Ivohone Patricia Herrera Valera

Expediente 172/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
172/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Ivohone Patricia Herrera Valera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a trece de julio de dos mil veintiuno. Visto; el telegrama remitido por el Jefe de la Oficina de Apoyo Legal en representación del Director General de al Policía Ministerial, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante el cual acusa recibo del diverso 10090/2021, con el que se notificó la sentencia dictada en el presente asunto el veintitrés de junio de la presente anualidad, por tanto, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngase a dicha responsable acusando recibo del oficio de mérito. Por otro lado; de la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo negado; al igual que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, pues se concedió la medida cautelar, acorde con lo dispuesto en el inciso a), fracción I, del mismo artículo. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirán a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguese al cuaderno original del incidente de suspensión una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En otro orden de ideas, resulta innecesario seguir conservando la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión del acto reclamado; en consecuencia, devuélvanse única y exclusivamente a la parte quejosa Ivohone Patricia Herrera Valera, el billete de depósito N 900007, por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100, moneda nacional), previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia, en el entendido de que transcurrido el plazo que establece el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, sin que comparezca a recibir dicho billete, se procederá a hacerlo efectivo a favor del erario federal. En el entendido que, para poder ingresar de manera física a este órgano jurisdiccional y recoger las copias solicitadas, deberá generar una cita mediante la obtención del Código QR, a través del procedimiento automatizado disponible en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, seleccionando el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales" de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021. Asimismo, se precisa a la parte quejosa que la devolución de dicho billete de depósito será únicamente los días jueves y viernes dentro del periodo de guardia alta de este juzgado federal, que comprende del doce al veinticinco de julio de dos mil veintiuno; y, del nueve al veintidós de agosto de dos mil veintiuno esto, en virtud del personal reducido que acude de manera presencial en un horario limitado por un lapso de seis horas a este órgano jurisdiccional en dicho periodo. Sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora, que en el sumario no obra la totalidad de las constancias de notificación de los oficios con los que se hizo del conocimiento de las autoridades responsables, la sentencia dictada en el presente asunto; empero, en el caso, aquéllas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, al haberse negado la protección constitucional. De lo que se colige que no les ocasiona ningún agravio, pues es inconcuso que dicha resolución únicamente es desfavorable para el impetrante del amparo, quien es el que tiene el agravio personal y directo, al verse afectado por el sobreseimiento decretado. Se cita por analogía, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2012455 Época: Novena Época Registro: 1003171 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Sección - Recursos Materia(s): Común Tesis: 1292 Página: 1452 REVISIÓN. LA AUTORIDAD QUE NIEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. La legitimación para que las autoridades responsables interpongan el recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, sólo se genera cuando la resolución que decida sobre la suspensión definitiva del acto reclamado pueda causar una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones; pero tal perjuicio no debe ser meramente hipotético, sino un hecho real, cuya demostración incumbe a las autoridades que invoquen su presencia, como uno de los presupuestos necesarios para interponer el recurso. Ahora bien, si al rendir informe previo las autoridades recurrentes negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, y a pesar de tal negativa, sin prueba en contrario, el Juez de Distrito o superior de la autoridad responsable, en su caso, concede la suspensión definitiva, esa resolución no puede ocasionar perjuicio a las autoridades recurrentes, porque ante la inexistencia de los actos reclamados, según su informe, la suspensión otorgada no les priva del derecho a ejecutar acto alguno, ni restringe su libertad de acción; circunstancia que implica una falta de interés jurídico para que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso confirme, modifique o revoque la resolución impugnada; de ahí que, siendo la posible afectación al interés jurídico un presupuesto indispensable para la legitimación del recurrente en el juicio de garantías, el recurso de revisión que se interponga en esas condiciones resulta improcedente conforme al artículo 87 de la Ley citada. Época: Décima Época Registro: 2012455 Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: XIX.1o.A.C. J/1 (10a.) Página: 2464 LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. En virtud de lo expuesto, una vez que obren los acuses de notificación de las autoridades responsables, relativos a la sentencia dictada en el presente asunto, así como de este proveído, glósense al sumario para que surtan sus efectos legales procedentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Diana Rodríguez Cruz, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    (CITATORIO) NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA QUEJOSA.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a trece de julio de dos mil veintiuno. Visto; el telegrama remitido por el Jefe de la Oficina de Apoyo Legal en representación del Director General de al Policía Ministerial, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante el cual acusa recibo del diverso 10090/2021, con el que se notificó la sentencia dictada en el presente asunto el veintitrés de junio de la presente anualidad, por tanto, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngase a dicha responsable acusando recibo del oficio de mérito. Por otro lado; de la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo negado; al igual que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, pues se concedió la medida cautelar, acorde con lo dispuesto en el inciso a), fracción I, del mismo artículo. