Ivan Torres Santana

Expediente 148/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 45 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
148/2021
Año
2021
Actuaciones
45
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Ivan Torres Santana
  • Presidente de la Republica de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyanse el juicio y el original del incidente, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de once de octubre de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 148/2021, promovido por Iván Torres Santana, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Iván Torres Santana, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario de Salud Federal; Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; Consejo Nacional de Vacunación; Instituto Mexicano del Seguro Social; y, Secretario de Hacienda y Crédito Público. Todos con residencia en la Ciudad de México. Actos reclamados: Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: *El no emitir políticas públicas de vacunación de acuerdo a las mejores prácticas médicas y protocolos internacionales, que además se ajusten al principio de igualdad y no discriminación para garantizar la vacunación universal de todas las cepas, virus bacterias y hongos; *No disponer de lo necesario para la adquisición de las vacunas que garanticen la salud de la población. Al Secretario de Salud Federal: *El no emitir políticas públicas de vacunación de acuerdo a las mejores prácticas médicas y protocolos internacionales, que además se ajusten al principio de igualdad y no discriminación para garantizar la vacunación universal de todas las cepas, virus bacterias y hongos; *La prohibición para que se comercialicen en el sector privado todas las vacunas existentes y aprobadas, a fin de que se puedan adquirir libremente por quien lo crea pertinente; *La emisión de políticas públicas que generan exclusión, estigmatización y marginación. Al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios: *La prohibición para que se comercialicen en el sector privado todas las vacunas existentes y aprobadas, a fin de que se puedan adquirir libremente por quien lo crea pertinente; y, *La emisión de políticas públicas que generan exclusión, estigmatización y marginación. Al Consejo Nacional de Vacunación: *La prohibición para que se comercialicen en el sector privado todas las vacunas existentes y aprobadas, a fin de que se puedan adquirir libremente por quien lo crea pertinente. Al Instituto Mexicano del Seguro Social: *El no disponer de recursos para la adquisición y aplicación de las vacunas requeridas por la población y no contar con dichas vacunas para la aplicación de sus asegurados en cualquier tiempo y lugar; y, Al Secretario de Hacienda y Crédito Público: *El no emitir disposiciones para la adquisición y aplicación de las vacunas requeridas por la población, existentes y autorizadas en la actualidad; y, *La prohibición para que se comercialicen en el sector privado todas las vacunas existentes y aprobadas, a fin de que se puedan adquirir libremente por quien lo crea pertinente. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 4, 5, 14, 16, 17 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 4, 5, 9, 12, 13 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3 y 10 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. En auto de diez de marzo de dos mil veintiuno (foja 13), este juzgado radicó el juicio de amparo que ahora se resuelve, lo registró con el número 148/2021, lo admitió, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y otorgó al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Seguido el juico por su cauce legal, el dieciséis de junio de dos mil veintiuno (foja 131) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, porque en el caso se reclaman omisiones relacionadas con la implementación de la política pública relativa a la vacunación universal, cuyos actos carecen de ejecución material; razón por la cual opera el criterio de prevención, establecido en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Segunda. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados y autoridades responsables señalados por la parte quejosa son: Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: *El no emitir políticas públicas de vacunación de acuerdo a las mejores prácticas médicas y protocolos internacionales, que además se ajusten al principio de igualdad y no discriminación para garantizar la vacunación universal de todas las cepas, virus bacterias y hongos; *No disponer de lo necesario para la adquisición de las vacunas que garanticen la salud de la población. Al Secretario de Salud Federal: *El no emitir políticas públicas de vacunación de acuerdo a las mejores prácticas médicas y protocolos internacionales, que además se ajusten al principio de igualdad y no discriminación para garantizar la vacunación universal de todas las cepas, virus bacterias y hongos; *La prohibición para que se comercialicen en el sector privado todas las vacunas existentes y aprobadas, a fin de que se puedan adquirir libremente por quien lo crea pertinente; *La emisión de políticas públicas que generan exclusión, estigmatización y marginación. Al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios: *La prohibición para que se comercialicen en el sector privado todas las vacunas existentes y aprobadas, a fin de que se puedan adquirir libremente por quien lo crea pertinente; y, *La emisión de políticas públicas que generan exclusión, estigmatización y marginación. Al Consejo Nacional de Vacunación: *La prohibición para que se comercialicen en el sector privado todas las vacunas existentes y aprobadas, a fin de que se puedan adquirir libremente por quien lo crea pertinente. Al Instituto Mexicano del Seguro Social: *El no disponer de recursos para la adquisición y aplicación de las vacunas requeridas por la población y no contar con dichas vacunas para la aplicación de sus asegurados en cualquier tiempo y lugar; y, Al Secretario de Hacienda y Crédito Público: *El no emitir disposiciones para la adquisición y aplicación de las vacunas requeridas por la población, existentes y autorizadas en la actualidad; y, *La prohibición para que se comercialicen en el sector privado todas las vacunas existentes y aprobadas, a fin de que se puedan adquirir libremente por quien lo crea pertinente. