Iviana Reyes Gras

Expediente 2303/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2303/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
11/01/2023

Partes del expediente

  • Iviana Reyes Gras
  • Alberto Montiel Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    CAUSA ESTADO AUTO QUE SOBRESEYÓ JUICIO

  2. Principal

    SÓLO SE AGREGA INFORME DE SUSPENSIÓN D EPLANO, YA OBRA EN AUTOS

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se ordena agregar la razón actuarial que antecede, en la que el fedatario asentó que, luego de constituirse en la Estación Migratoria de Villahermosa con la finalidad de notificarle el proveído de veintidós y veintitrés de diciembre de la presente anualidad, a Iviana Reyes Gras, Alberto Montiel Rodríguez y Edenis Martínez Manzo, requirió su presencia, a lo que Ingry Hernández Pedraza, en su carácter de Agente Federal de la Estación Migratoria Villahermosa, le informó que luego de realizar una búsqueda en su base de datos, advirtió que los referidos quejosos no han estado alojados en dichas instalaciones; no obstante ello, el fedatario se constituyó en los dormitorios para vocear a los quejosos con voz fuerte y clara, sin que nadie respondiera al llamado; de ahí que, no sea el caso emitir determinación al respecto. Lo anterior, tomando en consideración que en esta data se ordenó al actuario adscrito se constituyera en las instalaciones que ocupan el Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, a notificar el proveído de veintidós de los corrientes, en virtud del escrito presentado Pamela Noemí Aldana Quijano, quien bajo protesta de decir verdad manifestó que los quejosos Iviana Reyes Gras, Alberto Montiel Rodríguez y Edenis Martínez Manzo, ya se encontraban en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, se recibe y ordena agregar a los autos el oficio remitido por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B", en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración; documental a la que se le concede valor indiciario conforme a su naturaleza jurídica de conformidad con los numerales 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del arábigo segundo de ésta. Por otra parte, se tiene a la autoridad oficiante, señalando como domicilio para oír citas y notificaciones, el que se indica en su informe de cuenta, designando como delegados a las personas que nombra, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo. Ahora, del oficio de cuenta signado por la autoridad responsable, se desprende que manifestó lo siguiente: Que no son ciertos los actos reclamados por los quejosos Iviana Reyes Gras, Alberto Montiel Rodríguez y Edenis Martínez Manzo, toda vez que no se encuentran a disposición de la autoridad migratoria adscrita a la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración. Que la autoridad migratoria oficiante no emite órdenes de detención, pero que sí está facultada para realizar revisiones migratorias. Manifestaciones a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos del numeral 202, en relación con el 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, por haber sido vertida por la autoridad responsable dentro de su informe de suspensión de plano. En esas condiciones, de lo manifestado por la autoridad responsable se advierte que no son ciertos los actos reclamados por los quejosos Iviana Reyes Gras, Alberto Montiel Rodríguez y Edenis Martinez Manzo, toda vez que no se encuentran a disposición de la autoridad migratoria adscrita a la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración. Asimismo, se aprecia que se reservó acordar sobre la imposibilidad del Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a fin de notificar a los quejosos Iviana Reyes Gras, Alberto Montiel Rodríguez y Edenis Martínez Manzo, el proveído de veintidós de los corrientes, en el que se ordenó requerirlo para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes a ésta, manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida a su favor, de no hacerlo se tendría por no presentada la citada demanda. Lo anterior, toda vez que al constituirse en las instalaciones de la Estación Migratoria en Villahermosa Tabasco, le fue informado que no existía ningún registro en su base de datos de los quejosos Iviana Reyes Gras, Alberto Montiel Rodríguez y Edenis Martínez Manzo, ni de que éstos se encontraran alojados o hayan ingresado a la estación migratoria, motivo por el cual no le fue posible desahogar la diligencia encomendada. Lo que además, como se dijo, se encuentra corroborado con el informe de suspensión de plano rendido por la autoridad responsable, en lo que informó que no son ciertos los actos reclamados por los quejosos Iviana Reyes Gras, Alberto Montiel Rodríguez y Edenis Martínez Manzo, toda vez que no se encuentran a disposición de la autoridad migratoria adscrita a la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración. Acorde con lo anterior, se estima necesario destacar que, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil veinte, prevé que los Juzgados de Distrito que conozcan demandas de amparo instauradas por desaparición forzada son autoridades primarias facultadas