Ivett Hortensia Olmos Martínez

Expediente 871/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
871/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
20/10/2017

Partes del expediente

  • Ivett Hortensia Olmos Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    Notificación personal.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por xxxxxxxxxx, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz. Fórmese expediente y regístrese con el número 871/2017-V, en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el suscrito advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. De la lectura de la demanda se desprende que los actos reclamados se hacen consistir en "La omisión de notificar la reanudación del procedimiento en los autos del expediente número 1800/2011 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz." Asimismo, como antecedentes: 1. En el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, se radicó el expediente 1800/2011 promovido por Metrofinanciera Sociedad Anónima de Inversion de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada en contra de Ivett Hortensia Olmos Martínez (quejosa). 2. El ocho de junio de dos mil doce, se llevó un convenio entre las partes, el cual fue aprobado por resolución de veintisiete de junio de dos mil doce. Fallo que causó ejecutoria el cinco de noviembre de dos mil doce. 3. El diecinueve de septiembre del año en curso, la quejosa tuvo conocimiento que en los autos del expediente 1800/2011 se ha seguido promoviendo la ejecución del convenio antes descrito afirmando no le fue notificada tal situación. Por lo anterior, es dable concluir que la parte quejosa tiene el carácter de demandada en el juicio del que deriva el acto reclamado y tiene conocimiento de su existencia y la etapa procesal en que se encuentra. Esto es así, ya que manifestó, bajo protesta de decir verdad, que celebró un convenio con la actora Metrofinanciera sociedad anónima de inversión de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada. De ahí que no se encuentre en el supuesto de ser tercero extraño a juicio. Así, para este juzgado federal el acto que combate la impetrante del amparo, en modo alguno se trata del último acto dentro del procedimiento de ejecución, situación que origina la improcedencia del juicio de amparo que se intenta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte una causa de improcedencia ya que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con lo anterior, se atiende al diverso 107, fracción IV, de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Así las cosas, la peticionaria de amparo debe esperar hasta la emisión de la última resolución en el procedimiento, para interponer el juicio de amparo haciendo valer en ese momento todas las violaciones que se hubieran cometido. En efecto, si bien la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos: a) ejecutados después de concluido; b) de ejecución de sentencia, y c) tratándose de remates, hipótesis dentro de las cuales, sólo pueden considerarse contemplados en el primer rubro, aquellos que sean autónomos y que no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como acontece, por ejemplo, con el arresto dictado como medida de apremio o la interlocutoria que fija la cantidad líquida; en la segunda hipótesis, respecto de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y, en la última hipótesis, aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Así, en el caso en comento no se reúnen tales características, pues la omisión de notificar a la parte demandada aquí quejosa la reanudación del procedimiento de ejecución no es de aquellas resoluciones que tienen por cumplida la sentencia, si no que al reanudarse el juicio en dicha etapa procesal únicamente tiene como finalidad proseguir con la ejecución, razón por la cual, si en esa etapa la ley no distingue, no es dable hacerlo y, por ende, sólo podrá interponerse el juicio de amparo contra la última resolución, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. De ahí que el juicio de amparo devenga improcedente. Aunado a lo anterior, también se advierte como causa de improcedencia la contemplada en el citado numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dado que previo a esta instancia constitucional, la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar los recursos ordinarios previstos en la ley de la materia, como enseguida se verá: En efecto, el citado numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente: "XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto y fracción de la Ley de Amparo transcritos, ponen de manifiesto que el juicio es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En efecto, el artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, a la letra dice: "Artículo 90. El incidente de nulidad que se promueva por defecto en las notificaciones, se substanciará ante el mismo juez o magistrado que conozca del negocio. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente. Si no estuviere conforme, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados pueden presentar las pruebas que tuvieren. En la misma audiencia se resolverá lo que procediere en justicia. En el caso de que proceda la nulidad, se impondrá al responsable una multa equivalente, como máximo, a diez días de salario que devengue el servidor público y se le condenará al pago de los gastos y costas". Precepto transcrito del cual se constata que procede el incidente de nulidad contra el defecto en las notificaciones, mismo que se substanciará ante la propia autoridad que conozca del negocio, en el que si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente y de no ser así, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados pueden presentar las pruebas que tuvieren. Así las cosas, considerando que de lo manifestado en la demanda de amparo se aprecia que el reclamo consiste en la omisión de notificar a la parte quejosa (demandada en el juicio de origen) la reanudación del procedimiento en los autos del expediente número 1800/2011 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, es evidente que previo a acudir al amparo, estuvo en aptitud de promover el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 90 de la ley adjetiva local, cuenta habida que a través del citado incidente se puede anular la notificación que aquí dice lesiona sus intereses, con efectos similares a la revocación, además está establecido en la citada ley y tiene un procedimiento específico para su resolución, por lo que, constituye una actuación necesaria de quienes han comparecido al juicio civil, a fin de que el juez responsable se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Por lo que, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir el acto en comento, debió agotar las instancias ordinarias necesarias por medio de las cuales pudo haberse confirmado, revocado o modificado el acto reclamado. En consecuencia, si no se está ante la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio ordinario civil, aunado a que la parte quejosa es demandada en el juicio de origen y por tanto, está en aptitud de interponer el recurso ordinario correspondiente, se hace incuestionable que en el caso se actualizan plenamente las causas de improcedencia, previstas por las fraccionen XXIII y XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la primera con relación al 107, fracción IV, de la ley en cita. En tal virtud, procede desechar la demanda de mérito por notoria y manifiesta improcedencia, de conformidad con lo establecido en el referido artículo 113 de la Ley de Amparo.

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