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a todas las autoridades responsables, según se advierte de lo manifestado al rendir sus informes justificados que obran a fojas 31, 38, 58, 83 y 108. Comunicados con los cuales se les dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido; pese a ello, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables de referencia, aun cuando se le dio la vista respectiva con los informes justificados rendidos por éstas, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por su parte, la autoridad responsable Consejo Nacional de Vacunación, fue omiso en rendir su informe justificado, a pesar que fue debidamente emplazado al juicio en que se actúa; sin embargo, no procede presumir cierto el acto que se le atribuye, según lo dispone el artículo 117, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, por las razones que en enseguida se anotarán. Con la salvedad anotada, por principio debe decirse que son inexistentes los actos reclamados, porque al rendir su informe justificado (foja 83) el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, señaló en esencia, que no eran ciertos los actos que se le atribuyeron, porque en caso de epidemias de carácter grave, la Secretaría de Salud es la autoridad que tiene la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables; y que es esta secretaría, la que a través de su Grupo Técnico Asesor para la Vacuna (GTAV), conformado por expertos en materia de inmunología, vacunación, infectología, sociología, sistemas y economía de la salud dictan la política de vacunación. Por su parte, la Coordinadora General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (foja 38), señaló que no eran ciertos los actos porque la competencia material de esa comisión federal se encuentra acotada a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Salud, así como al artículo 3° del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y que por ello, como la competencia de dicha comisión es a grandes rasgos, la de ejercer el control y vigilancia sanitaria respecto de los establecimientos de salud, entre otras; entonces, la comisión no tiene facultad para dictar o emitir los actos y omisiones que se le atribuyen. Mientras que, el Secretario de Hacienda y Crédito Público (foja 58), señaló que las omisiones que se le atribuyeron no corresponden al marco competencial de actuación que ejerce, ya que los actos atribuidos no se encuentran dentro de las facultades que establece el artículo 6°del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo que respecta al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, se tiene que, al rendir su informe justificado por conducto de la Titular de División de Amparos Fiscales (foja 31), manifestó que no cuenta con facultades para adquirir las vacuna requeridas y que en todo caso, no debía perderse de vista que tales cuestiones se relacionan con lo establecido en las políticas públicas en materia sanitaria, cuya rectoría corresponde en exclusiva a la Secretaría de Salud con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación. Precisado lo anterior, en el caso deben considerarse inexistentes los actos atribuidos a las autoridades responsables siguientes, que consistente en: Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: *El no emitir políticas públicas de vacunación de acuerdo a las mejores prácticas médicas y protocolos internacionales, que además se ajusten al principio de igualdad y no discriminación para garantizar la vacunación universal de todas las cepas, virus bacterias y hongos; *No disponer de lo necesario para la adquisición de las vacunas que garanticen la salud de la población. Al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios: *La prohibición para que se comercialicen en el sector privado todas las vacunas existentes y aprobadas, a fin de que se puedan adquirir libremente por quien lo crea pertinente; y, *La emisión de políticas públicas que generan exclusión, estigmatización y marginación. Al Instituto Mexicano del Seguro Social: *El no disponer de recursos para la adquisición y aplicación de las vacunas requeridas por la población y no contar con dichas vacunas para la aplicación de sus asegurados en cualquier tiempo y lugar; y, Al Secretario de Hacienda y Crédito Público: *El no emitir disposiciones para la adquisición y aplicación de las vacunas requeridas por la población, existentes y autorizadas en la actualidad; y, *La prohibición para que se comercialicen en el sector privado todas las vacunas existentes y aprobadas, a fin de que se puedan adquirir libremente por quien lo crea pertinente. Lo anterior, porque constituye criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para determinar la certeza o la inexistencia de las omisiones que se atribuyan a las autoridades responsables, en principio se debe identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa alega. Sin embargo, en el asunto que ahora se resuelve, aconteció, por una parte, que tal y como se aprecia de los párrafos que anteceden, dichas responsables negaron expresamente los actos a ellas atribuidos, bajo el argumento toral que, los mismos no se encontraban dentro de su marco de actuación competencial; y por otra parte, se tiene que, el peticionario de tutela constitucional no otorgó al suscrito juzgador un