a rango constitucional forma parte de la concepción de que todo atributo que imponga una distinción a grupos humanos con la finalidad de discriminarlos o darles un trato preferente frente a otros debe ser eliminado -en caso de que dicha diferenciación no atienda a una justificación razonable-, máxime si se basa en alguna categoría sospechosa como raza, religión, condición económica, género, preferencia sexual u otra característica similar. Precisados los lineamientos del derecho humano de igualdad que debe ser respetado por el Estado, se tiene que cualquier individuo tiene el derecho de reclamarla, y exigir a sus autoridades que se abstengan de otorgar trato diferente si se colocan en una misma situación que no amerite esa distinción. Así, el espíritu del principio de igualdad no consiste en que a todos los individuos se les dé el mismo trato en toda hipótesis, pues en caso de que cierto grupo se sitúe en situaciones diversas, tal perspectiva equivaldría a tratarlas injustamente, sin atender a sus circunstancias particulares en relación con el conglomerado al que pertenecen. Por ende, la igualdad ante la ley consiste en dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, porque ello permite regular estados jurídicos específicos en los que puede estar colocado un grupo de personas, a las que debe tratarse en la misma forma en cualquier situación o acontecimiento. Por su parte, el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo. 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. (.) B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: (.) XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: (.) d). Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley." Como se aprecia, el citado precepto constitucional contiene el principio de previsión social, sin hacer distinciones de trato. Asimismo, establece las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, dentro de las que destaca el derecho de los familiares de acceder a asistencia médica y medicinas, prerrogativa que se genera durante la vida del trabajador o trabajadora con las aportaciones efectuadas por determinado número de años de su empleo y con la finalidad de que con tales aportaciones se garanticen los servicios médicos requeridos. Establecido el marco constitucional aplicable al asunto que nos atañe, es conveniente citar algunos dispositivos que regulan la prestación de los servicios que brinda el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para con los cónyuges de las trabajadoras o pensionistas derechohabientes, entre ellos, el artículo 24, fracciones I y V, de la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, los cuales establecen: "Artículo 24. También tendrán derecho a los servicios que señala la fracción I del artículo 23 de esta Ley en caso de enfermedad, siempre y cuando reúnan los requisitos y condiciones que establece la misma y el Reglamento para los Servicios Médicos del Instituto, los familiares del trabajador y del pensionista que enseguida se señalan: I. La cónyuge o, en su caso, la persona con quien ha vivido como si lo fuera durante los cinco años anteriores a la enfermedad o aún durante un término menor si con ella tuviese hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el trabajador o pensionista tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir las mencionadas prestaciones. (.) V. El esposo o concubinario de la trabajadora pensionista, siempre que esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella." De lo transcrito se advierte que tienen derecho a servicios médicos, entre otros, la cónyuge del trabajador o pensionado sin ningún requisito, mientras que el cónyuge de la trabajadora o pensionada será beneficiario, siempre y cuando esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella. Entonces, el hecho de solicitar requisitos al esposo de la trabajadora, mientras que a la cónyuge del trabajador no se le exige ninguno, constituye una diferencia de trato, que involucra una categoría sospechosa, como lo es el género, situación que obliga a estudiar si dicha medida resulta razonable y proporcional y, por ende, si transgrede los principios de igualdad y no discriminación contenidos en los artículos 1 y 4 constitucionales. Asimismo, se advierte que la ley cuestionada, hace una clara distinción del beneficio del servicio médico, al concederlo con base en distintas exigencias, otorgando un trato preferente, sin justificación, a la persona cónyuge del trabajador o pensionado, por ser mujer; pues cuando el cónyuge o concubino se trata de un hombre, se establece una serie de requisitos que a la cónyuge mujer no se piden, esto es, el cónyuge de la trabajadora o pensionada deberá acreditar tener incapacidad física o psíquica y depender económicamente de su esposa o concubina trabajadora (mujer). Lo cual, constituye una distinción injustificada y discriminatoria, en la medida de que en términos del artículo 4 de la Constitución Federal, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. En esa línea de pensamiento, los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en los numerales 1 y 4 constitucionales, relacionadas con las relativas a la seguridad social y el principio de previsión social de referencia, permiten concluir que es un derecho fundamental de los beneficiarios de un trabajador o trabajadora, el otorgamiento de asistencia médica y medicinas en los supuestos y en la forma que determinen las leyes, sin distinción de género. En el caso, si el trabajador en activo asegurado, pretende tener como beneficiario a su cónyuge, de acuerdo con el artículo 24, fracción I, de la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, únicamente tendrá que acreditar tal hecho. Sin embargo, si es la trabajadora o pensionista asegurada quien lo pretende, se exige que su cónyuge acredite que se encuentra en los supuestos señalados en la fracción V del numeral 24 de la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; es decir, que esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella. Lo