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirán a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguese al cuaderno original del incidente de suspensión una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En otro orden de ideas, resulta innecesario seguir conservando la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión del acto reclamado; en consecuencia, devuélvanse única y exclusivamente a la parte quejosa Ivohone Patricia Herrera Valera, el billete de depósito N 900007, por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100, moneda nacional), previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia, en el entendido de que transcurrido el plazo que establece el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, sin que comparezca a recibir dicho billete, se procederá a hacerlo efectivo a favor del erario federal. En el entendido que, para poder ingresar de manera física a este órgano jurisdiccional y recoger las copias solicitadas, deberá generar una cita mediante la obtención del Código QR, a través del procedimiento automatizado disponible en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, seleccionando el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales" de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021. Asimismo, se precisa a la parte quejosa que la devolución de dicho billete de depósito será únicamente los días jueves y viernes dentro del periodo de guardia alta de este juzgado federal, que comprende del doce al veinticinco de julio de dos mil veintiuno; y, del nueve al veintidós de agosto de dos mil veintiuno esto, en virtud del personal reducido que acude de manera presencial en un horario limitado por un lapso de seis horas a este órgano jurisdiccional en dicho periodo. Sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora, que en el sumario no obra la totalidad de las constancias de notificación de los oficios con los que se hizo del conocimiento de las autoridades responsables, la sentencia dictada en el presente asunto; empero, en el caso, aquéllas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, al haberse negado la protección constitucional. De lo que se colige que no les ocasiona ningún agravio, pues es inconcuso que dicha resolución únicamente es desfavorable para el impetrante del amparo, quien es el que tiene el agravio personal y directo, al verse afectado por el sobreseimiento decretado. Se cita por analogía, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2012455 Época: Novena Época Registro: 1003171 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Sección - Recursos Materia(s): Común Tesis: 1292 Página: 1452 REVISIÓN. LA AUTORIDAD QUE NIEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. La legitimación para que las autoridades responsables interpongan el recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, sólo se genera cuando la resolución que decida sobre la suspensión definitiva del acto reclamado pueda causar una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones; pero tal perjuicio no debe ser meramente hipotético, sino un hecho real, cuya demostración incumbe a las autoridades que invoquen su presencia, como uno de los presupuestos necesarios para interponer el recurso. Ahora bien, si al rendir informe previo las autoridades recurrentes negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, y a pesar de tal negativa, sin prueba en contrario, el Juez de Distrito o superior de la autoridad responsable, en su caso, concede la suspensión definitiva, esa resolución no puede ocasionar perjuicio a las autoridades recurrentes, porque ante la inexistencia de los actos reclamados, según su informe, la suspensión otorgada no les priva del derecho a ejecutar acto alguno, ni restringe su libertad de acción; circunstancia que implica una falta de interés jurídico para que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso confirme, modifique o revoque la resolución impugnada; de ahí que, siendo la posible afectación al interés jurídico un presupuesto indispensable para la legitimación del recurrente en el juicio de garantías, el recurso de revisión que se interponga en esas condiciones resulta improcedente conforme al artículo 87 de la Ley citada. Época: Décima Época Registro: 2012455 Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: XIX.1o.A.C. J/1 (10a.) Página: 2464 LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. En virtud de lo expuesto, una vez que obren los acuses de notificación de las autoridades responsables, relativos a la sentencia dictada en el presente asunto, así como de este proveído, glósense al sumario para que surtan sus efectos legales procedentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial adscrito para entregar el oficio 10097/2021 dirigido a la autoridad responsable Fiscal Séptimo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia con residencia en esta ciudad, debido a que al constituirse en la oficinas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, esto es en las oficinas de dicha fiscalía, nadie acudió a su llamado, en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad por notificada de la sentencia de veintitrés de junio de la presente anualidad, contenida en el oficio de mérito. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  4. Incidental

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el oficio del Jefe de Administración Postal de esta ciudad; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, al informar sobre el destino de la pieza postal 5788/2021 dirigido al FISCAL GENERAL DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, remitiendo copia certificada de la constancia con la que acredita la entrega del oficio dirigido a la citada autoridad responsable. Por lo que, déjese sin efecto el apercibimiento que se hizo a la autoridad oficiante en el auto en mención, y sin hacer mayor pronunciamiento, lo anterior en virtud de que en interlocutoria de diez de junio de los actuales, se resolvió sobre los actos que de la citada responsable se reclaman. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

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