parámetro bajo el cual estuviera en condiciones de verificar si efectivamente las obligaciones que atribuye a cada una de las responsables, se encuentran dentro de su ámbito competencial. Lo anterior es así, ya que para que este juzgador estuviera en condiciones de verificar la certeza de dichos reclamos constitucionales, el quejoso debió señalar por lo menos, el ordenamiento legal que a su parecer, establece cada una de las obligaciones cuya omisión en su cumplimiento atribuye a las responsables; pues de no hacerlo así, se impondría al suscrito juzgador, la labor de realizar un estudio en negativo de cada uno de los ordenamientos legales existentes en el Sistema Jurídico Mexicano, a fin de verificar si esas obligaciones corresponden a cada una de las autoridades que señaló como responsables, en franca contravención al principio general del derecho que establece que nadie está obligado a lo imposible, que en el caso concreto de estudio, supondría revisar cada una de las políticas públicas en materia de vacunación, así como las leyes, códigos o reglamentos para verificar sí efectivamente, las obligaciones atribuidas son del ámbito competencial de cada una de las responsables. Sustenta lo expuesto la tesis asilada 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Pag. 53, Novena Época, registro 196080, de texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Por otra parte, deben considerase también inexistentes, los actos atribuidos al Secretario de Salud Federal, consistentes en: *El no emitir políticas públicas de vacunación de acuerdo a las mejores prácticas médicas y protocolos internacionales, que además se ajusten al principio de igualdad y no discriminación para garantizar la vacunación universal de todas las cepas, virus bacterias y hongos; y, *La emisión de políticas públicas que generan exclusión, estigmatización y marginación. Así como el atribuido al Consejo Nacional de Vacunación, que consiste en: *La prohibición para que se comercialicen en el sector privado todas las vacunas existentes y aprobadas, a fin de que se puedan adquirir libremente por quien lo crea pertinente. Así es, porque respecto de dichos actos, las autoridades responsables negaron categóricamente su existencia; aunado a que, respecto a los consistentes en la emisión de políticas públicas que generan exclusión, estigmatización y marginación, así como el consistente en la prohibición para que se comercialicen en el sector privado todas las vacunas existentes y aprobadas, a fin de que se puedan adquirir libremente por quien lo crea pertinente; el quejoso no especificó en concreto, a cuáles políticas de vacunación se refiere y en qué parte las mismas son discriminatorias; no se ajustan al principio de igualdad; y, generan exclusión, estigmatización y marginación. De la misma forma, tampoco señaló cuál o cuáles políticas contienen la prohibición de comercialización de las vacunas existentes en el sector privado, lo que era necesario, porque es del conocimiento del suscrito que en la actualidad, diversos biológicos tienen autorización para su venta en el sector privado, razón por la que, para determinar la existencia o inexistencia del acto, era imperativo por principio que se especificara cuáles vacunas tienen impuesta la prohibición reclamada. De no hacerlo así, se insiste, se impondría al suscrito la obligación de realizar un estudio en negativo e imposible, en el sentido de revisar y verificar todas las políticas públicas existentes de vacunación y corroborar cuáles de ellas contienen la prohibición de comercialización de la que se duele el peticionario del amparo. Mientras que, por lo que hace al acto consistente en no emitir políticas públicas de vacunación de acuerdo a las mejores prácticas médicas y protocolos internacionales, tampoco especificó a cuáles se refiere en concreto, y aun cuando en una postura poco rigorista, este juzgador asumiera que con dichas políticas, se refiere a las que disponen la previsión de la vacuna contra la Covid-19 y la relativa al Virus del Papiloma Humano; lo cierto es que, incluso desde esa óptica, los actos debería considerarse inexistentes, conforme a la teoría de los actos reclamados que rige para el juicio de amparo, en la medida que, dichas políticas sí existen y por tanto, su estudio debe verificarse desde una posición de actos positivos y no de actos omisivos, como erróneamente los pretende reclamar el peticionario del amparo. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos precisados en esta consideración, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se impone sobreseer en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cuarta. Publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Iván Torres Santana, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables precisados en la consideración tercera. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la consideración última de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy once de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio suscrito por el actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que causó estado el auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno en el que dicho tribunal declaró sin materia el recurso de queja hecho valer contra el auto de cinco de abril de dos mil veintiuno emitido en el presente incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, pues éste se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado en cita, por lo que ahora ya se cuenta con los autos originales del presente asunto, de ahí que dicho cuaderno puede ser susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que se ordena glosar al presente juicio únicamente las constancias originales que obren en dicho cuaderno para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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