Iván Vázquez Zúñiga

Expediente 1068/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1068/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
11/02/2021

Partes del expediente

  • Iván Vázquez Zúñiga
  • SUBDELEGADO DE CUERNAVACA del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1068/2020-I tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1068/2020-I, promovido por IVAN VAZQUEZ ZÚÑIGA, por propio derecho; y RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, ante este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, por razón de turno, IVAN VAZQUEZ ZÚÑIGA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario de Salud del Estado De Morelos y otras autoridades. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte este Juzgado Federal radicó el expediente bajo el número 1068/2020-I; se desechó parcialmente la demanda por el acto reclamado a la responsable Secretario de Salud del Estado de Morelos; y se admitió a trámite por los restantes actos y autoridades responsables; se dio la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Publico de la adscripción, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte se tuvo por inexistente a la autoridad que el quejoso indicó en su demanda como "Jefe de Recursos Humanos de la Unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social" y se suspendió toda comunicación con la misma. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; que es el lugar donde se verificó el acto que se reclama. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que reclama la parte quejosa de la autoridad responsable y por el que se admitió la demanda de amparo, es: ? La negativa verbal de las autoridades responsables adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social para que el quejoso permanezca en resguardo domiciliario debiendo presentarse en el Hospital General Regional 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social donde labora, pese a considerarse una persona de riesgo, pues padece la enfermedad de DM Diabetes Miellitus. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Titular de la Subdelegación Cuernavaca del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos, 2. Jefe del Departamento de Personal del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número Uno y 3. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos, todas dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues así lo manifestaron expresamente al rendir su respectivo informe justificado (folios 13208, 13289 y 13291). Lo anterior sin que el quejoso IVÁN VÁZQUEZ ZÚÑIGA hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. Por tanto, si el quejoso no acreditó con prueba alguna que haya existido la negativa verbal que reclama y su ejecución, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de las mencionadas autoridades, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto de éstas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Existencia del acto reclamado. Se tiene por cierto el acto que se atribuye a la responsable Directora del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que si bien negó el acto reclamado al rendir su informe con justificación (folio 13290), lo cierto es que de la lectura íntegra del mismo se desprende su existencia, de ahí que deba tenerse por cierto. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, Octava Época, registro 211004, de rubro: "ACTO RECLAMADO DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Lo que además se corrobora con las constancias que adjuntó la citada responsable Directora del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social a su informe de ley, de las que se desprende la opinión técnico-médica para el retorno al trabajo presencial de trabajadores IMSS expedida a nombre del quejoso el tres de agosto de dos mil veinte por dicho Instituto, ordenando al quejoso a reincorporarse a sus labores como médico especialista adscrito a dicho nosocomio; entre otras constancias. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Asimismo, por las consideraciones expuestas en su contenido, sirve de apoyo a lo anterior la tesis (XI Región)2o.12 A (10a.), con registro digital 2017512, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2588, de rubro: "AMPARO CONTRA LA NEGATIVA VERBAL A RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN PARA INICIAR UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO. SI EN SU INFORME JUSTIFICADO LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXPRESA LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS POR LOS QUE ACTUÓ DE ESA FORMA Y EL QUEJOSO LOS IMPUGNÓ DESDE SU DEMANDA, PROCEDE EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO." Quinto. Causales de improcedencia. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto quien resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo del texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones. En el caso se estima oportuno citar el texto de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término general para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, con las salvedades ahí descritas Por su parte, el artículo 18 de la legislación federal en consulta dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computaran de la siguiente manera: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, ya que de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedora de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, de lo que se sigue que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del artículo 18 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario; como acontece en el presente asunto, en el que se acreditó una fecha distinta a la manifestada bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, como de conocimiento del acto reclamado, al no haber existido una notificación formal en el juicio de origen, como se demostrará más adelante. Lo anterior tiene sustento en la tesis I.8o.C.15 K (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que aparece visible en la página 2380 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, correspondiente a la Décima Época, registro 2009762, de rubro: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO.". En ese orden de ideas, debe señalarse que en el escrito de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado la negativa verbal de la Directora del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social para que el quejoso continuara en resguardo domiciliario, debiendo presentarse en el Hospital General Regional 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social donde labora, pese a considerarse una persona de riesgo y refirió bajo protesta de decir verdad que dicha negativa le fue comunicada verbalmente el tres de noviembre de dos mil veinte. Sin embargo, debe decirse que la negativa verbal de la que se duele la parte quejosa únicamente se trata de la consecuencia directa de lo determinado por la autoridad responsable en la opinión técnico-médica para el retorno al trabajo presencial de trabajadores IMSS expedida a nombre del quejoso IVÁN VÁZQUEZ ZÚÑIGA el tres de agosto de dos mil veinte por dicho Instituto, de la cual el quejoso tuvo conocimiento de manera personal sin haberse inconformado lo ahí determinado. Se determina en este sentido pues la referida autoridad responsable Directora del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social en su informe de ley manifestó que el quejoso tuvo conocimiento de que no continuaría