cual, analizado desde una perspectiva general de violación al derecho de igualdad, constituye una situación que priva injustificadamente al varón de obtener el derecho de acceder a la prestación de servicios médicos, cuando no se ubica en las hipótesis señaladas en el precepto referido. En efecto, no existe una justificación racional para limitar la prestación de los servicios médicos al cónyuge de una trabajadora asegurada por el organismo referido y, por tanto, el acceso a dichos servicios, pues el hombre se ubica en las mismas circunstancias que la mujer, por tener y compartir el mismo estado civil, de modo que, ambos deben ser tratados en forma idéntica. Por tanto, al otorgar el carácter de beneficiario de los asegurados de la prestación de servicios médicos, a la cónyuge y al cónyuge, pero estableciendo a este último requisitos que la primera no tiene que acreditar, hace que los individuos sean tratados en forma distinta por la norma, y evidencia una trasgresión al derecho de igualdad establecida en la Constitución Federal, especialmente porque existen disposiciones que claramente prohíben esa desigualdad, como es el artículo 4 de la citada Carta Magna que ordena que ambos, el hombre y la mujer, serán iguales ante la ley. Además, si se toma en consideración que tanto el hombre como la mujer, en su calidad de trabajadores, desempeñan la misma labor, y cotizan de igual forma para tener acceso a los derechos otorgados por la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el acceso de sus beneficiarios a la prestación de servicios médicos, no es una concesión gratuita, sino que es un derecho generado durante su vida productiva tendente a garantizar la salud de su familia; por lo que, si su estado civil también es el mismo, tendrá derecho a que sus familiares disfruten de esos derechos que la institución otorga, en la misma forma que lo tiene un trabajador varón, de ahí que, negar el acceso a una prestación de esa índole, equivale a la restricción de una garantía social, consistente en el derecho a recibir asistencia médica y medicina. Bajo esa línea argumentativa, si ante una misma situación jurídica se da un trato diferente a los beneficiarios cónyuges de las trabajadoras o pensionadas aseguradas, en tanto que se les permite el derecho a la prestación de servicios médicos, únicamente en determinados supuestos, ello sin razones válidas que lo justifiquen, resulta inconcuso que la norma tildada de inconstitucional, otorga un trato diferenciado por razón de género. Es así, pues distinguir entre el esposo y la esposa de la trabajadora y del trabajador por razones de sexo o económicas, como lo hace el ordenamiento jurídico de mérito, incuestionablemente no tiene apoyo constitucional alguno, al contrario, el Pacto Federal en su artículo 4 -se insiste- establece categóricamente que el varón y la mujer son iguales ante la ley, lo que significa que la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora debe aplicarse sin consideración de sexo o por cuestiones económicas al esposo y a la esposa de la trabajadora y del trabajador, ya que ambos tienen el carácter de cónyuges. Sirve de apoyo, la tesis LIII/89, del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Enero-Junio de 1989, página 201, de rubro y texto siguientes: "TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN V, PÁRRAFO SEXTO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD. El artículo 4o., primer párrafo, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, lo cual significa que ésta debe aplicarse por igual a todos los destinatarios sin consideración de sexo. Por su parte, el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso D), de la misma Constitución, dispone que los familiares de los trabajadores tendrán derecho a la asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. De los anteriores preceptos se desprende que los familiares del trabajador, como de la trabajadora, tendrán el mismo derecho a la asistencia médica y medicinas en los supuestos y en la forma que determinen las leyes, sin distinción de sexos. Ahora bien, el artículo 5o., párrafo sexto, fracción V, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, viola los preceptos constitucionales referidos al establecer un trato desigual entre el varón trabajador y la mujer trabajadora. En efecto dicho precepto dispone que el esposo o concubinario de la mujer trabajadora sólo será derechohabiente si es mayor de cincuenta y cinco años o bien si se encuentra incapacitado física o psíquicamente y depende económicamente de la trabajadora, mientras que, para que la esposa o concubina del trabajador sea derechohabiente, es suficiente con que tenga el carácter de cónyuge o concubina. Este trato desigual por razones de sexo o económicas que establece el precepto que se impugna, no tiene fundamento constitucional, máxime que el párrafo tercero del artículo 4o. de la propia Constitución establece que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Bajo las consideraciones expuestas, se obtiene que la norma reclamada hace una distinción entre el varón y la mujer trabajadores, lo que conlleva a una discriminación por razón de género, al solicitar mayores requisitos y condiciones a ésta última, para que su cónyuge pueda recibir los servicios de asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. Aunado a los argumentos vertidos en esta resolución, el estudio del presente asunto, representa un análisis de violación a los principios de igualdad por razón de género y no discriminación, el cual requiere de una motivación reforzada, abordando el estudio de la norma impugnada con perspectiva de género, pues esta afecta derechos fundamentales sujetos a protección especial dado los valores implicados. Es así, pues el trato diferenciado que existe en diversos ordenamientos legales, deriva de la asignación a la mujer del rol de ama de casa, cuyo concepto se concibe, entre otras características, para lo que el caso interesa, como la persona "no proveedora" del hogar -pues sus actividades