Ivón Saucedo Rodríguez
Expediente 1183/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1183/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 13/11/2023
Partes del expediente
- Ivón Saucedo Rodríguez
- Décimo Primera Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Zapopan, Jalisco, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento al fallo protector se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, al momento de la emisión del presente auto. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1183/2023; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, ********************, por derecho propio, ingresó en el Buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, demanda en la que solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto que en ella precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, expresando los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda promovida, por lo cual solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; asimismo, se dio vista al representante social de la adscripción y, fijó día y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. El veintiocho de junio del año en curso, se ordenó el emplazamiento del organismo público descentralizado, servicios y transporte, a través de su órgano liquidador, que es la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, en su carácter de tercero interesado. Seguido el juicio en todas sus etapas, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia de trabajo y reclamarse actos de una autoridad residente dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000. En esas condiciones, del análisis integral del escrito de demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se desprende que se reclama: - De la Décimo Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, la omisión de acordar la planilla de liquidación, emitida en el juicio laboral ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Décimo Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, fue omisa en rendir su informe de ley no obstante de esta debidamente notificada y requerida para ello, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos, de ahí que de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, deben presumirse el acto reclamado. Lo que se corrobora con la copia certificada del expediente de origen, del índice de la junta responsable, a la que se otorga el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a funcionarios investidos de fe pública, expedidos en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular en los documentos por los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, se les confiere eficacia demostrativa plena en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del citado código. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia que se actualiza. Las causas de improcedencia son cuestiones de orden público, las cuales deben analizarse preferentemente ante cualquier otro planteamiento lo aleguen o no las partes, como lo sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia 814, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que pueda estudiarse de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues además de que ello no es un requisito que la ley exija, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad basta con que en el fallo se precisen los puntos objetos del debate, que éstos se estudien y se les dé respuesta. Decisión sobre la litis constitucional. Es fundado el único concepto de violación en el que se sostiene la trasgresión al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suplido en su deficiencia, de conformidad con la fracción V, del artículo 79 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 17 constitucional, que ordena que la administración de justicia se imparta dentro de los plazos que fijen las leyes. ".Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Estos cuatro atributos del derecho concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 192/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI de octubre de dos mil siete, visible en la página doscientos nueve, registro Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia en materia constitucional P./J. 113/2001, emitida por el aludido Tribunal Pleno, de rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: 1. La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; 2. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es importante recordar que de lo que se duele la parte quejosa, es la omisión de acordar la planilla de liquidación, emitida en el juicio laboral ********************. Para corroborar lo anterior, es necesario narrar los antecedentes de la etapa de ejecución más relevantes, los que se obtienen de las copias certificadas del juicio natural de origen; dichos antecedentes son: El seis de febrero de dos mil veinte, se dictó laudo en el juicio laboral de origen, en el cual se condenó al organismo público descentralizado demandado, aquí tercero interesado, a la reinstalación de la parte trabajadora; al pago de salarios vencidos e incrementos; al pago de vacaciones a razón de dos periodos, prima vacacional y aguinaldo, hasta en tanto se llevara a cabo la reinstalación; asimismo, la absolvió del pago de aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda. El dos de marzo de dos mil veinte, fue aprobado por unanimidad el proyecto de laudo emitido. Inconforme con el laudo emitido, la parte trabajadora promovió juicio de amparo directo, el cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, radicándolo con el número ********************, quien en determinación de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, desechó la demanda promovida, al haberse presentado de forma extemporánea. El doce de julio de dos mil veintiuno, se tuvo a los apoderados especiales del organismo demandado, por apersonados al juicio. El cinco de junio del año en curso, respecto a la petición de reinstalación y a la planilla de liquidación, dio vista y ordenó correr traslado al órgano liquidador para que manifestara lo que a su derecho corresponda, respecto a la reinstalación solicitada. Hasta aquí los antecedentes más relevantes atinentes a la etapa de ejecución del juicio natural. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la misma fija un plazo dentro del cual se deba dictar el acuerdo al escrito que el peticionario refiere. Luego, en esta vía se combate la omisión de acordar la planilla de liquidación presentada el cinco de septiembre de dos mil veintidós. Bajo esa línea argumentativa, tenemos que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo establece: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley". El precepto transcrito pone de manifiesto la obligación de la autoridad responsable de dictar la resolución al escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su presentación. Ahora, en términos de lo expuesto con antelación, en virtud de que se presumió el acto reclamado en razón de la omisión de la responsable, es evidente que no se ha dictado el acuerdo correspondiente a la planilla de liquidación de laudo presentada el cinco de septiembre de dos mil veintidós. Sin que pase inadvertida, la determinación de cinco de junio del año en curso, mediante la cual la junta responsable tuvo por recibida la petición de reinstalación y a la planilla de liquidación, dando vista y ordenado correr traslado al órgano liquidador para que manifestara lo que a su derecho corresponda; sin embargo, ello, no fue con motivo de la planilla reclamada, sino respecto de la reinstalación solicitada, de ahí que no se pueda afirmar que acordó la precitada planilla. En ese orden de ideas, la omisión de la autoridad responsable resulta contraria a las obligaciones que prevé la ley, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia, toda vez que la falta de acuerdo al escrito referido contraviene lo dispuesto por el artículo 838 invocado, en razón de que excedió el plazo de cuarenta y ocho horas. De lo que se sigue que la omisión reclamada vulnera, en perjuicio de la parte quejosa, el derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita, reconocido por el artículo 17 constitucional, al constituir un obstáculo para que se imparta justicia, dentro de los plazos previstos en la ley. Lo anterior, desde luego, sin desconocer que tales términos o plazos estimados para que el órgano del Estado ejerza su actividad jurisdiccional, están referidos a situaciones ordinarias de carga de trabajo; es decir, el legislador estimó determinados términos y plazos conforme con la realidad patente en el contexto real al momento de emitir la norma; empero, con el paso del tiempo, hoy en día es un hecho notorio que esa situación que el legislador tomó en cuenta para establecer los términos o plazos ha sido rebasada; así, el órgano del Estado que ejerza actividad jurisdiccional, ante circunstancias extraordinarias a la norma (exceso en la carga de trabajo) deberán justificar tal situación, porque lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba. En ese orden de ideas, el actuar de la junta responsable resulta contrario a las obligaciones que prevé la legislación laboral, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia. En consecuencia, al quedar evidenciada la transgresión a los derechos fundamentales de la parte quejosa, se debe conceder el amparo solicitado para los efectos que enseguida se precisan. SEXTO. Efectos del fallo protector. A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental referente a la impartición de justicia, consagrado en el numeral 17, segundo párrafo, constitucional, que se estima transgredido, a la Décimo Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, deberá: - De manera inmediata, acordar la planilla de liquidación, presentada en el juicio laboral ********************, por la parte trabajadora, aquí quejosa. Lo anterior significa un mandato para que la propia responsable sea la que deba realizar los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales y no que este juzgado de Distrito vigile paso a paso su actuación, pues a ella corresponde hacerlo. Tiene aplicación al respecto, la tesis 2ª. CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 732, Libro 1, diciembre de dos mil trece, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Ante ello y en razón de lo expuesto y fundado con apoyo además en los numerales 1o, 63, 73 a 79, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto que reclamó a la Décimo Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente determinación y para los efectos precisados en la presente resolución. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Quejosa solicita copias. Téngase por recibido el ocurso de la quejosa ********************, y como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase copia certificadas de las constancias que peticionan y que integren el presente sumario constitucional, autorizando para recibirlas a las personas que refiere, previa razón de recibo que deje en autos. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos Vistas las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que no obra en autos el emplazamiento del tercero interesado O.P.D. Servicios y Transportes, a través de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso b, de la Ley de Amparo, se ordenar emplazarlo por medio de oficio, al cual se deberá adjuntar copia de demanda, del auto admisorio y del presente proveído. Diferimiento. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia de ley señalada para este día y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.
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