en resguardo domiciliario, y por ende de su obligación de reincorporarse a trabajar a su centro laboral desde el tres de agosto de dos mil veinte, pues en dicha fecha fue valorado por el Servicio de Prevención y Promoción de la Salud de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base a lo cual se emitió la opinión técnico-médica para el retorno al trabajo presencial de trabajadores IMSS expedida a nombre del quejoso IVÁN VÁZQUEZ ZÚÑIGA el tres de agosto de dos mil veinte por dicho Instituto. Asimismo, en dicho documento se estableció que el trabajador se daba por enterado de la clasificación realizada y a mantener las medidas estandarizadas de higiene, protección personal y las especificadas para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19 en el centro laboral. Documento que le fue notificado personalmente en esa misma fecha (tres de agosto de dos mil veinte), como consta en la parte inferior izquierda del mismo, en el que obra su nombre y firma de recibido. De lo anterior se desprende que al menos desde el tres de agosto de dos mil veinte, la parte quejosa tuvo conocimiento de su obligación de reincorporarse a su centro laboral, al haberle notificado la opinión técnico-médica para el retorno al trabajo presencial de trabajadores IMSS expedida a su nombre y es desde ese momento en que estaba en aptitud de inconformase contra dicha determinación, y como se advierte no lo hizo. Así -como se explicó- de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo el plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación a la parte quejosa; en el caso, la quejosa fue notificada de la referida opinión técnico-médica para el retorno al trabajo presencial de trabajadores IMSS expedida a su nombre, desde el tres de agosto de dos mil veinte, fecha en que se le notificó personalmente; por ello, se insiste, la parte quejosa debió promover el juicio de amparo dentro de los quince días posteriores a aquél en que fue notificada de la opinión médica en cuestión, a saber, el tres de agosto anterior. Por ello, para la promoción del juicio de amparo se debe computar a partir del día siguiente en que se notificó a la parte quejosa la opinión técnico-médica para el retorno al trabajo presencial de trabajadores IMSS, esto es, del tres de agosto de dos mil veinte. Conforme a lo anterior, el término de quince días hábiles para la interposición de la demanda, comenzó a partir del cinco de agosto de dos mil veinte y feneció el veinticinco de agosto siguiente, sin contar los días inhábiles que mediaron en dicho plazo. En esa tesitura, si la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se advierte entonces que fue presentada fuera del plazo legal de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, que se han consentido tácitamente los actos que se reclaman. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia P./J. 115/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, que aparve consultable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, correspondiente a la Novena Época, registro: 163172, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.". En relatadas circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XIV en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, toda vez que los actos que se reclaman se estiman consentidos tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala este último precepto. Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia, puesto que no se trata de un amparo en el que se reclamen normas autoaplicativas o procedimiento de extradición; tampoco se trata el acto reclamado de una sentencia condenatoria en un proceso penal; no se está ante actos que puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Finalmente, pese lo alegado por el quejoso en su demanda, el acto reclamado no implica peligro de privación de la vida, pues en su caso lo que reclama es el regreso a laborar a su centro de trabajo y no ser considerado como sujeto de exclusión y por ende acceder al resguardo domiciliario, actos que por sí mismos no ponen en peligro de privación de la vida, pues implicaría asumir necesariamente que todo trabajador actualmente por el sólo hecho de presentarse a laboral estaría en la posición de perder la vida, aceptando que no tomaría medida alguna personal para evitarlo poniéndose en situación de riesgo voluntariamente. Observando incluso que en la opinión técnico-médica para el retorno al trabajo presencial de trabajadores IMSS, que le fuera notificada, ésta en ningún momento implica un peligro de privación de la vida, sino que por el contrario en tutela de la misma es que fue sometido a evaluación con el objeto de verificar su pertinencia para cumplir con las obligaciones previamente convenidas con su patronal al aceptar el trabajo que desempeña. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V en relación con el diverso 61 fracción XIV, de la Ley de la materia, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, por cuanto al acto reclamado a la autoridad responsable Directora del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1068/2020-I, promovido por IVAN VAZQUEZ ZÚÑIGA, respecto del acto precisado en el considerando segundo, por los motivos señalados en los considerandos tercero y quinto. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, tomando en consideración que el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante auto de cuatro del mes y año en curso, transcurrió sin que el impetrante hubiera realizado manifestación alguna respecto del señalamiento correcto de la autoridad denominada "Jefe de Recursos Humanos de la Unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social"; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia y, se tiene por inexistente en el presente asunto a la citada autoridad señalada como responsable por la parte quejosa. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de diciembre de dos mil veinte. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan los oficios de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado, con los mismos y las constancias que a ellos se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convengan; asimismo, téngase por hechas las designaciones que refieren. Por cuanto hace al número telefónico y correos electrónicos proporcionados para el efecto de recibir notificaciones, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que dichos medios son únicamente para comunicaciones no procesales, conforme con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo tanto, instrúyase al Actuario adscrito a este juzgado para que establezca contacto con la aludida parte procesal en caso de considerarlo necesario, cuyo contenido deberá ser registrado y en su caso, asentar la razón respectiva para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, en atención a lo manifestado por la Directora y Delegado oficiantes, relativo a que no existe la autoridad responsable señalada por la parte quejosa bajo la denominación "Jefe de Recursos Humanos de la Unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social"; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley e Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, aclare la denominación correcta de dicha autoridad; apercibido que de no hacerlo, se tendrá por inexistente. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2021029 de rubro "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, quien autoriza y da fe.

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