no son remuneradas-, por el solo hecho de ser mujer; lo cual implica un estereotipo de género, esto es, la preconcepción que a la mujer es a quien le corresponde ocuparse de las actividades del hogar, sin considerar que cada familia tiene su propio proyecto de vida, virtud del cual esta puede ser una responsabilidad compartida en la cual participan en igual medida, o bien, efectuada solo por la mujer, quedando el hombre al cuidado del hogar y la familia. Por ello, al plasmarse en texto vigente en la ley, menos exigencias a la mujer como beneficiaria del servicio médico por ser esposa o concubina de un pensionado, que a un hombre como esposo o concubino de una pensionada; se acentúan los estereotipos de género, ya que el legislador únicamente contempla esta última posibilidad en el caso que el cónyuge o concubinario, esté incapacitado física o psíquicamente y dependa de ella. Es decir, se asume que el rol estereotipado del hombre, por su propio género, es incorporarse al trabajo remunerado, en tanto que la mujer al cuidado del hogar y la familia y únicamente como caso de excepción (incapacidad del varón), ella participará en actividades remuneradas. Sobre esa base, como se analizó, ese trato asimétrico conlleva una diferenciación estructural que subyace en la norma, asignando a la mujer un determinado papel en razón exclusivamente del género, reafirmando la visión estereotipada y situación de desventaja que permea en la norma, reduciéndola al papel del cuidado del hogar, siendo que también el hombre, por tenerla misma responsabilidad en ese aspecto, está en aptitud de desarrollar tal actividad. Debe tenerse presente que juzgar con perspectiva de género, constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos discriminatorios a las personas, por condición de sexo o género, es decir, juzgar tomando en cuenta las situación de desventaja que, por cuestión de género, discriminan e impiden la igualdad. Bajo esa línea de pensamiento, este juzgador considera que la mujer, al igual que el hombre, ambos en su carácter de esposa y esposo, concubino o concubinaria, respectivamente, de un pensionista o trabajador en activo, titular derechohabiente de un instituto de seguridad social, tienen derecho a acceder al servicio médico, como beneficiarios de la persona asegurada, sin que para ello el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora les exija mayores requisitos a uno y otro. Por tanto, se concluye que el artículo 24, fracción V, de la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, colisiona con lo establecido en los preceptos 1, 4 y 123 constitucionales, lo que da pauta a conceder la protección constitucional solicitada. Concesión que se extiende al acto de aplicación consistente en el oficio DAVD-205-2020, de diecinueve de octubre de dos mil veinte, emitido por la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en el cual negó la afiliación del cónyuge de la quejosa, al haberse sustentado en el contenido del numeral declarado inconstitucional, máxime que no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia de la aplicación del precepto reclamado Consideración que encuentra su fundamento en la jurisprudencia 88, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, página 70, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." No pasa inadvertido que al rendir informe justificado, la referida jefa citó también como fundamento de su decisión el diverso numeral 15, fracción VI, del Reglamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; no obstante, dicha disposición tiene el mismo sentido de afectación que el artículo declarado inexequible, de ahí que resulta ineficaz para sustentar la regularidad constitucional de la determinación cuestionada, máxime que únicamente se trata de una norma secundaria que, en atención al principio de subordinación jerárquica, solo busca proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de lo ordenado por el legislador local. Resulta orientador el criterio establecido en la jurisprudencia P./J. 30/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1515, que dice: "FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. La facultad reglamentaria está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El primero se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento. El segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal disposición." Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados al subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, se sobresee en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. En otro orden, ante lo fundado del concepto enderezado contra los actos de la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para efecto de que la Jefa del Departamento en el ámbito de sus atribuciones haga lo siguiente: Deje insubsistente el oficio DAVD-205-2020, de diecinueve de octubre de dos mil veinte. En su lugar, emita otro en el que se abstenga de aplicar a la inconforme el artículo 24, fracción V, de la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y considere los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al esposo de la quejosa, como en el caso de una cónyuge de un trabajador o pensionista Es necesario hacer la acotación de que las autoridades que participaron en la emisión de la norma no se encuentran constreñidas al cumplimiento de la presente ejecutoria, habida cuenta que la concesión de la Justicia Federal amerita, únicamente, la inaplicación del precepto por parte de la institución de seguridad social. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ivone Edith Ochoa Medina, respecto de los actos reclamados a la autoridad y por las razones expuestas en el considerando III de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ivone Edith Ochoa Medina, respecto de los actos señalados en el considerando II, por las razones y para los efectos referidos en los diversos apartados V y VI de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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