Ivette Nicolini José

Expediente 2/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
12/06/2018

Partes del expediente

  • Ivette Nicolini José

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, SE DECLARA CONSENTIDO. Ahora bien, toda vez que en el proveído en mención se acordó lo relativo al destino de este expediente, quedando pendiente su envío físico al archivo, remítase a él por estar debidamente concluido; asimismo, glósese el original del incidente de suspensión. Finalmente, devuélvanse las constancias enviadas por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación (rezago) de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-6, De la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc, de la Procuraduría General de Justicia de esta urbe, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, pues para este órgano de justicia federal es suficiente el sello de la autoridad en cita.

  2. Principal

    I. ANTECEDENTES. Del estado que guardan los presentes autos, se advierte que por sentencia dictada el quince de marzo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ******, contra el acto que reclamó de la licenciada *********, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación (rezago) de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-6, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El diez de abril del año en curso, se declaró firme la resolución aludida, por lo que se requirió a la responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito dentro del plazo de tres días. Así, el diecinueve de los actuales, se tuvo por recibida la misiva, por medio de la cual, la autoridad ministerial responsable, remitió, en cumplimiento al fallo protector, copia certificada del citatorio de trece de abril de dos mil dieciocho, así como del auto de esa misma fecha; actuaciones con las que se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera, lo cual, realizó el veinte del mes y año que transcurre. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de calificar el cumplimiento dado al fallo protector, es preciso establecer nuevamente, que los efectos para los que se concedió la tutela constitucional fueron los siguientes: "1. Deje insubsistente el citatorio de cinco de octubre de dos mil diecisiete, girado en la averiguación previa **********. 2. Emitir uno diverso, en el que precise de una manera correcta el precepto legal en el que funde su determinación en el sentido de la medida de apremio a imponer a la quejosa en caso de su incomparecencia; así como justificar su aplicación al caso en concreto. 3. Notificar dicho citatorio a la quejosa". En este orden, también resulta oportuno destacar, en lo conducente, las consideraciones que sirvieron de sustento para conceder la protección de la justicia de la Unión solicitada por los quejosos, consistieron en lo siguiente: "(.) Ahora bien, al realizar una consulta en la página de normativa de la Suprema Corte de Justica de la Nación siendo la siguiente legislacion.scjn.gob.mx, se puede advertir que de la última publicación del Código de Procedimientos Penales Para el Distrito Federal publicado el veintidós de julio de dos mil trece (ordenamiento que regula los procedimientos penales del sistema acusatorio), en su artículo 33, no tiene fracciones, incluso no se refiere de manera alguna a las medidas de apremio, como se desprende de la siguiente transcripción: "Artículo 33. La competencia de los jueces en materia penal es improrrogable y se rige por las normas que previamente establece la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. De igual manera, al efectuar la consulta de la página de internet antes mencionada, se advierte que en el cuerpo normativo denominado Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal -antes Código de Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios Federales- que entró en vigor el diecisiete de septiembre de mil novecientos treinta y uno, (el cual regula los procedimientos penales del sistema tradicional y que incluso a la fecha en que se emite la presente sentencia aparece como abrogado) en cuya última publicación de seis de octubre de dos mil quince, al revisar el contenido del artículo 33, se advierte que tal precepto sí hace referencia a las medidas de apremio, como se verá enseguida: "Articulo 33.- El Ministerio Público, los tribunales o jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, podrán emplear indistintamente, cualquiera de los siguientes medios de apremio: I.- Multa por el equivalente a entre uno y treinta días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se realizó la conducta que motivó el medio de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados el de un día de ingresos; II.- El auxilio de la fuerza pública y III.- Arresto hasta de treinta y seis horas. Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia. Ahora bien, toda vez que el ministerio público responsable al fundar su medida de apremio lo hizo citando el artículo 33, fracción I, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, sin que haya precisado adecuadamente a qué legislación se refería, puesto que, como ha quedado señalado en el cuerpo de la presente determinación el primero de los ordenamientos referidos (que regula los asuntos de corte oral), en su artículo 33 no hace referencia a las medidas de apremio; mientras que el segundo de los cuerpos normativos (que establece disposiciones del sistema tradicional) en su numeral 33 sí se hace referencia a las medidas de apremio, pero se encuentra abrogado, aunado a que la fracción I, de dicha porción normativa, señalada por la responsable, tampoco contemplaba como medida de apremio el uso de la fuerza pública, sino multa; asimismo, la responsable se encontraba obligada a justificar porqué resultaba aplicable dicho precepto legal al caso en concreto, precisando desde luego, previamente el cuerpo normativo en que se apoye. Así las cosas, con dicho actuar la autoridad responsable transgredió los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica en perjuicio de la quejosa, puesto que no resulta claro a qué Código de Procedimientos Penales se refería al fundar la medida de apremio que pudiera llegarse a imponer a la ahora impetrante. Así las cosas, al haber omitido la responsable señalar correctamente el precepto legal en el que fundaba su determinación en el sentido de que si no comparecía la quejosa, haría uso de la fuerza pública, es que el acto reclamado en esta instancia de control constitucional transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no encontrarse debidamente fundado y motivado. (.)". De la parte considerativa antes transcrita, se desprende que este Órgano de Control Constitucional, destacó que el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, publicado el veintidós de julio de dos mil trece, regula los procedimientos penales del sistema acusatorio y en su artículo 33, además de no contener fracciones, no se refiere de manera alguna a las medidas de apremio; en tanto que, el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal -antes Código de Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios Federales-, que entró en vigor el diecisiete de septiembre de mil novecientos treinta y uno y regula los procedimientos penales del sistema tradicional, no obstante de que sí contempla en su artículo 33, tres fracciones con distintas medidas de apremio, lo cierto es que éste se encuentra abrogado; todo lo anterior, de acuerdo a la consulta que se realizó en la página de normativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación legislación.scjn.gob.mx. En este sentido, en el nuevo acto que la autoridad responsable dictara en cumplimiento al fallo protector, debería especificar en cuál legislación de las anteriormente señaladas fundaría su determinación. Ahora bien, de las constancias enviadas por la autoridad responsable, se desprende, en primer término, que por auto de trece de los actuales, dejó insubsistente el citatorio de cinco de octubre de dos mil diecisiete, girado en la averiguación previa *****. Del mismo modo, en cumplimiento a la sentencia dictada en este sumario, emitió nuevo citatorio en esa fecha (trece de abril de dos mil dieciocho), en el que, en su parte conducente, señaló: ".SE LE APERCIBE QUE EN CASO DE NO COMPARECER, SE HARÁ USO DE LA FUERZA PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE DICE ARTÍCULO 33.- EL MINISTERIO PÚBLICO, LOS TRIBUNALES O JUECES, PARA HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES, PODRÁN EMPLEAR INDISTINTAMENTE, CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE APREMIO: I. MULTA POR EL EQUIVALENTE A ENTRE UNO Y TREINTA DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL MOMENTO Y LUGAR EN QUE SE REALIZÓ LA CONDUCTA QUE MOTIVÓ EL MEDIO DE APREMIO. TRATÁNDOSE DE JORNALEROS, OBREROS Y TRABAJADORES LA MULTA NO DEBERÁ EXCEDER DE UN DÍA SALARIO Y TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS EL DE UN DÍA DE INGRESOS. II. EL AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA, Y III. ARRESTO HASTA DE TREINTA Y SEIS HORAS." En este contexto, del citatorio de trece de abril del año en curso, como lo refirió la parte quejosa en desahogo de la vista de diecinueve de los actuales, se advierte que la autoridad responsable si bien, señaló el contenido del artículo 33 del Código de Procedimientos Penales para el "Distrito Federal", el cual, como se destacó en el fallo protector, se encuentra abrogado, no justificó pormenorizadamente y de manera suficiente, las razones por las que en el caso, aplicaría esa porción normativa. Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido que, además de citar una legislación abrogada sin exponer los motivos particulares para ello, la responsable hizo alusión a la medida de apremio consistente en el "uso de la fuerza pública", y señaló como fundamento la fracción I, del artículo 33, de la ley abrogada en mención; no obstante, dicha fracción contempla la MULTA. II. DECLARATORIA. Lo expuesto, de acuerdo con el criterio de este resolutor y por las razones que expone la parte quejosa en su escrito de veinte de abril de la presente anualidad, denota que la ejecutoria se cumplió con defecto, ya que si bien, la responsable atendió algunos de los aspectos materia del amparo, esto es, dejó insubsistente el citatorio de cinco de octubre de dos mil diecisiete, girado en la averiguación previa *****. Sin embargo, no atendió debidamente los efectos y consideraciones de la sentencia de amparo, ya que fundó el nuevo citatorio dictado en cumplimiento a tal fallo, en una ley procesal abrogada, sin exponer de manera suficiente y pormenorizada las razones para ello, aunado a que la medida de apremio, es discordante entre la fracción que señaló. En este contexto, dado el defecto en el cumplimiento de la ejecutoria por parte de la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, SE REQUIERE al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación (rezago) de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-6, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc, de la Procuraduría General de esta urbe, para que, atienda cabalmente el fallo protector. Para tal efecto, en el plazo de TRES DÍAS contado a partir de la notificación de este proveído, debe acreditar con copia certificada de las constancias conducentes; haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo en sus términos. De igual manera, de conformidad con el indicado dispositivo, solicítese al Responsable de la Agencia de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-6, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc, de la dependencia referida en líneas precedentes, en su calidad de superior jerárquico de la aludida agente ministerial, para que en términos del arábigo 194 de la ley reglamentaria, gire la orden correspondiente, con la finalidad de que la última acate en sus términos el fallo protector. Apercibidas, ambas autoridades, que de no hacerlo se procederá en términos de lo señalado en los párrafos segundo y tercero del citado artículo 192, esto es, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en la Ciudad de México, con sustento en el numeral 258 de la ley en comento, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para iniciar el trámite correspondiente de inejecución de sentencia. Aunado a que en caso de no obedecer nuevamente a la determinación constitucional en sus términos, podrá actualizarse la conducta prevista en el arábigo 267, fracción I, del ordenamiento de la materia, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; II. Repita el acto reclamado; III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad. Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo".

  3. Principal

    Agréguese a los autos el libelo firmado por la quejosa, mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de diecinueve de los presentes; en consecuencia, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en su libelo, las que, de ser el caso, serán tomadas en consideración al emitir el pronunciamiento atinente a la observancia de la ejecutoria emitida en este expediente.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación (rezago), ambos de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-6, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc, de la Procuraduría General de Justicia de esta localidad, mediante el cual comunica haber dado cumplimiento al fallo protector y remite las constancias que estimó pertinentes para acreditarlo. En tal virtud, de conformidad con el arábigo 196 de la Ley de Amparo, con dichas actuaciones y el ocurso enviado por el agente del Ministerio Público Encargado Responsable de Agencia de dicha Coordinación Territorial, recibido el dieciséis de los presentes, dése vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su interés legal convenga, en el entendido que una vez transcurrido el mismo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgador resolverá lo conducente con las constancias que obren en el sumario.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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