para aplicar al instante acciones relativas a la búsqueda inmediata, consistente en, dar aviso a la Comisión de Búsqueda, fiscalía y policía; empero, en el caso, no se actualiza esa hipótesis por las siguientes consideraciones. Del contenido del informe respecto de la suspensión de plano rendido por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco, del Instituto Nacional de Migración, se advierte que los quejosos Iviana Reyes Gras, Alberto Montiel Rodríguez y Edenis Martínez Manzo, no se encuentra a disposición de la autoridad migratoria adscrita a la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración. De lo anterior, se desprende que no existen indicios que presuman que los directos quejosos, fuera objeto de desaparición forzada, ya que la demanda no fue presentada en esos términos, aunado a que reclaman detención, retención e incomunicación, así como la deportación, lo cual acorde con la razón actuarial e informe de suspensión de plano, no es cierto ya que los directos quejosos no se encontraban en ese lugar, por lo que, al no advertirse datos o elementos que conlleven a que se está en presencia de la desaparición forzada no se implementan acciones relativas a la búsqueda inmediata de ellos, consistente en dar aviso a la Comisión de Búsqueda, Fiscalía y Policía. Ahora, del informe de cuenta, este Juzgado de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciera claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]". De la interpretación sistemática de los preceptos reproducidos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado es inexistente. En esas condiciones, se tiene que los actos reclamados consistentes en detención, retención e incomunicación, así como la deportación, son inexistentes, pues del oficio signado por la autoridad responsable en cumplimiento a la suspensión de plano emitida en el presente asunto, se desprende que los directos quejosos Iviana Reyes Gras, Alberto Montiel Rodríguez y Edenis Martínez Manzo, de nacionalidad cubana, no se encuentran alojados en esa estancia migratoria. Situación que también se corrobora con la razón de imposibilidad levantada por el fedatario de referencia quien dio fe de que al constituirse en las instalaciones de la Estación Migratorias de Villahermosa, Tabasco, le fue informado que no existía ningún registro en su base de datos de los quejosos Iviana Reyes Gras, Alberto Montiel Rodríguez y Edenis Martinez Manzo, ni de que éstos se encontraran alojados o hayan ingresado a la estación migratoria. Así, al tener el actuario judicial fe pública, lo asentado en su diligencia debe estimarse cierto si no hay prueba que acredite lo contrario. Lo anterior, con apoyo en la tesis XIV.C.A.49 C (9a.) del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con número de registro 160704, localizable en la página 615, libro II, noviembre de 2011, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, que dice: "CÉDULA DE NOTIFICACIÓN SUSCRITA POR EL ACTUARIO. CONSTITUYE LEGALMENTE UNA ACTUACIÓN JUDICIAL CON PLENO VALOR PROBATORIO. Tratándose de una cédula de notificación, la cual contiene el nombre del juzgado que conoce del asunto, el número del expediente correspondiente, el nombre de la persona a quien se pretende notificar y, sobre todo, la firma del actuario adscrito a dicho juzgado, es incuestionable que constituye una actuación judicial, porque la realiza un funcionario judicial en ejercicio de su encargo, que se encuentra investido de fe pública y, siendo así, el documento relativo a la cédula de notificación tiene valor probatorio pleno respecto a los acuerdos que en ella obran transcritos y, por ello, es indudable su veracidad y permiten conocer a ciencia cierta el o los mandamientos dictados por la autoridad judicial." Asimismo, en la jurisprudencia IV.2o. J/4 del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con número de registro 205152, localizable en la página 265, tomo I, mayo de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." De ahí que se llega a la conclusión inequívoca que no existen los actos reclamados consistentes en detención, retención e incomunicación, así como la deportación, pues los directos quejosos Iviana Reyes Gras, Alberto Montiel Rodríguez y Edenis Martínez Manzo, no se encuentran alojados en la estación migratoria de esta ciudad, sin que exista medio de convicción que, siquiera, haga presumir su existencia. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.49/2017 (10ª.) sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 386, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". Por lo expuesto, es que esta autoridad sostiene que los actos reclamados por los quejosos Iviana Reyes Gras, Alberto Montiel Rodríguez y Edenis Martínez Manzo, consistentes en la detención, retención e incomunicación, así como la deportación, no existen, pues los quejosos no se encuentran alojados en la estación migratoria de esta ciudad, sin que exista medio de convicción que, siquiera, haga presumir su existencia. Por tanto, con fundamento en los artículos 63, fracción IV, en relación al 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

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