Iván Vélez Romero
Expediente 633/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 633/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Iván Vélez Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil veinte, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es depurable de conformidad con el diverso 18 fracción I, inciso a) del acuerdo general citado porque se concedió la suspensión de oficio o de plano, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años , contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincidan en totalidad. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
En Puebla, Puebla, a las nueve horas con dos minutos del nueve de octubre de dos mil veinte, en el expediente relativo al juicio de amparo 633/2020promovido ++, yo Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido de María Teresa Rodríguez y Guarnero, secretaria que autoriza y da fe y sin la asistencia de las partes, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin asistencia de las partes. Al efecto, la secretaria certifica y hace constar que las partes no manifestaron su deseo de que la presente audiencia se realice a través de videoconferencia, conforme al requerimiento contenido en el acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte. El juez provee: vista la certificación secretarial, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo aludido y se procede a desahogar la audiencia en la forma tradicional. La secretaria da lectura a la demanda, relaciona las constancias de autos y hace constar que las partes no presentaron documento alguno con el que deba darse cuenta en este acto. A lo que el Juez provee: Téngase por hecha la anterior relación de constancias, para los efectos legales a que haya lugar. En seguida, con fundamento en el numeral 123 de la Ley de la materia se abre el período probatorio, en el cual se admiten y se tienen por desahogadas las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como las allegadas por Margarita Landero Castillo Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia en apoyo a su informe, en razón de su propia naturaleza jurídica, la cual será tomadas en consideración en su oportunidad; y, al no haber pruebas pendientes por recibir ni desahogar, se cierra la etapa respectiva. Luego, una vez abierta la fase de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los expresó, con ello, se cierra este periodo; a continuación, tomando en consideración todo lo actuado, se dicta la siguiente sentencia.Vistos los autos del juicio de amparo indirecto 633/2020, promovido por Iván Vélez Romero y Martín González Alarcón en su representación, contra actos de Margarita Landero Castillo Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia y otras autoridades. ---------------- QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados debe analizarse lo relativo a la procedencia del juicio de amparo, por ser ésta una cuestión que se debe hacer de oficio en conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Para precisar los alcances de la expresión "cesado los efectos" resultan útiles las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar lo dispuesto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, porque dicha disposición y la transcrita son idénticas. La Sala en cita consideró que la improcedencia del juicio por cesación de efectos ocurre cuando éstos fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo a la parte quejosa; esto es, como si el acto no hubiera invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, ya que la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá en la esfera de derechos de la moral quejosa. La interpretación aludida puede advertirse en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, se actualiza la hipótesis en comento, pues de los autos que integran el presente juicio de amparo y de las constancias que remitió la responsable, se desprende que el uno de julio del presente año los quejosos Iván Vélez Romero y Martín González Alarcón, quedaron a su disposición por el delito de daño en propiedad ajena; no obstante, mediante acuerdo de tres de julio de ese año, los dejó en libertad. Por lo que, de lo expuesto se advierte que Margarita Landero Castillo Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia, al dejar en libertad a Iván Vélez Romero y Martín González Alarcón, volvió las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ello es así, pues los quejosos reclamaron la orden de detención y/o privación de la libertad así como su ejecución; de ahí que en el momento en el que Iván Vélez Romero y Martín González Alarcón obtuvieron su libertad, cesaron los efectos del acto reclamado, pues la autoridad actuó en el sentido pretendido por los quejosos. En efecto, con dicha actuación, se eliminó la afectación a Iván Vélez Romero y Martín González Alarcón como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere dejado ninguna huella en la esfera jurídica de los particulares que amerite ser reparada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, pues con la determinación de tres de julio de dos mil veinte, el acto reclamado dejó de existir, sin afectar a la parte quejosa. Por tanto, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado y, por ello, se sobresee en el presente juicio de amparo, pues resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de actos que ya no están surtiendo sus efectos, pues su vida jurídica cesó con la actuación de la autoridad responsable. En tales condiciones, se sobresee en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia, prevista en el diverso numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por +++, respecto de los actos reclamados a Margarita Landero Castillo Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia y otras autoridades en términos de los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando sexto de este fallo.
- Principal
JUZGADO REMITE CONSTANCIAS Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con su anexo; mediante el cual remite el oficio 40678 signado por Margarita Landero Castillo Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia. En consecuencia, como lo solicita, la autoridad oficiante, acúsese recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, visto el contenido del oficio de Margarita Landero Castillo Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia, glósese a los autos sin hacer mayor proveído, en virtud de que mediante proveído que antecede se acordó lo relativo a su contenido.
- Principal
CUMPLE REQUERIMIENTO Agréguese a los autos el oficio de cuenta de ********************Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia, con su anexo; mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de siete de septiembre de dos mil veinte; de lo que se tiene conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
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