Ivan Vladimir Ojeda Sánchez

Expediente 315/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
315/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Ivan Vladimir Ojeda Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a cinco de julio de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Iván Vladimir Ojeda Sánchez hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa (que es a la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedieron las medidas cautelares solicitadas. Por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese tanto el juicio como el original de los cuadernos de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 315/2022, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las diez horas del dieciséis de junio de dos mil veintidós, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declaro abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. SECRETARIO: Juicio de amparo 315/2022, promovido por Ivan Vladimir Ojeda Sánchez, por derecho propio, contra actos del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede esta ciudad, y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en autos del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Se da cuenta con la circunstancia que ninguna de las partes se encuentra presente. JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Ahora bien, en proveído de veintitrés de mayo del año en curso,1 el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, a través del pedimento que se tuvo por 1 Foja 66 recibido en dicho auto, solicitó copia simple de la resolución que se dicte en autos; expídasele la misma. SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por el apoderado del Titular del Órgano de Operación Administración Desconcentrada en Michoacán, Director del Hospital General Regional 1 y Directora de la Unidad de Medicina Familiar número 80, todas del Instituto Mexicano del Seguro Social.2 JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. SECRETARIO. Se hace constar que en este asunto obran las documentales que la parte quejosa exhibió con su escrito de demanda de amparo, así como las documentales que las autoridades responsables remitieron en apoyo de su informe justificado; documentales que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención su propia y especial naturaleza. JUEZ: Al no haber más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. SECRETARIO: Se hace constar que únicamente hizo manifestaciones en esta vía el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, a través del pedimento que se precisó en párrafos precedentes. JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión. VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo 315/2022, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito depositado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitido en esa fecha a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, Iván Vladimir Ojeda Sánchez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede esta ciudad, y otras autoridades. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1°, 4, 14, 16, 17, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós,3 se admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la 3 Fojas 31 - 34 audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de derechos humanos y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables, en la presente instancia constitucional, consiste en: a) La omisión de realizar la valoración especializada y su diagnóstico, al aquí quejoso, derivado del padecimiento que presenta a raíz de un accidente de trabajo; y, b) La omisión de la extender incapacidad médica correspondiente, al fenecer la vigente el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, esto es, un día antes de la presentación de la demanda. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertas las omisiones atribuidas a las autoridades responsables. Es así porque si bien el apoderado de éstas rindió su informe en sentido negativo y aseveró que sí se le había estado prestado la atención médica al aquí quejoso; lo cierto es que no remitió alguna documental suficiente con la que acreditara ese dicho conforme a las omisiones reclamadas. Es decir, la que demostrara que a la fecha de la presentación de la demanda -veintidós de marzo de dos mil veintidós-, estuviera brindado una atención médica especializada, además de que hubiere extendido incapacidad médica a esa data -diferente a la que estaba por vencerse-. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Se estima que en relación con el acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció o por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 9/98, con número de registro digital 196820, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Del criterio invocado se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo generaba deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación o actúa ante la omisión que se le reclama, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo y restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura se reitera que, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 193758, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, como se indicó la parte quejosa reclamó: a) la omisión de realizar la valoración especializada y su diagnóstico, al aquí quejoso, derivado del padecimiento que presenta a raíz de un accidente de trabajo; y, b) la omisión de la extender incapacidad médica correspondiente, al fenecer la vigente el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, esto es, un día antes de la presentación de la demanda. Actos que, conforme al considerando que antecede, se estiman ciertos al no existir pruebas documentales que demuestren el actuar de las autoridades responsables para desvirtuar las omisiones atribuidas. No obstante, el suscrito tiene por actualizada la causal antes descrita contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto porque han cesado los efectos de los actos omisivos reclamados, como se evidencia a continuación. El apoderado de las autoridades responsables allegó a este sumario copia certificada del expediente clínico y el resumen histórico de incapacidades del aquí quejoso. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, al haber sido emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. De ellas se obtiene en lo medular lo siguiente: - Que en el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, el aquí quejoso sufrió un accidente de trabajo, al encontrarse a bordo de una unidad de transporte público que tuvo un choque frontal con otro vehículo automotor. - Que el recibió la atención médica correspondiente en la Unidad Médica Familiar No. 80, siendo inicialmente diagnosticado con "CONTUSION RODILLA IZQ". - Derivado de ello se le concedió licencia de incapacidad laboral, por siete días, la que fue renovada de manera subsecuente. - Ante la persistencia de su padecimiento fue referido al servicio de traumatología y ortopedia del Hospital General Regional No. 1, en donde nuevamente fue diagnosticado y fue intervenido quirúrgicamente. - El seis de enero de dos mil veintidós, se efectúo la valoración post operatoria correspondiente, que arrojó diagnóstico de egreso "ESGUINCES Y TORCERURAS QUE COMPROMENTEN EL LIGAMENTO CRUZADO (ANTERIOR) (POSTERIOR) DE LA RODILLA" -traumatología y ortopedia-. - El cuatro de marzo de dos mil veintidós, el quejoso fue valorado en el servicio "MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN" del Hospital General Regional Número 1, bajo el mismo diagnóstico antes mencionado. - El dieciocho posterior se realizó una nueva valoración médica por el área del hospital en mención, que arrojó el diagnóstico "P.O. plastia LCA rodilla izquierda", sin mejoría. - El veinticuatro del mes y año mencionados, se realizó la valoración especializada de traumatología que arrojó un pronóstico "incierto por el momento", otorgó incapacidad por catorce días a partir de esa data y remitió el expediente clínico a medicina del trabajo para valorar pensión. Conforme a lo anterior queda en evidencia que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, las autoridades responsables otorgaron la atención médica especializada al aquí quejoso de acuerdo a su padecimiento y, con motivo de ello, otorgaron incapacidad laboral -distinta a la que se encontraba vigente y que fenecía el veintitrés anterior-. La circunstancia antes narrada hacen patente que los actos reclamados por el quejoso, ha cesado en cuanto a sus efectos; ello es así, puesto que se le proporcionó la atención médica especializada y extendió licencia por incapacidad, evidenciándose de este modo, que los efectos de la negativa u omisión reclamada, ha desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior sin que pase inadvertido que el quejoso pretende se le extienda licencia médica por todo el tiempo que persista su padecimiento y hasta su total recuperación; sin embargo, el que ahora resuelve considera que esa eventualidad es un acto futuro que se encuentra supeditado a la mejoría en su salud y la posibilidad para retomar de manera habitual sus actividades laborales. De ahí que en todo caso, si las autoridades responsables ya procedieron a la valoración médica especializada, otorgaron licencia por incapacidad por catorce días e incluso, consideraron la valoración por el área de medicina del trabajo para el otorgamiento de pensión, es inconcuso de que se trata de actuaciones posteriores y diferentes a las omisiones reclamadas y precisadas en este juicio de amparo. Por ello de subsistir la transgresión al derecho humano a la salud y laborales, se encuentran a su disposición los medios legales para combatir dicha violación. Incluso, se estima que en el supuesto de conceder la protección constitucional para que se le siga otorgando licencia médica, conllevaría una larga dilación en el procedimiento de ejecución sin poder determinar con exactitud el momento en el que se vería reintegrada en su totalidad en el goce del derecho vulnerado, pues ello depende de manera directa de la evolución y recuperación en el padecimiento que presenta, lo cual queda dentro de la apreciación de los medios tratantes. Por ello, este fallo no impide el acceso a la justicia pues, se insiste, ante la eventual renuencia de las autoridades de salud en seguir proporcionándole la atención médica, se encuentran a su alcance los medios legales correspondientes. Por tanto, lo que procede en sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Iván Vladimir Ojeda Sánchez, contra los actos de las autoridades responsables precisadas, por las razones expuestas en los considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintidós. CUMPLE REQUERIMIENTO Agréguese a los autos el oficio signado por apoderado de las autoridades responsables, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional el tres de junio de dos mil veintidós, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, glósese el legajo de copias certificadas que ahora remite la autoridad para que obren como legalmente correspondan, sin perjuicio de hacer relación de esa documental al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.eeg

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. ALEGATOS DEL MINISTERIO PÚBLICO Agréguese a los autos el escrito de cuenta que suscribe el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, a través del cual hace manifestaciones en vía de alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de estos en audiencia constitucional. En cuanto a su solicitud en el sentido de que se le expida copia de la resolución que se dicte en autos, una vez que ello acontezca expídasele la misma. PRUEBAS DOCUMENTALES Agréguese el oficio que suscribe Osvaldo Iván Contreras García, apoderado de las autoridades responsables, a través del cual remite diversas documentales en apoyo de su informe justificado, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. SE REQUIERE A AUTORIDADES RESPONSABLES. No obstante, toda vez que tales probanzas se hacen consistir en el expediente clínico e historial de incapacidades del aquí quejoso, en copia simple, es necesario que, para efecto de concederle el valor probatorio que les corresponde, sean debidamente autenticadas. En mérito de lo anterior, requiérase a las autoridades responsables para que en el término de tres días, remitan copia certificada de tales probanzas, con apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo que se le concede, se le impondrá multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las diez horas del dieciséis de junio de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.

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